Como parte del proyecto europeo Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (Organizaciones de Justicia Ambiental, Pasivos y Comercio-EJOLT) un equipo internacional de expertos, coordinado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), España, presentó el 19 de marzo el Atlas Global de Justicia Ambiental, una plataforma interactiva […]
Como parte del proyecto europeo Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (Organizaciones de Justicia Ambiental, Pasivos y Comercio-EJOLT) un equipo internacional de expertos, coordinado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), España, presentó el 19 de marzo el Atlas Global de Justicia Ambiental, una plataforma interactiva de mapas que analiza la trayectoria de más de un millar de conflictos ecológicos y espacios de resistencia a nivel mundial. El proyecto pretende registrar 2,000 casos para el 2015.
«El Atlas ilustra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, impulsados por demandas materiales y de energía de la población mundial de clase media y alta», señaló el director del proyecto Joan Martínez Alier. «Las comunidades que reciben el mayor impacto son pobres, marginales e indígenas que por lo general no tienen poder político para asegurar acceso a justicia y salud ambiental».
El Atlas incluye conflictos ambientales en 16 países de América Latina y el Caribe relacionados con energía nuclear, extracción minera y de combustibles fósiles, gestión de residuos, acceso a la tierra, gestión del agua, desarrollo de infraestructura, turismo, conservación de la biodiversidad, industrias y servicios públicos.
La plataforma permite a los usuarios buscar y filtrar los conflictos por tipo, país, empresa y productos o mercancías.
A nivel regional, el país con mayor cantidad de conflictos es Colombia (72), seguido por Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30), principalmente relacionados con extracción minera y de combustibles fósiles. También en la región, la transnacional brasileña Vale registra el mayor número de conflictos (15), todos relacionados con minería y gestión de agua, seguida por la sudafricana Anglo Gold Ashanti, que sólo en Colombia registra 15 conflictos.
El oro, el gran responsable En cuanto a los productos o mercancías, la extracción de oro es la gran generadora de conflictos en número e intensidad. Las mineras auríferas BHP Billiton (Australia) y Barrick Gold (Canadá) son las que concentran la mayor cantidad de conflictos en la región.
Sin embargo, no sólo las transnacionales son responsables de la generación de conflictos. Empresas petroleras estatales como Petrobras (Brasil), Ecopetrol (Colombia), PetroEcuador y Petróleos de Venezuela, también registran conflictos relacionados con la extracción de hidrocarburos. En el mundo, de 2,000 corporaciones e instituciones financieras, entre privadas y estatales, están involucradas.
«Aunque el mapa destaca tendencias preocupantes, como la persistente impunidad de las empresas por delitos ambientales y el hecho de que el 80% de los casos implica una pérdida de medios de vida, también es fuente de inspiración», dice un comunicado de EJOLT. «Entre las numerosas historias de devastación ambiental, represión política y persecución de activistas, también se pueden encontrar muchos casos de victorias de justicia ambiental. Se ganaron procesos judiciales, se cancelaron proyectos y en ocasiones fueron recuperados bienes comunes. El 17% de los casos en el mapa son considerados victorias de justicia ambiental».
Uno de los principales objetivos de la iniciativa, que contó con la participación de 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países del mundo, es hacer accesible la información y dar visibilidad a los conflictos, a la vez que permite a las organizaciones sociales conectarse con otros grupos que trabajan en temas relacionados.
Un aspecto crucial del proyecto y del Atlas es que los movimientos de base por la justicia ambiental sean claves para avanzar hacia formas más justas, equitativas y menos dañinas de consumo y producción, señala la EJOLT.
Para Leah Temper, coordinadora del Atlas, «sólo cuando las comunidades se pongan de pie y digan que ya no quieren ser contaminadas, los gobiernos y las empresas cambiarán su comportamiento».