El Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI) informó que la población rural de Chiapas ha disminuido del 76.9% al 54.3%. Y es que la situación en el campo chiapaneco no es para menos. El maíz natural ha disminuido y a su vez ha aumentado la importación de maíz patentado proveniente de los Estados […]
El Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI) informó que la población rural de Chiapas ha disminuido del 76.9% al 54.3%. Y es que la situación en el campo chiapaneco no es para menos. El maíz natural ha disminuido y a su vez ha aumentado la importación de maíz patentado proveniente de los Estados Unidos. Las empresas no compran a los indígenas y campesinos a menos que siembren las marcas de las grandes trasnacionales. El gobierno federal y el estatal les insisten que ya no siembren maíz. También los monocultivos han aumentado y con ello el desplazamiento de la población rural. La crisis del campo se va agudizando aceleradamente y con ello la migración. Los militares y paramilitares siguen a la par que los desplazados. Paralelamente el desplazamiento de comunidades indígenas de Montes Azules continúa su cauce. En medio de toda esta guerra contra el campo se distingue la guerra de los agroquímicos de Monsanto y Syngenta, los monstruos corporativos de los agroquímicos y las semillas, que se han beneficiado de los programas del gobierno estatal y sus secretarías gubernamentales como la de «Desarrollo Rural» para distribuir sus tóxicos en el campo, además del beneficio que obtienen de la reciente aprobada ley de Bioseguridad -o Ley Monsanto-.
Transgénicos, monocultivos y agroquímicos son otros tres flagelos que atacan a la población indígena y campesina. Pero no siendo esto suficiente el banco BBV-Bancomer se suma a estrangular a los indígenas eliminando las cuentas bancarias de Enlace Civil A.C., organismo que recibe el apoyo financiero nacional e internacional para apoyar la producción orgánica, la salud, la educación y un mejor futuro para las comunidades indígenas.
En la zona norte.
Hace un año, en el mes de julio de 2004 en el municipio de Sabanilla, en la Zona Norte del Chiapas, Mateo Vázquez Juárez decidió quitarse la vida. Tomó el agroquímico Gramoxone a los 90 años de edad. En esos mismos días Pascual Martínez de 80 años de edad del Rancho Vergel tomó el agroquímico Foley que le provocó la muerte. Otros decidieron usar otra vía para quitarse la vida y prefirieron ahorcarse, que fueron los casos de Domingo de 40 años de edad y Braulio que tenía 42 años. La gente dice que se quitaron la vida «porque están tristes», que «la pobreza es dura y ya no se ve la salida».
Hoy, otra joven de 15 años de la misma región lucha por salvar su vida y su cuerpo enfermo de leucemia. Gracias a la solidaridad internacional y nacional -no al gobierno de Fox ni de Salazar Mendiguchía, sino más bien a pesar de ellos- va y viene a los hospitales de Tuxtla Gutiérrez en medio de tratos con despotismo, racismo, indiferencia e intolerancia por el personal médico, ya que no sabe bien el español y menos su madre que la acompaña semana a semana. Sin embargo, el gobierno afirma que, de entrar al esquema pre-privatizado del «Seguro Popular de Salud» [1], la cara del personal de salud cambiaría inmediatamente por una cara amable y los medicamentos necesarios caerían como la lluvia de estos meses. Pero la realidad es otra. La joven lucha por salvar su vida en medio de todas las presiones para que los indígenas dejen de existir en el campo.
Las fumigaciones de Moscamed
En el mes de mayo del 2005 alrededor de 40 comunidades de los municipios fronterizos de Las Margaritas, La Independencia, La Trinitaria y Ocosingo realizaron una asamblea para hacer un diagnóstico sobre los efectos que conllevan las fumigaciones del programa binacional México-Estados Unidos en la frontera denominada Moscamed (Mosca del Mediterráneo y del Gusano Barrenador del Ganado). En una carta fechada el 26 de mayo y dirigida al presidente Vicente Fox, al gobernador del Estado de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, al presidente de Guatemala y al gobernador del Departamento de Huehuetenango, las comunidades comparten su diagnóstico. Cabe señalar que en este departamento fronterizo de Guatemala recientemente se han registrado movilizaciones sociales en contra de los proyectos de minería y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. La respuesta gubernamental se ha acompañado de amenazas a líderes sociales, represión e incluso el asesinato de un campesino. También en este departamento de Huehuetenango sufren las consecuencias de las fumigaciones de Moscamed.
En la denuncia las 40 comunidades manifiestan que: «Desde hace nueve años venimos sufriendo las consecuencias de las fumigaciones y sobrevuelos que realiza Moscamed en nuestras tierras para supuestamente combatir la mosca del mediterráneo y el gusano barrenador. Primero, los sobrevuelos de aviones y helicópteros salían de la comunidad Egipto, municipio de las Margaritas; pero como muchos de estos empleados del gobierno fueron enfrentados por las comunidades, ahora se han trasladado al Departamento de Huehuetenango, Guatemala, y en la madrugada siguen fumigando y tirando animales en bolsas. Las comunidades no hemos obtenido ningún beneficio, sino que más bien múltiples afectaciones a la población.» Entre las denuncias están:
1) La fumigación ha contaminado muchas plantas, platanares, cafetales (ya inservibles), toda clase de hortalizas y potreros. La fumigación que ahora realizan entre 3 y 4 de la madrugada con malatión y aventando animales raros, ha generado el envenenamiento de las comunidades.
2) Han aumentado las plagas en toda la región.
3) Las hortalizas y ninguna verdura se pueden consumir ya que se enferman los niños.
4) Los frijolares se han marchitado al igual que los pastizales afectando a nuestro ganado vacuno y equino que se está muriendo.
5) Durante los sobrevuelos de aviones y helicópteros arrojan ratas y serpientes parecidas a la nauyaca y de especies desconocidas que afectan al campo y la seguridad de los pobladores. Las ratas devoran rápidamente los maizales y los murciélagos se chupan la sangre de los caballos y vacas que en poco tiempo se mueren.
6) Han destruido las actividades apícolas.
7) La plaga del colmoyote (es una especie de gusano) ha infestado las vacas y caballos de todas las comunidades y sus productos e incluso se han enquistado en niños y personas adultas con consecuencias graves para la salud. La presencia del gusano en los productos agropecuarios nos impide vender nuestros productos afectando la economía de comunidades enteras.
8) Se ha contaminado el agua y las enfermedades como tuberculosis, cáncer y diabetes son ahora más frecuentes entre toda la población.
9) En general han aumentado la población de murciélagos, alacranes, babosas, moscos y toda clase de zancudos.
Los representantes de las comunidades están claros en su demanda: «Por estas razones las miles de personas de las comunidades fronterizas en Chiapas, México, le exigimos al gobierno de México, al gobernador Pablo Salazar y a los gobiernos de Guatemala, la suspensión inmediata y definitiva de las acciones de Moscamed tanto aéreas y terrestres. Exigimos el desmantelamiento de la oficina de Moscamed de la ranchería el Egipto Municipio de la Trinitaria Chiapas. En caso que no nos hagan caso las autoridades, nos veremos en la necesidad de tomar otras medidas, por eso es que los estamos denunciando todo lo que estamos sufriendo.»
El caso del soconusco.
En la región fronteriza sur de Chiapas ya hay antecedentes. Desde el 29 de septiembre de 2002 la revista Milenio Semanal difundía una investigación de Otilia López en la región del Soconusco, Chiapas, bajo el título de «Las muertes silenciosas». En ella escribía: «la vida parece valer menos que el mango, los plátanos, la soya y muchos otros cultivos azotados por las plagas. La mayoría de la población sabe bien lo que es la leucemia porque la ha tenido cerca. Ya hace tiempo que se relaciona al cáncer con pesticidas, pero las enfermedades y la despreocupación gubernamental están a la orden del día.»
En la región rica y productiva de Tapachula, frontera con Guatemala, donde se cultiva café y muchos árboles frutales, el gobierno de Chiapas decidió impulsar las plantaciones de monocultivos de palma africana o palma aceitera, totalmente destructivos al medio ambiente, altamente contaminantes por los deshechos de sus plantas procesadoras y por la cantidad de agroquímicos que usan, además de insustentables económicamente para la población campesina.
López describió cómo «Las avionetas de Juan Antonio Márquez cargan y despegan. Aterrizan y vuelven a cargar. Primero el agua, luego el químico. El suelo está mojado y los trabajadores van y vienen del tanque azul a la avioneta y de ésta al tanque. Ninguno lleva cubierta la boca ni las manos. Un joven con playera roja toma café. Por 100 pesos fumigan una hectárea y como mínimo tienen que ser 50. El cliente lleva el agroquímico que desee. No hay restricciones.» Por lo general se usa el malatión para las fumigaciones y tampoco usan las mascarillas de protección.
La investigadora narró cómo «Al lado del aeródromo está el Rancho San Francisco. Ahí vive Margarita con sus dos perros y ocho pollos, que encierra cuando fumigan. Ella continúa a la intemperie. Un poco más adelante, en el Kilómetro 33 de la carretera Tapachula-Ciudad Hidalgo, dos trabajadores se acercan. Marco Antonio es burro o jalador, porque jala los racimos; Edgar, saneador: quita las hojas malas. A lo lejos un sujeto sostiene una bandera. Es la referencia para el piloto que fumiga. El avión lo sobrevuela decenas de veces. Bajo el avión sólo los plátanos están protegidos con plásticos azules. Unas 50 personas están trabajando en la plantación, es decir ‘debajo del avión’. ‘La mayoría ha tenido que ser llevada al médico’, señala Marco Antonio, hondureño de 21 años, quien trabaja en el campo desde niño.» Y esta es una de las razones por las cuales en las regiones campesinas e indígenas su población padece de altos índices de cáncer a costa del desarrollo de la agroexportación que poco beneficia a los campesinos y mucho al mercado del norte.
Edgar, que lleva tres años trabajando el campo comentó que «Casi aquí vivimos, aquí comemos. Dicen cuándo va a haber fumigación, pero nada de tápense, cuídense, no coman ahí. Esto nos quema y mancha la piel, raspa la garganta y cuando pasa ahí arribita los ojos arden». Según Otilia López la ley sobre actividades agrícolas y uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas (NOM-003-STPS-1999) estipula que «en la aplicación por vía aérea se debe prever que no se encuentren personas en las zonas de aplicación y áreas aledañas, a excepción del banderero, el cual debe usar al menos el siguiente equipo de protección personal: sombrero impermeable, guantes impermeables, ropa de manga larga, botas impermeables, protección ocular (goggles), mascarilla de protección respiratoria de acuerdo al tipo de producto que se esté aplicando».
Sin embargo la vida sigue como si nada. Los niños y las niñas bañándose en el río contaminado. Las mujeres lavando la ropa o acarreando agua. Otilia lo narra: «Pasa el avión. Lluvia blanquiazul y pegajosa. Huele muy fuerte. Durante estos diez minutos, bajo la lluvia del plaguicida, habrán pasado unas 15 personas en bicicleta. Pasa un hombre. -¡Señor! -se le grita-, ¿no le da miedo pasar por debajo del avión? -Sí, ya nos lo han dicho los médicos -afirma acercándose a la camioneta, casi blanca ya de las gotitas-. Y se nos acaba de morir de leucemia una niña de 13 años. Y otra señora tiene la misma enfermedad y cada dos meses va a México. Guillermo García, el tío de Bianca, cuenta que hace casi un año de su muerte. «Le prohibieron vivir aquí, pero…», narra el padre, Abel Bosel, dedicado a la compra-venta de los pequeños plátanos llamados «manzanita» o «meñique». Abel cuenta que «Con la misma enfermedad de mi hija hay muchísimos niños en el Hospital de Tapachula, en hematología. Y es una enfermedad bien cara. Estuvimos un año luchando y nos gastamos 160 mil pesos. Nadie nos orienta, ¿y yo qué voy a hacer si no sé ni leer?».
Andrés Gerardo, médico y ex presidente municipal de Mazatán (1996-1998), recordó las primeras fumigaciones en este municipio, en las que participó siendo niño en 1957. No imaginó que a lo largo de su experiencia médica atendería a más de 30 pacientes con cáncer en Mazatán y que en temporada de siembra tendría que curar diario a un vecino por intoxicación. Quizá tampoco sabía que sería doctor ni que en esta zona el cáncer se convertiría en la tercera o cuarta causa de mortalidad, como piensa hoy. Y es que «Los canales de riego son constantemente contaminados con la fumigación aérea», según cuenta la investigadora. «Desde la Sierra, donde se concentra el café, bajan los ríos todos esos compuestos, muchos altamente residuales. El químico perdura en los mantos freáticos, los utensilios y la ropa. Además de los agroquímicos están los plaguicidas para frenar enfermedades endémicas como dengue y paludismo. El malatión, por ejemplo, es usado por el gobierno estatal para combatir esas afecciones, pero algunos países lo han utilizado con fines bélicos por sus efectos neurotóxicos agudos y tardíos. Produce vómitos, calambres, edema pulmonar y, a veces, la muerte.»
Según el Diagnóstico de Salud Ambiental de agosto de 2001 existían entonces en toda la región 53 establecimientos que comercializan plaguicidas que hoy se han multiplicado con la entrada más fuerte de Monsanto al mercado chiapaneco, y 24 aeródromos para la fumigación. El informe contabiliza en la región del Soconusco 75 intoxicados entre 1997 y 2001. Según López esos intoxicados se curan en casa, «porque son muchos, por lo menos en Mazatán», dice el doctor Gerardo, y se atreve a decir que «si no la mitad, por lo menos 40 por ciento no va al médico».
En una entrevista realizada a la doctora en Ciencias Agrícolas y especializada en parasitología agrícola, Erika Pinzón, confirma que «hace tres años su hija mayor murió de leucemia. «Ésta es una zona muy castigada, sin control y lo confirma que Chiapas sea uno de los cinco primeros estados más contaminados del país», afirmó. Su hija fue internada en el hospital del Centro Médico Nacional Siglo XXI por anemia plástica. Ahí se enteró que son chiapanecos los que presentan los casos más extraños de cáncer y que son rechazados como donantes quienes han residido los dos últimos años en el estado ya que es considerado zona de alto riesgo por las enfermedades endémicas y la contaminación.
«Se usan productos altamente residuales como el malatión y paraquat, por ignorancia del técnico y por voracidad de los distribuidores, ¿pero cómo es posible que la Secretaría de Salud siga usándolo?», se pregunta. También el DDT, químico bioacumulable y altamente riesgoso para la salud «Se vende y todos lo sabemos -comenta Andrés Gerardo-. Tiene que cumplirse la ley. Los campesinos compran (el herbicida) en Guatemala porque es más barato y hay menos control. Y Al policía fronterizo se le compra o se pasa por debajo del puente.» Según las investigaciones de Otilia López en la frontera de Ciudad Hidalgo con Guatemala, Octavio Gastelu, inspector fiscal y aduanero, aseguró que el malatión y el gramoxón sí pasan, sólo de 1 a 4 litros, «pero es un acuerdo bajo el agua que tenemos, porque antes no dejábamos, pero ahora sí». Mientras, en la oficina de Inspección Fiscal y Aduanera el encargado de turno responde que no se han confiscado agroquímicos y que el último embargo de un herbicida había sido tres meses antes.
En la región de Tapachula los productores de soya no sólo inundan sus sembradíos con agroquímicos de Monsanto como la marca Faena, sino que ahora la trasnacional ha logrado el permiso de siembra de miles de hectáreas de su soya transgénica, lo que producirá más contaminación del suelo, más agroquímicos y desempleo una vez que los productores locales no puedan competir con la trasnacional. En esta región también la gente se suicida bebiendo el agroquímico gramoxone.
La investigadora confirma que Confederación Obrero Campesina del Soconusco (COCES) ha apoyado con denuncias a las familias de algunos niños intoxicados. Y cuenta: «El 28 de enero de 2001, en un encuentro intercolegial deportivo de telesecundarias, ‘once muchachos cayeron como moscas’, relata el director de la escuela del Ejido Aquiles Serdán, número 025. «La primera en caer fue Marisela Cruz, que jugó fútbol. El médico de Mazatán dijo que era por exceso de esfuerzo, pero luego fueron cayendo uno a uno». Luego, otro caso grave: «Ocurrió en el Ejido Adolfo Ruiz Cortines y siete fueron hospitalizados. «Órganos fosforados», dictaminaron los médicos de la jurisdicción sanitaria. Extrañamente, Ángel René Estrada Arévalo, secretario de Salud en Chiapas, comentó que no hubo intoxicación y que sólo se trataba de anemia.» El director de la escuela confirmó que «Después de un año continuaban así de repente se quedaban blancos o tenían ansiedad respiratoria.» Luego de todos estos casos la gente dejó de beber el agua del pozo y comenzó a comprar agua de garrafón que venden las empresas.
El oncólogo Raúl Cano Castellanos, del Centro de Cancerología de Tapachula, alertó en declaraciones a la prensa que el uso y abuso de agroquímicos en la región del Soconusco mantiene en riesgo de contraer algún tipo de cáncer a más de 75 mil habitantes de 16 municipios. Y que el cáncer cérvico-uterino se ha convertido en la principal causa de muerte en las mujeres. Otilia López también encontró en sus indagaciones que en 1976, el doctor Pérez Esquivel, pediatra del Hospital Regional de Tapachula, se topó con 20 pacientes en la sala de pediatría, de los cuales 16 tenían al menos una malformación congénita. Esto lo que lo llevó a hacer un estudio más preciso sobre este problema en el hospital y encontró que de 108 casos, el principal factor predisponente es la relación con fumigantes y pesticidas (un 25.9% de los casos). «Es grave lo que sucede -comentó-. Creo que Tapachula rebasa con creces el índice mundial de los hospitalizados por intoxicación de agroquímicos, que es de 3 por ciento». Por su lado el oncólogo Francisco Gutiérrez Delgado, miembro del Sistema Nacional de Investigación, afirmó en su momento que «Si hay relación directa entre exposición a agroquímicos y desarrollo de leucemias, pero en México solamente lo intuimos porque no tenemos cifras o estudios que lo respalden». Sin embargo se relacionan las leucemias y anemias aplásticas en un 70 u 80% de los casos con el antecedente del agroquímico.
Otro caso alarmante: «Aquí había una niña como de 13 años. Estaba blanca, blanca… por lo visto durmió toda la noche absorbiendo lo que usaba su papá para conservar el maíz». Habla la esposa de Ariel Alfonso Gómez. Está sentada de espaldas a la ventana y pegada a Ariel. Él padece leucemia aguda mieloglástica. Durante tres años fumigó los cultivos de café de su padre situados por el 20 de Noviembre (herbamina, rival -también de Monsanto-, paraquat, gramoxone…). Hoy está en el hospital de Tapachula. Las cosas llegaron a tal grado que el 13 de marzo de 2001 tuvo lugar un recorrido del Comité Estatal para el Manejo y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (COESPLAFEST) del que resultó un informe sobre una pista de aviones fumigadores, la del Ejido Marte R. Gómez. Firmó la Secretaría de Salud, la SAGARPA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Pesca y el Ayuntamiento Municipal de Mazatán. Durante el recorrido se observó que el personal encargado del manejo no contaba con el equipo de protección adecuado; que al término de cada aplicación del día, las aeronaves se lavan depositando las aguas residuales en un canal, el cual no cuenta con una trampa para sólidos, quedando las aguas a la intemperie y destinándose finalmente al afluente del río Ortiz, que desemboca en la zona estuaria.
Otilia López fue entonces a solicitar la información oficial. «Tras ocho días de estar solicitando el Registro Nacional de Cáncer a la Dirección General de Epidemiología, o las estadísticas de mortalidad en la región de Soconusco, sólo se han conseguido las estadísticas de morbilidad en México, de 1990 a 2001. Al solicitar información a Comunicación Social del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) sobre la incidencia de enfermos chiapanecos, especialmente del Soconusco, en el Centro Médico Siglo XXI, la respuesta fue la siguiente: no hay incidencia.» Sin embargo a partir de 1989, el cáncer apareció como la segunda causa de muerte del país. Ese año hubo 40 mil 628 defunciones (48.2 por 100 mil habitantes), siendo los casos más frecuentes los de cáncer de pulmón, de estómago y cuello uterino. Desde entonces el cáncer es responsable de 12% de todas las defunciones que se registran en el país (datos del Instituto Nacional de Cancerología). Los más altos índices de cáncer y leucemia se dan en Veracruz, Michoacán, Coahuila, Nuevo León y Chiapas, cuya principal actividad de la población es agrícola y ganadera. Unas 2 mil 900 personas sufrieron intoxicación por plaguicidas y que acudieron al hospital en el país en 2001 según datos de la Secretaría de Salud.
Las alternativas
Ojalá algún día las autoridades y partidos políticos en el Congreso de la Unión tuvieran el valor de enfrentarse a las grandes corporaciones trasnacionales que controlan el monopolio de los agroquímicos. Es necesario evitar legalmente su uso con fines médicos, agropecuarios y veterinarios. Sobre todo de aquellos que ya están prohibidos en otros países que incluso los producen. Lamentablemente, como el caso de la recién aprobada Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, mejor conocida como la «Ley Monsanto», ha sido más fuerte la presión y el poder económico de las trasnacionales que el sentido común de los legisladores y su sensibilidad para aprobar leyes a favor del pueblo mexicano. Esta cerrazón del gobierno y la ambición de ganancia de las trasnacionales no está dejando mucho espacio a las salidas pacíficas y democráticas. O qué, ¿será necesario que la gente vuelva a tomar las oficinas de Moscamed?, ¿qué nuevamente quemen los vehículos o que derriben avionetas para evitar las fumigaciones como le hicieron en Guatemala? ¿O será necesario correr a las trasnacionales a la fuerza o al estilo de quema de plantíos de cultivos de transgénicos de Monsanto como en Brasil? Luego dicen que la violencia es del pueblo.
Pero antes podremos obtener más información y sumarnos a las campañas que lleva a cabo la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (RAP-AL). Para ello se puede tomar contacto con Fernando Bejarano González, Coordinador de la Subregión de Mesoamérica y el Caribe de RAP-AL, [email protected] Tel (595) 95 4 77 44.
De cualquier forma, no podemos esperar a que el cambio llegue desde arriba. Los consumidores debemos parar el consumo de los agroquímicos y buscar alternativas sustentables social y ecológicamente. Ojalá que gobiernos, municipios e incluso las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, pudieran declararse oficialmente «territorio liberado de agroquímicos». Las guerras se ganan en el campo… de batalla. Pasaron las leyes, pero en las tierras no pasarán.
Fuentes y para mayor información: Pesticide Action Network Updates Service (PANUPS) www.panna.org; Agrow: World Crop Protection News, March 2, 2000; Otilia López, «Las muertes silenciosas», revista Milenio Semanal 29 de septiembre de 2002; Ryan Zinn, Organic Consumers Association; Fernando Bejarano y Bernardino Marta, Editores, «Impactos del Libre Comercio, Plaguicidas y Transgénicos en la Agricultura de América Latina», Rapam y Rapal. Mayo 2003, México, DF.
Gustavo Castro Soto
CIEPAC, A.C. –Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria