El 4 de febrero las salas de los juzgados de iruñea abrirán sus puertas para dar comienzo a un juicio contra cinco personas de noain. Tres jubilados y dos jóvenes. La justicia les reclama por pegar carteles de anv en la campaña electoral de las elecciones de 2007. Por aquel entonces el veterano partido abertzale […]
El 4 de febrero las salas de los juzgados de iruñea abrirán sus puertas para dar comienzo a un juicio contra cinco personas de noain. Tres jubilados y dos jóvenes. La justicia les reclama por pegar carteles de anv en la campaña electoral de las elecciones de 2007. Por aquel entonces el veterano partido abertzale aún no había sufrido la censura de la ley de partidos.
Los miembros de la Asociación de Jubilados de SASOIA no dan crédito a lo que se les viene encima. Y es que, en apenas unos días, el próximo miércoles concretamente, tres miembros de esta asociación serán juzgados, junto con dos jóvenes, por poner carteles de EAE-ANV. Estos cinco vecinos de Noain tendrán que enfrentarse a unas peticiones que oscilan entre los 18 meses de cárcel a diversas sanciones económicas por hacer «propaganda electoral». Con estas palabras, por si alguien le quedaba alguna duda. Una acusación que no hace sino facilitar más argumentos a quienes hace tiempo mantienen en cuarentena la calidad de la «democracia española». Mediante un comunicado SASOIA recuerda que quienes componen esta asociación son personas mayores y que este tipo de medidas les recuerdan a «tiempos franquistas» que parecían lejanos.
Frente al edificio de los Juzgados de Iruñea el día 4 han convocado una concentración para transmitir todo su ánimo y apoyo a esas cinco personas que serán juzgadas por cosas que en otras latitudes causarían sonrojo. En cualquier caso, las peticiones no se pueden tomar a broma, ya que año y medio entre rejas es algo bastante serio y, en caso de sanción económica, la situación tampoco está para andar financiando los gastos del estado.
Castigados sin pensiones
Los hechos se remontan al día en que cinco vecinos de Noain, entre ellas 3 personas mayores de 70 años, salieron a la calle para poner unos carteles electorales. La Policía municipal de esta localidad navarra no debió caer en la cuenta de que este tipo de ejercicios son los que siempre se llevan a cabo en las campañas electorales antes de las citas con las urnas. Por ello, los municipales decidieron detener a estas cinco personas. Pasadas las horas decidieron dejarlos en libertad, de forma provisional. Pero, como suele suceder en estos casos, no quedó ahí la cosa. Les impusieron diferentes fianzas, según sus edades. Los castigos consistieron en adueñarse de las nóminas que los jóvenes recibían mensualmente y, por otro lado, para los más avanzados en edad, no se les ocurrió otra cosa mejor que castigarles embargando sus pensiones de jubilados, fruto de muchos años de trabajo.
La pregunta que ahora ronda por muchas cabezas es si el magistrado encargado de juzgar lo que a todas luces no es sino un episodio más del afán de ciertos elementos policiales por fastidiar a un sector concreto de la sociedad navarra, debidamente ayudados por una legislación -y quienes la aplican- cuyas características no se les escapan a nadie en este país, será capaz de ordenar cárcel por participar en un proceso electoral o, quien sabe, si decidirá que lo cotizado durante décadas de tajo por estas personas se sumará a las cantidades embargadas por otros jueces a muchos ciudadanos vascos.