«Hemos propuesto una solución viable para ambas partes, bancos y personas. Hemos pedido daciones en pago y alquileres sociales, pero las entidades financieras nos rechazan. Incluso nos maltratan verbal y psicológicamente. Dicen que las personas trabajadoras no tenemos nada que hacer, mientras que con nuestro dinero pagamos el rescate de la banca: es abominable». Es […]
«Hemos propuesto una solución viable para ambas partes, bancos y personas. Hemos pedido daciones en pago y alquileres sociales, pero las entidades financieras nos rechazan. Incluso nos maltratan verbal y psicológicamente. Dicen que las personas trabajadoras no tenemos nada que hacer, mientras que con nuestro dinero pagamos el rescate de la banca: es abominable».
Es éste el mensaje de las personas, organizadas en la Plataforma de Afectades per les Hipoteques del País Valencià (PAH), que acamparon el pasado lunes, 10 de diciembre, en una isleta de la calle Pintor Sorolla de Valencia, en pleno centro financiero de la ciudad, a un paso de la antigua Universidad y muy cerca de las sedes de Bankia, Unicaja, Bankinter, Banesto, Banco de Sabadell, Banco de Santander y Banco de Valencia.
Tras pasar la primera noche al raso, los concentrados exhibían, a la mañana siguiente, pancartas contra los desahucios y carteles con la leyenda «la banca roba». Apelaban además a la movilización de los ciudadanos que transitaban por la zona, con consignas como «Dónde está el dinero, lo tienen los banqueros», «no es una crisis, es una estafa» o «únete, a ti también te roban». También recogían firmas sobre una mesa con el fin de presentar ante el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular.
Una portavoz de la PAH resume la situación de muchos de los acampados: «Algunos tenemos procesos de desahucio abiertos; otros, todavía no; hay gente a quien la entidad financiera la ha arrancado de su hogar y, aún así, son perseguidos porque asumen una deuda ilegítima que no pueden pagar. También hay avalistas, padres y madres amenazadas de perder su vivienda, como ya le ha ocurrido a sus hijos e hijas».
El objetivo es permanecer, como mínimo, hasta el próximo domingo. El único inconveniente no va a ser el frío. Una de las concentradas explica cómo la policía local llegó a primera hora -«con aire chulesco»- y obligó a retirar todo el material instalado para pasar la noche, además de los carteles reivindicativos. Pero «estamos aquí para denunciar que no aceptamos quedarnos sin techo, ya que no tenemos dónde ir a vivir», asegura con firmeza.
José Gabriel Campoverde tiene 34 años y procede de Ecuador. Adquirió hace once años una vivienda en Burjassot (municipio del área metropolitana de Valencia) de 100 metros cuadrados por 115.000 euros. Entonces trabajaba como albañil y podía pagar la cuota de 500 euros mensuales. Hoy, en el paro, igual que su mujer, ha consumido la prestación por desempleo y sólo le quedan dos meses del subsidio para quienes concluyen la prestación.
Hace un año que ha dejado de pagar el préstamo: «sólo nos queda para comer y alimentar a nuestro hijo de siete años; pagamos la luz y el agua gracias a la ayuda de Cáritas», explica. Asegura, además, que el Banco de Sabadell accedió a una refinanciación del préstamo y le retasó la vivienda por un valor inferior al inicial. «Me han aplicado unos intereses de demora del 13%». La entidad financiera ha demandado a José Gabriel ante el juez, quien a su vez ya ha cursado la solicitud de ejecución o desahucio.
Sostiene la pancarta de «Stop Desahucios» Pilar Romero, de 47 años, quien avaló a un amigo para que adquiriera una vivienda en Valencia. Acordó con el director de una sucursal de Bankia un aval por valor de 30.000 euros, pero se encontró después con que se trataba realmente de un «aval solidario», cuantificado en 150.000 euros. Ahora la situación resulta dramática. Su amistad dejó de pagar hace tres años al quedarse sin trabajo. Y Pilar, también sin trabajo, y su marido, que a su vez pagan otra hipoteca, ya no pueden responder por la de su amigo. En mayo de 2012 les demandó el banco y ahora están pendientes de juicio. «Nos negaron que hubiera una demanda interpuesta, actuaron de mala fe; por un aval de 30.000 euros va a quedarnos una deuda de 250.000 si sumamos costes judiciales e intereses de demora; con las nóminas embargadas de por vida, en las listas de morosos y sin poder tener nada a nuestro nombre», se lamenta.
Para visibilizar estas situaciones, la PAH-País Valencià ha decidido visitar cada día una o más entidades financieras, con el fin de plantear lo siguiente: la asignación de una persona interlocutora, y con capacidad de decisión, para negociar cada caso; estudiar de manera «urgente y prioritaria» cada situación, así como «garantizar una respuesta urgente y por escrito, que implique una salida digna para los afectados»; y la suspensión de todos los procedimientos según las conclusiones de Juliane Kokott, Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE, en las que se señala que la normativa española vulnera la comunitaria al no garantizar la protección de los consumidores frente a posibles cláusulas abusivas en las hipotecas. En los dos primeros días de acampada, se han visitado las sedes centrales de Bankia y el Banco de Sabadell.
El testimonio de Luis Alberto Cáceres, ecuatoriano de 56 años, pone de manifiesto la praxis de la banca en los últimos años. Firmó un préstamo hipotecario de 128.000 euros con Bankia, por un piso de 70 metros cuadrados en el barrio de Benimaclet (Valencia). Hoy no puede pagar la cuota de la hipoteca. Pero cuando en 2005 compró el piso, recuerda, «venían los comerciales de los bancos y las inmobiliarias por el barrio; nos decían que si teníamos nómina (yo trabajaba en hostelería) nos aseguraban un préstamo que daba hasta para ir a Ecuador, a dar un paseo». «Cada vez cobrarás más y el piso, además de revalorizarse, te costará menos», le garantizaban.
La PAH ha habilitado, en la zona de acampada, una mesa como punto de información permanente y de recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por la plataforma. La ILP plantea la regulación por ley de la dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler social y la paralización de los desahucios de las personas deudoras de buena fe, en todos los casos en que se trate de residencia habitual.
En el punto de información recoge firmas Noemí Peñafiel. De una hipoteca firmada en 2006 con Bankia, por valor de 140.000 euros, le queda, tras seis años de pagar una cuota que desde 2011 no puede abonar, una deuda de 170.000 euros. Le avaló en su día un empresario de la construcción, que se declaró insolvente. Bankia le ha negado la dación en pago y hace quince días que el juzgado le ha notificado el desahucio. Son tragedias con rostro sacrificadas en el ara del capital financiero.
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