El ejército Israel atacó, el pasado 27 de mayo, un campamento de refugiados en Rafah (Gaza); se da la circunstancia que para ello empleó munición producida en Estados Unidos, informó la CNN; el canal televisivo señaló -dos días después- la citada procedencia a partir del análisis de vídeos y dio cuenta de los datos de la masacre: al menos 45 personas asesinadas y más de 200 heridas; antes que el Estado de Israel perpetrara la escabechina, se refugiaban 1,3 millones de ciudadanos palestinos en Rafah.
Acampadas de estudiantes en universidades de todo el planeta protestan por el genocidio; a escala local, en las mismas fechas (28 de mayo), jóvenes movilizados en el campamento de la Universitat Politècnica de València (UPV) denunciaron -en las redes sociales- que esta universidad ha sido la primera del Estado español en “telefonear a la Policía Nacional para reprimir a los estudiantes que luchan contra el genocidio”.
En el audiovisual difundido por los activistas, podía constatarse la presencia de los furgones policiales, en el campus, muy cerca de los acampados; asimismo señalaron la responsabilidad del rector de la UPV, Pepe Capilla; otro vídeo mostraba la agresión a los estudiantes por parte de un agente de la seguridad privada de la universidad.
Una de las respuestas inmediatas consistió en una concentración contra “la difamación por parte del rectorado”, en el mismo lugar de la acampada; la acción coincidía con la celebración del Foro de Empleo de la UPV, en el que participaban 200 empresas e instituciones.
En la rueda de prensa del 29 de mayo, convocada frente a la Casa del Alumnado de la universidad, los activistas informaron de los hechos acaecidos la noche anterior; se cumplían 17 días de reivindicación pacífica y tres reuniones en la Mesa de Negociaciones; “la decisión de solicitar la asistencia policial resulta, a nuestro juicio, el deseo de montar un auténtico espectáculo”, valoraron.
Asimismo, “el uso de la violencia ha venido, únicamente, por parte de la Institución universitaria, que ha solicitado la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; a su llegada, la intención ha sido el desalojo, por cualquier medio, de los miembros de la Acampada”.
El campamento solidario contó con testimonios de interés, como el del médico palestino y rector de la Universidad de Glasgow, Ghassan Abu-Sittah; el doctor estuvo trabajando -durante más de un mes- en dos hospitales de Gaza (Al-Shifa y AL-Ahli), después que el ejército israelí iniciara los bombardeos el 7 de octubre; países de la UE, como Alemania, llegaron a prohibir la entrada al cirujano.
Mediante conexión digital, las personas acampadas invitaron al supervisor del departamento de enfermería en los hospitales Al-Shifa y Al-Mamadani (Gaza), Al-Hakim Muhammad Saeed; al doctor cirujano en el Hospital Indonesian (Beit Lahia, Gaza), Hussam Majdy Hammouda; el periodista y fotógrafo en la Franja, Momin Abu Owda; y a la nutricionista palestina, Lihan Dhshan.
Otro elemento significativo de la acción represiva, en la UPV, es que tuvo lugar el mismo día que el Gobierno español aprobaba –junto a los Estados de Irlanda y Noruega- el reconocimiento del Estado de Palestina.
El 1 de junio, después de tres semanas de movilización, los jóvenes activistas anunciaron que levantaban el campamento “para dar paso a otras formas organizativas y de presión”; en un comunicado, valoraron: “Hemos agitado a esta universidad como nunca y se han destapado las vergüenzas de esta empresa pública”; de hecho, a pesar de las tiendas de campaña, concentraciones, asambleas, ponencias y demandas, “la UPV parece estar orgullosa de su propio silencio”.
El 20 de mayo, la página Web de TVE publicó un mapa con los campamentos contra el genocidio en las universidades del estado español; sumaban 22 -desde el pasado 29 de abril- entre los activos y finalizados; el plano remarcaba, como iniciativa más numerosa, la desplegada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); uno de las primeros –en España y la Unión Europea- fue el instalado el 29 de abril en la Facultat de Filosofia de la Universitat de València (UV).
Entre las respuestas institucionales, destaca un pronunciamiento hecho público, el 28 de mayo, por el Consejo de Gobierno de la UV; en el documento se comprometía a “no firmar ningún acuerdo ni convenio de colaboración con instituciones, centros de salud y centros de investigación israelís, mientras que no terminen los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y la violación sistemática y masiva de los Derechos Humanos”.
Tres días después, los estudiantes de la UV respondieron, en un comunicado a través de las redes sociales, que se trata de un “supuesto compromiso” del Consejo de Gobierno; los activistas añadieron que el pronunciamiento llega más de un siglo después de colonialismo sionista, tres semanas de acampada solidaria en la UV y meses de movilizaciones; son, los citados, algunos de los motivos que han forzado a la Universitat a “rectificar su posición, que siempre ha sido de silencio y complicidad con el genocidio palestino”.
El documento oficial de la UV incluye expresiones como acción militar israelí; o que, con el impulso de Naciones Unidas, se inicie un proceso de negociación que dé respuesta a la cuestión palestino-israelí.
Según los activistas, el posicionamiento de las autoridades universitarias “se limita a cuestiones simbólicas y a consignas vacías de un presunto apoyo a Palestina; hemos visto un primer paso, pero hemos de continuar actuando para que los compromisos de la UV se cumplan, amplíen y materialicen”.
La Acampada UV denunció, el pasado 14 de mayo, que agentes de la Policía Nacional entraron en el Edificio Rectorado e identificaron a estudiantes que pretendían dialogar con la Rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre.
Pero continúan las movilizaciones ciudadanas; entre las jornadas importantes, figura la del pasado 19 de mayo: cerca de un centenar de manifestaciones y concentraciones pro-Palestina en el estado español, de las que 15 se produjeron en el País Valenciano.
Además el 29 y 30 de junio está convocada la sexta movilización estatal, con las consignas Fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel (según los datos del Ministerio de Industria y Comercio, España exportó en 2023 municiones y armamento a Israel por valor de 1,6 millones de euros -37.861 kilogramos de armas y municiones-); y el lema Paremos el genocidio en Palestina (más de 36.000 personas asesinadas y 81.000 heridas en Gaza).
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