Los pensionistas, para determinar la magnitud del saqueo perpetrado por los diferentes gobiernos a las cotizaciones sociales y fundamentar su restitución o compensación a la caja única de la Seguridad Social exigen al gobierno una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social cargo del Tribunal de Cuentas.
Esta exigencia ha tomado forma de acción parlamentaria por parte de Salvador y Duch, Jordi (GR), Errejón Galván, Íñigo (GPlu), Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki (GEI Bildu), Baldoví Roda, Joan (GPlu), Pita Cárdenes, María del Carmen (GCUP-EC-GC) y Botran Pahissa, Albert (GMx), que presentaron el 16 de febrero una solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para que se le encargue la realización de las auditoria.
EL MINISTRO ESCRIVÁ INCUMPLE LOS PLAZOS FIJADOS POR LA LEY.
En la Ley 21/2021 aprobada el 28 de diciembre con entrada en vigor el 1 de enero de 2022, ley con la que el Sr. Escrivá da el primer golpe a la Seguridad Social. En su disposición adicional sexta relativa al informe de auditoria sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, recoge lo siguiente:
“En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social…
Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses (..), comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”
Escrivá incumple el plazo establecido de un mes para encargar el informe. Olvidó que las autoridades no solo están obligadas a que los demás cumplan la ley, sino que también están obligadas a cumplirlas ellas mismas. El ministro debería saber que el incumplimiento de la lay es inexcusable y muchos más, si cabe, si se es ministro de un gobierno.
MULTITUDINARIO APOYO A LAS PETICIONES DE LOS PENSIONISTAS.
En apoyo de la auditoría, además de los parlamentarios que encabezan la petición en el Congreso, los pensionistas recabaron más de 300.000 firmas individuales, centenares de apoyos de Ayuntamientos en sesiones plenarias, de asociaciones de vecinos, de artistas, periodistas e intelectuales, de diferentes partidos y organizaciones políticas. A favor de la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social se pronunciaron también congresos sectoriales de CC.OO, el 15 Congreso de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT y el 43 Congreso Confederal de la UGT.
Una manifestación convocada por todas las asociaciones y plataformas de pensionistas a la que asistieron 30.000 personas, que contó con la participación de numerosos agrupaciones sindicales y organizaciones políticas invitadas, llenó las calles de Madrid el 26 de octubre.
Frente a los mensajes catastrofistas de la falta de recursos para las pensiones de las futuras generaciones, hoy trabajadores activos, ha surgido la necesidad de responder a la pregunta que miles de trabajadore se hacen:¿dónde fueron a parar nuestras cotizaciones sociales? La propaganda desplegada por los interesados en los fondos privados de pensiones advirtiendo de la quiebra de la Seguridad Social y la necesidad urgente que anunciaban de nuevos recortes, rebajando el gasto el pensiones, se ha demostrado que son una sarta de mentiras.
La AIREF, el Banco de España, la Unión Europea, los representantes del capital financiero e incluso los congresos de algunos partidos de izquierdas, han pretendido justificar las reformas en la existencia de déficits estructurales del régimen de reparto de nuestra Seguridad Social. Y ese argumentario se ha demostrado que es falso. Y esta convicción es la que nutre las movilizaciones presentes y futuras de los pensionistas. Que los mismos que propagan la incapacidad financiera para atender las pensiones contributivas se nieguen a que se auditen las cuentas de la Seguridad Social solo demuestra que no desean que pierdan fuerza sus previsiones catastrofistas, y que, muy al contrario, pueda demostrarse que los recursos existen pero desviados a usos impropios. Temen que la auditoria pueda poner de manifiesto la innecesaridad de los recortes.
¿DÉFICIT ESTRUCTURAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL O SAQUEO ESTRUCTURAL Y SISTEMÁTICO DE LAS COTIZACIONES SOCIALES?
Hoy es una evidencia que los distintos gobiernos anteriores utilizaron las cotizaciones sociales para financiar gastos que no eran propios del sistema de reparto, y al tiempo se constata que los cuantiosos excedentes del sistema de reparto nunca aparecieron.
Una propuesta presentada por el Secretario General de CCOO el 28 de noviembre de 2016 en el Pacto de Toledo explica:
“Las cotizaciones han servido en el pasado para suplir la insuficiencia impositiva y sostener la sanidad y otras políticas públicas, por la vía de las transferencias al Estado de los superávits del sistema de Seguridad Social que durante décadas no se destinaron a dotar al fondo de reserva. Aunque solo sirva como ejercicio didáctico, pues ninguna deuda ha generado, si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al del pago de las pensiones se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de 519.104 millones de euros, y no habría problema para financiar el aumento del gasto en pensiones”.
Un trabajo de Economistas frente a la Crisis, en un periodo similar al de CCOO, capitaliza el valor del desvío anual de cotizaciones de la Seguridad Social a la Administración Central del Estado en más de 800.000 millones de euros.
Se trata de unas prácticas que van contra el patrimonio de la Seguridad Social, pues las cotizaciones sociales no pueden destinarse a fines distintos de los reconocidos en la ley. El propio Escrivá reconoció que solo el último ejercicio cerrado, las cotizaciones utilizadas para financiar los llamados gastos impropios superaban 22.000 millones de euros anuales.
Estos elementos han derribado la letanía interesada que pregonaba la teoría de los déficits estructurales de la Seguridad Social, que solo eran falsos déficits.
LOS GOBIERNOS NO ATIENDEN LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
Una reciente auditoria del Tribunal de Cuentas cuantifica los gastos no contributivos soportados por la Seguridad Social en un importe estimado en 103.690 millones de euros, para una periodo y conceptos delimitados, cuya financiación debió correr a cargo del Estado y no de las cotizaciones sociales.
Pero ha sido en el análisis de los préstamos a la Seguridad Social donde hace más tiempo el Tribunal destapó irregularidades centrándose en la financiación de los falsos déficits, que generó una deuda de la Seguridad Social que llega en la actualidad a los 100.000 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas el 26 de noviembre de 1998 con la firma de su presidente
“PROPONE a las Cortes Generales que se requiera al gobierno para que adopte las medidas que sean necesarias para que la Cuenta General del Estado y las de las Entidades que la conforman se ajusten plenamente a la legislación aplicable”
En el Informe del Ministerio Fiscal al Pleno del Tribunal de Cuentas se dice que la contrapartida de los préstamos “no aparece registrada en la contabilidad del Estado”, y por eso:
“Estima el Tribunal que corresponde al Estado ajustar sus cuentas para solucionar la indicada discrepancia, a través de la condonación de los préstamos ahora examinados, lo que equivaldría en el fondo a la concesión de una transferencia, carácter que, a su juicio, deberían haber tenido desde un principio estas aportaciones estatales.
En general, y en relación con las deudas de la Seguridad Social derivadas de los préstamos recibidos por la Administración, entiende el Tribunal que debería abandonarse la financiación a través de préstamos”.
Todas estas propuestas y consideraciones se han ido reiterando en casi todos los informes del Tribunal de Cuentas. No se ha atendido por los sucesivos gobiernos y la falsa deuda que han generado los préstamos en las cuentas de la Seguridad Social sirven de un sólido argumento para que todos los que quieren reducir las prestaciones y dejar espacio a los fondos de pensiones, agiten la propaganda de que nuestro régimen de reparto no tiene un futuro sostenible desde un punto de vista financiero.
La política de recortes de las pensiones y de endurecimiento de las condiciones de acceso a la pensión se justifican en los falsos déficits y préstamos necesarios para cubrir el saqueo a las cotizaciones sociales del sistema. La manipulación contable produce un efecto distorsionador de las cuentas públicas, principalmente porque reduce el déficit del Estado y, lo traslada a la Seguridad Social, donde figura como déficit. Constituyendo así una aparente justificación de la necesidad de las reformas.
Cuantificar mediante la auditoria pública los gastos impropios asumidos por la Seguridad Social, restituir a la caja única los recursos necesarios para reponer el fondo de reserva y anular la falsa deuda con el Estado que luce en las cuentas de la Seguridad Social, tal como desde hace decenios recomiendan las fiscalizaciones de las cuentas públicas, constituyen una exigencia democrática irrenunciable.
Juan Miguel Fernández. Profesor honorifico de la Universidad Complutense, Portavoz de CorpenMadrid.COESPE.
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