A casi 20 años del inicio de la explotación de la mina Los Filos, ubicada en el ejido de Carrizalillo, Guerrero, la comunidad ha decidido iniciar una lucha que conduzca a la restauración y rehabilitación legal de sus tierras. Esta decisión surge tras varios meses de enfrentar la cerrazón, el racismo y los abusos por parte de la empresa Equinox Gold, que impidió toda posibilidad de firmar nuevos convenios bajo condiciones justas para el ejido.
En una acción contraria a la ley, la empresa canadiense Equinox Gold anunció de forma descarada —el mismo día en que concluyó la vigencia del convenio con el ejido de Carrizalillo— la “suspensión indefinida de operaciones” en la mina Los Filos. Esta decisión, además de carecer de sustento legal, como explicó el ejido en su boletín del 2 de abril, representa una amenaza directa a la salud de la población que habita a escasos 400 metros del patio de lixiviación, así como al territorio, al ambiente y a los derechos ejidales.
Con esta maniobra, la empresa evade sus responsabilidades legales y sociales, dejando en pausa —de forma irresponsable— el inicio de las actividades correspondientes a la fase de cierre y post-cierre integral, las cuales están orientadas a la restauración ambiental, social y productiva del territorio. Al no alcanzar un nuevo acuerdo de continuidad, tal como lo establece la Ley Agraria y la Ley Minera, entre otras, Equinox Gold desestima el derecho de los propietarios de la tierra a aceptar o rechazar condiciones en cualquier negociación relacionada con el arrendamiento, así como la obligación de atender los impactos sociales generados por su actividad minera.
La ley es clara, y la empresa ha incurrido en varios actos de ilegalidad. El más elemental de ellos es que, al no contar con el permiso de arrendamiento de las tierras por parte de sus legítimos propietarios —en este caso, el ejido de Carrizalillo—, no puede operar a su antojo ni usar esto como pretexto para actuar como quiera. Su anuncio de una “suspensión indefinida”, además de no tener sustento en el marco normativo mexicano, viola diversas regulaciones aplicables a cada etapa del proceso minero. Resulta absurdo que se detenga la operación de manera indefinida, pues lo que antes era una mina operando con ciertos controles, ahora se ha convertido, bajo esta figura inexistente en la legislación, en un enorme pasivo ambiental. Esta situación exige atención urgente por parte de las autoridades federales competentes, quienes deben sancionar a la empresa, cancelar de inmediato todos los permisos asociados a su operación, y dar inicio sin demora a la restauración y rehabilitación del territorio: ambiental, hidrológica y laboralmente, considerando también el despido ilegal de trabajadores que ha llevado a cabo la empresa.
Cabe señalar también que, la empresa no ha cesado su campaña de desprestigio y amenazas contra el ejido, y mantiene una postura intransigente al insistir en avanzar hacia un nuevo convenio bajo sus propios términos. El anuncio de la “suspensión indefinida” generó incertidumbre en distintos sectores públicos y políticos que han seguido de cerca el conflicto entre Carrizalillo y la empresa. No obstante, la asamblea del ejido respondió con firmeza y serenidad, y comenzó a prepararse para resistir el desgaste que, como ya es costumbre, la empresa pretende imponer como estrategia de presión.
El ejido ha demostrado disposición permanente para negociar, incluso ha cedido en aspectos significativos, como aceptar un convenio con una duración mucho mayor que los firmados anteriormente. Además, presentó formalmente a la empresa una propuesta avalada por la asamblea ejidal, en la que se planteaba una reducción sustancial en el monto de la renta por el uso de la tierra, la cual fue rechazada por la empresa.
La Procuraduría Agraria, en su comunicado del 1 de abril de 2025, expresó su “total respaldo al ejido Carrizalillo” y señaló que la suspensión “debe traducirse en un acto de responsabilidad legal, ambiental y social”. Además, cerca de 100 organizaciones y redes de Canadá, América Latina y otras regiones del mundo hicimos un llamado urgente a la empresa y a las autoridades canadienses y mexicanas para que desescalen el conflicto y rindan cuentas por las amenazas y abusos cometidos en su intento de imponer a los ejidatarios la aceptación de condiciones injustas, desproporcionadas y contrarias a los derechos colectivos.
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), reconocemos que la comunidad de Carrizalillo mantiene hoy una postura abierta al diálogo y a las negociaciones necesarias, mientras sostiene un campamento digno y pacífico en defensa de sus derechos, respaldada por diversos actores institucionales y sociales. La posición del ejido es firme, clara y digna: si Equinox Gold desea rectificar su postura y reiniciar el diálogo para negociar el cierre y post-cierre definitivo, deberá primero reubicar a sus operadores locales —al menos a dos de ellos— que el ejido ha nombrado en sus comunicados anteriores[1].
Llamamos a las autoridades, medios de comunicación y sociedad civil a voltear la mirada y brindar su respaldo. Lo que hoy enfrenta el ejido de Carrizalillo no es un caso aislado: es parte de un patrón sistemático de despojo, bajo el cual operan las empresas mineras en nuestros territorios, con impunidad, abuso y complicidad institucional. Defender al ejido es asumir una responsabilidad colectiva frente a un modelo de saqueo respaldado por el Estado.
¡Carrizalillo no está solo!
¡No a la impunidad y basta con la prepotencia empresarial canadiense!
¡Alto a las amenazas y abusos de Equinox Gold!
Nota:
[1]https://www.remamx.org/2025/04/boletin-de-prensa-suspension-ilegal-de-equinox-gold-carrizalillo-resistimos/ .https://www.remamx.org/2025/03/boletin-de-prensa-ni-somos-diez-ni-somos-un-grupito-90-de-la-asamblea-de-carrizalillo-reafirma-su-postura-ante-equinox-gold/
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