El 3 de julio de 2006, un vehículo que recorría la Línea 1 de Metrovalencia, desde la capital hasta el municipio de Torrent, volcó en una curva y se desencadenó la tragedia. El accidente más importante de un suburbano en la historia del estado español, con 43 muertos y 47 heridos. Y, ocho años después, […]
El 3 de julio de 2006, un vehículo que recorría la Línea 1 de Metrovalencia, desde la capital hasta el municipio de Torrent, volcó en una curva y se desencadenó la tragedia. El accidente más importante de un suburbano en la historia del estado español, con 43 muertos y 47 heridos. Y, ocho años después, sin ningún responsable de las víctimas. Después de un centenar de concentraciones en la Plaza de la Virgen de Valencia, insistir en la vía judicial y difundir su causa hasta la extenuación, las familias continúan esperando respuestas.
La Audiencia de Valencia confirmó el archivó la causa en 2008. Pero hace algo más de un año se reabrió el portillo de la esperanza para las víctimas. En mayo de 2013 la fiscalía abrió dos diligencias de investigación penal, pero en septiembre la misma juez de instrucción, Nieves Molina (siempre hostil a investigar y juzgar los hechos) desestimó la petición de la fiscalía. La Audiencia Provincial de Valencia (enero de 2014) decidió, sin embargo, que la causa debía reabrise y, en mayo de este año, se imputó a tres directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), empresa pública que gestiona el metro. Los tres directivos (Vicente Contreras, Francisco García y Francisco Orts) declararon ante la juez en junio, y están relacionados con la programación e implantación de las balizas de seguridad, decisivas para explicar lo sucedido el día del siniestro.
Además, los familiares de los fallecidos y heridos han pedido que la imputación se extienda a otros cinco directivos, también directamente responsables de los sistemas de seguridad, y de la entonces gerente de FGV, Marisa Gracia.
Según la presidenta de la Asociación Víctimas del Metro 3 de julio de Valencia, Beatriz Garrote, «las perspectivas son actualmente mejores que hace tres años; hemos llevado el caso a Europa y la instrucción permanece abierta, aunque es lamentable que todo esto no fuera posible en 2006». La lucha no ha resultado fácil. El Gobierno Valenciano ha hecho uso de todo su potencial. Así, el actual presidente de las Cortes Valencianas, exconseller de Medio Ambiente, Bienestar Social y connotado miembro del Opus Dei, Juan Cotino, ofreció prebendas y empleo a familiares de las víctimas si no recurrían a la vía judicial. Los medios de comunicación públicos se han utilizado para «vender» la explicación oficial del siniestro: un error humano (del conductor del vehículo) por exceso de velocidad.
Sin embargo, la Asociación de Víctimas dispone de respuestas para desmontar la tesis de la imprudencia. Al menos como único factor, ya que los accidentes de estas características responden a una complejidad de causas. Por ejemplo, se borraron los datos de la «caja negra» del convoy; desapareció el libro de averías; se ocultó un informe desfavorable de Prevención de Riesgos Laborales; además de mal programadas, las balizas de seguridad no se colocaron en todos los puntos necesarios. Por otro lado, el mantenimiento de las vías y los trenes ofrece también serias dudas, así como la resistencia de los cristales. Tampoco la empresa atendió a los precedentes: en 2005 tuvo lugar un accidente de la Línea 1 de MetroValencia en Picanya (después se pidió, sin lograrlo, que FGV reforzara las medidas de seguridad).
A pesar de estas lagunas en la investigación, y de que el suceso ocupara portadas en la prensa internacional, el Gobierno Valenciano se llamó andana. 43 muertos y 47 heridos no forzaron ninguna dimisión. Ni la del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ni la del conseller responsable del área de Transportes, José Ramón García Antón (ya fallecido), ni siquiera la de la gerente de FGV, Marisa Gracia. En el bando contrario las familias de las víctimas, pero también los partidos de la oposición y las organizaciones sociales, en un consenso pocas veces visto en la sociedad valenciana.
Uno de los hitos en la toma de conciencia se produjo el 28 de abril de 2013 cuando el programa «Salvados», de Jordi Évole, se dedicó a destripar lo ocurrido el día de la tragedia. A partir de entonces, se multiplicó el eco de las protestas y la asistencia a las concentraciones. El asunto también llegó a Europa. En enero de 2014 los familiares de las víctimas presentaron un informe en el Parlamento de la UE, en el que se denunciaba la falta de transparencia de FGV y la manipulación tanto en los medios de comunicación públicos como en la comisión de investigación parlamentaria de 2006. Concentraciones, conciertos, obras de teatro, homenajes, series documentales en la red como «0 responsables» (incluida en un proyecto de comisión de investigación ciudadana») y obras de teatro («Zero responsables») han difundido la voz de las víctimas.
El detalle de los 8 años de batalla situó a familiares y ciudadanos ante situaciones rocambolescas. En 2006 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) contrató sin concurso público a la consultora HM & Sanchis para que diseñara un argumentario -en el que se incluían 62 posibles respuestas- con el que los técnicos debían responder a las preguntas de la comisión parlamentaria (la empresa pública suscribió contratos con la consultora por valor de 621.000 euros en 8 años).
La transcripción literal de los objetivos del recetario sintetiza una época: «Su objetivo en esta comparecencia debe ser, le pregunten lo que le pregunten y se desarrolle como se desarrolle, transmitir a los miembros de la Comisión que lo ocurrido ha sido un accidente, cuya causa ha sido un exceso de velocidad que no puede ser atribuido a ninguna deficiencia técnica, ni a ninguna dejación de responsabilidades, ni a ningún incumplimiento de acuerdos, pues la Línea 1 es segura y sobre la misma se lleva en los últimos 5 años y en los próximos 5, un plan de mejoras que se está cumpliendo escrupulosamente». La verdad oficial.
Los medios públicos silencian a las víctimas
El 3 de julio de 2006 Canal 9, hoy clausurado, mantuvo la programación prevista. La visita del papa a Valencia, a bombo y platillo, abrió los informativos. En noviembre de 2013 trabajadores de Canal 9 pidieron perdón por el tratamiento informativo que se dio al accidente durante los siete años.
Investigación parlamentaria «relámpago»
La Comisión de Investigación que tuvo lugar en 2006 en las Cortes Valencianas se cerró en falso. En verano y en 20 días, de los que tres se dedicaron a conclusiones y escuchar testimonios. El PP vetó a los expertos no afines. La plataforma de familiares lleva recogidas 130.000 firmas para que se cree una nueva Comisión.
El «misterio» de las cajas negras del tren
Un elemento nuclear para reconstruir los hechos es la «caja negra» del tren. Y ésta se borró. Alguien dio la orden porque, según el fabricante y trabajadores de FGV, la lectura de la «caja registradora de eventos» no implica la desaparición de los datos. La plataforma señala la responsabilidad de Domingo Alepuz, jefe de talleres de València Sud.
El Gobierno Valenciano ningunea a las familias
El expresidente del Gobierno Valenciano, Francisco Camps, nunca aceptó (en cinco años de mandato) reunirse con los familiares de las víctimas. El actual presidente, Alberto Fabra, sólo lo hizo una vez. Según el delegado del Gobierno, Serafín Castellano, el PP «ha estado desde el primer momento al lado de las familias».
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