En España, la Ley 43/2003 de Montes, establece la obligación de los propietarios de terrenos rurales de mantenerlos en condiciones que no supongan riesgo extra de incendio. No hay una única ley estatal que fije exactamente los metros en todo el territorio, porque suele depender de cada comunidad autónoma y, en muchos casos, también de las ordenanzas municipales.
Las franja de seguridad mínima, dependiendo de cada comunidad autónoma oscila entre 25 y 50 metros alrededor de las viviendas, núcleos urbanos o edificaciones aisladas.
Por otra parte, el Real Decreto 893/2013, que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, establece unos criterios relativos a la autoprotección, según los cuales, los propietarios deben:
- Mantener la vegetación despejada, con baja carga de combustible.
- Retirar restos secos y maleza.
- Podar o espaciar los árboles.
Tal y como se puede observar en los actuales incendios, estas normas no se cumplen ni de lejos. Sin ser un especialista en la materia, y tras chequear diversos informes técnicos, me atrevo a proponer algunas de las posibles soluciones, de cara a disminuir los estragos sobre la masa forestal y, sobre todo, evitar la muerte de personas, viviendas y animales.
-Dada las características de los nuevos incendios que, según los bomberos, cada año son más virulentos e incontrolables, lo que supone, sobre todo, un mayor riesgo para los habitantes de las zonas afectadas y, en especial, para los integrantes de los equipos de especialistas (bomberos, brigadas forestales y Unidad Militar de Emergencias), se debería elaborar una ley estatal, de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas, que ampliara la franja de seguridad a unos 150 metros, como mínimo (actualmente las llamas están saltando las autopistas y los arcenes adyacentes libres de maleza con facilidad).
-Establecer la obligación municipal de controlar los predios particulares de chalets y fincas, para comprobar si están libres de maleza y, en caso contrario, sancionar con multas proporcionales.
Algunos alegan que la población (de la llamada España despoblada) está compuesta por una mayoría de ancianos que no pueden cumplir estos cometidos. Ante la gravedad del problema, medidas radicales: que hereden sus descendientes y se hagan ellos responsables; que paguen a los ayuntamientos una tasa proporcional a la superficie de sus terrenos, para que se contrate personal que se encarguen del cometido; si son suficientemente extensos, que los cedan en arrendamiento para su explotación maderera de tala selectiva, por ejemplo; o que vendan esos terrenos y, si no hay comprador, que sea el estado el que pague un precio por ellos, tasados según baremos, como se expropia tantas veces (para construir nuevas autopistas, áreas portuarias, etc., por ejemplo), y que éste se haga cargo de su mantenimiento.
-Si las propiedades son muy extensas, como sucede a menudo (recuérdese el eslogan televisivo que se popularizó durante el franquismo ante un anuncio televisivo: «Cuando un monte se que quema, algo suyo se quema», a lo que la gente añadía con socarronería, señor Conde(acuñado por el humorista Perich), se supone que el propietario dispone de dinero suficiente para un mantenimiento apropiado. En caso contrario que venda parcelas, por ejemplo.
Porque apagar incendios, cada día es más peligroso y costoso, y se paga con el dinero de nuestros impuestos.
Ejemplos a seguir, sin que supongan una merma de los equipos anti incendios existentes:
En Portugal, la mayor parte de los bomberos son voluntarios que se encargan de la prevención y extinción de incendios, así como de otros servicios de emergencia y socorro. Para ello, reciben entrenamientos especializados bajo la supervisión de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil.
En el caso de Argentina, todos los municipios o mancomunidades coordinadas, tienen un cuerpo de bomberas y bomberos voluntarios. La formación de los aspirantes tiene una duración mínima de un año, pudiendo ser mayor según cada provincia. Los voluntarios disponen de vehículos y locales propios, gimnasio, etc., y tienen ventajas culturales, piscina gratis, etc.
Además, debería ser imprescindible y obligatorio que, en centros educativos, residencias de ancianos, locales públicos, etc., se impartieran charlas organizadas por los ayuntamientos, donde los especialistas explicaran cómo actuar en caso de incendio, y se realizaron simulacros.
Por último, es importante contribuir al rechazo de la idea de que «solo el pueblo salva al pueblo», que se está difundiendo y convirtiendo en consigna de partidos y grupos de extrema derecha, y que cala con facilidad en gentes inocentes. Con nuestros impuestos y los recursos del estado y de las comunidades autónomas de España, se pagan bomberos, brigadas forestales, los 3.500 militares de la UME, equipos y camiones cisterna, aviones apagaincendios y helicópteros de apoyo, etc., y a través del gobierno se solicitan, cuando las características de los incendios lo requiere, brigadas y aviones de otras naciones de la Unión Europea.
Sin que por ello olvidemos la labor y el riesgo de numerosos vecinos y vecinas de las zonas afectadas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.