Los bosques nubosos primarios y comunidades de la zona de Intag salen de las garras de una transnacional minera para posiblemente enfrentar a otra.
El 24 de noviembre del año en curso, la revista Vía Minera reportó que Codelco se encontraba alistando las maletas para abandonar el proyecto minero Llurimagua en Ecuador. Vale la pena poner este acontecimiento en contexto. No sería la primera empresa minera que abandona la zona debido a la resistencia de sus comunidades.
Primero fue la Bishimetals, subsidiaria de la poderosa Mitsubishi, en la década de 1990. Los japoneses tuvieron que abandonar el proyecto minero hoy conocido como Llurimagua en 1998, después que las comunidades le incendiaron el campamento en 1997.
A pesar de que los japoneses no concluyeron los trabajos de la exploración, la Bishimentals identificó indicios de un yacimiento de cobre en los bosques primarios de la Cordillera de Toisán. Sin embargo, en su estudio de impacto ambiental de 1996, financiado por el gobierno japonés, y no por la empresa minera, expertos japoneses identificaron gravísimos impactos sociales y ambientales si se explotaba el mineral. A pesar que el estudio se basó en una yacimiento cuprífero pequeño, se advirtió de desastrosas afectaciones, incluyendo: deforestación masiva, lo cual conduciría a un proceso de desertificación local (términos utilizados en el estudio); contaminación del recurso agua superficial y subterránea con metales pesados, incluyendo arsénico, plomo, cadmio y cromo; impactos al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas; reubicación de cientos de familias de cuatro comunidades; aumento en la delincuencia; e impactos a especies en peligro de extinción, incluyendo a jaguares y osos de anteojos. Toda esta información alertó a las comunidades de Intag, que empezaron a desarrollar una serie de proyectos -como la producción de café de alta calidad- para enfrentar desde mejores condiciones de vida y con más autonomías las amenazas que vendrían.
Apenas salieron los japoneses desembarcó la canadiense Copper Mesa. Esta junior canadiense, que estuvo 5 años en Intag (2004 a 2009), utilizó todas las estrategias de este tipo de transnacionales piratas buscando acabar con la resistencia de las comunidades. Para lograrlo desató todo un instrumentario de amedrentamientos: amenazas de muerte, campañas de desprestigio en contra de dirigentes y organizaciones, juicios penales maliciosos totalmente inventados en contra de los activistas. No dudaron en desplegar acciones para, inclusive, debilitar los proyectos productivos que habían construido las comunidades con el fin de aumentar sus capacidades de resistencia fundamentadas en una creciente autonomía. Cuando los canadienses se dieron cuenta que ninguna de sus estrategias debilitaba la resistencia, contrataron a decenas de paramilitares para violentamente intentar ingresar a la concesión minera, lo que no aconteció gracias a la oposición de las comunidades. (Youtube: Bajo Suelos Ricos). La resistencia rindió sus frutos, la empresa salió con el rabo entre las piernas en el 2009; sobre todo porque las comunidades le plantearon un juicio en su contra en la Bolsa de Valores de Toronto.
Los recursos cupríferos existentes en la zona atrajeron otras empresas. En el gobierno de Rafael Correa, que abrió de par en par la puerta para imponer la megaminería en Ecuador, se firmó un convenio binacional con Chile. Así llegó la estatal Codelco, de la mano de la empresa minera nacional del Ecuador, ENAMI EP, una empresa de papel. A este consocio se le encargó desarrollar proyectos mineros, específicamente el proyecto minero Llurimagua. Codelco estaba interesado en ampliar su presencia fuera de Chile, en lo que podría ser visto como el subimperialismo chileno, en la medida que sus yacimientos se agotaban y era cada vez más problemático extraer cobre en ese país.
A inicios la subsidiaria de Codelco en el Ecuador, EMSAEC, no daba la cara en Intag. El proyecto aparecía como un proyecto del Estado ecuatoriano. Aún así no pudieron ingresar a las comunidades, peor aún a la concesión minera para continuar con el trabajo de la Bishimetals. En el 2014, el régimen de Correa envió a 380 policías y militares para que escolten a Codelco en su ingreso al bosque primario que formaba parte de un proyecto ecoturístico-comunitario y de una reserva forestal comunitaria. Solo así Codelco pudo iniciar la exploración minera, violando derechos como había sucedido en la Cordillera del Cóndor, con el proyecto Mirador. Previo al sitio y ocupación de Intag, en el gobierno de Correa, a través del entonces ministro de gobierno, José Serrano, con el objeto de intimidar a toda la población, se le tendió una trampa para ilegalmente arrestar y encarcelar a Javier Ramírez, uno de los líderes opositores a la minería.
Así fue como Codelco pudo terminar la primera fase de la exploración en los biodiversos bosques de la Cordillera de Toisán. Concluida esta fase, en el 2018 CODELCO retiró la maquinaria esperando que el gobierno le permitiera seguir con la segunda parte de la exploración, y que la Enami Ep cumpliera con el convenio binacional de crear una sociedad anónima para conjuntamente explotar lo que algunos en el gobierno y en el mundo de las mineras consideran uno de los yacimientos cupríferos más grande del mundo. Y, quizá aquí cabe señalar que, al igual que los campamentos mineros de Bishimetals y Copper Mesa, el campamento de Codelco misteriosamente se incendió en el 2024.
Pero, aún cuando se contó con el apoyo de los gobiernos de Correa, Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, Codelco no pudo avanzar. Las comunidades, con una creciente solidaridad nacional e internacional, lograron que el sistema judicial ecuatoriano no permita que se violaran derechos de la Naturaleza y de las comunidades, establecidos en la recientemente ratificada -en las urnas- Constitución de Montecristi. La Corte Provincial de Imbabura sentenció en ese sentido en el 2023. En el 2024 la Corte Constitucional del Ecuador confirmó la sentencia. Con lo que quedó demostrado que el gobierno irrespetó el derecho de las comunidades a ser previamente consultadas, y que el Estudio de Impacto Ambiental no garantizaba los derechos de la Naturaleza.
Una razón más que precipita la salida de Codelco es el incumplimiento del contrato binacional. La inobservancia por parte de la Enami Ep llevó a que Codelco le planteara un juicio de arbitraje al Ecuador en abril del 2021 ante la Cámara de Comercio Internacional, uno de los tribunales internacionales utilizados por las empresas para doblegar a los Estados. Aunque dicha Cámara sentenció que Ecuador fue culpable de incumplir con el convenio, y que tenía que reconocerle 25.3 millones de dólares a Codelco, no le obligó al Estado ecuatoriano a concretar la empresa mixta, ni obligó a Codelco compartir la información sobre la cantidad ni pureza del yacimiento. Aún queda por resolver el arbitraje internacional igualmente interpuesto por Codelco en contra del Ecuador ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), presentado el 24 de diciembre de 2021, por incumplimiento del Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que tienen Chile y Ecuador (arbitraje internacional).
Con la salida de CODELCO no se esfuma la maldición del cobre sobre esta región tan biodiversa de la cordillera andina. Por el contrario, las alas de la empresa Hanrine Exploration and Mining, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting[1], sobrevuelan sobre el proyecto Llurimagua. Su interés no es nuevo. Los australianos ya ofrecieron al gobierno de Lenin Moreno 400 millones de dólares por el proyecto. Más tarde, en abril del 2024, bajo circunstancias cuestionables, la Enami Ep y Hanrine firmaron un acuerdo comercial, con el cual la empresa australiana se comprometía a invertir 120 de millones dólares en la exploración dentro de 26.000 hectáreas en 6 concesiones mineras aledañas a Llurimagua. Hasta la fecha, sin embargo, no se ha registrado la presencia de Hanrine en la zona de Intag.
Las comunidades de Intag han aguantado tres décadas de abusos, atropellos, persecución y contaminación de sus ríos y riachuelos. Su lucha ha sido en defensa de sus derechos, establecidos constitucionalmente, como lo son los derechos de la Naturaleza, el derecho del agua a su ciclo vital y el derecho a la consulta ambiental. Vale tener en cuenta que pocos lugares en el mundo amenazados por la minería son tan biológicamente importantes como los bosques nubosos de la Cordillera de Toisán, que alberga dos sitios mineros en la mira de las transnacionales.[2] Para tener una mejor idea de la importancia de estos bosques, en estos últimos años, y con muy pocos fondos, la DECOIN -Defensa y Conservacion Ecologica de Intag– ha financiado varios estudios biológicos en los cuales se ha identificado a 101 especies en peligro de extinción, solo dentro de las 4.829 hectáreas que comprende la concesión minera Llurimagua. Éstas incluyen jaguares, osos de anteojos, tres especies de monos críticamente amenazados, 33 especies de ranas, orquídeas, un pez y varias especies de aves.
En este complejo trajinar, sus habitantes han constatado cada vez más que la verdadera riqueza de Intag y el país no yace en el subsuelo, sino en su diversidad de culturas y ecosistemas, su inigualable biodiversidad, en su riqueza hídrica, y en la riqueza agrícola de sus suelos. Es por eso que a Hanrine Exploration and Mining, o a cualquier otra empresa que adquiera derechos sobre este territorio, le espera lo mismo que a las otras transnacionales que han intentado minar a Intag.
Tengamos presente que comunidades dignas, como las de Intag, no se rinden jamás en su defensa de la sostenibilidad de la vida.
Carlos Zorrillla: co-fundador de la DECOIN y habitante de la zona de Intag. Alberto Acosta: ministro de Energía y Minas 2007, presidente Asamblea Constituyente 2007-2008.
Notas:
[1] Hanrine tiene concesiones que todavía no están en explotación, ubicadas en la zona de La Merced de Buenos Aires (Provincia de Imbabura). Esta empresa, a la que se la ha acusado de complicidad con mineros ilegales asentados en la zona, se opone al pago de la tasa de fiscalización minera.
[2] Incluso cabría recordar la potente sentencia del Bosque Protector los Cedros del año 2021, dictada por la Corte Constitucional que protege gran parte de la zona de la Cordillera de Toisán.
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