El suministro de energía eléctrica en España se sigue haciendo en régimen de monopolio por empresas muy vinculadas a los poderes políticos.
Tiene el maniqueísmo su origen en la doctrina religiosa ideada por el filósofo persa Manes «y que se caracterizaba por creer en la existencia de dos principios contrarios y eternos que luchan entre sí, el bien y el mal». De aquella interpretación simplista de la vida vino después ese término tan usado hoy para descalificar a quienes argumentan en blanco y negro sin tener en cuenta la inmensa cantidad de colores que se esconden tras los del arco iris. Empero, hay periodos históricos, como el que nos ha tocado vivir, en que quizá no existan siquiera dos colores sino uno solo: El gris más insulso y descolorido. ¿Es posible imaginarse a Mariano Rajoy de algún otro color?
Si analizamos con tranquilidad los casi cuatro años de gobierno del Partido Popular en todo el Estado, es difícil decir que ha sido malo para todos, es más pecaríamos de embusteros y de pésimos analistas si tal cosa concluyésemos. Quienes se dedican a cultivar patatas, tomates o melocotones han visto como los precios se hundían mientras los costes fijos -salvo la mano de obra- aumentaban de manera considerable; lo mismo podemos decir de quienes crían pollos, corderos, vacas o cerdos o se dedican al sector de la madera cumpliendo con las normas ecológicas más elementales. ¿Han mejorado su situación quienes quieren estudiar o estudian una carrera universitaria o un módulo profesional con la subida descomunal de tasas y esa invención diabólica privatizada llamada máster? ¿Son quizá los profesores, sanitarios, bomberos, funcionarios, trabajadores por cuenta propia o ajena quienes se han llevado la parte del león? ¿Tal vez los parados de larga duración que en su mitad ya no perciben prestación de ningún tipo o quienes esperan a ser intervenidos en un hospital diezmado por la política de tierra quemada desarrollada por la derecha estatal y periférica? ¿O quizá los pensionistas, colectivo sobre el que está recayendo una parte sustancial de esta crisis-estafa y sobre quienes planea una drástica reducción de haberes como consecuencia del paro endémico y de la disminución de salarios? Creo que no, que ninguno de estos colectivos ha sido beneficiado por la acción de gobierno popular. Pero, ¿quiere decir eso que todo lo que ha hecho este gobierno ha perjudicado a todos y, por tanto, es malo? Indudablemente no. Sin ningún disimulo, dicha acción ha beneficiado como pocas veces antes a los bancos que con su estrategia crediticia pergeñaron la crisis y lejos de ser severa y penalmente castigados han sido los destinatarios de miles y miles de millones que se han restado de las políticas sociales que en cualquier sistema democrático son el instrumento principal de lucha contra la desigualdad. Ha beneficiado igualmente a aquellas personas que tienen rentas más altas al disminuir los tramos del IRPF, al permitir que las SICAV sigan tributando al 1% y al consentir que una parte muy elevada de sus rentas descansen a buen recaudo en los paraísos fiscales que muy atinadamente se gestionan desde Londres, nueva capital mundial del dinero negro. Parece evidente a su vez que los grandes delincuentes fiscales evaden al Erario la nada despreciable cantidad de 144.000 millones de euros y que yo sepa no se han quejado lo más mínimo, estando dispuestos a aumentar ese monto lo que sea menester si se produjese la llegada al poder de los extremistas a las órdenes de Maduro. Y a Artur Mas y la familia Pujol, ¿Cómo les ha ido? El primero sigue jugando a que la solución de todos los males para la Cataluña que él y sus socios y antecesores han privatizado, es la independencia, los otros siguen en la calle y que se sepa con buena salud. Luego están las eléctricas, productoras de la energía más cara de Europa y lugar de destino magníficamente remunerado para quienes por avatares del destino o como resultado de los comicios se ven obligados, entre lágrimas, a dejar las mieles del poder una vez cumplida su «misión».
Durante los años de gobierno de Rodríguez Zapatero -que podría haber pasado a la Historia como un buen presidente si hubiese negado a obedecer a la troika en 2010 y hubiese presentado su dimisión denunciando previamente el chantaje- se puso en marcha una política activa de apoyo a las energías renovables, incluidas aquellas que proporcionaban el autoconsumo. De tal modo que en aquellos años, las eléctricas debían comprar el excedentes de los pequeños productores a un precio marcado de antemano según tarifas vigentes. Miles de pequeños ahorradores invirtieron sus dineros en parques eólicos o fotovoltaicos que hoy están siendo penalizados hasta un extremo que ha llamado muy negativamente la atención a periódicos neoyorquinos tan conocidos como The Wall Street Journal o The New York Times, que califican las medidas del Partido Popular como un impuesto al sol. El ministro Soria y su secretario de Estado Alfredo Nadal, a las órdenes de Mariano Rajoy y de quienes quieren seguir torturándonos mes tras mes con las facturas disparatadas de la Unión Europea, han emprendido una cruzada de castigo contra la producción de energías renovables, especialmente contra aquellas que permiten desvincular a las familias de las tres grandes compañías eléctricas del país, la vasca Iberdrola, la catalana Gas Natural y la italiana Endesa -que por cierto, pertenece ahora a una empresa pública italiana-, desaprovechando de esa manera la oportunidad irrepetible de convertir a España en potencia mundial en energías renovables -hecho que además la colocaría en un lugar privilegiado en una de las industrias con más futuro y valor añadido- y de acabar con la dependencia casi total que en materia energética tenemos del exterior.
España tiene un problema secular con los suministradores de energía eléctrica, un suministro que se ha hecho y se sigue haciendo en régimen de monopolio por empresas muy vinculadas desde siempre a los poderes políticos. Ningún gobierno ha sido capaz de poner el cascabel al gato, pero sí de plegarse a su dictadura con sumo gusto. La fundación exitosa de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), que aportaba grandes ingresos al Erario, terminó con su privatización total por orden de Aznar, personaje que luego vería satisfactoriamente recompensada su brillante actuación de la forma que todo el mundo sabe. Según un estudio de FACUA, España tiene uno de los tres kw/h más caro de Europa, llegando a costar el 48% más que el del país que más barato lo vende, Hungría, y un 30% más que en Francia. Aparte de ser un factor muy negativo para la competitividad de las empresas -es el principal gasto, por encima de la mano de obra, de muchas de ellas-, la factura de la luz está empobreciendo a los hogares españoles, provocando que una cuarta parte de ellos tengan serios problemas para pagarla y que para el resto no adinerado se haya convertido en el primer gasto corriente.
Las empresas eléctricas españolas llevan más de un siglo demostrando a conciencia que no saben prestar un servicio público de primera necesidad con calidad y eficacia. Los elevadísimos sueldos y pensiones de sus altos dignatarios no se corresponden con su competencia sino con su lealtad al beneficio empresarial. Ante las perspectivas de relevo que suponen las renovables a las fuentes tradicionales para obtener electricidad, las compañías monopolísticas han pedido ayuda al Gobierno y éste, como Dios manda, ha acudido en su auxilio. Multa a quien intente autoabastecerse, trabas a las baterías Tesla que facilitan muchísimo esa posibilidad, manos libres a las productoras tradicionales para que sigan sacando el dinero de nuestros bolsillos como si fuese el suyo, impuestos al sol y al aire, en fin todo un desmadre de medidas dañinas encaminadas a que todos siga como estaba y a colocarnos, una vez más, en el furgón de cola de lo que viene, de lo que serán las principales fuentes de energía del futuro que ya está aquí: El sol y el aire.