El 9 de mayo de 1981 la Guardia Civil de Almería torturó hasta la muerte a tres jóvenes trabajadores, después los remató a tiros y, en un descampado, los quemó para hacer desaparecer las pruebas.
Hay hechos que apenas necesitan comentarios, solo repasar lo acontecido con detenimiento muestran claramente la naturaleza de muchas instituciones y reflejan de forma viva y sin tapujos la sociedad en que vivimos y nos movemos.
Tres jóvenes de diferentes edades y procedencias hacen un viaje desde Santander a Pechina (Almería), para acudir a la primera comunión del hermano pequeño de uno de ellos:
• Luis Montero, de 33 años, natural de Salamanca, trabajador de FYESA, en Santander.
• Luis Cobo, de 29 años, natural de Santander, trabajador de ACERIASA, en Santander.
• Juan Mañas, de 24 años, natural de Almería, trabajador de FEVE, en Santander.
En el camino se cruzan con un «ciudadano» que sin ninguna prueba y solo por su indumentaria, les denuncia a la policía o Guardia Civil como peligrosos delincuentes. ¿Fue amonestado este individuo que tan alegremente les denunció sin pruebas?, ¿se hizo una campaña intensiva para que, nunca más, nadie denunciara en falso a otro ciudadano? Para nada. De hecho, cualquiera de nosotros podemos seguir siendo objeto de una falsa acusación solo por las apariencias o por la antipatía de cualquier vecino o vecina o de cualquiera con quien nos crucemos, como antaño permitía la Inquisición y después fomentó el franquismo.
Los tres jóvenes son detenidos y, a pesar de las evidencias de que eran unos trabajadores y que alguno de ellos estaba afiliado a un sindicato, como es natural; de que iban a estar alojados con la familia de uno de ellos para asistir a la primera comunión de un familiar, son torturados hasta la muerte por 11 guardia civiles, con alevosía, nocturnidad y premeditación, justo por aquellos que cobran un sueldo público en teoría por protegernos. ¿Son inmediatamente detenidos, incomunicados, interrogados todos los participantes en tan salvaje atentado y sus cómplices por acción u omisión? ¿Se analizan con todo el poder del Estado las pruebas evidentes de tamaña atrocidad? ¿Son investigadas las actuaciones de la Guardia Civil, ya que el principal responsable y presunto criminal, tiene la alta graduación de Teniente Coronel? Se da la circunstancia de que apenas dos meses antes, a solo 70 kilómetros de Pechina, también la Guardia Civil mató a una mujer, María Asensio Morales de 32 años, madre de dos hijos de corta edad, de un pelotazo de goma disparado a corta distancia, cuando estaban disolviendo una «manifestación» de 70 mujeres que defendían el agua de su localidad Huercal Overa.
No solo no se actuó con la urgencia y premura que se exigía en tan gravísimas circunstancias, sino que desde el primer momento se quiso ocultar el crimen, y para mayor escarnio se llegó a acusar a los tres jóvenes de ser peligrosos delincuentes que habían sido abatidos en su huida.
De los 11 guardia civiles implicados directamente en este brutal atentado terrorista, solo tres fueron procesados y condenados a la mitad de los años que pedían las acusaciones particulares. De estas condenas solo cumplieron la mitad, algunos en castillos militares muy cerca de sus familias. Eso sí, siguieron cobrando sus sueldos, de los fondos reservados de los gobiernos de UCD, PSOE y PP. Muy probablemente las personas que volvieron a ser interrogadas en esos cuarteles, desgraciadamente, tendrían muy presente la brutal metodología de investigación, basada simple y llanamente en la tortura más descarnada.
Los grandes medios de comunicación se hicieron eco de las mentiras, calumnias y deformación de los hechos que propagaron los culpables del crimen, solo la tenacidad de algunos periodistas hizo posible que salieran a la luz algunos de los detalles escabrosos de aquel horrendo crimen y la forma de actuar de la Guardia Civil. ¿Se cerró alguna publicación o medio televisivo que enalteció a los criminales y vilipendió a las víctimas? ¿Se pusieron multas o sanciones por difamación criminal? ¿Se sancionó o despidió a algunos de los bellacos, que renunciando al buen periodismo, embellecieron al poder y machacaron a las víctimas? No señora, en esta ocasión, nada de eso se hizo, y hoy siguen pululando por los grandes medios televisivos todo tipo de mentirosos, calumniadores y manipuladores, que embellecen a los poderosos y denigran a los débiles.
La maquinaria judicial intentó, desde el primer momento, destruir y ocultar pruebas y dejar sin justicia a los desolados familiares de los jóvenes. Solo su valiente actitud y coraje hizo posible forzar la investigación y acumulación de pruebas y testigos para poder desmontar la siniestra versión fabricada, en un primer momento, por la Guardia Civil. Fue particularmente decisiva la actuación decidida de Darío Fernández, abogado de la acusación particular de las familias, que en todo momento intentó que los responsables fueran procesados por asesinato y no por homicidio y, gracias sobre todo a su labor, se pudo demostrar en el juicio el asesinato cruel de los tres jóvenes, y aunque no se logró la confesión de los acusados, sí se desmontó la falacia urdida por la propia Guardia Civil para denigrar a las víctimas y así tratar de justificar su horrendo y monstruoso crimen. Este abogado, Darío Fernández, sufrió todo tipo de hostigamiento, con amenazas a su persona y familia, le pusieron una bomba bajo su coche, el Colegio de Abogados de Almería le abrió un expediente por su investigación de los crímenes, otra jueza le condenó por desacato. A la larga tuvo que cerrar su bufete en Almería e instalarse en Granada. Esa es una muestra sangrante de la justicia que seguimos «disfrutando» los ciudadanos de este país.
Y en cuanto a la
reparación del daño a las familias, poco o nada se ha hecho a pesar
del tiempo transcurrido. Cuarenta años y todavía se les sigue
negando el derecho a ser reconocidas a todos los efectos legales como
víctimas de terrorismo. Esta es una petición formal del Parlamento
de Cantabria, que en el año 2018 hicieron una declaración
institucional de denuncia del crimen, de denuncia de las
irregularidades judiciales y de homenaje a Luis Montero García, Luis
Cobo Mier y Juan Mañas Morales y, por supuesto, de solidaridad y
apoyo para con sus familiares.
En estos momentos la
Asociación Andaluza de Victimas de la Transición, de la
que forman parte los familiares de los tres jóvenes asesinados en
Almería y los familiares de Arturo Ruiz y Manuel José García
Caparrós, ha propuesto que el Parlamento de Andalucía realice una
declaración institucional, tomando como base la del Parlamento de
Cantabria. Lo que piden, y a eso nos adherimos todas las asociaciones
memorialistas, es que las víctimas de la violencia policial, de
grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, reciban la
consideración y protección que corresponde a su condición de
victimas de actos de terrorismo o violencia política. Es tan solo
una pizca de la dignidad y justicia que se les debe a estos jóvenes
asesinados por la Guardia Civil hace cuarenta años.
Pablo Mayoral, activista de La Comuna