La sección octava de la Audiencia Provincial decretó el traslado de la investigación a un Juzgado de Instrucción de Oviedo, en contra del criterio de la juez Ana López Pandiella. Desde que el 25 de enero la juez Pandiella hizo público la «operación Marea», la cúpula judicial de Asturias no ha tenido más preocupación que […]
La sección octava de la Audiencia Provincial decretó el traslado de la investigación a un Juzgado de Instrucción de Oviedo, en contra del criterio de la juez Ana López Pandiella.
Desde que el 25 de enero la juez Pandiella hizo público la «operación Marea», la cúpula judicial de Asturias no ha tenido más preocupación que el «traslado», ¿para qué y por qué? Esta es la incógnita.
De nada han servido los argumentos que la juez ha esgrimido acerca de la competencia sobre el caso para mantenerlo en el mismo juzgado que inició la investigación.
Las autoridades no han mostrado la misma preocupación por «ayudar» o «apoyar» la investigación iniciada por la juez, sino mas bien todo ha ido en la dirección de cuestionar su actuación, interfiriendo así en el normal desarrollo de la causa penal abierta. Por esta razón la pregunta inmediata es saber qué se esconde detrás de tanto celo por las formas y tan poco interés por el fondo del proceso.
Tampoco ha faltado en la prensa expresiones ambiguas dirigidas a deteriorar la imagen de la juez calificándola de ambiciosa, sin más argumento. Y tampoco han faltado las declaraciones de «apoyo» hacia los implicados en la trama de corrupción por parte de varios políticos afines, como las manifestadas abiertamente por José Manuel Sariego, Secretario del PSOE de Gijón.
Parece ser, para más detalle, que hay personas aforadas relacionadas con el proceso como es el caso del Delegado del Gobierno Antonio Trevín y la Consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, tal como indicaba la revista «atlántica XXII», en su último número.
Algo huele mal en el entorno de este proceso. Después de catorce meses y medio de investigación judicial de la trama de corrupción, resulta extraño que no haya ni una sola intervención ni denuncia de las auditorías internas de la Administraciones Pública relacionada con este caso ni con ningún otro afín a éste. Parece que todo funciona a la perfección y no está siendo así, a juzgar por la amplitud que está tomando la investigación iniciada por esta juez que, para mayor sorpresa ha sido relevada del caso.
Ociosas parece que están las auditorías y más ociosos también parece que lo están algunos juzgados cuando no tienen otra cosa mejor que hacer que ir en contra de lo ya abierto, olvidando perseguir todo lo demás. Desde luego parece que en Asturias no hay ni fraudes fiscales, ni dinero negro, ni empresas con trabajadores contratados de modo ilegal, ni evasión de capitales. Y para una vez que algo y alguien saca algo a flote, qué empeño en arrebatárselo y trasladarlo de juzgado. ¿No es algo extraño todo esto? Por otra parte. ¿Quién nombra al fiscal jefe de Asturias? ¿Realmente hay independencia judicial?
Con tantos cientos de millones de euros en los sobrecostes de todas y cada una de las principales obras Públicas de Asturias, sin embargo no se conoce ni una sola irregularidad, aunque sólo sea a nivel político.
La juez decretó el secreto del sumario el mismo día que inició las detenciones, el 25 de enero pasado, y aún no había considerado oportuno levantarlo, seguramente dada la amplitud de las mismas.
Con la nueva disposición de la Audiencia Provincial, queda por ver ahora cómo y de qué manera van a continuar la compleja investigación. De momento van 3.000 folios y, hace sólo unos días, la juez, ordenó la presentación de las cuentas de 400 colegios de la red pública. La mayor parte de los suministros a estos colegios fueron realizados por las dos empresas implicadas en la trama, Almacenes Pumarín e Igrafo.
Los cargos sobre los implicados en la trama denominada «operación Marea» contra la corrupción se mantienen tal como se formularon por la juez desde el primer día.
María Jesús Otero, la que fuera número dos de la Consejería de Educación del Principado de Asturias y Marta Renedo Avilés, ex jefa de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, se encuentran ambas en la prisión de Villabona desde el día 26 de enero, sin fianza y con sus bienes embargados.
José Luis Iglesias Riopedre, ex Consejero de Educación, dimitió del cargo el pasado verano, fue detenido el 25 de enero y se encuentra ahora en libertad con fianza y con todos sus bienes embargados.
Los empresarios Víctor Manuel Muñiz, propietario de la empresa Igrafo y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, se encuentran en libertad con fianza. Estos dos empresarios también aparecen vinculados directamente o a través de socios y familiares, a casi una treintena de sociedades que están o estaban siendo investigadas por la juez López Pandiella.
Los delitos que se enjuician en toda esta trama son los de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La postura del Gobierno de Asturias, del PSOE-IU, adoptada hasta ahora ha sido ambigua. Nada de responsabilidades políticas, como si nada tuviera que ver con las interioridades de la Administración de la que forman parte, o bien ha ido veladamente contra la juez y sus procedimientos y, en todo caso, más bien en favor de los procesados, indirectamente al menos.
Queda por ver cómo y de qué manera va a continuar ahora la investigación la Audiencia Provincial, cuando tanto empeño ha manifestado desde el principio en hacerse con el caso. En sus manos está ahora, en breve vermos para qué.
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