Ambientalistas culparon este miércoles al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y a Estados Unidos de introducir en América Central productos transgénicos no autorizados, uno de ellos prohibido para consumo humano. La agencia de la ONU rechazó las imputaciones. En conferencias de prensa simultáneas en cinco países centroamericanos, unas 70 agrupaciones no gubernamentales aseguraron que análisis […]
Ambientalistas culparon este miércoles al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y a Estados Unidos de introducir en América Central productos transgénicos no autorizados, uno de ellos prohibido para consumo humano. La agencia de la ONU rechazó las imputaciones.
En conferencias de prensa simultáneas en cinco países centroamericanos, unas 70 agrupaciones no gubernamentales aseguraron que análisis de laboratorio de alimentos entregados en el marco de la asistencia de PMA a la región, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, mostraron la presencia de productos genéticamente modificados en más de 80 por ciento de los casos.
El laboratorio estadounidense Genetic ID investigó la presencia o no de transgénicos en más de 45 muestras de maíz y soja distribuidos por el PMA o importado de modo directo en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y también en República Dominicana, explicaron los activistas, que pidieron el retiro inmediato de esos productos.
Añadieron que el análisis científico determinó, además, que en Guatemala se ha entregado por parte del PMA el maíz transgénico denominado StarLink, que fue prohibido en 2000 para consumo en Estados Unidos debido al potencial alergénico de la proteína que contiene.
La salud de mujeres y niños, que son los principales beneficiarios de la ayuda alimentaria de la agencia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en el área, es una de las preocupaciones mayores de organizaciones como Amigos de la Tierra, responsables de la denuncia junto a otros ambientalistas, grupos de derechos humanos y de otras áreas sociales.
Las muestras se recogieron entre junio y noviembre y fueron de carácter cualitativo casi en su totalidad, salvo en el caso de la partida de Guatemala, sobre la cual se hicieron análisis cuantitativos.
El estudio de los alimentos llevados de Guatemala encontró maíz StarLink en una proporción menor a 0,1, aunque esa pequeña medida «no importa, pues cualquier porcentaje lo hace ilegal», dijo a IPS una fuente de Amigos de la Tierra Internacional. También apuntó que 70 por ciento de esta partida era transgénica.
Empero, Alejandro López, de la oficina regional de PMA para América Latina, rechazó de plano, al ser consultado por IPS, la entrega de alimentos que amenacen la salud de los beneficiarios. Explicó que todos los productos del programa cumplen con las certificaciones de origen y con los controles fitosanitarios de los países donantes.
Según López, los alimentos se encuentran avalados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y tienen las certificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Aseguró que, una vez que les llegue la denuncia, procederán a estudiarla, porque sería preocupante que una situación como la presentada por las organizaciones civiles esté sucediendo.
Respecto de la eventual distribución de transgénicos, López explicó que el PMA se responsabiliza de que los alimentos estén en buen estado y no afecten la salud de los beneficiarios, por lo que no existen controles de tipo genético.
«Lo de los alimentos transgénicos es una antigua polémica en la que nosotros en el PMA no vamos a entrar», puntualizó.
Mario Godínez, de Amigos de la Tierra de Guatemala, calificó de «inadmisible» el proceder del PMA y sostuvo que ello revela que el uso de los productos genéticamente modificados, para hacerlos más resistentes a las plagas, se realiza sin ningún control.
Los denunciantes catalogaron de «muy grave la situación» y pidieron a las oficinas del PMA de América Central que retiraran los alimentos genéticamente modificados, entre otras razones porque «se desconocen los efectos que puedan tener en la salud de quienes los consumen». Wagner Ochoa, de Amigos de la Tierra, detalló a IPS que varias de las personas beneficiadas con la ayuda alimentaria han mostrado su descontento con el maíz en el que se encontró el gen del StarLink, porque «tiene un feo sabor».
«Muchos de los consultados nos han dicho que, cuando tienen maíz producido por ellos para su consumo, les dan a los pollos y a los cerdos el que les entrega el PMA, porque viene en mal estado», agregó.
El programa de esta agencia de la ONU atiende a poblaciones pobres y hambrientas de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Ochoa informó que la delegación del PMA en Guatemala importó el año pasado 22.000 toneladas de maíz, a un costo de 72 millones de dólares.
«Hay regiones en nuestro país en las que hay exceso de producción de maíz y de otros granos, por lo que bien podría comprarse acá con la seguridad de que no viene contaminado con ningún contenido transgénico», comentó el activista.
Por su lado, Jaime Vallaure, director del PMA en El Salvador, recalcó que la FAO «es el organismo mundial más competente» para determinar qué alimento es apto o no para consumo humano.
Por eso, las certificaciones de origen son una garantía que les permite asegurar con «certeza» que el maíz StarLink no se emplea en la región, afirmó. «No hay ninguna duda de que no distribuimos el StarLink».
Vallaure retó a las organizaciones de la sociedad civil en cuestión a que le muestren «un solo caso en el que hubiese algún beneficiario afectado por el uso de transgénicos en los alimentos del PMA».
Añadió que «en 2004 el PMA entregó en todo el mundo alimentos para 105 millones de personas y no ha habido un solo reporte de personas afectadas».
Sin embargo, las organizaciones ambientalistas, sindicatos y agricultores insistieron este miércoles en que la ayuda alimentaria del PMA se ha constituido en la principal vía para introducir transgénicos en la región, sin que se tenga claro cuáles son las consecuencias de ello.
Fabián Pacheco, de la Asociación de Ecología Social de Costa Rica, expresó a IPS que existe un «gran desconocimiento» sobre los efectos que pueden producir los transgénicos en la salud.
Para Pacheco, en el tema se da una lucha entre el bienestar público y el privado, en el que fuertes corporaciones multinacionales son siempre las que salen beneficiadas.
Los activistas también destacaron que en países como República Dominicana y Costa Rica, que no son asistidos por el PMA, pero que sí importan alimentos de Estados Unidos, se reportó presencia de transgénicos.
En este sentido, Pacheco manifestó que en el caso costarricense es «urgente una moratoria» para que se revise todo el tema.