1. El origen: de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947)
El 7 de junio de 1947 las Cortes del régimen franquista aprobaron la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado mediante la cual el dictador establecía que, España se convertía en reino y que, tras su mandato vitalicio, le sucedería un rey sometido a los principios y leyes fundamentales del régimen franquista.
Previamente, dicha Ley, una vez aprobada por las Cortes de la dictadura, fue sometido a un referéndum el 6 de julio de 1947 y se desarrolló en un contexto desprovisto de garantías, en el cual fue acallada cualquier voz disidente frente a la campaña propagandística del “sí”, y se coaccionó a los votantes mediante la exigencia de certificados de voto a los trabajadores en empresas y el sellado de las cartillas de racionamiento. Como era previsible, el referéndum refrendó la Ley de Sucesión con unas cifras “oficiales” que pretendían demostrar el abrumador respaldo con que contaba el régimen, todo lo contrario, a la realidad y en un año en el cual la actividad de la guerrilla antifranquista, también en Aragón, resultó especialmente relevante. Pese a ello, los datos ofrecidos por el régimen fueron tan propagandísticos como triunfalistas y fueron los siguientes:
Como vemos, de un censo de 17.178.812, votaron 15.219.5636 españoles y, de ellos, 14.145.163 lo hicieron de forma afirmativa, lo cual suponía el 93% de los votos emitidos y en cambio, se contabilizaron 722.656 papeletas que rechazaron con su valiente “NO” su oposición a la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, mediante la cual se pretendía dar continuidad al régimen tras la desaparición física del general superlativo.
Un breve repaso al contenido de esta Ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 27 de julio de 1947, nos perfila las características de aquella monarquía franquista que se pretendía imponer por parte de la dictadura, al margen de la auténtica voluntad democrática de los españoles y que, lógicamente, estaría en vigor hasta que fue derogada por la Constitución de 1978. Veamos el contenido literal de algunos de sus artículos más esenciales:
Artículo 1º:
“España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino”.
No obstante, hay que tener presente que el régimen no era partidario de restaurar la monarquía en la figura de su sucesor dinástico legítimo, esto es, entronizando a Don Juan de Borbón, el Conde de Barcelona, enfrentado al franquismo desde que éste, mediante el Manifiesto de Lausana de 15 de marzo de 1945 proclamase su voluntad de establecer en España una monarquía constitucional y de talante liberal, algo que resultaba, obviamente, inadmisible por el franquismo. Es por ello que se planteaba la restauración en un futuro de la monarquía en España, aunque, como se señalaba en artículos posteriores, se reconocía a Franco como Jefe de Estado vitalicio (o hasta su renuncia), teniendo éste la facultad de elegir sucesor, rey o regente, y establecer formalmente de nuevo el Reino de España. De hecho, años después, la Ley de Principios de Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958, hacía mención, en su Principio VII, a la recuperación de la monarquía como forma de gobierno al indicar que:
“su forma política [de España] es, dentro de los principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley de Sucesión y demás Leyes fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, social y representativa”.
Artículo 2º:
“La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos don Francisco Franco Bahamonde”.
Como vemos, el régimen siempre consideró como base de su “legitimidad” su victoria por las armas frente a la legitimidad republicana durante la Guerra de España de 1936-1939.
Artículo 9º:
“Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o como Regente se requerirá ser varón y español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las Leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”.
Evidentemente, la elección del futuro rey, con los requisitos antes indicados, correspondía, exclusivamente, a la voluntad de Franco, como así fue.
2. La designación del Príncipe Juan Carlos de Borbón
El general Franco mantuvo aquella monarquía sin rey hasta que, en 1969, 23 después de aprobada la Ley de Sucesión, designó a Juan Carlos de Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey. Tal y como se recogía en la Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado (1).
La decisión de Franco, como señalaba Paul Preston, tenía por objeto por parte del dictador el establecimiento de una monarquía autoritaria tras su muerte, evitando los derechos dinásticos de Don Juan de Borbón, razón por la cual optó por el hijo de éste, por el príncipe Juan Carlos. Pero la decisión de Franco venía de lejos: recordemos que, en el año 1948, en una reunión celebrada entre Franco y Don Juan a bordo del yate Azor en la bahía de San Sebastián, tal y como señala Robert Álvarez, y “allí acordaron que Juan Carlos se educaría en España y recibiría formación militar en los tres Ejércitos”. A partir de este momento, el régimen fue formando al futro rey dentro de los principios de Movimiento Nacional y de la adhesión al dictador.
3. La votación
El 23 de julio de 1969, en una solemne sesión de las Cortes franquistas, el general propuso a los 519 procuradores que las componían, su intención de designar como sucesor al príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947. Esta decisión del dictador suponía el descarte definitivo de las aspiraciones al trono de los demás candidatos que tenían pretensiones al mismo, como eran:
– Don Juan de Borbón Battenberg, conde de Barcelona y padre del príncipe Juan Carlos.
– Alfonso de Borbón Dampierre, próximo ideológica y familiarmente al régimen, dado que estaba casado con Carmen Martínez-Bordíu, nieta del dictador. También era el candidato al trono de Francia por la rama legitimista de los Anjou.
– Carlos Hugo de Borbón, candidato de la rama carlista renovada, con planteamientos socialistas y federalizantes.
La decisión de Franco generó opiniones encontradas entre los procuradores que debían votarla en las Cortes del régimen. De este modo, los que representaban al sector falangista, siendo como eran seguidores del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, ideológicamente eran abiertamente antimonárquicos y defensores de una República sindical a la muerte de Franco, entre ellos, Jesús Suevos Fernández y el general Alfonso García Valdecasas (cofundador de Falange Española), votaron todos en bloque de forma afirmativa para evidenciar así su lealtad al “Caudillo”. También votaron a favor del designio del dictador otros destacados procuradores como Juan Antonio Samaranch, Gregorio Marañón o los periodistas del Jaime Campmany o Emilio Romero. Por el contrario, fueron precisamente los procuradores de filiación monárquica afines a Don Juan de Borbón los que votaron en contra, como así lo hicieron figuras del peso de Torcuato Luca de Tena, director del diario ABC, el general Rafael García Valiño y, también, Manuel Pizarro Indart (2), procurador por la provincia de Teruel, hijo del tristemente célebre general represor Manuel Pizarro Cenjor y padre del político Manuel Pizarro Moreno.
Por todo lo dicho, el resultado final de la votación en Cortes fue el siguiente:
Esta votación, como señala J.F. Lamata (3), esta votación supuso la derrota de las expectativas de los falangistas puros, que tuvieron que renunciar a su ensoñación de instaurar una República sindical de corte fascista, y, también, de los monárquicos juanistas, que defendían una monarquía parlamentaria según el modelo de los países nórdicos. En cambio, los vencedores, fueron los encuadrados en el emergente sector de los llamados “franquistas aperturistas” afines a posiciones demo-cristianas y a los liberales del Opus Dei.
Por su parte, como sucedió en los días posteriores, toda la prensa tolerada por el régimen apoyó la designación de Franco nombrando su sucesor al príncipe Juan Carlos y, consiguientemente, se congratuló del resultado de la votación que así lo avalaba. Sólo hubo una excepción: la oposición pública manifestada por el diario ABC que siempre dejó claro su posición y apoyo a la figura y a los derechos dinásticos de Don Juan de Borbón.
4. El Juramento
Así las cosas, el 23 de julio de 1969, el príncipe Juan Carlos, al aceptar la designación de sucesor a título de rey de la Jefatura del Estado, tuvo que jurar los principios del Movimiento Nacional. La anteriormente citada Ley 62/1969, en su Artículo segundo III, indicaba cómo debía de realizarse el juramento del sucesor, pleno de ideología reaccionaria y fascista, además de una descarada instrumentalización de la religión como elemento legitimador del régimen. Su lectura, es reveladora:
“La fórmula del juramento será la siguiente:
“En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios,
¿juráis lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino?
El designado sucesor responderá:
“Si, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los principios del Movimiento Nacional, y demás Leyes Fundamentales del Reino”.
Y el Presidente de las Cortes contestará: “Si así lo hiciereis que Dios os lo premie y si no, os lo demande”.
Y así lo hizo el príncipe Juan Carlos de Borbón cuando aquel 23 de julio de 1969 le tomó juramento Antonio Iturmendi Bañales, el entonces Presidente de las Cortes franquistas.
5. El discurso
Tras el juramento, Juan Carlos de Borbón pronunció un discurso pleno de resonancias de adhesión y sintonía con el régimen, cuyo contenido es bueno recordar en detalle. En primer lugar, ratificó su juramento y su lealtad a Franco y a los Principios del Movimiento Nacional, señalado que era “plenamente conscientes de la responsabilidad que asumo”.
Sus primeras palabras fueron para reconocer la “legitimidad” del régimen surgido del golpe de Estado del 18 de julio y de la victoria militar franquista en la Guerra de España de 1936-1939:
“Quiero expresar en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino”.
Seguidamente, el ya nominado como Su alteza Real D. Juan Carlos de Borbón, se deshizo en elogios a la llamada “Paz de Franco”, lograda tras la victoria cainita sobre la otra mitad de los españoles y regida férreamente por la dictadura. De este modo, tras aludir a que España, bajo el mando de Franco ha recorrido un “importantísimo camino” y a “los grandes progresos que en todos los órdenes se han realizado”, añade, todo un edulcorado servilismo hacia la figura del dictador, ya que,
“El haber encontrado el camino auténtico y el marcar la clara dirección de nuestro porvenir son la obra del hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna de que haya sido, y siga siendo por muchos años(4), el rector de nuestra política”.
Dicho esto, y tras recordar que él, tras ser designado como sucesor del dictador, estaba vinculado “por línea directa” con la Casa Real española, obviando de forma deliberada los derechos legítimos al trono que correspondían a Don Juan de Borbón, su padre, del cual estuvo por este motivo distanciado durante años, manifestó sus deseos de “servir a mi país” así como querer “para nuestro pueblo”, lograr “progreso, desarrollo, unidad, justicia, libertad y grandeza, y esto sólo es posible, si se mantiene la paz interior”.
Por otro lado, el príncipe heredero apunta algunas ideas sobre su visión política, basada en la “concepción cristiana de la vida” y en “la dignidad de la persona humana como portadora de valores eternos”, expresión ésta última que suponía una innegable mención al pensamiento falangista de José Antonio Primo de Rivera y, por ello, puntal ideológico del régimen.
También hallamos en el discurso una mención a su intento de estar cercano a la juventud, la cual, pese a su rebeldía “que a tantos preocupa”, debido a su militancia antifranquista en amplios sectores de la misma, y, advirtiendo de que, al margen de “sueños irrealizables”, que podemos imaginar cuáles eran, y el primero de ellos, el de acabar con la dictadura, no por ello deja de reconocer que esas nuevas generaciones de jóvenes españoles tienen “la noble aspiración de los mejor para el pueblo”, por lo que manifiesta tener confianza y fe “en los destinos de nuestra patria”.
No podía faltar en el discurso de un aspirante al trono de España una defensa de la monarquía como forma de gobierno que, según él, resultaba idónea dado que “puede y debe ser un instrumento eficaz como sistema político si sable mantener un justo y verdadero equilibrio de poderes y se arraiga en la vida auténtica del pueblo español”. Recordando esta apología cerrada de la monarquía que en aquel lejano 23 de julio de 1969 hizo en entonces príncipe Juan Carlos, es bueno que éste la traicionó dos veces: la primera, ante la dictadura franquista, a la cual había jurado fidelidad tanto a Franco como a los Principios Fundamentales del régimen (5), y la segunda, una vez recuperada la legalidad democrática tras la aprobación de la Constitución de 1978, por sus constantes y sonados casos de falta de ética y ejemplaridad que exige la figura institucional del Rey de España y que, con sus actuaciones, tanto desacreditó, antes y después de su abdicación al trono en el año 2014.
Otro elemento destacable es la legitimación que hace el príncipe Juan Carlos de las Cortes Orgánicas del franquismo ante las cuales había prestado juramento, las cuales se arrogaban la representatividad del pueblo español a pesar del nulo carácter democrático de las mismas y a las que, sin embargo define el heredero al trono como “representación de nuestro pueblo y herederas del mejor espíritu de participación popular en el Gobierno” y a la vez que señala su deseo de que “El juramento solemne ante vosotros de cumplir fielmente con mis deberes constitucionales [¡!] es cuanto puedo hacer en esta hora de la historia de España”.
El discurso concluye con una exhortación directa del príncipe ante el anciano general al cual se dirige como “Mi General” y al cual le dice que se ha “comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia” y, por ello, a pesar de los “grandes sacrificios” que ello le pueda suponer, señala que “Estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y Leyes que acabo de jurar”.
La frase final del discurso alude a una petición “a Dios su ayuda”, y con convicción, añade, que “no dudo que Él nos la concederá si, como estoy seguro, con nuestra conducta y nuestro trabajo nos hacemos merecedores a ella”.
6. Epílogo
El 20 de noviembre de 1975 moría el general Francisco Franco y, en aplicación de las disposiciones sucesorias, dos días después, el 22 de noviembre, fue proclamado por las Cortes franquistas Juan Carlos I como rey de España. A partir de este momento, se iniciaba el período de la Transición democrática que, tras la aprobación de la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la reforma política, permitió la eliminación de las estructuras de la dictadura franquista desde el punto de vista jurídico, la disolución de las Cortes franquistas, y la convocatoria de elecciones democráticas. Este proceso de transición, con sus luces y sus sombras, culminó con la aprobación de la Constitución democrática de 1978.
Aquella monarquía franquista, heredada de la dictadura, se reconvirtió, tras la aprobación por medio del referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978, en una monarquía democrática homologable con las existentes en otros países de nuestro entorno europeo. No obstante, como recordaba Eloy Fernández-Clemente, “la propia monarquía fue una herencia impuesta en un referéndum de nula validez pues fue imposible defender en público el no o la abstención” (6).
Varias décadas después, tras sonados errores y delitos de Juan Carlos I, el monarca emérito, el futuro de la monarquía en España resulta tan incierto como cuestionado por buena parte de la ciudadanía. Consiguientemente, resulta cada vez más evidente que la calidad de la democracia en España requiere que la exigencia de un referéndum sobre la forma de Estado, la elección entre el mantenimiento del modelo monárquico constitucional, o de la alternativa republicana, resulta cada vez más evidente y necesario.
El tiempo dirá si existe el suficiente coraje político en los partidos representativos para asumir ese reto, esa demanda ciudadana y, sin duda, muchos de nosotros, no dudaremos en votar por la opción de una República Federal, plenamente democrática y que reconozca la realidad plurinacional de España.
Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura—ocio/monarquia-franquista/20220615120333199528.html