Un año más nos encontramos con la campaña propagandística de la Iglesia católica (Ic, en adelante), en relación con la declaración de voluntad de l@s declarantes del IRPF, para que el Estado (tod@s l@s contribuyentes) subvencione sus actividades de culto y clero. 1.- Sigue causando estupor, mezclado con vergüenza, que no se publiquen previamente en […]
Un año más nos encontramos con la campaña propagandística de la Iglesia católica (Ic, en adelante), en relación con la declaración de voluntad de l@s declarantes del IRPF, para que el Estado (tod@s l@s contribuyentes) subvencione sus actividades de culto y clero.
1.- Sigue causando estupor, mezclado con vergüenza, que no se publiquen previamente en las estadísticas oficiales de la Agencia Tributaria las escasas cifras que sí obran en poder de la Corporación católica: es la Administración Pública la que debería ofrecer dicha información como corresponde, al ser la Ic católica la beneficiaria de esta cuantiosa subvención pública: 247,1 millones de euros (M€, en adelante) -41.000 millones de las antiguas pesetas-. ¿Por qué esta información no es de conocimiento público? ¿A qué obedece este privilegio?
2.- Un año más se pretende engañar a l@s ciudadan@s afirmando que «la iglesia renunció a la exención del IVA». Es sencillamente falso. La exención del IVA, privilegio de que gozó la Ic desde los Acuerdos de 1979, era ilegal desde la misma entrada de España en la Comunidad Europea, en 1986. La violación reiterada de la Directiva europea sobre armonización fiscal en esta materia obligó al Gobierno, tras múltiples avisos y amenazas, a eliminar este privilegio eclesial y acomodarse a la normativa europea. Ha tenido que ser la Comunidad Europea la que nos ayudara a acabar con este privilegio eclesiástico.
No obstante, la Ic se ha encargado de que tal circunstancia no supusiera una minoración en sus ingresos, consiguiendo un aumento del 35%, esto es, del 0,52% al 0,7% del porcentaje a recibir por las X de cada declaración de IRPF. Y este aspecto no ha permanecido oculto. El propio acuerdo de 2006 reconoce explícitamente que la subida hasta el 0,7 se ha propuesto como «compensación por la pérdida de la exención del IVA a favor de la Iglesia católica, que es exigida por el Derecho comunitario». Como posteriormente han demostrado los hechos, el negocio ha sido redondo para la Ic y ruinoso para el erario público, dado que la exención del IVA le suponía a la Iglesia unos ingresos adicionales de 30 M€ y con el incremento del porcentaje ha ingresado 68 M€ más, lo que significa que compensa lo que pierde con el IVA y aumenta el «botín» en 38 M€ adicionales.
3.- Un año más se desliza la falsa idea de que «el Estado no garantiza ya ningún mínimo para el sostenimiento básico de la Iglesia», porque ha dejado de existir el «complemento presupuestario». Incluso Martínez Camino llegó a afirmar que «si ningún contribuyente quisiera marcar la «X», la Iglesia no recibiría nada».
En primer lugar, toda la subvención que recibe la Ic por este concepto, sale de los Presupuestos Generales del Estado, como no puede ser de otra manera. Si como dice la propaganda de la Corporación católica, el contribuyente que marca la «X» no pone ni un euro de su bolsillo, ¿de dónde otro sitio puede salir que no sea de los Presupuestos, es decir del bolsillo de tod@s l@s ciudada@s? Por tanto, en realidad, todo es gasto presupuestario.
En segundo lugar, es falso que estén funcionando por debajo del «mínimo para su sostenimiento básico», y mucho menos la fantasía demagógica de que podrían «no recibir nada». Los jerarcas católicos saben que el artículo II del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, de 1979, compromete (obliga) al Estado «a colaborar con la Ic en la consecución de su adecuado sostenimiento económico». Por tanto, mientras siga vigente dicho Acuerdo, el Estado viene obligado a mantener a los obispos, sacerdotes, seminarios, congresos, parroquias y demás gastos de los denominados «de culto y clero», independientemente de las «X» que marquen l@s contribuyentes. El eslogan de campaña de los obispos, para hacer honor a la verdad, debería ser: «No importa que marques la casilla, porque el Estado (todos los contribuyentes) nos tiene que sostener obligatoriamente«.
4.- Una año más, la interpretación que de las cifras realiza la Conferencia Episcopal (CEE) oculta una terca realidad: a pesar de todo su aparato propagandístico y mediático, en torno al 66% de l@s declarantes sigue sin señalar la casilla, como viene siendo habitual en la última década. Y ese porcentaje pesa como una losa, independientemente de que haya subidas más o menos coyunturales de declaraciones o de cantidades asignadas.
De la declaración del IRPF realizada en 2012, correspondiente a la renta de 2011, los dos únicos datos que se ofrecen son, el número total de declaraciones con «X» a favor de la Ic (7.357.037 declaraciones) y la correspondiente cantidad asignada a la Ic (247,1 M€) por este motivo, lo que significaría que ha perdido casi 100.000 declaraciones respecto al año anterior (un 1,4% menos) y se le asignaría este año 1,2 M€ menos que el año pasado. Llama la atención que desde la declaración de 2009, se viene reduciendo lo que se desvía hacia la Ic por este concepto: de hecho se le asignan 5,6 M€ menos que hace 4 años.
Para ocultar esta realidad, la escasa información aportada ofrece dos gráficos, en uno de los cuales, se dibuja la suave recta de tendencia creciente del porcentaje de declaraciones (en una escala enorme, para que destaque, a pesar del descenso de este último año), y en el otro se ofrece la asignación recibida de los Presupuestos, en M€, de los últimos cinco años, que al ofrecer una tendencia claramente descendente en los 4 últimos años, parece optarse por no dibujar la recta de tendencia. En fin, burdos trucos de manipulación de la información.
5.- No parece decir la verdad el episcopado, cuando afirma en su propaganda que «las colectas o las suscripciones continúan siendo absolutamente indispensables». En primer lugar, no aportan una sola cifra de a cuánto asciende la cantidad por estos conceptos, para el ejercicio en cuestión (2011), por tanto debemos realizar un acto de fe para creerlo. En cualquier caso, de acuerdo a la única información disponible, facilitada por la CEE en su Memoria de Actividades del año 2010, las diócesis nutrieron el Fondo Común Interdiocesano dicho año con 13,7 M€, de un total de 227,9 M€. Es decir, tan sólo el 6% del FCI lo aportaron las colectas de los fieles en las diócesis. Sin embargo, el restante 94% lo aportó la asignación de los Presupuestos por la asignación del IRPF. Así pues, las colectas no parecen ser «absolutamente indispensables», sino la subvención del Estado, vía casilla del IRPF.
6.- Un año más sembrar confusión la propaganda episcopal, a propósito de la aplicación del dinero recibido por esta vía (IRPF). En la nota oficial de la declaración de 2012 se mencionan las «otras funciones sociales: enseñanza, atención integral a los niños, los ancianos, los discapacitados, la acogida de los inmigrantes, la ayuda personal e inmediata a quienes la crisis económica pone en dificultades,…», dando a entender que el dinero del FCI se aplica en estos menesteres caritativos. Nada más lejos de la realidad.
Según la última Memoria de Actividades publicada, referida en el punto anterior (correspondiente a 2010), las diócesis recibieron 195,4 M€, del total de 227,9 M€ que constituía el Fondo, esto es, un 86% del total. Ése es el porcentaje que recibieron las diócesis el año anterior, en 2009. Por la Memoria oficial del Episcopado sabemos que en este último año, de todo el dinero que se envió a las diócesis, el 71,5% se fue en sustento (sueldos y salarios) del clero y otro 10,8% en gastos generales (burocracia y mantenimiento). Tan sólo se dedicó a la actividad pastoral un exiguo 16 % de todo lo que se envió a las diócesis. Por tanto, en contra de lo que afirma la nota propagandística de los obispos las cantidades que el Fondo envía a las diócesis no se dedican específicamente a obras sociales y benéficas, sino a gastos más pedestres.
Debe resultar tan acusadora esta situación para la jerarquía católica (el hecho de que las tres cuartas partes de lo enviado a las diócesis se vaya en sueldos del clero) que esta información la han hecho desaparecer de la Memoria de Actividades de 2010, que es la última publicada, de manera que ya no se puede saber, en términos aproximados, cuánto dedican a actividad pastoral. En todo caso, un exiguo 16% no da pie a sacar pecho ni a dar lecciones de moralidad o ejemplaridad.
7.- Un año más, se pretende perpetuar el engaño de que «el sostenimiento de la Iglesia depende exclusivamente de los católicos y de todas aquellas personas que reconocen la labor de la Iglesia». Nada más lejos de la realidad.
La liquidación del Impuesto señala la obligación de los ciudadanos (también los católicos) en el sostenimiento de los gastos del Estado (escuelas, hospitales, carreteras…). Quienes marcan la X no sólo no aportan ninguna cantidad adicional a la Iglesia, sino que gozan del privilegio de decidir a qué dedicar el 0.7% de sus ingresos, privilegio del que no gozan los demás. De manera que «aportan», generosamente, con dinero que no es suyo, sino del Estado, y por tanto, de todos los españoles, sean sus creencias religiosas o de cualquier otra naturaleza. El efecto final es que contribuyen a los gastos generales, de todos, sólo en un 99,3% (un 98,6% en caso de poner también la X en los fines de interés social, cuya mayor parte va destinada a instituciones católicas). En definitiva, las personas que ponen la X, están pagando menos impuestos y, sin embargo, los ritos y actividades de los católicos los estamos pagando todos los españoles, sean nuestras creencias religiosas o de cualquier otra naturaleza.
Así pues, las personas que marcan la X, no contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, como establece el artículo 31 de la Constitución. La actitud de estas personas es insolidaria e injusta, pues se dedica a financiar actividades de interés particular (religiosas) en detrimento de las necesidades de interés general (sanidad, educación, dotaciones sociales…). Y el comportamiento del Gobierno que lo permite, un atentado a la laicidad del Estado y una violación de la conciencia de los ciudadanos con otras creencias (sean o no religiosas) distintas a las católicas.
8.- Es importante en esta coyuntura ilustrar con ejemplos concretos:1) El recorte que el gobierno del PP ha aprobado en Sanidad (7.000M€) y en Educación (3.000M€), que ha sido el mayor recorte en servicios sociales de la democracia, podría ser enjugado con los más de 11.000 M€ que se desvían a la Iglesia católica cada año; 2) El gobierno de Rajoy ha reducido en 600 M€ el presupuesto del CSIC durante 2012, cantidad equivalente a la que se dedica en los Presupuestos a pagar a los catequistas de religión en las escuelas públicas; 3) Mientras el gobierno del PP pretende ahorrarse 16 M€ dejando sin ayuda a unos 75.000 jóvenes con ingresos inferiores a 22.000 € anuales, paga la Seguridad Social de sacerdotes y obispos por un importe superior a los 20M€; 4) Mientras el «hachazo» a los servicios sociales de ayuda a l@s dependientes pretende ahorrar 100 M€, no se pone ningún impedimento para subvencionar los sueldos del clero con más de 135 M€; 3) Los 900 M€ que ha suprimido el Gobierno del PP para Ayuda al Desarrollo (contra la pobreza) apenas alcanzan a los más de 1.000 M€ que se recaudarían si la iglesia católica pagara el IBI de sus inmuebles y propiedades.
9.- De la última Memoria de Actividades publicada por la Conferencia Episcopal, correspondiente a 2010, se deduce que las diócesis recaudaron 13,7 M€, mientras que recibieron 195,5 M€ para su funcionamiento, es decir, apenas cubren el 7 por ciento de sus gastos, o dicho de manera más actual tienen un déficit del 1.227 %. (Nota aclaratoria: la diferencia entre lo que ingresan -13,7- y gastan -195,5- es 181,8 M€. Esta cantidad, respecto a los ingresos -13,7-, expresada en porcentaje, es el 1.227 %.).
Es evidente que si no fuera por la subvención aportada directamente por el Estado (por tod@s l@s ciudadan@s), las diócesis católicas no podrían funcionar. En unos tiempos en que la lucha contra el déficit y el recorte de los gastos públicos se ha convertido en el único objetivo de la política económica, resulta inexplicable que el Estado siga «alimentando», año tras año, a unas instituciones (las diócesis) que gastan trece veces más de lo que recaudan y que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público. Y ello, en un Estado que se define en como aconfesional.
M. Enrique Ruiz del Rosal. Miembro de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid y de Europa Laica
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