La Conferencia Territorial de ATTAC-España decidió redactar una segunda Carta, que ha sido entregada esta vez al Presidente del Gobierno, exigiendo una respuesta a la enviada un año antes al Secretario de Estado de Economía Transcurrido más de un año desde que el 15 de abril de 2005 una representación de ATTAC-España entregase un Documento […]
La Conferencia Territorial de ATTAC-España decidió redactar una segunda Carta, que ha sido entregada esta vez al Presidente del Gobierno, exigiendo una respuesta a la enviada un año antes al Secretario de Estado de Economía
Transcurrido más de un año desde que el 15 de abril de 2005 una representación de ATTAC-España entregase un Documento al Secretario de Estado de Economía firmado por 3.383 ciudadanos y ciudadanas, ATTAC redactó una segunda Carta dirigida esta vez al Presidente del Gobierno exigiendo una respuesta. En el primer escrito se denunciaba la insuficiencia de medidas legales para combatir la evasión y el fraude fiscal en nuestro país, así como para controlar el blanqueo de dinero del crimen organizado ; al mismo tiempo que se pedían medidas para combatir a los paraísos fiscales extraterritoriales , causantes de este descontrol financiero generalizado. Este documento se acompañaba del Manifiesto del Comité de Apoyo de ATTAC-España «Algunas medidas para acabar con los paraísos fiscales» firmado por relevantes personalidades de la cultura y el arte.
El nuevo escrito al Presidente del Gobierno es el siguiente:
La Asociación por la Tributación de las Transacciones financieras y Acción Ciudadana que, bajo el acrónimo de ATTAC-ESPAÑA, agrupa a las asociaciones con idéntica denominación reconocidas legalmente en España, e integradas en la red de movimientos sociales mundiales que defienden la necesidad de regular y controlar los movimientos de capitales internacionales y los mercados financieros globales; y en su nombre y representación los ciudadanos representantes abajo firmantes, con el debido respeto y consideración,
EXPONEN:
1.- Que, transcurrido más de un año hasta la fecha, esta Asociación no ha recibido contestación alguna al escrito presentado en su nombre en el Ministerio de Economía y Hacienda (con nº de registro : 10263 / RG 22361), con fecha 15 de Abril de 2005 y dirigido al Secretario de Estado de Economía, adjuntando un documento suscrito por los ciudadanos/as identificados cuyas tres mil trescientas ochenta y tres (3383) firmas figuraban debidamente en hojas adjuntas, acompañado de otro documento titulado Manifiesto del Comité de Apoyo de ATTAC – Algunas medidas para acabar con los paraísos fiscales, suscrito por relevantes personalidades de la cultura y el arte que como ciudadanos conscientes participan de las inquietudes expresadas en el mencionado escrito al que prestaban su apoyo.
2.- Que una representación de Attac-España fue convocada en el Ministerio de Economía y Hacienda a una reunión, celebrada el miércoles 20 de Abril 2005, desde las diez hasta las doce horas, con la Directora General del Tesoro – Presidente de la comisión permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo y el Subdirector general, a quienes los representantes de Attac tuvieron la oportunidad de exponer y ampliar verbalmente las razones y los datos de la documentación presentada así como de la gravedad de los problemas denunciados y la necesidad de que las propuestas presentadas fueran tomadas en consideración, quedando pendiente, además de la respuesta formal al escrito presentado, la celebración de una entrevista con el Secretario de Estado de Economía considerando que los miles de ciudadanos representados son merecedores de la misma consideración que la otorgada a las representaciones de instituciones privadas económicas; sin que hasta la fecha Attac haya recibido ninguna otra comunicación.
3.- Que teniendo en cuenta la documentación presentada acreditativa de la representación por parte esta Asociación de unos miles de ciudadanos de toda España, la carencia de respuesta formal por parte de un órgano de la Administración pública ha de ser considerada como violación del derecho de petición recogido en el art. 29 de la Constitución española, incumpliéndose asimismo lo establecido en la legislación vigente; y lo que resulta aún más grave, dado el tiempo transcurrido se evidencia la inexistencia de indicación o indicio de que en las medidas propuestas por unos ciudadanos interesados por el bien común, hayan sido objeto de atención por el Ministerio de Economía y Hacienda, hecho agravado porque las medidas adoptadas últimamente o anunciadas por el Gobierno relativas a la cuestiones suscitadas contradicen estas demandas presentadas por unos miles de ciudadanos que en este caso representa Attac-España en pura defensa de intereses vitales generales, sin que estén en juego intereses particulares de los miembros de esta Asociación.
4.- Por tanto, la Conferencia territorial anual de representantes de Attac de toda España, celebrada en Madrid durante días 14 y 15 de Enero de 2006, ha quedado constancia del malestar de los miembros de la Asociación porque durante los diez meses transcurridos desde la presentación del escrito referenciado, esta Asociación nacional no haya merecido una respuesta del Secretario de Estado de Economía; adoptando, por tanto, el acuerdo de que fueran reiteradas las referidas demandas y presentadas al Gobierno, expresando asimismo nuestra honda inquietud y disconformidad con relación a algunas medidas adoptadas o anunciadas durante el año 2005 por el Gobierno actual que revelan una carencia de sensibilidad entre sus miembros frente a la gravedad de los problemas del blanqueo de capitales ilícitos derivados del narcotráfico, de los casos denunciados de corrupción asociada en particular a la gestión pública y del incremento de los signos de una difundida evasión fiscal mediante los conocidos paraísos fiscales.
5.- En primer lugar, esta representación de Attac-España ha de reiterar que en el escrito y la documentación presentada el pasado 15 de Abril de 2005, esta Asociación denunciaba las actuales deficiencias de supervisión y de regulación estatales en la banca, las finanzas, las firmas auditoras y los despachos de abogados y notarias que han hecho posible hechos delictivos muy graves ocurridos en nuestro país, con perjuicios significativos para el Estado, que ve reducidos sus ingresos tributarios y la seguridad de los procesos mercantiles- financieros; además, con el fin de que fueran tomadas en consideración y para la elevación al Gobierno de España en los casos que procediera, el referido documento consignaba una serie de propuestas básicas de ATTAC para combatir el uso y aprovechamiento de los paraísos fiscales con fines de blanqueo de capitales ilícitos y de evasión fiscal, demandas que reproducimos de modo resumido:
a) Que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y su Servicio Ejecutivo programen y desarrollen una campaña de divulgación pública de las medidas de todo tipo previstas para el antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo destinada a concienciar y a incentivar la colaboración de los ciudadanos y en particular de los responsables de entidades bancarias y financieras en el objetivo de impedir el blanqueo del dinero del narcotráfico, del comercio inhumano de la inmigración y la prostitución y la financiación de las redes terroristas, con información pública y periódica de los resultados.
b) Que en el Plan de Reforma del Sistema Fiscal previsto por el Gobierno actual se incluyan medidas eficaces que neutralicen y anulen la incidencia negativa de los centros offshore como paraísos fiscales en la prevención de todo tipo de la delincuencia financiera, incluido el fraude y la evasión fiscal y en la reducción de la recaudación tributaria de las Administraciones del Estado, entre otras, la reforma del Real Decreto de 1991, modificado en 2003 , que relaciona los países y territorios considerados paraísos fiscales para la legislación española, para lograr su efectividad real. Asimismo, esa reforma legislativa – que solicitamos – debería abordar la negación del reconocimiento jurídico ante el ordenamiento español de las sociedades mercantiles y entidades financieras registradas en esos paraísos fiscales , donde en la mayoría de los casos no realizan ninguna actividad económica siendo meras ficciones legales con efectos dañinos para los demás países; en todo caso, deberían quedar excluidas de la posibilidad de participar en la contratación pública en España todas aquellas sociedades mercantiles, entidades bancarias y grupos empresariales que disponen de sucursales, filiales y entidades corresponsales registradas en países y territorios calificados como paraísos fiscales; quedando igualmente excluidas, y por la misma circunstancia, de cualesquiera exención fiscal, subvención y/o ayuda pública.
c) Que, teniendo en cuenta los graves hechos delictivos fiscales y financieros ocurridos en España, el Gobierno adopte un Plan Integral de Medidas Legales y Administrativas que aseguren la efectiva regulación y control de los procesos bancarios, financieros y fiscales y el efectivo cumplimiento de la legislación vigente, particularmente en relación con los delitos fiscales y financieros , incluyendo la introducción de modificaciones legislativas que superen las lagunas legales existentes que, como han denunciado públicamente los propios técnicos de la Administración Pública, facilitan de hecho el desarrollo de tramas mafiosas en la economía.
d) Finalmente, se solicitaba de el compromiso del actual Gobierno para desarrollar una honesta política de transparencia pública, informando puntualmente a la ciudadania a través de los medios de comunicación incluidas las webs oficiales, de las decisiones de los organismos internacionales en los que España está representada y participa, así como de la posición adoptada por la representación del Gobierno Español en tales decisiones conjuntas referidas a estas materias apuntadas.
e) A esas propuestas hemos de añadir la urgencia de revisar el vigente Reglamento de prevención del blanqueo de capitales que establece excepciones a la norma básica de la identificación de cualquier cliente por los bancos y entidades financieras para detectar a los autores de operaciones de lavado de dinero sucio, posibilitando las operaciones sin identificación del titular beneficiario en movimientos transnacionales de capitales de países de la UE o de terceros países como Suiza o cualquier paraíso fiscal, obstaculizándose así la lucha contra el blanqueo de capitales.
6.- En segundo lugar, Attac-España considera que las informaciones de diverso tipo reflejadas en los medios de comunicación, en particular en los medios especializados en economía y finanzas, muestran la frecuencia de la actividad financiera offshore por parte de bancos y empresas españolas, con datos que revelan la creciente difusión del objetivo de la evasión del pago de impuestos como elemento de la estrategia practicada actualmente por los grandes grupos bancarios y empresariales con sede central en España y filiales en centros financieros extraterritoriales; y que estos comportamientos fiscalmente evasores se extienden cada vez más a los contribuyentes ordinarios que disponen de ahorros en determinada cuantía, mediante las distintas fórmulas inversoras que se ofrecen por parte de grandes corporaciones bancarias y financieras así como de las agencias que promocionan comercialmente la «inversión» financiera en notorios paraísos fiscales.
7.- En tercer lugar, Attac-España denuncia públicamente que determinadas medidas adoptadas por el Gobierno de España durante 2005, relacionadas con las cuestiones planteadas, están contribuyendo de algún modo a la promoción de las inversiones financieras offshore cuya única motivación es la búsqueda del aumento de su rentabilidad mediante el impago de impuestos en España. En este sentido manifestamos nuestra protesta más enérgica por la suscripción en nombre del Reino de España de diez acuerdos de intercambio de información fiscal con reconocidos paraísos fiscales, integrados en la relación oficial de la OCDE (Informe de progreso del proyecto de competición fiscal perjudicial de 2000), ratificados por acuerdo mayoritario del Congreso del 30 de Junio de 2005, que se refieren simplemente a la fiscalidad del ahorro de las personas físicas en entidades bancarias, ignorando los depósitos de las personas físicas que se esconden en fideicomisos o trusts , o están a nombre de sociedades offshore y otras entidades sui géneris propias de los centros offshore caracterizados por su opacidad y carencia de cooperación internacional; ignorando realmente el problema de la evasión fiscal vía esas jurisdicciones. Más aún, en la línea más actual de los organismos internacionales controlados por el Gobierno de Washington, entre esos acuerdos fiscales se incluyen los celebrados directamente con las Dependencias de la Corona británica como las islas de Jersey (asociadas los casos judiciales de Gescartera y del BBV), de Guernesey y de Man, a cuyas jurisdicciones se les otorga el tratamiento de Estado soberano e independiente, respaldando así el Reino de España, ante los operadores españoles e internacionales, la confianza en tales centros financieros extraterritoriales. Además de la confusión jurídica y dificultades añadidas en relación con el Real Decreto de 2003, que modificó el de 1991 que relaciona los países y territorios considerados paraísos fiscales para la legislación española.
8.- En cuarto lugar, mediante el presente comunicado, los representantes de los diversos grupos de Attac en el Estado español reunidos en Conferencia territorial manifiestan rotunda y públicamente su total desacuerdo con la reforma fiscal anunciada que – según declaraciones del Secretario de Estado de Hacienda – incluirá la rebaja del impuesto de sociedades para las grandes empresas, con una pérdida de ingresos fiscales que ya se han evaluado en 4000 millones de euros anuales. De llevarse a efecto, España se sumaría a la política la «carrera hacia abajo» en materia de impuestos, propia de los gobiernos neoliberales que pretenden atraer y retener al capital transnacional mediante sistemas fiscales injustos basados cada vez más en exenciones para las rentas del capital, una mayor tributación del trabajo asalariado y el consumo y disminuyendo la progresividad de los impuestos directos sobre todas las rentas. Unas políticas que generan déficit fiscal de los presupuestos públicos que justifica luego la reducción de prestaciones sociales y la privatización del patrimonio público, o cuando menos impiden o dificultan la viabilidad de niveles de protección social razonables y efectivos.
Asimismo Attac-España expresa su total desacuerdo con las medidas tributarias hasta ahora anunciadas o adoptadas por el Gobierno con la pretensión de combatir la evasión fiscal pero referidas básicamente a los contribuyentes declarantes e ignorando los datos técnicos hechos públicos por la propia Inspección de Hacienda que señalan a los paraísos fiscales como las plataformas para la gran evasión de impuestos en España; hecho que se evidencia por el número elevado de bancos y empresas españolas que tienen domiciliadas sociedades offshore filiales en islas y enclaves considerados paraísos fiscales, donde no realizan actividad mercantil real alguna pero que se sirven de ellas como instrumentos para operaciones financieras y comerciales en territorio español posibilitando el impago de impuestos en España cuando no el blanqueo de capitales de la droga, la especulación inmobiliaria o la financiación de actividades ilegales que contribuyen a la corrupción.
En apoyo de las propuestas presentadas y de las consideraciones que se añaden en este comunicado, Attac-España manifiesta públicamente la disponibilidad de expertos reconocidos en las materias referidas para prestar la oportuna colaboración con los órganos competentes del Gobierno con fin de adoptar las debidas medidas legales y administrativas que permita el combate eficaz contra la evasión fiscal y la prevención del blanqueo de capitales mediante los paraísos fiscales.-
En Madrid, a 8 de mayo de 2006.
En representación de Attac-España,
Ricardo García Zaldívar y Antonio Fuertes Esteban
Sr. PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA