El agua es un recurso fundamental para la vida. Pero el cambio climático, la sequía y la mala gestión de este bien público hacen necesario recordar que el agua debe estar al alcance de toda la ciudadanía. Ilustración: Andrés Espinosa Por ello, Naciones Unidas celebra cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua. Para […]
El agua es un recurso fundamental para la vida. Pero el cambio climático, la sequía y la mala gestión de este bien público hacen necesario recordar que el agua debe estar al alcance de toda la ciudadanía.
Ilustración: Andrés Espinosa
Por ello, Naciones Unidas celebra cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua. Para subrayar que el abastecimiento del agua y el saneamiento adecuado son «un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos».
En el Estado español el agua se ha convertido en un negocio. Una gestión privada que ha sido legitimada y avalada por ayuntamientos y comunidades autónomas. Pero eso está cambiando. Ecologistas en Acción forma parte de la Red de Agua Pública una plataforma de movimientos sociales, instituciones y personas que defienden que el agua es un bien común y un servicio público.
La ciudadanía organizada ha sido capaz de revertir esa situación en ciudades y pueblos. Ese ha sido el caso de Valladolid que ha remunicipalizado el agua, como Terrassa y otras ciudades. En Madrid se ha destapado la corrupción que esconde el Canal de Isabel II y Barcelona, que ha celebrado una consulta multitudinaria para la gestión pública del agua, como contamos en este número de Ecologista. Un proceso ilusionante.
Alcaldes y alcaldesas también se han comprometido a remunicipalizar el agua. Sin olvidar, la lucha titánica de colectivos sociales en diversos municipios.
Las movilizaciones en Bolivia contra el saqueo del agua han marcado un antes y un después. La protesta de Cochabamba o las masivas manifestaciones en El Alto, en 2005, contra una transnacional española, que fue expulsada, mostraron el camino.
Pero el agua es también un negocio para el lobby de las constructoras. Como recogemos en estas páginas de Ecologista. Grandes infraestructuras que tienen graves impactos sobre la soberanía de los pueblos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Construcciones millonarias, muchas inútiles, para aumentar los dividendos de las empresas y favorecer una agricultura intensiva.
Esta práctica es la marca España en Latinoamérica, donde las represas desplazan a comunidades enteras, como denuncia el Movimiento de Afectados por las Represas. Para ejecutar estos megaproyectos se despoja a las comunidades de sus tierras y ríos y se pone en riesgo su soberanía alimentaria. Sus líderes y lideresas son encarceladas, como ha ocurrido en la represa del río Cahabón, que construye ACS, Florentino Pérez, que ha llevado a la cárcel a Bernardo Caal.
En España el Gobierno anuncia medidas para la sequía que prolongan la agonía de ríos y humedales pa ra beneficio de grandes regadíos. El caso de Murcia es paradójico. Una Comunidad con declaración de sequía, donde se intensifican el regadío y los cultivos.
Las administraciones no diferencian entre sequía meteorológica y, lo que a todas luces, es una escasez de agua provocada por exceso de demandas. Por otra parte, se impulsa a los sectores que más agua consumen, la agricultura de regadío, mientras se deterioran los humedales y los ríos. La sobreexplotación y la mala gestión forman parte de una política hídrica que ha olvidado que el agua es un elemento esencial para la vida y el medio ambiente.