16 activistas de Greenpeace y un fotoperiodista se sientan esta semana en el banquillo por una acción de protesta realizada hace cuatro años en la central nuclear de Cofrentes (Valencia). La Fiscalía, Iberdrola (titular de la central) y los guardias jurados piden para cada uno de los acusados dos años y ocho meses de prisión, […]
16 activistas de Greenpeace y un fotoperiodista se sientan esta semana en el banquillo por una acción de protesta realizada hace cuatro años en la central nuclear de Cofrentes (Valencia). La Fiscalía, Iberdrola (titular de la central) y los guardias jurados piden para cada uno de los acusados dos años y ocho meses de prisión, así como 357.351 de multa para Greenpeace en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. El juicio comenzará el 4 de diciembre en el juzgado de lo penal número 11 de Valencia.
Los hechos tuvieron lugar el 15 de febrero de 2011, cuando la organización ecologista convocó una manifestación frente a la central nuclear contra la ampliación de su vida útil (puesta en marcha en 1984, la nuclear obtuvo permiso el 10 de marzo de 2011 para prolongar su actividad durante diez años). Los 16 activistas, junto al fotoperiodista que cubría la protesta, entraron en el recinto y pintaron la consigna «peligro nuclear» en una de las torres de refrigeración, con el fin de alertar contra la renovación de la licencia. La acción puso de manifiesto además la deficiente seguridad de las instalaciones.
Pese a que Greenpeace sostiene el carácter pacífico de la acción, el ministerio fiscal, Iberdrola y los guardias de seguridad acusan a los ecologistas y al fotógrafo, que se encuentran en libertad condicional a la espera de juicio, de los delitos de desórdenes públicos y lesiones.
Con el proceso judicial, sostiene Maite Mompó, una de las encausadas, «tratan de intimidar para que la gente no desarrolle el derecho constitucional a la protesta pacífica». «Se dicen muchas cosas que no son verdad», añade. «Las centrales nucleares no son seguras; las empresas son incapaces de responder a la carga que supone indemnizar y recuperar las zonas afectadas en caso de accidente; por último, son innecesarias en un mundo que puede funcionar perfectamente con energías renovables». Recuerda que el parlamento alemán decidió en junio de 2011 cerrar definitivamente las nucleares antes de 2022 y que Italia votó en referéndum que no quería energía de estas características. Además, países como Dinamarca o Noruega no disponen de plantas nucleares.
El director de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha destacado la «desproporción» entre los hechos y las penas que se solicitan, por lo que concluye: «Intentan amedrentar y escarmentar con penas de cárcel y multas muy elevadas por una protesta pacífica; de hecho, la central continúo funcionando con normalidad; quizá se trate de un aviso a navegantes, para todo aquel que proteste de una manera imaginativa y pacífica; es algo que está ocurriendo últimamente».
Respecto a la central de Cofrentes, destaca «la falta manifiesta de una cultura de la seguridad; y también la falta de transparencia». Sostiene el director de Greenpeace, además, que todas las centrales nucleares españolas «podrían cerrar mañana sus puertas, pues ni nos íbamos a enterar; la capacidad de generación eléctrica en España duplica las necesidades en los «picos» de mayor consumo energético en verano e invierno». Por último, pone énfasis en que España exporta energía eléctrica a Francia y Portugal.
Un mes después de la acción que denunciaba el «peligro nuclear» en la central de Cofrentes se produjo en Japón el desastre de Fukushima. Además de señalar a la nuclear valenciana como una de las 17 más obsoletas de Europa (con más de 30 años de vida operativa), la responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Raquel Montón, apunta los paralelismos entre Fukushima Daiichi y Cofrentes. Las dos centrales cuentan con un reactor nuclear cuyo suministrador es General Electric; ni en la nuclear española ni en la japonesa se disponían de sistemas de venteo filtrado y, sobre todo en Fukushima, «los responsables institucionales fallaron porque fueron incapaces de reconocer los riesgos que entraña un reactor, e incapaces de reforzar las medidas de seguridad nuclear cuya deficiencia ya se conocía».
La formación ecologista ha lanzado la campaña «Misión Cofrentes: Artículo 45. Defender el medio ambiente es un deber. Protestar, nuestro derecho». Además, en el «hashtag» #Misión45 puede encontrarse información en las fechas previas y durante el día del juicio (el número de la misión hace referencia al artículo de la constitución española que establece: «Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo»). Greenpeace organizó el 28 de noviembre en la Universitat de València una jornada «sobre participación ciudadana y derechos humanos frente al riesgo nuclear».
A dos kilómetros del municipio de Cofrentes y a 110 de Valencia, la central nuclear comenzó a proyectarse en 1973 y empezó a funcionar el 14 de octubre de 1984. Según informa Iberdrola, es la de mayor potencia instalada dentro del parque nuclear español, con 1.092 megavatios. En 2013 produjo 8.325 millones de kilovatios hora, lo que supuso aproximadamente el 4,9% de la producción eléctrica nacional y el 14,7% de la producción eléctrica de origen nuclear. Iberdrola, que participa en el accionariado de Almaraz, Ascó, Garoña, Trillo y Vandellós, afirma en su Web que está «fuertemente comprometida con la producción de energía respetuosa con el medio ambiente y competitiva, en base a los principios de seguridad, calidad, profesionalidad e innovación tecnológica».
Respecto a la prevención y los controles, un comunicado del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con fecha 8 de octubre de 2014 apercibía al «titular» de la central de Cofrentes por «inadecuada conducta de un representante», que «menospreció e interfirió la labor inspectora del mecanismo regulador». El pleno del consejo acordó asimismo amonestar a la persona que «obstruyó» la labor de los inspectores en la visita realizada los días 26 y 27 de febrero de 2014.
Pese a la renovación de la licencia hace tres años, Greenpeace continúa denunciando las insuficiencias de la nuclear valenciana, por ejemplo, el hecho de que no se hayan completado todos los requerimientos que se derivaban de las pruebas de resistencia a consecuencia del accidente nuclear de Fukushima. Señala la formación ecologista que Cofrentes «puede no resistir terremotos con una aceleración horizontal como el regulador exige tras la catástrofe de Fukushima». Tampoco se están investigando, según la misma fuente, las implicaciones que pudieran tener las fisuras en las vasijas de los reactores belgas de Doel 3 y Tihange 2. El reactor de Cofrentes procede del mismo fabricante.
En un informe de marzo de 2011, titulado «Razones para cerrar la central nuclear de Cofrentes», se señala que las instalaciones han sufrido una larga serie de fallos y problemas de seguridad sin resolver: problemas de corrosión, fallos de apertura en válvulas, personal con mayor dosis de radiaciones que en otras centrales nucleares en los periodos de recarga, entre otros. El exhaustivo informe concluye que la central «es un peligro para la salud pública y de los trabajadores, así como para el medio ambiente». Se apunta además que los componentes están llegando al final de su vida de diseño y que es una instalación sucia y contaminante, que produce unos residuos radiactivos «con los que nadie sabe qué hacer».
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