La empresa ha flexibilizado su postura en las últimas horas para permitir la entrada de posibles compradores. Su futuro también podría pasar por una intervención pública, a pesar de las declaraciones de la ministra de Trabajo
Las plantas de Alcoa de Avilés y Coruña se ven abocadas al cierre, según anunció la empresa el pasado 17 de octubre. Cerca de 700 trabajadores directos perderían sus empleos ante el despido colectivo presentado. Lo que en un principio iba a ser un mes de negociación, el plazo acaba de ser alargado por un lado por la inasistencia de los trabajadores gallegos, dejando en solitario a los asturianos alegando que este ERE es ilegal; por otro, por el cambio de parecer en las últimas horas de la multinacional, que ahora abre la puerta a posibles compradores. Un futuro quizás algo menos negro del inicial, cuando no se daba ningún tipo de opción que no pasara por el cierre. Lo que se le pide al Gobierno de España es la intervención pública en la empresa para evitar su condena a muerte, lo que estaría para algunos sectores más que justificada.
Las declaraciones de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, sobre la no intervención estatal en la empresa aluminera Alcoa han desconcertado a propios y extraños, sobre todo por su referencia a regímenes comunistas.
Las voces en contra de este comentario, incluso desde la propia Federación Socialista Asturiana a través de su secretario general, Adrián Barbón, se han dejado oír. Las respuestas se pueden resumir en una: los estados capitalistas también tienen esa capacidad para intervenir, o nacionalizar, que son cosas diferentes, empresas o sectores considerados estratégicos.
Es más, como asegura el concejal de Somos Avilés Primi Abella, es algo contemplado por John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes del siglo XX: «La intervención estatal es la manera de moderar las dinámicas capitalistas. Y esto es algo que reconocen hasta los de derechas».
De Keynes también tira David Rivas, profesor titular de Economía Estructural de la Universidad Autónoma de Madrid. De hecho, la Constitución Española en su artículo 128.2 también recoge esta actuación: «Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar el sector público recursos o servicios esenciales especialmente en caso de monopolio y, asimismo, acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».
El reconocimiento de sectores estratégicos por parte del Estado sería básico para garantizar una política industrial y una estabilidad no solo económica, sino también social, a más largo plazo. Como ejemplo el hecho de países donde el sector energético es público, como Noruega, o EDF en Francia, «países nada comunistas, sobre todo Noruega, gobernado por la derecha después de 100 años de socialdemocracia», apunta Primi Abella, partidario de la nacionalización y para quien las plantas amenazadas son «peones que generan beneficios para la matriz. Un Estado tiene que tener cierto control sobre la columna vertebral de la industria». Para él, la nacionalización o intervención de determinados sectores daría una estabilidad a largo plazo por lo que supone de «defensa de los territorios, de trabajo y de futuro estable», algo de lo que Asturias anda bastante escasa.
«La nacionalización sería discutible, pero por lo menos sí intervenir», apunta David Rivas. La diferencia pasa por una gestión directa por parte del Gobierno o participada en un porcentaje determinado. «¿No intervino Aznar el mercado de la energía? ¿Qué hizo González con Rumasa? ¿Y qué ocurre con las expropiaciones?», señala el profesor universitario. «Los estados tienen herramientas para crear economía y economía social que aporte tranquilidad. Y también para que, si usan nuestros recursos, si se van que los tengan que devolver», apunta José Manuel Gómez de la Uz, presidente del Comité de Empresa de Alcoa-Avilés, en referencia a los veinte años de subvenciones tras la privatización de la empresa estatal Inespal.
El anuncio de cierre ha pillado con el pie cambiado a muchos, puesto que era algo que no se esperaba. Es el caso del presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, quien calificó la decisión de «insólita», y manifestó que «volveremos a defender, como hicimos en 2014, la continuidad de la planta de Avilés». Y todo a pesar de que las plantillas ya lo venían denunciando hace tiempo: la desinversión de las plantas era algo evidente.
Para el cierre, la empresa no esgrime argumentos económicos, como afirma De la Uz, sino «organizativas, estructurales, por el mercado, por las plantas viejas… No les dejamos hablar en la reunión de negociación del martes 13, porque siempre dicen que no son viables, pero la empresa tiene beneficios. Estas plantas no son viejas y tienen la misma tecnología que otras de Europa».
La tecnología empleada en Avilés se conoce como Soderberg, «aunque dentro del aluminio hay otras más modernas, pero esta es de las más eficientes. Uno de los problemas de la planta en los últimos años es la falta de materias primas de buena calidad. Hablamos de desinversión». Una desinversión que comenzó tras la inundación de 2010 que dio lugar a un parón de tres meses de la factoría. «Todo parecía apuntar al repunte de la alúmina. Cuando se arrancó y se vio que no levantaba precio, comenzó la desinversión», explica De la Uz. Entre 2005 y 2006 la empresa llevó a cabo grandes inversiones sobre todo medioambientales y tecnológicas, que también garantizaban menos emisiones. Fueron las últimas.
Pero al Gobierno asturiano también le llueven las críticas, calificado de «seguidista» del central, ambos con una nula política industrial, a lo sumo entendida como subvenciones -otra manera neoliberal de intervenir, apunta Rivas- o cesión de terrenos para instalaciones. Estas voces ponen como ejemplo al Gobierno vasco y la defensa de su industria, como ocurre actualmente con los astilleros de Sestao, donde ofrece poner el 50% de la inversión «que será algo inferior para no llegar a la nacionalización», explica el economista. Otro ejemplo cercano del que hablan es de la planta de Alcoa en Cerdeña, cerrada en 2014 y que reabrirá ahora participada por el Gobierno italiano.
Rivas también califica de «terrible» la postura del presidente de los empresarios asturianos, Belarmino Feito, al pedir que se debe entender la decisión de Alcoa: «¿En mano de quién están los empresarios? Todas las empresas pagan el sobrecoste energético para subvencionar a Alcoa, Arcelor… junto con los consumidores domésticos. Esto tiene un sobrecoste político. La energía no es un mercado».
La luz y los efectos del cierre
Las industrias electrointensivas como Alcoa son grandes consumidores de energía. De hecho, esta multinacional consume el 5% de todo el Estado español, lo que supone un 40% de su factura. «Pagar todo el coste de la luz haría inviable la producción. Por eso en el norte de Europa funcionan con saltos hidroeléctricos o en Arabia con el petróleo. La luz aquí es mucho más cara. Pero todos quieren que la industria suponga el 20% del PIB y para eso hay que dar herramientas, tienes que ayudar de alguna manera», añade De la Uz. Por ahora, el Gobierno contempla una subasta eléctrica de medio año. Este plazo provoca también inestabilidad y el interés de este tipo de empresas sería asegurarse un precio por un período bastante más largo.
El presidente del comité de empresa también advierte de que «Alcoa cierra y las demás empresas de consumo energético van detrás. Es un efecto sociológico, efecto rebote».
«Se da un efecto arrastre importante en este tipo de industria hacia adelante y hacia atrás -los servicios y la agricultura solo hacia adelante-, y no solo por las auxiliares, sino por las empresas cercanas, por la pérdida de cultura industrial y de mano de obra cualificada. Alcoa no arrastra al cierre a Arcelor, pero sí lo arrastra en cierto modo», señala Rivas, quien se manifiesta como un gran defensor del modelo industrial como desarrollo económico.
Abella habla también del efecto multiplicador: toda la economía que se ve afectada por la situación creada tras el cierre de una planta, la avilesina con 317 trabajadores y la coruñesa con 369, unos 120 auxiliares que trabajan en la planta asturiana, más toda la logística, graneles y demás, bastante difícil de contabilizar. «Significa que la comarca de Avilés pierde una parte importante de población, la joven marcha, y los que quedan a partir de los 40 entran en una dinámica terrible, encontrando trabajos de mierda o engrosando bolsas de emprendedores que cierran a los dos años para agotar prestaciones… y así vivir en la precariedad hasta llegar a una pensión que les permita subsistir».
Porque aquí no va a pasar lo mismo que con el carbón, no va a haber subvenciones millonarias venidas de Europa y despilfarradas en falsas reindustrializaciones de unas comarcas mineras desiertas, en eso tiene experiencia esta región. Pero eso, la despoblación, es lo que tendrán en común estas comarcas. Y Asturias seguirá encabezando la lista de las comunidades autónomas que menos crecen.