La contrapartida fiscal auspiciada por la coalición ICV-EUiA como condición sine qua non para dar apoyo al programa de recortes del gobierno tripartito, amenaza de plante incluida, ha quedado finalmente en esto [1]: a partir de 2011, suponiendo que no haya cambio de gobierno o que si lo hubiera no anulara el acuerdo [2], las […]
La contrapartida fiscal auspiciada por la coalición ICV-EUiA como condición sine qua non para dar apoyo al programa de recortes del gobierno tripartito, amenaza de plante incluida, ha quedado finalmente en esto [1]: a partir de 2011, suponiendo que no haya cambio de gobierno o que si lo hubiera no anulara el acuerdo [2], las rentas salariales entre 120 mil (el horizonte de los 100 mil ha sido superado) y 175 mil euros pasarán a cotizar en el tramo autonómico un 45%. Hasta ahora todas las rentas salariales superiores a 100.000 euros cotizaban en el tramo catalán un 43%. Las rentas salariales superiores a 175.000 euros tendrán un 47% de contribución.
La medida afecta a menos de 20.000 ciudadanos. En Catalunya, unas 11.000 personas ganan o declaran entre 120 y 175 mi euros, y unas 8.500 superan ese límite. La Administración, que aspira a un recorte presupuestario de 1.670 millones de euros, recaudará 75 millones de más con esta medida.
Para una persona que gane 120.000 euros anuales, el incremento, tras reducciones y partidas complementarias, puede suponer aproximadamente un incremento mensual en el pago de impuestos de unos 120 euros. Media cena familiar en uno de los restaurantes que acostumbran a visitar estos grupos sociales. Un pantalón menos comprado en Gonzalo Comella.
No hace falta insistir en las protestas, dudas, vacilaciones y presiones que esta mini reforma fiscal ha comportado. La cosmovisión dominante suele coincidir con la ideología de las clases dominantes y los gritos que se oyen en la arena pública y en la publicada suelen ser emitidos por las clases que se hacen oír.
Pero había, además, agenda oculta. La siguiente.
El Consejo Ejecutivo de la Generalitat [2] ha acordado cubrir sólo la mitad de las jubilaciones que puedan producirse en sanidad, incluyendo los servicios de urgencia, enseñanza y oficinas de trabajo. En el resto de la Administración, la cosa es mucho peor: sólo se cubrirán una de cada 10 jubilaciones, el 10%. Para completar el círculo de tiza caucasiano, está también previsto recortar también un 10% del capítulo destinado a sustituciones en casos de bajas, necesidad de refuerzos y horas extras. Según cálculos, 1.500 personas se jubilarán en Educación durante este año y unas 400 en Salud a lo largo de lo que queda de 2009. De estos 1.900 trabajadores, sólo se cubrirán 950, el 50%.
Antoni Castells ha explicado con claridad sus finalidades: una cuarta parte, unos 400 millones de euros, de los recortes de este año (1.670 millones) se conseguirá a cargo de la partidas de personal de la Generalitat y de los conciertos con empresas privadas que ofrecen servicios públicos (el porcentaje de recorte en este nudo, si no ando errado, es mucho menor). Para el próximo ejercicio, el vicepresidente económico catalán de la derecha del PSC-PSOE ha anunciado que «los objetivos serán aun más ambiciosos».
¿Cómo se paliará, por ejemplo, la reducción de estos 750 profesores que no serán sustituidos tras su jubilación? Se barajan varios procedimientos. El que toma fuerza: disminuyendo las reducción horaria de los trabajadores y trabajadoras que hacen trabajos especiales (coordinaciones diversas) y anulando derechos laborales adquiridos (así, las dos horas lectivas de reducción a partir de los 55 años).
No es improbable una reacción defensiva que olvide aristas básicas. El profesorado puede negarse a efectuar cualquier tarea extra, cualquier trabajo que vaya más allá de lo señalado por normativa. Consecuencia: que jornadas de puertas abiertas, salidas con alumnos, seminarios, conferencias, queden afectados. Consecuencia de esta consecuencia, similar a lo que ocurrirá en el ámbito de la sanidad: el servicio público será peor, bastante peor. Los perjudicados serán, claro está, los de siempre: los más desfavorecidos o aquellos que sigan apostando por la enseñanza y sanidad públicas pase lo que pase (Recuérdese además que, con argumentos razonables e informados, se ha pedido durante años y años el incremento de plantillas en enseñanza y educación para conseguir que la bondad y calidad de esos servicios no fuera una mera palabra. No sólo damos un paso adelante, sino que efectuamos tres o cuatro hacia atrás).
En síntesis, un escenario que a la señora Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, tras apuntar las correspondientes «barbaridades» matutinas sobre la contrarreforma laboral o temas afines, le sube la adrenalina y la coloca en estado de éxtasis. Es la política de la derecha neoliberal, dura, extrema o no tan extrema; no hay muchas diferencias en este nudo entre estas variantes derechistas. Que un gobierno de izquierdas acuerde un programa así sólo puede significar una pérdida definitiva de sus señas de identidad más esenciales o, mucho peor, que el término «izquierda» usado para calificar este gobierno sea totalmente impropio.
Por cierto, la primera pregunta del millón: ¿qué hace una fuerza supuestamente transformadora como EUiA en un gobierno como éste? ¿Existe algún caso afín en la historia de los gobiernos de unidad amplia (o amplísima) de izquierdas?
La segunda pregunta millonaria: ¿no se acumulan los motivos para una protesta masiva y persistente que supere rendiciones y parálisis? ¿Se va a permitir un ataque a cara descubierta contra derechos y aspectos tan esenciales para la comunidad como la calidad de la educación y la sanidad públicas? ¿No va siendo hora ya de pasearnos otra vez a cuerpo y decir que pues vivimos y resistimos queremos anunciar algo nuevo, no el eterno y desgastado retorno de los ataques a los más desfavorecidos?
Notas:
[1] Tomo los datos de Dani Cordero, «Montilla retoca al alza el IRPF para las rentas altas». Público, 2 de junio de 2010, p. 16.
[2] El mantenimiento de la reforma, innecesario es apuntarlo, si el gobierno que se formara tras las elecciones de otoño estuviera dirigido por CiU con apoyo parlamentario ocultado de PP, es prácticamente imposible
[3] Público, 1 de junio de 2010, suplement Catalunya, páginas 1 y 2.
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