¿Qué pasaría si en tan sólo 16 días 26 mujeres fueran asesinadas brutalmente en Holanda? ¿Cuántas manifestaciones, acciones judiciales y denuncias se interpondrían en España si 26 mujeres aparecieran muertas en las calles de Madrid? En Guatemala, país del que proceden las anteriores cifras, los casos se archivarían por falta de pruebas o miedo a […]
¿Qué pasaría si en tan sólo 16 días 26 mujeres fueran asesinadas brutalmente en Holanda? ¿Cuántas manifestaciones, acciones judiciales y denuncias se interpondrían en España si 26 mujeres aparecieran muertas en las calles de Madrid? En Guatemala, país del que proceden las anteriores cifras, los casos se archivarían por falta de pruebas o miedo a la investigación por parte de las familias de las víctimas. Se calcula que más de 4.300 mujeres fueron asesinadas en Guatemala en los últimos ocho años [1], a través de expresiones de extrema violencia y enorme brutalidad tales como mutilaciones, asfixia o estrangulamiento. Los expertos constatan la existencia de un odio profundo y misoginia hacia las mujeres producto de los 36 años de guerra civil que sufrió el país. La impunidad del Estado, la corrupción desmedida, la inseguridad ciudadana y los niveles de desigualdad, encuentran el espacio cómodo para reproducirse en un país donde el 56,2% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza [2].
Cada día con mayor fuerza saltan a la luz pública noticias acerca del asesinato indiscriminado de mujeres en América Latina, con México y Guatemala a la cabeza. Y cada año, son más las iniciativas por parte de las organizaciones de Naciones Unidas que apoyan a las mujeres, así como más numerosas las delegaciones de expertos internacionales que dan la voz de alarma ante esta lamentable situación. Sin embargo, la incompetencia de las instituciones del estado, la escasa coordinación entre el trabajo de la policía nacional civil (PNC) y un sistema judicial lento y desorganizado, provocan la espiral de impunidad e inoperancia manteniendo la invisibilidad de los asesinatos cometidos contra la vida de cientos de mujeres. Uno de los hechos que más llama la atención, y en el que las organizaciones de derechos humanos más centran sus esfuerzos, es el injusto tratamiento y culpabilización que reciben las víctimas. Los casos quedan archivados bajo la sospecha de pertenecer a bandas criminales organizadas, pandilleras e incluso prostitutas, cuando lo cierto es que la mayoría de ellos son mujeres jóvenes trabajadoras de las maquilas o estudiantes que regresan a media tarde a sus hogares en los barrios marginales de la capital.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) llevan años alertando de la dramática situación y de la ausencia de todo cuestionamiento por parte de las autoridades guatemaltecas. AI reconocía en un informe de 2005 [3] que «las autoridades han tomado algunas medidas positivas como la ratificación de tratados internacionales o promulgación de leyes, sin embargo, estas medidas a menudo no se han aplicado o revisado de manera efectiva, lo que raras veces ha servido para impedir que las mujeres sufran violencia».
Sirvan algunos datos para entender esta vorágine: según un estudio elaborado por el Foro Económico Mundial, Guatemala ocupa el lugar 106 de 128 naciones evaluadas en aspectos de equidad entre mujeres y hombres [4]. Si a esta situación de desigualdad y discriminación por razón de género, se le añaden otras condiciones como el ser pobre e indígena, el resultado es tan lamentable como desolador. En un país donde más de la mitad de la población vive en situación de pobreza y unos pocos disfrutan protegidos en sus mansiones de alta seguridad, las leyes suelen dictarse al antojo de los privilegios.
Ha pasado un año desde que entrara en vigor, en Mayo de 2008, la nueva Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta ley que imponía por primera vez penas entre 25 a 50 años de prisión y tipificaba el delito de femicidio [5], no ha conseguido alcanzar las metas fijadas. Según el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), «entre 2007 y 2008 se produjeron un total de 1.414 muertes violentas de mujeres, presentándose 1.101 denuncias de las que se dictaron 185 sentencias: 121 condenatorias y 64 absolutorias».
Paralelamente, las organizaciones de mujeres del país continúan presionando para que se cumplan las condenas y para que se investigue la mayoría de los crímenes. Recientemente varias organizaciones de mujeres junto con algunas otras de la sociedad civil, bajo el nombre de «Convocatoria ciudadana» instaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a agilizar los procedimientos, así como a una depuración del Ministerio Público. Alternativas que podrían dar un giro inesperado cuestionando la eficacia de dichas instituciones. Sin embargo, los procedimientos judiciales son largos y las condenas pocas.
Los acuerdos de paz
Durante el período 1960-1996, Guatemala sufrió un conflicto interno que supuso cerca de 200.000 víctimas y desaparecidos y unas heridas que son el origen del actual clima de violencia hacia las mujeres que se vive en el país. Los Acuerdos de Paz de 1.996 parecieron ser una luz, tras los duros años de guerra indiscriminada y una oportunidad para reivindicar los silenciados derechos de las mujeres. Para la directora general de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las mujeres (CONAPREVI), Hilda Morales: «Lamentablemente, en Guatemala matar a las mujeres es como matar moscas, no tiene importancia» por ello: «los responsables se sienten estimulados a seguir golpeando, abusando y matando porque saben que no les pasará nada, no recibirán ningún castigo por ello». Morales admitió que en Guatemala siempre ha habido violencia contra las mujeres, pero alertó que «las formas en que se está perpetrando en los últimos años muestra los resabios de la guerra civil cuando existió permisividad para que los soldados cometieran atrocidades, no sólo sexuales, sino además vejación y mutilación de los cuerpos de las féminas» [6].
Al firmarse los acuerdos de paz, que pusieron fin a más de 36 años de lucha interna en el país, comenzó el duro trabajo de transformación psicológica y social de miles de mujeres que vieron vulnerados sus derechos sufriendo violaciones y asesinatos sin respuesta alguna. Organizaciones como Oxfam Internacional contribuyeron al apoyo de las organizaciones de mujeres de base y apoyaron los esfuerzos por devolver a estas mujeres el derecho a su propio cuerpo y a vivir en libertad. Fueron las esposas, las madres y viudas las protagonistas en la lucha por los desaparecidos y suyo es el esfuerzo por sacar a la luz las masacres acaecidas en el país, demandando justicia a las dictaduras militares durante los años que duró el conflicto.
Según el estudio de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) «Organizaciones de mujeres y procesos de paz en Guatemala» [7], fueron eliminadas 400 comunidades. Sin embargo, y pese a los esfuerzos tras los acuerdos de paz de lograr mayores derechos, el estado no logró sentar las bases de una paz justa y duradera con la consolidación de unas eficaces instituciones políticas y judiciales. Según este mismo informe: «En Guatemala, como consecuencia del carácter contrainsurgente del Estado que cooptó a todo el orden institucional, se creó un sistema de impunidad absoluta, que persiste pese a esfuerzos de más de una década por fortalecer el estado de derecho». Para la presidenta y militante de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Walda Barrios-Klee, el papel desempeñado por las organizaciones de mujeres en la implementación de los acuerdos de paz supuso el protagonismo de las mujeres. Según sus palabras: «Todas las distintas organizaciones de mujeres hemos trabajado para tratar que los acuerdos de Paz se concreten. Uno de los propósitos de esta reflexión es visibilizar el papel que las mujeres como colectivo tuvimos en tanto grupo de presión desde el sector de mujeres de la Asamblea de la sociedad civil y, posteriormente, en la lucha por el cumplimiento de los espacios abiertos por la paz, para conseguir el ejercicio pleno de nuestros derechos como ciudadanas».
Impunidad y ausencia de protección por parte del estado
Impunidad, incapacidad, desinterés, invisibilidad. Estos adjetivos son frecuentemente utilizados para definir a las instituciones y al estado guatemalteco situándolo como el principal culpable de esta dramática situación. Concretamente y, según el Diagnóstico Situacional del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), el porcentaje investigado es de 26 de cada 100. Para Barrios-Klee: «la impunidad ha sido una de las características de los asesinatos de mujeres. Por eso, se necesita un cambio cultural, de una cultura de odio y agresión heredada del conflicto armado a una cultura de paz y respeto por toda forma de vida» [8].
En este sentido, Amnistía Internacional apunta como «el hecho de que el gobierno guatemalteco no haya logrado prevenir el aumento en el número de asesinatos ni garantizado el enjuiciamiento efectivo de los responsables permite a éstos seguir cometiendo delitos con la certeza de que no tendrán que rendir cuentas por ello» [9].
Iniciativas a favor de los derechos de las mujeres
Pero quienes más conocen y entienden el calvario por el que se ven obligadas a pasar las familias de las víctimas de los femicidios en este país son, sin lugar a dudas, las organizaciones de mujeres. Basten algunos ejemplos para entender el alcance tan excepcional al que llegan estos movimientos y las redes de lucha que tejen a favor de los derechos de todas esas vidas truncadas.
Ante la falta de información e investigación oficial de los crueles asesinatos de mujeres, el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) fue la primera que se encargó de recopilar las cifras de mujeres asesinadas con la elaboración de diferentes estudios y diagnósticos acerca del porcentaje de casos condenados, investigados o impunes en el país. Paralelamente la organización brinda apoyo psicológico y social y presta asesoría legal en sus centros de atención integral para mujeres víctimas de la violencia. Su trabajo es fundamental como grupo de presión ante el congreso y propulsor de alternativas jurídicas.
Dichos esfuerzos encuentran espacios en común en este caso a través de iniciativas fuera de Guatemala y gracias al trabajo en red. Desde España movimientos de mujeres apoyan la lucha activa y, en especial, algunos como la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Esta plataforma compuesta por mujeres del mundo del arte, la música y el cine, encabezada por la cantante y activista Cristina del Valle, cruzaron el pasado mes de mayo el Atlántico para apoyar la lucha de cerca de 50 organizaciones de base del país visibilizando así la permisividad y llamando la atención al otro lado del mundo. La iniciativa llegó hasta el Congreso de la República de Guatemala donde la plataforma puedo exponer y manifestar la necesidad de revisar las leyes, como la actual en contra del femicidio, así como otras que continúan discriminando a las mujeres.
De la puesta en marcha de estas medidas y de la presión de las organizaciones dependerá la eficacia en las investigaciones y la lucha contra la impunidad. Al final, lo que no debe ni puede dejar indiferente es una cifra detrás de la cuál está la vida de miles de mujeres y en juego la libertad y la justicia.
Paloma Lafuente es periodista y colaboradora de Pueblos.
Notas
[1] Fuente: Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM).
[2] Human Development Report 2007-2008: Population living below the national poverty line (1990-2004).
[3] Documento de Amnistía Internacional.»Ni protección ni justicia: homicidios de mujeres en Guatemala» (9/05/09).
[4] Fuente: Ameco Press/CIMAC. «Mujeres de Guatemala, vida bajo la desigualdad» (2/06/09).
[5] Definición del concepto de femicidio o asesinatos de mujeres por el mero hecho de su condición de mujeres.
[6] Definición del concepto de femicidio o asesinatos de mujeres por el mero hecho de su condición de mujeres.
[7] «Organizaciones de mujeres y proceso de paz en Guatemala». UNAMG: Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Resumen ejecutivo.
[8] Entrevista publicada en la revista Pueblos: «En Guatemala se necesita un cambio cultural». Julio de 2008. Paloma Lafuente.
[9] Informe Amnistía Internacional. Año 2005.Guatemala: Ni protección ni justicia: homicidios de mujeres en Guatemala.