Hablar de Venezuela, incluso comentar cualquier acontecimiento relacionado con ella por nimio que sea, nos conduce inexorablemente a su presidente. Esa es una de las más significativas y efectivas directrices de lucha ideológica concebida en los despachos de la Cia en Langley. Así, si se avería una guagua en una carretera de Los Llanos, o […]
Hablar de Venezuela, incluso comentar cualquier acontecimiento relacionado con ella por nimio que sea, nos conduce inexorablemente a su presidente. Esa es una de las más significativas y efectivas directrices de lucha ideológica concebida en los despachos de la Cia en Langley. Así, si se avería una guagua en una carretera de Los Llanos, o se detiene a un banquero canario corrupto por robar los ahorros de las clases populares como sucedió con el Banco Canarias hace unos meses, o si la marea rompe un dique en el puerto de La Guaira, los medios de comunicación informarán al unísono de la segura responsabilidad de Hugo Chávez en el suceso. Da la sensación de que todo lo que pasa en la Venezuela bolivariana es malo, muy malo y, por supuesto, obra de un presidente trastornado en busca de la gloria. Si se hace memoria, no ha habido una sola noticia «positiva» en referencia a Venezuela en los últimos años, y no será por falta de motivos, ya que los logros de la Revolución bolivariana son numerosos y de una gran importancia social como la creación de un verdadero Servicio Nacional de Salud (Misión Barrio Adentro 1), la extraordinaria potenciación del sistema de Seguridad Social, la liberación del país de la lacra del analfabetismo, la creación de universidades en todos los Estados (Misión Ribas), la disminución de la pobreza severa en un 50% en los últimos diez años, la construcción de miles de viviendas sociales, la elaboración de un una batería legislativa encaminada a impedir despidos indiscriminados y otros desmanes empresariales, la renacionalización de PDVSA como instrumento de redistribución de la riqueza…
Dos de esos grandes logros revolucionarios -el rescate de tierras para la agricultura y la entrega de tierras a campesinos- han tenido una especial contestación en Canarias. Ya desde la puesta en marcha de la reforma agraria y su lucha contra el latifundio y las fincas improductivas con el fin de reducir la dependencia alimentaria de la Venezuela Bolivariana, la burguesía isleña y sus partidos, junto a un retorno venezolano organizado en torno a la reaccionaria Unión Canaria Venezolana (UCVE), han desatado una cruenta batalla contra la legalidad revolucionaria y en defensa de los intereses particulares de unos emigrantes canarios, muy cercanos a las tesis de la oposición golpista -algunos incluso participaron en la asonada golpista del 2002-, que se hicieron con inmensas propiedades agrarias en la época de los dictadores Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez, o posteriormente, cuando Rómulo Betancourt le arrebató la tierra a quien la trabajaba para dársela a su amigos de Acción Democrática, los adecos.
EL CABILDO DE TENERIFE INICIA LA «GUARIMBA»
El penúltimo episodio lo está protagonizando la nacionalización de Agroisleña. Esta «guarimba» mediática está capitaneada por Efraín Medina, un conspicuo miembro de ese retorno venezolano y de Coalición Canaria (CC), consejero de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Cabildo de Tenerife, que se ha puesto por montera la creación con dinero público de un lobby que defienda los intereses de esta empresa transnacional. Y no le han faltado aliados pues a la Cámara de Comercio y la CEOE, siempre dispuestas a combatir al lado de quien intenta mutilar a la Revolución venezolana, se le han unido también la Junta de Portavoces del Cabildo de La Palma (CC, PP y PSOE), el alcalde de Adeje (PSOE), José Miguel Rodríguez Fraga, faltaría más, y la inefable Cristina Tavío, presidenta del Partido Popular en Tenerife y protagonista, entre otros desatinos, del «bragasgate», aquel escándalo de corrupción en el que se cargaron gastos privados al Ayuntamiento capitalino, incluidos los de la compra de bragas. Verán que son los mismos partidos, instituciones y personajes que han bramado contra los sucesivos triunfos electorales chavistas o la Reforma Agraria, los que raudos enviaron un emisario para reconocer al golpista Carmona o los que jalearon aquel «Por qué no te callas» del Borbón franquista.
Y ahora lo mismo, repiten como loros que Chávez ha cometido una gran injusticia al nacionalizar Agroisleña. A pesar de que la práctica oligopólica está prohibida en la Constitución de la nación suramericana se atreven, incluso a afirmar que lo inconstitucional es la nacionalización y no el modus operandi de este emporio facineroso. Para rematar el dislate, y a pesar de las evidencias que señalan la conducta ilegal de esta multinacional y de que el gobierno venezolano se haya comprometido a reembolsar justamente a los accionistas, estos corifeos neoliberales quedan al descubierto cuando pregonan que lo más importante es garantizar la protección de los derechos de los empresarios.
UN LADRÓN AL ACECHO
Agroisleña no es la entrañable empresita que crearon en 1954 un grupo de abnegados emigrantes canarios liderados por Enrique Fraga Afonso en el estado de Trujillo, no responde a esa épica con la que intentan soliviantar a esa «canariedad» que construyen desde sus medios, tagorores y fundaciones. Agroisleña es un oligopolio característico de toda sociedad capitalista y, como tal, ha actuado cometiendo todas las fechorías y desmanes que les permitió la IV República, utilizando todas las artimañas financieras, fiscales y laborales que el neoliberalismo les dispensó y explotando a los agricultores y clases populares hasta que la Revolución Bolivariana les paró los pies.
Esta multinacional a la que tanto defiende nuestra plutocracia ultraperiférica no sólo se había apoderado del mercado de semillas, ya que era la propietaria del 95% de las semillas de hortalizas y frutas (papa, cebolla, tomate, arroz, maíz, papaya, melón, etc., sino que ladinamente ofrecía a los agricultores un «paquete» que incluía, además de la semilla, los sistemas de riego y todos los productos fitosanitarios y fertilizantes necesarios para la cosecha. Al mismo tiempo les hacía firmar un contrato que obligaba a venderle su producción para garantizar así la amortización de la deuda adquirida al contratar el «paquete» financiado por Agroisleña. En caso de que dicha deuda no fuera satisfecha les imponían un plan de pago que podía convertir al colono en su deudor de por vida, por lo que en muchos casos este monstruo agrofinanciero acababa por apropiarse de las tierras como parte del pago.
Es decir, actuaba como uno de esos bancos llamados de segundo piso que canalizan sus operaciones de financiamiento a empresas mediante créditos a bancos que sirven de intermediarios con el cliente final. De esta forma Agroisleña ha esclavizado a una gran parte de los propietarios agrícolas y expulsado del campo venezolano a los más modestos, a los que no podían hacer frente a su desmedida usura, favoreciendo al mismo tiempo la acumulación capitalista de los grandes propietarios. Pero además de obstaculizar el desarrollo agrícola del país, ha contribuido poderosamente al incremento artificial e ilegal de los precios -hasta un 500% en algunos productos- en un momento en que la lucha contra la inflación se ha convertido en uno de los objetivos irrenunciables del gobierno de Hugo Chávez.
DISTRIBUÍA VENENO Y CONTAMINACIÓN
Agroisleña se había convertido en una de los mayores contaminantes del hemisferio ya que distribuía, entre otros venenos, el insecticida Carbodan, un organoclorado muy parecido al DDT llamado Acarin, el desinfectante de suelos Basamid, el herbicida Gramocil o el asesino Glifosato que distribuían bajo la marca comercial de Round-Up. La mayoría de estos productos tóxicos están prohibidos en los países del norte donde son producidos pero exportados sin restricción a los países pobres del sur. Se sabe que son muchísimos los años que se necesitan para descontaminar los suelos y acuíferos pero cuántos cánceres, malformaciones congénitas, daños cerebrales y neurológicos, y cuántas muertes ha provocado Agroisleña con la venta y distribución de estos productos, suministrados no sólo por la aristocracia mundial de la industria química contaminante -Monsanto, Siygenta, Bayer, Du Pont – sino por empresas españolas como Insecticidas Ibéricos o Talleres CIMA, ubicada en Zaragoza bajo cuya patente Agroisleña instaló en Barquisimeto una fábrica de asperjadoras (Asperjadoras Venezolanas C.A.) para la aplicación de sus venenos.
LOS IGUALES SE RECONOCEN
No es de extrañar que instituciones como el Cabildo de Tenerife y La Palma, los partidos del tripartito canario o destacados miembros del Gobierno de Canarias se preocupen por la cuenta de resultados de los accionistas de una empresa transnacional que ha estado delinquiendo manifiestamente, es lo mismo que hacen aquí donde, en materia agrícola, sólo se preocupan de los intereses de los grandes propietarios dedicados a la agricultura de exportación (tomates, plátanos, flores y, más recientemente, vino). Téngase en cuenta que tras más de treinta años de tener responsabilidades de gobierno, estos mismos gobernantes han llevado a la agricultura isleña hasta su práctica desaparición -ya sólo se cultiva un tercio de la superficie agrícola-, teniéndose que importar el 90% de lo que se come y propiciando, al mismo tiempo, el pelotazo del REA (Régimen Especial de Abastecimiento) que prima las importaciones de productos agrícolas y ganaderos y junto a la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) se han convertido en los instrumentos preferidos para el enriquecimiento de ese empresariado que tanto fustiga a la Revolución Bolivariana. Los iguales se reconocen… y se defienden.
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