Debe ser que, según mis anquilosados esquemas mentales, no acabo de entender ciertas aberraciones del mundo actual…A ver: ¿para qué estudia un odontólogo? ¿Para qué estudia un arquitecto? ¿Para qué lo hace un Abogado del Estado, que además tiene que superar una de las oposiciones más duras y exigentes de todas las que existen para […]
Debe ser que, según mis anquilosados esquemas mentales, no acabo de entender ciertas aberraciones del mundo actual…A ver: ¿para qué estudia un odontólogo? ¿Para qué estudia un arquitecto? ¿Para qué lo hace un Abogado del Estado, que además tiene que superar una de las oposiciones más duras y exigentes de todas las que existen para los Cuerpos de la Administración General del Estado? Pues un Abogado del Estado se supone que estudia y ejerce su profesión (de abogado) para defender los intereses del Estado, convirtiéndose en un auténtico especialista en comprender los vericuetos y especificidades de todo el entramado del funcionamiento del Estado, en sus diferentes empresas, organismos, departamentos y administraciones. Bien, pues resulta que los datos nos dicen que tenemos un alto número de Abogados del Estado en excedencia, trabajando ¡sorpréndanse! para las más grandes empresas privadas del país…¿para qué pueden necesitar estas empresas a tantos Abogados del Estado? Pues la conclusión está clara: para que defiendan sus intereses ante posibles demandas del Estado…bien, pero…¿estos profesionales no habían sido preparados para actuar a la inversa? ¿Su misión no era defender al Estado? ¿Dónde nos hemos perdido? ¿En qué momento pidieron la excedencia para representar otros intereses? ¿Es eso normal en una sociedad madura y democrática?
Los datos son claros e incontestables. Remito a los lectores a este artículo de Antonio M. Vélez, publicado en el medio eldiario.es, que nos documenta perfectamente el fenómeno, titulando que uno de cada diez Abogados del Estado acaba en una empresa del IBEX-35. Tomamos algunos datos referidos allí: según el último listado publicado por el Ministerio de Justicia (marzo del año 2012), de los 657 Abogados del Estado que tenían asignada plaza en dicho año, hay 70 que son altos directivos, asesores o consejeros de las grandes empresas del país. Las empresas que más fichajes de este tipo poseen son Iberdrola y el Banco Santander, con 8 cada una; les siguen Telefónica (con 7), BBVA y CaixaBank (con 5), y ACS, Bankinter, Gas Natural e Inditex, con 4 cada una. El 10,6% de estos trabajadores públicos, de estos altos funcionarios del Estado, de este cuerpo de la élite funcionarial española, que conocen al dedillo todas las tripas, vericuetos y debilidades de nuestra Administración, han solicitado excedencia no para estudiar, no para perfeccionar sus conocimientos y su currículum, no para descansar o poder llevar a cabo otros proyectos personales, sino para ponerse al servicio de los intereses de las grandes compañías del índice bursátil que congrega a la élite empresarial de nuestro país. Y nadie se escandaliza. Todo se contempla desde la más absoluta normalidad. No surgen voces preguntándose a qué obedece ese extraño fenómeno, que podemos catalogar como un precursor de los ISDS (tribunales privados de arbitraje) que intentará imponer el Tratado Transa tlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), si finalmente llega a aprobarse (he hecho, es un mecanismo que funciona ya para muchos otros tratados comerciales).
Por supuesto, estos Abogados del Estado se incorporan a las respectivas empresas con unos honorarios (sueldos, retribuciones complementarias, primas, beneficios, etc.) muy superiores a los sueldos que tenían en el sector público, lo cual actúa como anzuelo perfecto para desligar a estos funcionarios de la actividad para la que se formaron (defender al Estado en causas de todo tipo, incluyendo pleitos y litigios contra estas mismas grandes empresas) y derivarlos hacia sus nuevas ocupaciones, que van a consistir en asesorar con su experiencia y conocimientos a la hora de que estas grandes empresas puedan hacer funciones de lobby, o puedan defenderse ante los pleitos que pueda incoar contra ellas cualquier Administración Pública. A ello le hemos de añadir la tremenda paradoja de que los Abogados del Estado no están sujetos al típico régimen de incompatibilidades de los altos cargos, por lo que pueden asesorar o defender un día al sector público, y al día siguiente hacer lo propio con el sector privado. Y por supuesto, durante la última legislatura del Gobierno del PP este fenómeno ha cobrado más vida si cabe, experimentando un importante trasvase de Abogados del Estado a los despachos del poder político y empresarial. Actualmente, 25 de las 35 empresas que figuran en el principal índice bursátil español poseen al menos un Abogado del Estado en sus plantillas. Y además, tenemos también profesionales de este cuerpo trabajando para la Asociación Española de Banca (AEB), para la patronal eléctrica (UNESA), y para la del gas (SEDIGAS).
Algunos personajes de esta lista de Abogados del Estado con presencia en el mundo empresarial o político llegan a alcanzar una relevancia y un poder enormes. Quizá la figura más paradigmática sea la de Pablo Isla, Abogado del Estado, Presidente de INDITEX, Consejero de Telefónica, y quizá el alto Ejecutivo mejor pagado del país. Cierra el círculo vicioso de esta asquerosa sociedad capitalista en que vivimos el hecho de pensar que personajes de este tipo dirijan empresas que se lucran mediante la explotación laboral, mediante su implantación en terceros países que no respetan mínimamente los derechos humanos, y que además, sean los mismos señores o señoras que nos dirigen el país desde la sombra de sus grandes despachos empresariales. Pero esta «presencia cruzada» de Abogados del Estado es un fenómeno muy común en nuestras élites empresariales. Se cruzan en cargos de terceras empresas, o se cruzan desde sus puestos de altos cargos políticos. Provienen de los Ministerios, de otros Organismos o Instituciones públicas o privadas, tejiendo un oscuro entramado de poder que se va creciendo y blindando ante posibles decisiones del Gobierno de turno que puedan perjudicar a los intereses de las empresas que representan.
Vamos a poner un símil burdo, llevado al extremo, pero para que se entienda…Este fenómeno es como si fuera perfectamente normal, y aceptado socialmente, que un operador (agente, espía, como le queramos llamar) de los servicios secretos de un determinado país, pudiera pedir excedencia a su Gobierno durante un determinado tiempo, para pasar a prestar esos mismos servicios a otro país…¿nos parecería esto una auténtica aberración? ¿Por qué? Enseguida lo explicaríamos argumentando que ambos países podrían tener intereses enfrentados…¡Pues ahí está la cosa! Y seguro que les aplicaríamos los calificativos de «traidor», «desertor», «renegado» o cualquier otra variante (como de hecho se les aplica a los militares que traicionan a su patria, o a los políticos que se cambian de siglas). ¿Por qué entonces se entiende como algo absolutamente normal que las plantillas de las grandes empresas del IBEX-35 estén repletas de Abogados del Estado? La explicación es muy simple: porque en estos casos, no aplicamos el conflicto de intereses relativo a los ámbitos (público-privado), como sí lo aplicamos en otros ámbitos (fuerzas políticas, intereses de país, etc.) para las otras profesiones.
Pero lo cierto es que estamos, en lo relativo a la excedencia de los Abogados del Estado para trabajar en el ámbito privado, ante uno de los fenómenos de puerta giratoria más patentes de nuestra sociedad, y por ende, ante uno de los fenómenos de corrupción más generalizada e institucionalizada (es decir, normalizada) que podamos encontrar. Corrupción y puerta giratoria, todo en uno. Es decir, una auténtica perversión democrática. Tenemos tan arraigado el pensamiento dominante que no nos damos cuenta del tremendo peligro que supone el hecho de que tantos altos funcionarios del Estado, con su caudal de conocimiento, experiencia y bagaje profesionales, se cambien de bando, abandonen la defensa de los intereses públicos para pasar a asesorar, defender o simplemente representar al mundo privado, y ello ocurre porque aún no tenemos nítidamente diferenciados ambos aspectos, no entendemos hasta qué punto sus objetivos son distintos, sus misiones son diametralmente opuestas, y por ello no calibramos el alcance de la perversión que dicho comportamiento representa. Por tanto, desde la izquierda transformadora debemos insistir y ampliar el concepto de «puerta giratoria» para incluir también estos casos, y limitar muy estrictamente el fenómeno de la posible excedencia de los Abogados del Estado que pasan a engrosar los intereses privados. Será otro granito de arena para el engrandecimiento y consolidación de nuestra democracia.
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