Andalucía, dicen, ha sufrido en menor medida el impacto del COVID-19, comparativamente, en cuanto a número de fallecidos y contagios, si bien el dato general esconde, por ejemplo, que en provincias como Jaén la incidencia es desproporcionadamente elevada. Habrá que esclarecer las razones. En cualquier caso, el sistema sanitario andaluz se ha visto igualmente desbordado en tanto que, como arriba señalábamos, se partía de un gasto por paciente inferior y de una mayor intensidad de recortes. Andalucía ha afrontado la embestida de la pandemia con 4.300 enfermeros/as menos de los que había en plantilla hace 12 años y con falta de médicos. Las carencias de personal y material se han suplido con el sobreesfuerzo de trabajadores y trabajadoras, destinatarios de los aplausos que cada tarde destina una población consciente de la centralidad del sistema sanitario y de la salud pública. No es por casualidad que la “marea blanca” exprese esa comunidad declarando el carácter “transversal e integrador” de sus reivindicaciones, ni mucho menos limitadas a cuestiones laborales en cuya atención, no obstante y como hemos comprobado, nos va la salud a todos y a todas.
Mención particular merece la descarnada violencia con la que el coronavirus ha golpeado dentro de las residencias a las personas mayores, víctimas mayoritarias de la pandemia y de los modelos de gestión que imperan en muchas de esas instituciones, en las que multinacionales y fondos buitre han encontrado un filón para sus negocios. El interés de estos grupos (la rápida rentabilidad) no se supone, desde luego, muy parejo al de residentes y familiares y a los derechos de trabajadores y trabajadoras. Y, sin duda, viene alentado por esa dinámica, instalada a lo largo de las últimas décadas y acelerada a partir de 2011, por la que lo público va cediendo terreno a lo privado incluso en lo que tiene que ver con los servicios más esenciales. Hablamos de un negocio de docenas de millones de euros anuales en Andalucía que ha mostrado el fracaso de su modelo con un coste enorme en vidas de las personas más vulnerables, hombres y mujeres que han hecho posible la continuidad de la vida. Las reacciones a las que aludíamos en la primera parte de este artículo, las de quienes luchan con denuedo por el mantenimiento del neoliberalismo, en crisis y que atenta contra la vida, con advertencias contra “el estatismo”, se dejan explicar también a partir de aquí.
La mareas blancas de Andalucía han señalado el problema de las residencias con distintas propuestas, entre las que se subraya la necesidad de integrar toda la gama de servicios sociosanitarios que tienen que ver con nuestros mayores en el Sistema Nacional de Salud. De ahí que consideremos que esta “marea blanca” debiera convertirse, en adelante, en el epicentro de la política y de lo social en Andalucía, en el hilo conductor de un programa de soberanía democrática, económica, de salud, alimentario y ecológico-social. Consideramos que es imprescindible realizar y debatir una propuesta pública que:
- avance hacia una nueva configuración del Sistema Nacional de Salud como núcleo, también, de una nueva economía.
- concrete un programa que, más allá de la mejora imprescindible de las condiciones asistenciales atienda, con una perspectiva global, a aquello que conocemos como “determinantes sociales” de la salud, teniendo en cuenta las recomendaciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a este respecto. Dichas recomendaciones tienen que ver directamente con las necesidades de la mayoría social de Andalucía en una situación de crisis como la que se ha venido desarrollando y a la que el COVID-19 ha pegado un fuerte acelerón.
A lo largo de estas semanas hemos padecido (y, en el mejor de los casos, visto solo por televisión) la grave escasez de materiales como mascarillas, desinfectantes y ventiladores pulmonares; sin embargo, también existe enorme demanda de fármacos con moléculas de producción libre, líquidos necesarios en varias terapias, instrumental para diagnósticos, utensilios para las curas, camas reclinables, medios para ambulancia y otros varios elementos, no solo destinados al tratamiento del coronavirus. Todo ello forma un conjunto de bienes necesarios para el Servicio Nacional de Salud en un país que, además, cuenta con un 17% de población mayor de 65 años, unos 7 millones de personas, de las que aproximadamente un 25% son octogenarias.
El modelo actual de provisión de materiales y equipos, entre otras cosas, produce costes enormes debido a una gigante máquina administrativa que requiere multitud de licitaciones. Además, existe el coste oculto de los miles de actos de micro o macro corrupción que afectan la gestión del gasto público en España. La creación de una red de centros y empresas públicas que produzca una buena parte de los materiales que necesita el Sistema Nacional Salud permitiría reducir enormemente esos costes, dado que el de compra se convierte en ganancia del productor público, no hay un aparato administrativo hipertrófico al no haber licitación sino solo pedidos y desaparecería el grueso de la corrupción por sobornos entre empresas privadas, comunidades, partidos, hospitales, etc. Personal administrativo de hospitales y administraciones públicas, así como trabajadores y trabajadoras de algunas empresas privadas podría absorberse por la red de empresas públicas que crea una especie de socialismo nacional de salud. De paso, gran parte del gasto permanecería en España, al poder producirse muchas cosas aquí en lugar de depender tanto de proveedores extranjeros. Ello no implica, por supuesto, que tengan que desaparecer los intercambios con el exterior, dado que seguirían siendo necesarios para adquirir algunos componentes, y, por otro lado y si intensificamos la inversión en investigación, podríamos encontrar incluso un cierto mercado exterior para las producciones propias. En cualquier caso, sería un paso gigantesco hacia la superación de la situación de dependencia y de intercambio desigual cuyas consecuencias hemos podido experimentar y padecer en las últimas semanas, ante la embestida del COVID-19, en un marco de perturbaciones del contexto internacional que bien pueden tender a intensificarse en los próximos años. Pero una política de protección de la salud no sería integral si dejara de atender, además, al conjunto de determinantes sociales que señala la OMS, como la pobreza, la vivienda, la alimentación, el empleo o la protección social. En Andalucía, la población infantil en riesgo de pobreza es del 40% (doce puntos por encima de la media española), tasa más o menos similar a la que afecta a la población mayor de 65 años, una situación explosiva cuando se suma a la falta de cobertura pública a situaciones de dependencia o al deterioro de la atención primaria en general, pero sobre todo, en muchos municipios que se van viendo sometidos a una despoblación resultante de un modelo económico y territorial que ha entrado también en crisis. La tasa de temporalidad del empleo en Andalucía es superior en diez puntos a la media nacional, que a su vez duplica la media de la Unión Europea. Jaén lideró el año pasado la clasificación de provincias con mayor temporalidad en el país y similares son los diferenciales que se presentan cuando hablamos de del desempleo; recientemente supimos que, como consecuencia inmediata y temprana de la crisis acelerada por el coronavirus (esto es, antes de que se pueda evaluar su impacto real), Andalucía concentró casi la mitad de la subida del paro en España. Un dato espeluznante que da cuenta del carácter de una economía periférica, desindustrializada y especializada en las funciones asignadas por el reparto en el marco de la globalización y la Unión Europea; pero un dato que ni siquiera es capaz de recoger el drama que ha supuesto esta crisis para miles de familias, aún desprotegidas, que dependen de la desproporcionada magnitud de la economía “informal” andaluza. En 2008, la Comisión Sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS presentó unas recomendaciones generales que, en lo que respecta al empleo, instaban a que “el pleno empleo y el trabajo digno sean objetivos centrales de las políticas sociales y económicas nacionales e internacionales”. Es evidente que Andalucía no solo se encuentra a años luz de cumplir con dichas recomendaciones sino que solo hay posibilidad de seguir agrandando la brecha a menos que se conteste y se revierta radicalmente esa función asignada a nuestro territorio, sostenida sobre los bajos salarios, la precariedad y la explotación intensiva de recursos y mano de obra para la exportación de mercancías que generan poca riqueza social. Andalucía necesita, en primer lugar, una atención urgente para las familias más desprotegidas, a modo, por ejemplo, de un ingreso mínimo vital que no puede seguir postergándose; pero, sobre todo, un plan integral desde el sector público que contemple a un tiempo la puesta en marcha de una red alrededor de un sistema de salud fortalecido (incluyendo ahí el conjunto de servicios sociosanitarios) y un plan de reindustrialización y relocalización de actividades que dé pie a una economía social y sostenible en el marco de un país que planifique su equilibrio territorial. Hemos visto también el carácter favorecedor para la expansión de virus que tienen las grandes aglomeraciones alrededor de los metrópolis que concentran inversiones y recursos. Y hemos aprendido las consecuencias que implican, para las posibilidades de “salto” de virus a la especie humana, modelos de ganadería industrial orientada a la exportación masiva como los que han proliferado en los últimos años en la España periférica y dependiente, incluyendo Andalucía. Claro que todo ello (que implica un papel activo del Estado en el gobierno de la economía con criterios democráticos y sociales) choca de frente con el propósito de quienes, en nuestro país, pretenden blindar un neoliberalismo sostenido por “la trama” y fracasado, y con una Unión Europea limitada y que limita, por sus propios tratados, a la hora de facilitar el desarrollo de las políticas públicas imprescindibles sin hipotecar el futuro de los países del sur. Están en un lado; al otro, todas las personas que a las 8 de la tarde, como un permanente 1º de mayo redescubierto, reconocen y se reconocen “como parte de la humanidad del todo imprescindible para la supervivencia”. Fortalecer el Sistema Nacional de Salud, convirtiéndolo además en un motor de economía no dependiente sería una forma decente y justa de honrar la vida de aquellos y aquellas que han muerto. Debemos encontrar pronto otras soluciones que no sean los llantos circunstanciales, porque de lo contrario terminaríamos siendo culpables dos veces, lo cual es inadmisible. Se lo debemos.
José Cabrero Palomares, adscrito de Podemos de la provincia de Jaén, ex-diputado autonómico, antiguo trabajador de Santana Motor y cooperativista.
Francisco Sánchez del Pino, adscrito de Podemos de la provincia de Jaén, cabecera de lista de la provincia de Jaén al Congreso por Unidas Podemos en las elecciones del pasado 10-N.
Rosa Rico Rubio, miembro de la Marea Blanca de Jaén
Sebastián Martín Recio, miembro de la Marea Blanca de Sevilla