PP y PSOE acaban de pactar la renovación y nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura. Según la legislación vigente, el CGPJ se compone de veinte vocales, elegidos todos ellos por el parlamento por mayoría de tres quintos, diez por cada cámara, de […]
PP y PSOE acaban de pactar la renovación y nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura. Según la legislación vigente, el CGPJ se compone de veinte vocales, elegidos todos ellos por el parlamento por mayoría de tres quintos, diez por cada cámara, de entre los cuales doce han de provenir de la carrera judicial y ocho ser juristas de reconocido prestigio.
En principio, este hecho no resulta sorprendente y, por tanto, no sería reseñable ni tan siquiera como noticia. Se trata del enésimo pacto que suscriben estas dos fuerzas políticas, garantes del llamado espíritu de la Transición. La Constitución de 1978 estableció una limitada democracia representativa de tenor mayoritario, que permite a los dos grandes partidos –PSOE y PP, antes UCD– repartirse los cargos (y sus correspondientes prebendas) en instituciones como Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, y así hasta un largo etcétera.
Tampoco sorprende que en este caso concreto el PSOE haya entrado en el pacto y reparto de vocales, aun cuando tiene recurridos ante el Tribunal Constitucional varios aspectos de la reforma del CGPJ aprobada este mismo año bajo el dictado del ministro Ruiz Gallardón. Quizá pudiera parecer un tanto incoherente. Pero no. El PSOE es un partido de Estado que sabe que el mantenimiento del régimen nacido de la Transición necesita de su participación activa en los consensos con el PP. Aunque en ocasiones discrepen sobre algunos asuntos, cuando se trata de cosas serias -léase la reforma del art. 135 de la Constitución- poco les cuesta ponerse de acuerdo.
Asimismo, no es extraño que hayan entrado en el pacto partidos como CiU y PNV, dado que estos se presentan como fuerzas de Estado y de consenso siempre que les conviene a sus intereses. Desde 1978 han sido varias las ocasiones en que tanto unos como otros se han ofrecido a garantizar la gobernabilidad de las instituciones estatales. A cambio, claro está, de notables beneficios en sus particulares y partidistas negociaciones con el Estado.
Lo soprendente es que en este caso concreto sea Izquierda Unida quien haya entrado en el pacto, obteniendo así un puesto en el reparto de vocales del CGPJ. Resulta difícil entender cuáles son las razones que llevan a esta fuerza política a participar en un juego que normalmente -y con buenas razones- suele criticar. La explicación dada por sus dirigentes insiste en que su presencia en el pacto, por un lado, implica el avance del pluralismo parlamentario frente al bipartidismo y, por otro, servirá para un mejor funcionamiento del Consejo.
El escaso peso que tendrá IU en el nuevo CGPJ (un vocal de veinte, recuérdese) genera serias dudas sobre la posibilidad real de mejorar el funcionamiento de un órgano que históricamente se ha dedicado a servir de altavoz y correa de transmisión de los intereses del PP. Seguirá siendo así sin duda alguna. De asegurarlo se ha encargado la última reforma legal dirigida por Ruiz Gallardón, según la cual tan solo seis de los vocales del CGPJ ejercerán el cargo con dedicación exclusiva. Estos seis son los vocales que compondrán la comisión permanente del Consejo, que dirigirá la institución y donde es más que previsible que el PP imponga su mayoría absoluta. Por eso IU se opuso, con buen criterio, no solo a esta reforma, sino en general a que los partidos mayoritarios se repartan instituciones como el CGPJ. Y por eso sorprende, aun más si cabe, su decisión de entrar en el reparto.
Es irreal pensar que en este marco la vocal propuesta por IU pueda variar un ápice el funcionamiento del Consejo. Aunque sea una voz crítica, tan solo servirá para legitimar las decisiones alcanzadas por este órgano y, sobre todo, el sistema de elección de sus vocales en el que IU gustosamente ha participado. Una cosa es la presencia crítica en las instituciones -incluso entrar en ellas para derribarlas desde dentro- y otra bien distinta contribuir a su consolidación, que es lo que hace IU al aceptar su presencia en el CGPJ gracias a un sistema de reparto de cargos propio de la cultura de la Transición.
La decisión de IU le aleja de la (buena) estrategia política de confrontación radical con el régimen que parecía haberse asumido por sus militantes y dirigentes. Una estrategia que, en los últimos tiempos, le ha llevado a conectar con los movimientos sociales y ciudadanos que demandan la apertura de un proceso constituyente como única vía de salida a la crisis de sistema en que vivimos, y que ven razonablemente a esta fuerza política como un aliado imprescindible en su camino. Sin embargo, esta decisión le resta credibilidad en la calle y da aire al bipartidismo, a los pactos de Estado, a los consensos y a los guardianes del marco constitucional diseñado en 1978. Convendría que IU rectificase y retomase el rumbo lo antes posible.
Notal final dedicada al movimiento memorialista
Entre los futuros vocales del CGPJ se encuentra Clara Martínez de Careaga, de la órbita del PSOE y de Jueces para la Democracia. Esta magistrada fue la ponente y autora del auto de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por el que se rechazó el recurso presentado por la familia de Miguel Hernández para lograr la revisión de la sentencia del infame consejo de guerra que condenó a muerte al poeta comunista. ¡Qué pena que IU vote a favor de la promoción de esta magistrada!
Rafael Escudero es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Autor del libro Modelos de democracia en España 1931 y 1978 (Ed. Península, 2013)