Los servicios secretos de Estados Unidos estaban interesados en los acontecimientos políticos y sociales de España y que pudieran tener repercusión en el exterior.
En los años ochenta, éramos un valioso aliado. En 1984, la CIA se preocupó por uno de los episodios más oscuros de nuestra historia; investigó a los GAL, sus antecedentes y las actividades contraterroristas. La historia llega a nuestros días sin clarificar.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado o guerra sucia contra la organización terrorista ETA y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los Gobiernos de Felipe González. En sus cuatro años de historia, los GAL cometieron más de treinta acciones terroristas, matando e hiriendo a cerca de sesenta personas. Entre sus métodos habituales estaban la colocación de bombas en los coches, tiros en la nuca y ametrallamiento en los bares donde supuestamente se encontraban los etarras. Varias de sus víctimas no tenían ninguna relación aparente con ETA. En algunos de esos casos, inclusoo los GAL reconocieron haber equivocado su objetivo o pidieron disculpas.
Durante el proceso judicial contra los GAL, quedó probado que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior. Años después fueron condenados los exministros del Interior José Barrionuevo y José Corcuera, el secretario de Estado por la Seguridad Rafael Vera, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi-PSOE, Ricardo García Damborenea; el gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el teniente coronel Ángel Vaquero y el general de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo.
En un documento fechado en 1984, la agencia estadounidense admitía la guerra sucia contra ETA y reconocía que «si la supuesta participación de Madrid es confirmada, las credenciales democráticas del Gobierno español y del Partido Socialista quedarían manchadas seriamente», según informa La Razón. La CIA tenía muy claro que Felipe González fue el famoso «señor X» de los Grupos Antiterroristas de Liberación. De momento, el expresidente del Gobierno ni reconoce ni niega, pero no calla. El expresidente intensifica sus declaraciones contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Unidas Podemos. En Moncloa la preocupación es mínima. La solidez de la coalición PSOE-Unidas Podemos se ha reforzado durante la pandemia. González «está ganando credibilidad en sectores conservadores, pero en el mundo progresista la gente le comprende cada día menos».
El conflicto que no se cerró entonces queda abierto ahora. Pablo Echenique, ha anunciado que Unidas Podemos va a votar finalmente a favor de la creación de una comisión en el Congreso que investigue sobre los GAL y el papel del expresidente del Gobierno, propuesta por Bildu. Echenique mantiene que la información sobre documentos desclasificados por la CIA no aporta nada nuevo sobre el terrorismo de Estado, «todo el mundo sabe lo que pasó».
El PNV, ERC, Junts Per Catalunya, EH Bildu, CUP y el BNG han registrado en el Congreso una petición conjunta para que la Cámara abra una comisión de investigación «para esclarecer las responsabilidades y vínculos con los GAL de los gobiernos presididos por Felipe González», en cuanto responsable de la creación en los años 80 de los Grupos Antiterroristas de Liberación, «un grupo violento amparado por el Estado y que debía acabar con ETA usando sus mismos métodos».
El diario La Razón informa de que la CIA ha desclasificado varios documentos y que en ellos, sin la menor duda, el Gobierno de Felipe González queda señalado como quién organizó los GAL. En el informe de la CIA, titulado España: Terrorismo vasco y respuesta gubernamental, se afirma que: «Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas». La CIA reconoce que los GAL «han sembrado el miedo y la desorganización entre los etarras fugitivos» y explica que «los terroristas están todavía más a la defensiva porque saben que salir de España no garantiza la seguridad», concluye el informe.
La CIA, en el informe de 1984, habla de la situación del terrorismo internacional y asegura que el Gobierno de España parece determinado a adoptar una estrategia poco ortodoxa en relación con ETA. La Agencia escribe que «González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas». Lo suponíamos, lo conocíamos y ahora queda al descubierto con todos sus matices. Es necesario crear una comisión parlamentaria que aclare aquellos tétricos acontecimientos.
El informe de la CIA, elaborado por la Oficina de Análisis Europeo, clasificado como «secreto», muestra que EEUU conocía tanto sobre el terrorismo de ETA como sobre los GAL. Además, lamenta que después de haber sido investigados y juzgados estos hechos, «solo una decena de personas fueron procesadas» y «los principales condenados apenas cumplieron unos meses de prisión pues la mayoría fueron indultados y las responsabilidades políticas nunca fueron asumidas».
En julio de 1993 el juez Garzón reabrió el expediente sobre el secuestro de Segundo Marey para evitar que prescribiera, al hilo de los escándalos por el desvío de fondos reservados en la investigación sobre el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Finalmente el Tribunal Supremo condenó a prisión por secuestro y malversación de caudales públicos a José Barrionuevo, ministro de Interior; Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad; Francisco Álvarez, jefe de la Lucha Antiterrorista; Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información de Bilbao; José Amedo, subcomisario de Policía; Julián Sancristobal, gobernador civil de Vizcaya. Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya fue condenado a prisión por secuestro; Michel Domínguez, policía, ingresó también en prisión como cómplice de secuestro.
Una de las consecuencias que produjo el caso GAL fue el final del santuario francés para los refugiados ligados a ETA en el sur de Francia. No disminuyeron las víctimas y no perdió un ápice el apoyo político en el País Vasco. Las actuaciones ilegales de los GAL jugaron un factor determinante en la derrota del PSOE durante las elecciones generales españolas de 1996 en las que González renunció al liderazgo del partido. El propio González fue acusado de estar tras la misteriosa figura del «Sr. X», al declarar «me enteré por la prensa».
El PSOE siempre ha negado toda responsabilidad respecto a los GAL y González nunca ha sido acusado formalmente ante un tribunal por estos hechos. Sin embargo, Felipe González no permitió la investigación completa sobre los fondos reservados con los que se había financiado a los GAL. El gobierno de José María Aznar concedió el indulto parcial a Barrionuevo y Vera en el año 1998.
Tras la investidura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, que supuso la vuelta al poder del PSOE, diferentes dirigentes socialistas, con Felipe González al frente, reclamaron el indulto total para Rafael Vera y otros condenados, aunque sin éxito. En enero de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó un recurso de Rafael Vera por posible violación de la presunción de inocencia y falta de imparcialidad en la fase de instrucción.
El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha mostrado contrario a crear la comisión en el Congreso para investigar al expresidente del Gobierno Felipe González. «No creo que sea un motivo especial en el que se deba dedicar el Parlamento, por un hecho que pasó hace años y que tuvo su resolución judicial y con condenas». Al PSOE «no le parece bien» esta petición de comisión de investigación, por lo que el Grupo Socialista no lo apoyará, porque considera que no hay afán de búsqueda de la verdad, sino por oportunismo político.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación practicaron terrorismo de Estado durante los dos primeros gobiernos de Felipe González. Durante el proceso judicial quedó probado que el grupo estaba financiado por altos funcionarios del Ministerio de Interior. Si no fue así qué se investigue en una comisión parlamentaria. El terrorismo de estado o la guerra sucia no caben en un Estado de Derecho ni en un sistema democrático la impunidad.
@caval100