IU en Sevilla y Andalucía El ejemplo de las dos legislaturas en que IU y PSOE compartieron el gobierno de Sevilla, 2002-2006 y 2006-2011, fue en su momento utilizado para mostrar las virtudes y posibilidades de un gobierno progresista. El caso de una ciudad como Sevilla, capital y mayor ciudad de Andalucía, gobernada por un […]
IU en Sevilla y Andalucía
El ejemplo de las dos legislaturas en que IU y PSOE compartieron el gobierno de Sevilla, 2002-2006 y 2006-2011, fue en su momento utilizado para mostrar las virtudes y posibilidades de un gobierno progresista. El caso de una ciudad como Sevilla, capital y mayor ciudad de Andalucía, gobernada por un pacto entre partidos de izquierda, en un territorio en el que el conservadurismo de sus grandes ciudades contrasta con el escoramiento hacia la izquierda del campo y los núcleos de menor tamaño, es claramente relevante. De alguna forma, este pacto, esta posibilidad de gobierno, es el que se ha reeditado con la coalición que gobierna en Andalucía desde 2012. Así, ambos casos pudieran ser buenos ejemplos de las potencialidades de la acción política institucional a través de pactos entre partidos de centro e izquierda, lo cual a día de hoy parece agotar las posibilidades de gobierno progresista en una entidad territorial de cierto tamaño dentro del Estado español.
Aunque dentro de IU siempre han existido posiciones contrarias al pacto, en ambos casos se ha acabado imponiendo una perspectiva mayoritaria. Esta es la de que un partido político integrado en las instituciones debe aspirar a gobernar, debe mostrar en algún momento que es capaz de gestionar, aunque sea como socio minoritario de una coalición de centro-izquierda. La última década ha permitido hacer esto, además, en ámbitos territoriales de una notable entidad, como son la comunidad autónoma más poblada y la cuarta ciudad del Estado. La operación parece haber consistido en ambos casos en apostar por compartimentos de poder muy concretos y con carácter estratégico, desde los cuales poder realizar una gestión de izquierdas que marcase la diferencia. Uno de los frentes clave en el pacto de Sevilla fue la vivienda y, en el caso Andaluz, por ahora, parece haber sido el único por el que realmente se ha apostado. Estas políticas, con claro contenido de izquierdas, han recogido reivindicaciones y críticas realizadas por los movimientos sociales y de base contra la especulación y por la vivienda digna. Al mismo tiempo, han sido también criticadas por estos y las relaciones entre partido en el gobierno y activismo autónomo de base no han sido siempre placenteras. En relación a estas cuestiones, el presente texto pretende examinar la posibilidad de una crítica de izquierdas hacia las políticas desarrolladas, problematizando al mismo tiempo la relación entre el partido en cuestión y los movimientos de base.
Realizo esta aproximación al problema desde el punto de vista de un activista social, vinculado en gran medida al problema de la vivienda en la ciudad de Sevilla, y que es conocedor de esta realidad. Al mismo tiempo, ni conozco ni pretendo conocer la realidad interna de un partido como IU. Aun así, este punto de vista creo que puede ser válido o de interés, sin poder en ningún caso cubrir todas las perspectivas sobre la cuestión.
La administración de izquierdas y el problema de la vivienda en Sevilla
El activismo social de base en relación a la cuestión de la vivienda en Sevilla, durante las últimas dos décadas, ha sido bastante rico y diverso. El discurso de denuncia de las dinámicas especulativas en el mercado inmobiliario fue bandera de los movimientos de corte más conservacionista, ecologistas o vinculados al urbanismo crítico, pero también del movimiento okupa. Este último ha tenido una presencia notable en la ciudad, habiendo resultado especialmente interesante cuando sus prácticas se han combinado con las problemáticas materiales de vecinos amenazados por la especulación inmobiliaria. Esto se produjo, en primer lugar, con las organizaciones de inquilinos, que han sido un elemento de los movimientos de base relevante y realmente particular del caso sevillano. Finalmente, el más reciente activismo contra los desahucios, alimentado por las energías desatadas por las manifestaciones del 15 de mayo de 2011, ha sido importante, tanto en esta ciudad como en Córdoba o Granada, permitiendo interesantes procesos de autoorganización de los afectados.
Bastante antes de eso, se produjo la entrada de IU en el gobierno de Sevilla, que procuró recoger parte de las reivindicaciones y críticas elaboradas desde el activismo social entonces existente. Por ejemplo, en los noventa se criticó el desarrollo de ambiciosos planes de rehabilitación en el centro histórico de la ciudad. Los fondos públicos de diversas administraciones, como el programa europeo Urban, sirvieron en parte para alimentar una especulación inmobiliaria con los barrios populares históricos que desembocaría en procesos de gentrificación y desplazamiento. No es casual que el segundo Urban de la ciudad se esté desarrollando en un ámbito periférico y tan poco del agrado de las empresas inmobiliarias como el Polígono Sur, en gran parte como continuación del Plan Integral dedicado a este sector en la década anterior. Si bien este giro de la inversión pública hacia un espacio periférico es loable, respondiendo a la presencia de IU en el ayuntamiento, no lo es tanto el continuismo con cierto tipo de urbanismo por proyectos -muy presente en la ciudad desde la década de los ochenta-, opuesto al desarrollo de planteamientos para el conjunto de la ciudad. Un enfoque que resulta muy atractivo a los gobiernos locales, por proporcionar resultados rápidos y rentables políticamente. Así, el mantenimiento de cierta paz social en el Polígono Sur se ha podido producir mientras otros sectores del este obrero de la ciudad agudizaban su declive.
Otra versión de esta política urbana del proyecto, de raíz neoliberal, ha sido la de las recalificaciones a la carta de suelos industriales, operaciones muy beneficiosas para grandes empresas multinacionales, valga mencionar la relocalización de la fábrica de Cruzcampo (1). Qué decir de proyectos farónicos, despilfarradores y agresivos para con el patrimonio, como «Las Setas» de la Encarnación o la Torre Cajasol, que han sido la bandera del urbanismo sevillano en la primera década del siglo XXI. Por lo tanto, aunque estas operaciones no han sido iniciativas del partido, ha habido una inevitable complicidad de este con ciertas políticas hegemónicas. La cuestión sería valorar hasta qué punto compensa comulgar con el pelotazo inmobiliario-financiero a cambio de ciertas contrapartidas, en forma de políticas sociales.
Dejando al lado el carril bici, una de las grandes apuestas de IU en política social y de vivienda fue la creación de la Oficina Técnica de Asesoramiento al Inquilino en Situación de Abuso (OTAINSA). Esta abrió solo un año después de que el vital movimiento de inquilinos contra los desalojos de Sevilla creara la Unidad Básica de Asesoramiento al Inquilino en Situación de Abuso, que trabajaría durante casi una década de forma totalmente autónoma. En plena situación de alarma social por los desahucios y los asustaviejas en las viviendas de alquiler del centro histórico de la ciudad, OTAINSA supuso una herramienta efectiva para intervenir sobre el problema. El apoyo de esta oficina fue clave para que muchos vecinos permaneciesen en sus casas y que, en otros casos, fueran desplazados a cambio de indemnizaciones importantes. Se realizaron varias expropiaciones contra propietarios que habían eludido el deber de conservación y se consiguió formalmente que la empresa municipal del suelo dedicase un 5% de su parque de viviendas a operaciones de realojo.
Sin embargo, la intervención encontró fuertes obstáculos dentro del propio gobierno municipal y los resultados finales son cuestionables. El 5% de viviendas para realojo nunca se cubrió realmente y los alojamientos gestionados por OTAINSA siempre fueron insuficientes. Además, la buena voluntad de los técnicos de esta oficina se enfrentaba a una fuerte oposición dentro de la Gerencia de Urbanismo. No en vano, allí permanecían los mismos funcionarios que habían repartido frugalmente declaraciones de ruina en la década anterior, provocando desalojos y desplazamiento. Las medidas adoptadas, ayudaron fundamentalmente a personas en situación de necesidad excepcional, pero en ningún caso se intervino sobre los procesos especulativos o sobre las dinámicas segregatorias. Es decir, estamos hablando de una política declaradamente asistencialista y desarrollada con recursos limitados. Una política que hace algunas cosas buenas por algunas personas, pero al término de la cual, los barrios populares del centro histórico se habían convertido en enclaves para turistas y clases medias y donde los problemas sociales siguieron inmutables en la periferia.
El gobierno de progreso en Andalucía
En 2011, el PP tomó la alcaldía de Sevilla y desmanteló OTAINSA. Un año después se repitió el pacto de gobierno en la Junta de Andalucía, coincidiendo con el auge de la alarma social en torno a la cuestión de los desahucios provocados por ejecuciones hipotecarias. En este contexto se había generado un importante movimiento social en torno a la vivienda, en parte heredero del nuevo panorama generado por la irrupción del 15M en 2011. Los movimientos sociales, tras varios meses paralizando desahucios, establecieron en 2012 hasta 13 oficinas de asesoramiento sobre vivienda en el área metropolitana de Sevilla, resistieron a decenas de desahucios, apoyaron a centenares de familias y promovieron grupos de afectados que desembocaron en ocupaciones colectivas (la primera la de La Corrala Utopía). Algo más tarde, repitiendo la historia, la Junta desarrollaría una red de oficinas propias, una por cada provincia andaluza. Al poco de hacerlo se vanagloriaba de haber paralizado miles de desahucios. La afirmación era creíble. Como sabíamos los que habíamos estado luchando contra los desahucios hipotecarios en los últimos dos años, el clima de tensión y repulsa social generado, gracias a la movilización social, había hecho que desde mediados del 2012 las entidades bancarias y de crédito buscaran cualquier resquicio para evitar llegar al desalojo. La institución llegó a la lidia con gran parte del trabajo hecho.
Siguiendo con las semejanzas, el gobierno andaluz también ha respondido a reivindicaciones históricas de los movimientos por la vivienda digna. Tal es el caso de la defensa de la vivienda pública en alquiler frente al a vivienda en propiedad para las clases medias, que había predominado en el periodo anterior. Sin embargo, este giro político se produce en un contexto en el que no se construyen nuevas viviendas por parte del agente público. El cambio de unas pocas promociones en proceso de adjudicación de propiedad a alquiler, algo inevitable por otro lado ante la situación económica de los demandantes, puede ser su único resultado. Al mismo tiempo, el parque existente en propiedad de la Junta es muy reducido (se ha venido privatizando a marchas forzadas durante las últimas legislaturas) y, según se ha afirmado insistentemente desde IU, está completamente ocupado. De esta forma, el abanico de posibilidades que ofrece la actual gestión de la consejería de Vivienda y Fomento se revela muy pobre.
Finalmente, la política estrella de IU en el gobierno andaluz ha sido el Decreto y Ley antidesahucios. Para empezar, como ya se denunció en su momento desde la Intercomisión de Vivienda del 15M Sevilla, esta ha sido una política tímida que nunca ha sido aplicable a las miles de familias que se encuentran desahuciadas por impago de alquiler o a las que se han visto forzada a ocupar viviendas abandonadas, además de depender «de las disponibilidades presupuestarias», lo que desde un principio anunciaba su carácter de papel mojado. Así, durante el año que estuvo en funcionamiento, con dificultades, se iniciaron los trámites para la expropiación de uso de tan solo 39 viviendas para toda Andalucía. A día de hoy solo en dos casos, uno en Huelva y otro en Torremolinos, este proceso se ha hecho efectivo (2). Este es un número muy alejado de las centenares de familias desahuciadas que se han organizado, con el apoyo de los movimientos sociales de distintas ciudades andaluzas, para ocupar viviendas vacías en manos de los bancos (3). No obstante, ante la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, el texto promovido por IU amenaza con quedar en la mera anécdota, en un elemento de lucha partidista y propaganda políticas sin incidencia sobre las problemáticas sociales reales. Esto define bastante bien la política de vivienda que se está desarrollando: una política de «coste cero». Podríamos pensar que cuando se nos ha repetido esta última frase, no solo se hablaba de un coste económico, sino también del riesgo político. No obstante, los problemas sociales, la creación de alternativas a las injusticias del sistema, la resistencia a las agresiones de clase, difícilmente pueden tener un coste cero. Tienen un coste económico y político.
La administración de izquierdas y los movimientos sociales
En el ámbito al que aquí nos referimos, la relación de los movimientos sociales con IU ha sido problemática, notoriamente en el caso de Sevilla. Como se ha visto, se han tomado ideas de los movimientos sociales, duplicando estructuras, al tiempo que, en parte, se contaba poco con los propios movimientos, en parte, los movimientos renunciaban a que se contase con ellos. Surge la duda de hasta qué punto estas oficinas de la administración sirven para reforzar las instituciones que emanan de la acción de base o, por el contrario, se utilizan para competir con ellas y vaciarlas de contenido. En cualquier caso, resulta difícil creer que se esté buscando apoyar los procesos de autorganización. Más bien, se ha pretendido integrar dentro de la administración las instituciones autónomas que se percibían como útiles y con una cierta influencia social. Aquí puede valorarse que, en ciertos casos, claramente en el de OTAINSA, mucho menos en el de las oficinas sobre desahucios hipotecarios a escala andaluza, existe una mayor eficiencia en la institución pública por su mayor volumen de recursos. No obstante, al mismo tiempo, el valor de la creación autónoma y autogestionaria y la autoorganización de las clases populares, deberían ser valores consustanciales a la izquierda, no adversarios a batir.
La tónica general invita a pensar que IU desconfía de toda actividad política de base que no controle directamente. Las dadivas han sido escasas. En Sevilla, en el último momento, antes de salir del gobierno, se consiguió la expropiación del ocupado Palacio del Pumarejo, donde IU se oponía abiertamente a la autogestión del espacio por la asamblea, considerándola una privatización. En ocupaciones de vecinos amenazados de desahucio, como las realizadas en el histórico barrio de San Bernardo, en 2005, el papel de IU fue esencial para propiciar el realojo de las familias, en su mayoría ancianas. No obstante, con el tiempo, acabó requiriendo el desalojo de las familias más jóvenes, que eran precisamente las que habían promovido la acción y que no entraban en los estrechos criterios establecidos para el realojo. En otro caso de vecinos amenazados de desahucio, en calle Guadalcanal, se impusieron soluciones individuales ninguneando el trabajo previo de los activistas. La línea de acción seguida en estos casos buscó romper la solidaridad interna de los grupos en lucha, castigar a los activistas e implementar un amable asistencialismo de cara a la opinión pública.
Fuera de lo estrictamente relacionado con la vivienda, algunos cargos de IU se sienten demasiado cómodos ejerciendo el papel de partido del orden. Así, en Sevilla, IU se convirtió en cómplice de una ordenanza cívica especialmente conservadora y restrictiva con el uso de los espacios públicos, de la creación de un cuerpo de antidisturbios de la policía local y de su uso para reprimir las protestas contra la norma mencionada. En otras ocasiones, de forma totalmente innecesaria, se ha apoyado a las fuerzas de orden público frente a los activistas, como cuando el Rodrigo Torrijos, Teniente Alcalde de Servilla en aquel momento, destaco «la exquisita profesionalidad de la policía» en el desalojo del CSOA Casas Viejas, donde las personas que resistieron denunciaron vejaciones y malos tratos (4). Lo más sorprendente es que, tras mantener una posición «tibia y camaleónica» frente a desalojos como el de La Fábrica de Sombreros, todavía quisieran aparecer como compañeros en las manifestaciones (5).
Con estos antecedentes es normal que se desconfíe del gobierno andaluz. La sensación de que se está ocultando información o de que se prende instrumentalizar a los movimientos en función de intereses políticos, es la tónica general entre los activistas que tienen que llevar a cabo la interlocución de cara al movimiento andaluz de vivienda.
IU y los movimientos autónomos ¿Aliados o adversarios?
¿Cuál es la razón de la falta de entendimiento entre IU y los movimientos sociales en torno a este y otros temas? En primer lugar, ambos agentes, políticamente, parecen ir en direcciones diferentes. Las diversas iniciativas emanadas del activismo de base, con mayor o menor éxito, con mayor o menor base real, conceden una importancia grande a la autoorganización de las víctimas de este sistema (en este caso de la gestión mercantil de los recursos vivienda y suelo), haciendo énfasis también en la autogestión. Con IU existe una coincidencia en discursos y juicios críticos para con la cuestión urbana. No obstante, las iniciativas autónomas y autogestionarias tienden a ser percibidas con desconfianza. Por otro lado, la aceptación de las reglas de la democracia liberal, la posición de debilidad en los gobiernos en los que participa y la línea política de los partidos con los que se pacta, hace que difícilmente se pueda llegar a un tratamiento de los problemas sociales más allá del mero asistencialismo (por otra parte, muy puntual y limitado). Además, la necesidad de crecer en la arena de las instituciones estatales, hace que las actuaciones se orienten en gran medida a la propaganda y a la acumulación de prestigio en el partido, lo que conduce en ocasiones a que los propios movimientos acaben siendo usados para este fin.
Podría argumentarse que militantes de IU están también en los movimientos por la vivienda. Esto es cierto, pero su presencia suele ser marginal y en su mayoría responde a individuos que se encuentran muy alejados de los puestos de responsabilidad y decisión (al menos en el caso de Sevilla). En realidad, la relación de IU con los movimientos sociales es producto de una cierta práctica y pensamiento político. Esta práctica es la apuesta por la política parlamentaria y el trabajo dentro de las instituciones del Estado. Como en otros casos, esto puede llevar a ver este tipo de política como la política real, la política con mayúsculas, la única que merece un cierto esfuerzo. El desprecio hacia otras escalas y otras formas de la política es también, en los ejemplos mostrados, el desprecio a cierto tipo de activismo de base. No obstante, los resultados del trabajo en las instituciones del Estado no es excesivamente impresionante y, desde luego, en el contexto actual, podría exigírsele bastante más a un partido de izquierdas en el poder. La reducción de la política a la participación en las elecciones y la opción a cargos públicos es un rasgo del marco contemporáneo de hegemonía neoliberal. Esta opción favorece la reproducción del status quo y, a la hora de plantear alternativas rupturistas, se encuentra seriamente limitada. En el extremo opuesto, ignorar el estado y sus instituciones reduce seriamente la capacidad de plantear estrategias efectivas desde los movimientos sociales.
No soy ni un gran defensor de las posibilidades de alianza entre movimientos sociales y partidos institucionales de izquierda, ni lo contrario. Pero sin duda, este es un problema que atañe y que es ineludible para aquellos que desarrollan su actividad política en el territorio andaluz. En cualquier caso, en el contexto actual, solo puedo alegrarme de que tengamos unos movimientos sociales totalmente autónomos y capaces de hacer una crítica de izquierdas.
Notas:
(1) Ver el artículo de Manuel Delgado
(4) Ver ABC de Servilla, 4 del 12 de 2007: http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-04-12-2007/sevilla/Sevilla/torrijos-no-vio-tortura-en-el-desalojo-y-destaca-la-exquisita-profesionalidad-de-la-policia-y-los-bomberos_1641451792558.html
(5) Ver: «Un tartazo a la izquierda institucional» http://www.fabricadesombreros.org/un-tartazo-a-la-izquierda-institucional/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.