América Latina perdió 14 por ciento de su cobertura boscosa en las últimas tres décadas, según un estudio de imágenes satelitales publicado en Science Advances.
En 1990 había 705 millones de hectáreas (Mha) de bosques tropicales, y en 2020 se estimaron 604 millones. A nivel global, el estudio también calcula que se pierden siete millones de hectáreas anuales, equivalentes al tamaño de Irlanda. A ese ritmo, todos los bosques vírgenes desparecerán de las regiones tropicales en 2050.
“Los bosques tropicales que quedan están altamente degradados”, advierte el Centro Francés de Investigación Agrícola para el Desarrollo Internacional (CIRAD), una de las organizaciones participantes de la investigación que hizo un monitoreo a largo plazo (1990-2019) de los cambios en la cubierta forestal en los trópicos húmedos.
Basado en 455 poblaciones de mamíferos, anfibios, reptiles y aves, su índice de especies forestales disminuyó 53 por ciento entre 1970 y 2014.
“En Argentina, “la frontera agropecuaria avanzó de la mano de los buenos rindes de soja o maíz, gracias a los paquetes de siembra directa y los agroquímicos”. (Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina)
“La degradación en América Latina se incrementó en los últimos años”, asegura Ghislain Vieilledent, uno de los autores del estudio, en un correo electrónico a SciDev.Net. Esta situación es atribuible a las actividades humanas y a las condiciones climáticas.
En Argentina, “la frontera agropecuaria avanzó de la mano de los buenos rindes de soja o maíz, gracias a los paquetes de siembra directa y los agroquímicos”, explica por teléfono Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina, que no participó en el estudio.
Aunque la Ley de Bosques de 2007 de Argentina establece categorías de conservación, ordenamientos territoriales y fondos económicos para su cuidado, FARN critica la falta de metas cuantitativas y la persistencia de la tala ilegal.
En Brasil, la agricultura industrial también representa una amenaza para los bosques. Su desarrollo hace subir el precio de commodities como la soja, que a su vez eleva el valor de la tierra y estimula procesos de deforestación, explica vía WhatsApp Claudio Maretti, investigador en la Universidad de São Paulo.
La Ley Federal para la Protección de la Vegetación Nativa de Brasil, una revisión del antiguo Código Forestal, obliga a preservarla en zonas con problemas de erosión, en el borde de los ríos y las nacientes de agua.
Pero “hay millones de propiedades y los productores agrícolas que tienen una fuerza política muy grande, están aplazando su cumplimiento”, lamenta Maretti, que también presidió el Instituto Chico Mendes, responsable de los parques nacionales de Brasil.
En cuanto a los factores climáticos, Vieilledent recuerda la influencia en las sequías de la Corriente del Niño, cuyos eventos en los períodos 2014-2016 y 2018-2019 resultaron en “condiciones perfectas para causar incendios de bosques”.
En los últimos años hubo incendios graves en Bolivia (la Chiquitania), Paraguay (el Chaco y el Bosque Atlántico) y sobre todo Brasil, que aloja al 29 por ciento de los bosques tropicales del mundo.
El país sufrió dos series de incendios críticos: los del Pantanal, el humedal más grande del mundo, afectado por la sequía; y los de la Amazonia, también relacionados a procesos de deforestación, expulsión de campesinos y acaparamiento de tierras. “Son una causa muy importante para la mayor emisión de carbono, la muerte de animales y la polución en las ciudades”, dice Maretti.
En Argentina más del 90 por ciento de los incendios tienen origen humano, calcula Di Pangracio.
En 2020 la crisis estuvo centrada en el Delta del Paraná. Desplazada de otras regiones por el monocultivo de soja, “la ganadería avanza sin planificación, control ni participación ciudadana”, apunta la ecologista.
“Se necesita un enorme cambio transformador en la manera que tenemos de producir y consumir alimentos”, advierte la FAO, que insta a las empresas de agronegocios a adquirir compromisos de “deforestación cero”.
Los gobiernos también deben actuar. El gasto en inversiones potencialmente dañinas para la biodiversidad es de 500 mil millones de dólares al año, cinco o seis veces más que lo que emplean en protegerla.
Cuando actúan en sentido contrario, los efectos son evidentes. Entre los períodos 1996–2005 y 2005-2011, “el cumplimiento del Código Forestal y el control de la agricultura lograron reducir en dos tercios la deforestación del Amazonas”, señala Vieilledent, convencido de que aún no es demasiado tarde.