[MIEDO A LA MEMORIA Y MIEDO AL CONFLICTO] La amnesia política no existe solo en función del pasado, no repercute únicamente en la ausencia de memoria histórica, no se reduce al negativo de una película gastada, ni desde luego a la falacia de sacrificar la verdad por la paz, la convivencia y la prosperidad. Cada […]
[MIEDO A LA MEMORIA Y MIEDO AL CONFLICTO]
La amnesia política no existe solo en función del pasado, no repercute únicamente en la ausencia de memoria histórica, no se reduce al negativo de una película gastada, ni desde luego a la falacia de sacrificar la verdad por la paz, la convivencia y la prosperidad. Cada vacío que dejamos en la vida se convierte en una práctica y un hábito. No hace falta leer a Freud, basta con vivir un poco y ser responsable y consciente de los propios actos, para saber la paradoja de que lo que tratamos de ocultar, no saber, no mirar, es lo que queda al descubierto, cuando salen las cosas que llamamos ‘lo peor de nosotros mismos’. Así, olvidar, temer o recelar del pasado no es solo una omisión, es un aprendizaje. Cien capas de polvo no ocultan lo que hay en el sótano, solo hacen mas espesa la niebla y el mal olor. Aprendiendo a olvidar, se aprende la miseria de relativizar los acontecimientos no relativizables, de aligerar el presente para evadir el conflicto.
Amnesia en nuestro caso es el silencio administrativo para los secretos a voces, el velo como una fosa común sobre millones de vidas y muertes, de calladas por respuesta y de respuestas sin pregunta, del periodo 1936-1982. Porque la materia del olvido también cubre las muertes, las heridas y los desaparecidos (en referencia a los que hoy están vivos pero son irreconocibles) que de 1976 a 1982 sufrieron los golpes del sentido común, para sofocar cualquier atisbo de antagonismo político que pusiera en riesgo El Plan, que desbordara las instituciones y el sistema de partidos implicado y diseñado en torno al postfranquismo.
En 1977 todavía colea la crisis del petróleo de 1974, ya se apuntan los primeros atisbos de reconversión industrial, y todo el arco parlamentarío rubrica en los Pactos de la Moncloa los recortes en materia laboral, de pensiones y gasto público, y el mantenimiento de una amplía capacidad de intervención y restricción de las libertades (por ejemplo la capacidad para secuestrar una publicación o prohibir el derecho de reunión). El contexto legal es un estado franquista en ‘régimen abierto’, que aún así genera una situación de posibilidad y apertura, propicia para la extensión de la capacidad de acción y organización, y marcada por el debate entre pacto o ruptura. «Se producen importantes movilizaciones que expresan las necesidades y deseos de amplios sectores sociales, teniendo el movimiento obrero y sus organizaciones, ilegales hasta marzo/77, un papel muy destacado en el impulso y organización de estas luchas. Aparece así un poder constituyente que, sin tener la magnitud que le ha adjudicado la izquierda, sobre todo su sector radical, alcanza cotas importantes de participación y combatividad»(1).
La negociación del aparato franquista con una parte de la oposición, no solo da inicio a un sistema de relaciones políticas, sino a una práctica y un discurso, al que podemos llamar pensamiento postfranquista, y que le da dos almas al proceso constituyente: Omertá respecto a las heridas y los crimenes del franquismo; y evasión y aplacamiento de los conflictos asociados tanto a la crisis económica como a la lucha política por la conquista de libertades y espacios. Para el pensamiento postfranquista la memoria es una enfermedad, un virus que puede hacer pedazos la vida real, de manera que quién esto escribe aún en los primeros 90 no había recibido una sola lección que tocara la República, la Revolución ni la guerra; o que las mínimas nociones de geografía política en la educación primaria, no den referencia alguna sobre los contenciosos históricos relacionados con el actual mapa autonómico. Como la paz es frágil, la historia es fuerte y la carne es débil, decidieron que mejor seria no mezclar la paz de las gentes con una memoria real, de manera que el presente se convierte en un terreno descontextualizado, sin recorrido, donde los acontecimientos no vienen de ningún lado, solamente ocurren, y por tanto no cabe razonarlos sino acatar. Hoy se puede hablar de esa historia desde una vitrina, ya que los hechos pueden ser citados, filtrados, interpretados y museizados al gusto del documentalista y el consumidor, sin riesgo de carga subversiva, social, política y penal. Hoy se puede, porque se han roto tantos puentes que mirar allí ahora también es mirar hacia otro lado. Esa obstrucción a la leve justicia del recuerdo, no es patrimonio de la derecha, también una parte de la izquierda no precisamente testimonial, me refiero en concreto al PCE y sus dirigentes, se libró en el vacío histórico del macabro recuerdo de Andreu Nin o las cacerías contra el POUM y los anarquistas. El mismo espantapájaros del guerracivilismo se utiliza para descalificar el concepto de conflicto en su dimensión social y política. El Plan requería un reparto de la representatividad que limitara el terreno de la acción política, a la vía institucional y al sistema de partidos e interlocutores sociales. Hasta la saciedad, el terror a la guerra fue explotado para noquear la práctica, la inteligencia crítica y la capacidad de movilización. Además del miedo lógico al golpismo cuartelero, la eficacia de la izquierda parlamentaria y sindical para la desmovilización material de la izquierda militante, abortó cualquier posibilidad de un tejido social con una cultura organizativa e intelectual autónoma, que fuera capaz mas allá de las adscripciones ideológicas y los vaivenes partidistas, de un alto grado de movilización y autodefensa. Esto se rompe solamente en Euskadi y de otra manera en Catalunya, pero en general la época deja una doctrina: el consenso se convierte en un valor, y el conflicto en sinónimo del odio y atentado furtivo contra la convivencia.
El discurso y la práctica política que nacen de ahí, se han convertido con el tiempo en un estado de conciencia colectiva, que a pesar de los coletazos combativos (huelgas generales, astilleros, movimiento anti-OTAN…) hoy rige en el fondo de la acción política y sobre todo de su ausencia. La transición nos ha dejado una política sin historia ni conflicto, sin proceso ni confrontación, una política (si es que así se le puede llamar) dentro del parlamento y fuera de la realidad.
[HABITO Y CULTURA POLITICA POSTFRANQUISTA]
Es un voto del miedo que dura 30 años, que ya no es miedo físico sino costumbre, que se ejerce cada minuto, cada mes, cada día con una renuncia paulatina y minuciosa a las grandes y pequeñas formas de dignidad, que borra sistemáticamente lo conflictivo, para no-sentir, no extraer consecuencias, seguir adelante que aquí significa no-luchar, no-luchar demasiado, no-luchar mas de lo necesario, pero sobre todo, solamente luchar para uno, por sobrevivir, no luchar sino competir.
En sintonía con la evolución general del mundo capitalista, el hábito y la cultura postfranquista se desarrolla gracias a una fragmentación de la realidad tan ficticia que alcanza niveles ridículos, pero tan efectiva que se ha convertido en «la normalidad». Las realidades son separadas y distanciadas en ejes temáticos y mesas de negociación, la despolitización de la problemática y sus salidas se convierten en las «condiciones básicas para el diálogo». Las confrontaciones de clase, género, laborales, económicas, nacionales…, la vida y la solución de la vida, los problemas y la solución de los problemas, son divididas en «paquetes de problemas» con «paquetes de medidas» desconectados y diplomaticamente manejables. Las realidades se alejan entre sí, y sistematicamente la discusión y las soluciones se alejan de sus protagonistas. La especialización de lo político, la legitimidad de las instituciones con las leyes como autoridad y fin último de las cosas, y el poderío sociológico de los medios de comunicación; todos estamentos que basan su posición de poder en una presunta distancia y neutralidad respecto a los acontecimientos, miden el valor y deciden el lugar de las cosas (por secciones o ministerios), incluida su inexistencia Según los ámbitos, esto se traduce de maneras distintas. Como ejemplo, en la evolución de la relación entre el feminismo institucional y el feminismo competitivista respecto a la violencia contra la mujer, la realidad cotidiana y mayoritaria de las mujeres y su capacidad de intervención, suelen acabar de una u otra manera usurpadas, «superadas» o limitadas: «Las batallas políticas en torno a la violencia que culminaron en 1989 con la reforma del Código Penal heredado del franquismo, se saldaron con un repliegue del movimiento feminista, que asumió la ley como horizonte último de la política»(2), abandonando el trabajo de organización por el de lobby, y confundiendo los logros personales de empresarias, banqueras o políticas con ‘el avance de la mujer’. El monopolio de las políticas de género inseparable del corporativismo de partido, y la confusión entre las triunfadoras y las cualquieras, iluminada por el amarillismo periodístico en torno al mito de «las mujeres al poder», sobredimensionó el éxito de unas tendiendo una cortina de humo sobre la situación de tantas, y sobre todo, acotó la violencia al terreno de los Asuntos Sociales-Asuntos Marginales. Por su parte, los sindicatos dan un ejemplo mas cachondo. La casi extraterrestre estratificación de su estructura organizativa y sus objetivos, divididos en federaciones-provincias-comunidades-secretariados-ejecutivas enfrascados en luchas de poder interminables, a la vez que anula la asamblea y cualquier toma de decisiones desde la base, responde a ese esquema de fragmentación que a nivel laboral se manifiesta en la meticulosa división por categorías profesionales y niveles de estabilidad, de consecuencias desastrosas. Entre el caos de la Rue del Percebe y el «El Proceso» de Kafka, el edificio sindical se ha convertido en una metáfora fiel del absurdo general: Mientras la negociación trilateral al mas alto nivel ha generalizado la contratación precaria y la desprotección, la negociación colectiva acuerda condiciones de trabajo para una mayoría de mano de obra que no está en condiciones jurídicas ni políticas de reclamarlas. Los dirigentes por un lado haciendo sentido de estado, por otro los cuadros medios burocráticos pactando convenios inaplicables, y la realidad por el suyo propio.
En este orden de cosas, la habitual alusión a «no-politizar» un determinado enfrentamiento, no se refiere solo al posible uso partidista, sino a la búsqueda de la solución individual y la solución técnica, a la varita mágica de la voluntad, el acuerdo y la eficacia, que por definición descarta el posicionamiento político y el análisis de las necesidades, la soluciones y los riesgos comunes.
Esto, que no en vano está en armonía con el modelo de sabiduría neoliberal, ha limitado valoraciones, estrategias y tácticas de todos los ámbitos de relación y conflicto, al calculo de costes y beneficios a corto plazo. De manera que CCOO podrá elevar a victoria la esperanza razonable de que una fábrica dure tres años mas en vez de su cierre inmediato, o IU podrá adaptar su mensaje a la esperanza razonable de conseguir dos diputados o no perderlos. Igual muchos pueden soportar la estupidez o el autoritarismo de un jefe pensando en conservar sueldo y estabilidad, no protestar por las condiciones de un contrato con la esperanza razonable de mantener un trabajo fijo-precario, o pagar una hipoteca para no tirar el dinero en el saco roto de un alquiler. Pero detrás de este calculo razonable hay un no-calculo. El problema no es tanto querer conservar una fábrica, un diputado, uno o 300 puestos de trabajo, comer mejor o dormir mas tranquilo, sino ceder una vez mas después de ceder tantas, y ante todo sentirse comprometido, corresponsable y necesitar «ser útil» en este «mundo en paz», que cada día pretende arrebatarte mas de lo poco que tienes, sin definir términos de conflicto, mejoras y alternativas a corto, medio y largo plazo. El resultado es una población rota en su capacidad colectiva de reflexión, expresión, acción y respuesta, que hace gala de una insultante generosidad política frente a una casta política que no merece el margen de confianza y ‘paciencia’ social con el que cuenta. Así se permite exigir renuncias sociales, económicas, jurídicas y políticas, «en son de paz» y en nombre del interés común, alcanzando sus objetivos sin excesivas dificultades.
La cultura política postfranquista ha construido una mirada superficial y estrecha de los actos, los acontecimientos y lo porvenir, que reduce de manera infinita el campo de visión y el radio de acción. Ha llegado a ser tan pequeña nuestra capacidad de decir, hacer y maniobrar, que ya ni alcanza el centro de trabajo, el barrio o la vivienda; de manera que nuestra «libertad de movimientos» se limita a disputarle el espacio vital al hijo, el padre, la madre, la pareja, la hermana, el amigo, o a ese cuerpo don Nadie que trabaja al otro lado de la mesa, el almacen, la ventanilla o el mostrador.
[2000-2004. LA PRIMERA CRISIS DE LA CONCIENCIA POSTFRANQUISTA]
Hasta el 2000, después del 23-F de 1981 (un shock determinante para el asentamiento del miedo) y desde la victoria del PSOE en el 82, la conciencia postfranquista mantiene su hegemonía intelectual y cultural. Además, durante la primera legislaura del tercer hombre, de 1996 al 2000, los parámetros de consenso y el modelo de paz social alcanzan sus cotas más altas. Salvo pequeños focos temporales o territoriales, como las como las contracumbres antiglobalización o el movimiento de okupación en Catalunya, la protesta es casi inexistente y no precisamente por falta de razones: en este tiempo la extensión de la precariedad cruza el límite de la «amenaza» para ser la estructura laboral básica; se desarrolla la legislación de extranjería, aumentan la irregularidad y la sobreexplotación, rebajando las condiciones generales de trabajo; el mismo 1996 se ratifica el Pacto de Toledo, que estrecha aún mas los derechos y el poder adquisitivo en materia de pensiones; se extienden las intervenciones liberticidas en Euskadi a través del sumario infinito 18/98, entre otras; o con el apoyo del PSOE, se participa en la agresión militar contra Serbia. En el terreno político-institucional, el definitivo carpetazo del PP a la memoria y las acciones penales respecto al terrorismo de estado, el apoyo de PNV y CiU a la gobernabilidad del primer ejecutivo de Aznar, y el compromiso de los sindicatos en materia de pensiones, «flexibilidad» del mercado de trabajo y reducción de la conflictividad, da cuenta de un sentido de estado casi pretoriano de los actores en liza. Tanto las burguesias nacionalistas como las burocracias sindicales, el PSOE en su particular condición de pato mareao y el propio gobierno, alcanzan el paroxismo de su función institucional, actuando con el rango de soldaditos de plomo, en posiciones mas o menos variables pero fijos en los límites estrictos del consenso.
Al final de los cuatro años de gracia, el 12 de marzo del 2000 marca la frontera entre una legislatura de supervivencia y la mayoría absoluta, cuyo papel se ha exagerado a la hora de comprender el perfil conflictivo de la época, dando lugar a un análisis estrecho y parcial, limitado a una crítica mas moralista que política del autoritarismo. Esto, que encaja como un guante con la estrategia del PSOE y su énfasis en las diferencias del «talante», jugó una función política coyuntural, pero hoy es una distorsión a la hora de comprender la verdadera dimensión de las confrontaciones de estos cuatro años. La conflictividad social, aunque limitada en sus objetivos y estrategias, era la expresión de contradicciones mucho mas profundas que el mosqueo de la población con un presidente malencarado. Durante este tiempo se mezclan tres elementos fundamentales:
– La decisión de Aznar de aplicar un programa de máximos. Cerrar el marco constitucional y territorial y forzar una «definitiva» cohesión identitaria e ideológica «de los españoles», centralizando los contenidos educativos, acelerando el proceso de apartheid de la izquierda abertzale, y cerrando el círculo de legitimidad a cualquier opción soberanista identificándola con el terrorismo. Potenciar la tercera contrarreforma social para un ‘nuevo periodo de desarrollo’, caracterizada por el aumento de la libertad empresarial para la contratación y el despido, la restricción de la capacidad de los trabajadores para elegir o rechazar un trabajo, el fomento de la movilidad funcional y geográfica, el desmantelamiento del sistema de protección social en el campo andaluz y extremeño, o en el terreno educativo el fortalecimiento de la relación universidad-empresa-mano de obra. Situar España como subpotencia en el mapa del imperio, mediante el alineamiento prioritario e incondicional con los Estados Unidos, y potenciando la expansión de las multinacionales financieras y empresariales españolas, en Latinoamerica o el Magreb.
– La proliferación casi semanal de datos sobre el coste y el gasto de la vivienda, durante esta época, trasciende «el problema de la vivienda» en su condición de hecho aislado. Es el reflejo de un aumento general de la precariedad, de las dificultades y la miserabilización de la la vida cotidiana, y la relación entre tiempo, espacio y calidad de vida. En su Informe anual del 2003 la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunciaba «el tremendo encarecimiento que la vivienda ha experimentado en los últimos cuatro años (ha subido más de un 60%), mientras que la media de los ingresos familiares sólo lo ha hecho en 9.1%», que también se traduce según otros informes en un precio cada vez mayor del m2 y el empequeñecimiento de la arquitectura, o sea, precios mayores por viviendas mas pequeñas. Según un informe de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), «las familias españolas destinan un 66% de sus ingresos al pago de deudas en forma de cuotas mensuales y un 51,8% reconocen que tienen dificultades para llegar a fin de mes… Ese porcentaje ha pasado de un 50% en 1993 a un 66% en 2001» (EFE, 12/6/02). Detrás de la crisis y la alarma respecto a las hipotecas, el mercado inmobiliario, la construcción y el suelo, late la descompensación entre el aumento general de los precios y el estancamiento salarial, el incremento de horas de trabajo necesarias para mantener el nivel de vida y la reducción del tiempo y los recursos para la vida al margen de las «obligaciones productivas». Debajo, un profundo descontento social, fruto de un proceso histórico, todavía sin cerrar. Dos generaciones se enfrentan al desmantelamiento de los réditos y la relativa estabilidad lograda durante el periodo desarrollista de los 80, manteniendo niveles de endeudamiento que se corresponden mas a las inercias que a la realidad soportable, mientras las generaciones mas jóvenes se encuentran frente a frente con un sinfin de incertidumbres, que se contradicen de manera cínica y abierta con el mensaje de ‘la sociedad de las oportunidades’, que comparten sin fisuras sistema educativo, agencias publicitarias, partidos, ETT’s, empresarios o sindicatos.
– Una serie de acontecimientos, unos mas previsibles que otros, se añaden a esta situación. El vertido de petróleo del Prestige, la invasión de Iraq y el accidente-negligencia del Yak-42, el ladrillazo en el parlamento de Madrid por el que dos diputados del PSOE votan contra la investidura de Rafael Simancas, el aumento notable de procesos de deslocalización de empresas, aumentan cualitativa y cuantitativamente los niveles de conflictividad.
Entonces, el mapa constitucional se le abren las costuras mal cerradas en Euskadi y Catalunya; las movilizaciones contra la LOU; el proceso Nunca Mais en Galicia y el flujo de voluntarios para la limpieza de las playas galegas; las multitudinarias manifestaciones contra la guerra; la denuncia unánime de los movimientos sociales a García Valdecasas o Ansuátegui (responsables de las subdelegaciones de gobierno en Barcelona y Madrid respectivamente) por sus actuación netamente represiva; la huelga general en respuesta la contrarreforma social; los movimientos contra el Plan Hidrológico Nacional o las deslocalizaciones, etc. Mientras, a nivel internacional las relaciones con Marruecos sufren una ruptura; la postura respecto a la invasión de Iraq desarma las relaciones con la UE; la revuelta argentina y de otra manera las reiteradas victorias de Chavez en Venezuela, ponen en cuestión la actuación de las multinacionales financieras y empresariales españolas, y por tanto uno de los ejes de la agenda española en política exterior. Todo da lugar a un clima de conflicto de muchos grados mediáticos, pero de baja intensidad todavía, que a pesar de su corto alcance podemos considerar como la primera crisis de la conciencia postfranquista.
A un nivel institucional el consenso sufre una fractura múltiple. Aunque los sindicatos mantienen un doble juego en concreto respecto a Andalucía y el desmantelamiento de la protección social, sostienen el tiempo de confrontación mas largo desde hacía mucho; el PNV recupera en la retórica principios abandonados tiempo ha en pos del pragmatismo, manteniendo una posición firme en la defensa del Plan Ibarretxe, mientras ante la atrofia institucional de CiU, ERC se convierte en el referente político catalán respecto a Madrid; el PSOE reinventa su papel de la transición buscando absorver y liderar el tempo de la calle, incluidos presidentes autonómicos como Chaves, que llega a amenazar al PP con un segundo 4 de diciembre(3). En este maremagnum IU se limita a subirse a todos los trenes, pero sin encontrar un lugar ni una posición política diferenciadora. Aquí es importante matizar que la dialéctica de estos enfrentamientos no ha sido siempre un todos frente al PP. En el caso de Euskadi, aunque el PSOE ha evolucionado hacía una posición cada día mas ambivalente, el Pacto Antiterrorista que ofrece un colchón político a la ilegalización de Batasuna o la clausura de Egunkaria, y que refuerza la tensión hasta límites desconocidos en 20 años, fue iniciativa del PSOE. En el caso de la ilegalización de Batasuna IU mantuvo una actitud ambigüedad vergonzosa. La invasión de Afganistán obtuvo el consenso del grupo parlamentario socialista, igual que en lo que toca a las relaciones con latinoamérica, el apoyo al expansionismo empresarial y financiero es prácticamente una cuestión de estado.
A nivel social, por primera vez el conflicto se percibe y se ejecuta como una consecuencia natural de una serie de acontecimientos que llaman a posicionarse, reflexionar y definir tácticas y estrategias. Aunque excesivamente centrado en el gobierno como el único culpable, y conectando unas luchas con otras en las consignas pero no en las prácticas, se difumina la fragmentación artificial y se percibe una ‘situación global’, rompiendo en algunos casos con los esquemas típicos e impuestos de resolución de conflictos. En este sentido la invasión de Iraq por supuesto no se atiene a negociación, diálogo ni ‘soluciones técnicas’, sino a planteamientos y decisiones políticas; en el caso del Prestige las ‘soluciones técnicas’ pasan a un segundo plano frente a un conflicto político no solo con el PP sino con el aparato del estado y su funcionamiento; o en la cuestión nacional, con el Plan Ibarretxe o las polémicas en torno a Carod Rovira, las cuestiones políticas y de principios vuelven al escenario, dejando a un lado las cuestiones administrativas y de competencias. En estas circunstancias, las llamadas a la «moderación» se comprenden como una solicitud maniquea y cínica, y aunque no se puede decir que la gente estuviera dispuesta a llevar el conflicto hasta sus últimas consecuencias, si que en el tiempo y la crítica las cosas superan en algunos momentos los ciclos controlables: protesta formal-cotrol político de la protesta-negociación-acuerdo desde arriba. Esto alcanza su cenit precisamente el 11M, cuando el gobierno condensa la mezquindad de cuatro años en tres días intentando conservar su margen electoral. El conflicto en la calle se convierte en una verdadera necesidad colectiva de saber y hacer algo para conseguirlo, el formalismo del día de reflexión se convierte en un absurdo frente a la situación, y en contra de lo que afirman determinados medios, el PSOE y PRISA van a remolque de la calle.
[VUELTA AL REDIL: ATRAPADOS EN LA CONCIENCIA POSTFRANQUISTA]
En estas circunstancias el autoritarismo y las formas, jugaron efectivamente un papel detonante. Pero si revisamos los distintos espacios de conflicto, ninguno de ellos nace de entonces ni se adscriben esencialmente a una cuestión de «talante», sino a temas económicos, educativos, ecológicos… de profundo calado político:
1- Las movilidad geográfica y funcional, que mas allá de los matices de cada uno, hoy ya es casi materia de consenso entre sindicatos capitalistas, estado, empresarios y economistas, y era el Caballo de Troya de la contrarreforma. Es un elemento político que afecta a la mano de obra tanto migrante como autóctona. Mediante estrategias distintas, se trata de desarmar o imposibilitar en la medida de lo posible, cualquier elemento de arraigo, estabilidad y protección económica o social, ya sea a nivel de prestaciones sociales, potestad jurídica para elegir o rechazar un empleo, posibilidades de asentamiento e integración a largo plazo en una población. En definitiva y dándole claridad los giros lingüísticos de las leyes y la política oficial, se trata de suprimir cualquier «comodidad» que le permita a alguien rechazar el traslado a un lugar distinto de donde desea vivir, rechazar un trabajo en otra localidad por el tiempo de trayecto, o rechazar una actividad que no se adapte a su formación o un trabajo por sus condiciones desfavorables. Mediante instrumentos y medidas distintas, que en el caso del campo andaluz era el desmantelamiento de la protección social para forzar nuevos procesos migratorios, y en el de la inmigración latinoamericana o norteafricana es el uso arbitrario de la ley de extranjería para aumentar o limitar la cantidad de mano de obra irregular, se trata de dar un salto cualitativo en la consideración del trabajo como una mercancía sometida a la «libre circulación» y a la lógica coste-beneficio.
2- La rotura del casco del Prestige afecta a un modelo internacional de transporte de mercancías, donde reinan la reducción máxima de costes a corto plazo (lo que repercute en la calidad de los barcos y en la seguridad general), la impunidad de las multinacionales respecto a las leyes estatales, y las propias necesidades económico-energéticas del occidente rico. En este mismo contexto, la sorprendente victoria del PP en las elecciones galegas o las denuncias de desidia calculada respecto a las labores de limpieza en algunos pueblos, con el objeto de cobrar la mayor indemnización posible, a parte de otras valoraciones históricas y culturales, son el fruto directo de las políticas de Bruselas que han desarticulado el sector pesquero y con el la economía productiva de la zona.
3- El PHN parte de fomentar un modelo de desarrollo de la agricultura y el turismo, en el levante valenciano, Murcia o el oriente andaluz de Málaga hasta Almeria, que necesita una enorme cantidad de explotación de agua y recursos energéticos para cultivos intensivos o campos de golf. Esto, no se soluciona con el intercambio de trasvases por desaladoras como demuestra la polémica que afecta al PSOE, la responsable de Medio Ambiente Cristina Narbona, algunos de sus asesores, y los alcaldes psocialistas en estas zonas. Este modelo de desarrollo forma parte de un consenso político desde hace ya casi veinte años, y que ningún dirigente de PP o PSOE se ha atrevido nunca a desacreditar.
4- La cuestión nacional afecta a procesos históricos, culturales y políticos que solo pueden hallar una solución sana y democrática en el respeto legal y real del derecho de autodeterminación. Una actitud mas versallesca de Zapatero logrará que durante un tiempo que los caciques que administran la representación política en Catalunya y Euskadi, cambien el oro de la autodeterminación por un poco de bisutería competencial, pero no logrará resolver las aspiraciones políticas pendientes.
5- La LOU pone de relieve un concepto de educación que debería marcar como pocos las diferencias políticas. Concibe la educación no como un derecho sino como un producto que se compra y por supuesto se vende, los saberes como algo al servicio exclusivo del sistema productivo, y a la Universidad no solo como lo que ya era en cuanto a producción de mano de obra, sino como un empresa mas que debe atenerse a la lógica de vender un servicio. «En esa dirección, se han puesto en marcha distintos mecanismos: desde la incorporación de representantes de las grandes empresas a los órganos de gobierno de las universidades a través de los Consejos Sociales, como El Corte Inglés o Telefónica en el caso de la Universidad Complutense, hasta la financiación directa (y por lo tanto el control) de las investigaciones, como es el caso de la Cátedra Repsol-YPF de la Universidad politécnica de Madrid»(4)
6- La responsabilidad del gobierno de Aznar en la invasión de Iraq es alta pero circunstancial en su sentido político. La magnitud de esta cuestión trasciende con creces al PP y alcanza al PSOE. Quince años después de la caída del Muro de Berlín, el orden internacional surgido del final de la II Guerra Mundial está obsoleto, y los vencedores han entrado en un delirio neocolonialista, que les permite pensar que es posible acabar con el terrorismo y la tiranía y que reinen la paz y la democracia «mediante los instrumentos de nuestra ciencia superior, en el marco de una campaña higienista en la que el conocimiento refuerza la eficacia de la desinfección…El concepto de Civilización nació a mediados del siglo XVIII, para ‘liberar’ los paises que antes había que destruir y saquear; como bien recuerda Jean Starobinski, vino a reemplazar y prolongar el discurso evangelizador de los misioneros de la Cristiandad»(5) Mientras en el caso de los sectores neoconservadores, esto se traduce en el modelo bushiano de la Guerra Preventiva, los europeístas y social-liberales, mucho más sofisticados, han definido el nuevo espíritu civilizador como «guerra humanitaria» o «injerencia democrática», que justifica por ejemplo el apoyo de tropas de Brasil, España o Marruecos al gobierno títere y golpista de Haití.
Estas y otras son cuestiones de fondo, fruto de conflictos políticos, y sujetos a luchas políticas, que han protagonizado la caída en picado de la Casa Aznar, pero que vienen de muy atrás, y siguen tan vigentes como entonces. La conflictividad general se ha ido replegando dejando otra vez despejada la vida pública. Aunque es cierto que estamos en un periodo de impass y que han vuelto episodios como el de Astilleros o las selecciones deportivas, sindicatos, empresarios, burguesías nacionalistas, casi todos salvo el PP, han situado la distensión como el centro de la agenda política, y se comienzan a señalar propuestas y espacios para generar un nuevo consenso, que repare vaya reparando estragos en el modelo de paz social y política. «Antes de cumplir 100 días de gobierno, el 8 de julio, Zapatero logró firmar un gran pacto social con sindicatos y empresas, destinado a reducir la temporalidad de los empleos e impulsar la competitividad»(6); el ambiente ‘institucional’ durante la Conferencia de Presidentes autonómicos a pesar de la calma tensa alrededor de Ibarretxe; el acuerdo de ERC y CiU en que «lo importante» no son los símbolos sino la financiación; muestran a la vez un movimiento de posiciones y la necesidad de las elites de renovar aquel estado de conciencia postfranquista. Sacar el conflicto de la calle, situar otra vez la frontera de la política en las instituciones, y restaurar el margen de confianza en la casta política, son los objetivos de las élites en este nuevo periodo.
Para eso se han superficializado los análisis, se ha centrado la crítica de la época pasada en la figura de Aznar, y se ha comenzado un proceso de desarticulación de la memoría respecto a la historia reciente. Para conseguirlo, el PSOE ha vuelto ha jugar sucio, por ejemplo maniobrando en el interior del movimiento contra el PHN para conseguir su división, o desarticulando donde ha podido las plataformas contra la guerra. Por otro lado, las debilidades del pasado reciente, la crítica limitada al gobierno, y la falta de profundidad crítica en cuanto a la raíz verdadera de los conflictos, se comienzan a manifestar ahora. Habrá que dejar un tiempo, pero es de temer que buena parte de la intelectualidad, que hizo una labor imprescindible en las últimas movilizaciones, se vuelvan a subir al guindo de manera voluntaria.
El objetivo de cualquier izquierda consciente hoy es romper con esa vuelta a las dinámicas de delegación, dejadez, desmemoria y apoliticismo que han caracterizado la mayoría de los últimos treinta años. Contrarrestar la versión oficial, y mantener una visión real, profunda y radical de las causas, las razones y los efectos de lo que hemos vivido en este tiempo, que permita mantener tanto la memoria como la continuidad de las luchas. Es la manera de construir un tejido social y político que dependa de si mismo, de sus relatos y su historia, de su capacidad crítica y autocrítica, de su cultura intelectual y organizativa. Romper las cuerdas invisibles de la conciencia postfranquista.
Notas:
(1) Centro de Asesoria y Estudios Sociales, «Transición política española y sindicalismo radical», www.nodo50.org/caes
(2) Cristina Vega, «Interrogar al feminismo. Acción, violencia y gubernamentalidad», www.rebelion.org 11/11/04
(3) El 4 de diciembre de 1977 y en años sucesivos, se producen manifestaciones multitudinarias para reclamar la Autonomía plena (la equiparación con Catalunya, Galiza y Euskadi) para Andalucía. Estas movilizaciones y el empecinamiento de la Unión de Centro Democrático (UCD) en una autonomía de segundo orden, minó la legitimidad del partido de Adolfo Suarez y lo convirtió en una fuerza minoritaria
(4) Carlos Fernández Liria y Luís Alegre, «La revolución educativa», Diagonal Nov-Dic 04
(5) Santiago Alba Rico, «Iraq año cero», Diagonal Nov-Dic 04
(6) Alicia Fraerman, «Trabajar más para ganar menos», www.rebelion.org 18/7/04