La impunidad total y las violaciones son las causas del aumento tan sumamente significativo de los asesinatos crueles e inhumanos de mujeres adolescentes y jóvenes en Guatemala. Sólo en 2005, según Amnistía Internacional, al menos 665 mujeres fueron asesinadas brutalmente en este país de América Central. Cifra que en los 3 últimos años asciende a […]
La impunidad total y las violaciones son las causas del aumento tan sumamente significativo de los asesinatos crueles e inhumanos de mujeres adolescentes y jóvenes en Guatemala. Sólo en 2005, según Amnistía Internacional, al menos 665 mujeres fueron asesinadas brutalmente en este país de América Central. Cifra que en los 3 últimos años asciende a más de 2500 mujeres asesinadas. La inmensa mayoría de ellas es secuestrada y sometida a sufrimientos extremos antes de morir. Sus cuerpos aparecen mutilados, descuartizados y con síntomas evidentes de haber sufrido salvajes violaciones.
Ni Óscar Berger Perdono, presidente de la República de Guatemala, ni Carlos Roberto Vielmann Montes, ministro de Gobernación, ni el Partido Avanzada Nacional (PAN), al que pertenece el actual Gobierno, ni el Partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), hoy en la oposición, intervienen de forma eficaz para que se busquen a los asesinos y se les condene.
El ex guerrillero Julio Mora comentó a distintos medios de comunicación nacionales y extranjeros que «no es cierto que se haya avanzado en el sistema político, ya que hacer política en Guatemala significa tener millones de quetzales y colaborar con las mafias que han introducido en los partidos políticos, las mismas que controlan el Estado».
Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, declaró recientemente que «en reiteradas ocasiones hemos escuchado que la paz no es sólo la ausencia de la guerra. La paz también es justicia, erradicación de la impunidad, progreso sociocultural, desarrollo con equidad, garantía de los derechos a la educación, salud, trabajo, vivienda., es contar con un sistema de participación y de representación política genuina que favorezca el cumplimiento, en todos los estratos sociales, de los Derechos Humanos.
El padre de Claudina, estudiante de 19 años asesinada el 13 de agosto de 2005, manifestó que «su hija Claudina fue asesinada por una sola cosa: impunidad… El asesino de Claudina sabía que la probabilidad de que lo apresasen era muy remota».
La discriminación que sufren las mujeres en Guatemala, tanto por parte de la sociedad como por algunas leyes, explica la falta de respuesta de las autoridades frente a estos crímenes. Las mujeres siguen muriendo en Guatemala y estos crímenes quedan impunes.
Obviamente los débiles avances impulsados por el Gobierno guatemalteco son insuficientes para proteger a las mujeres. En concreto, la falta de calidad en las investigaciones forenses y el elevado número de casos archivados debido a falta de evidencias dejan claro que sigue habiendo fallos en la respuesta institucional.
En 2005, con al menos 665 asesinatos registrados, sólo dos casos han terminado con sentencia condenatoria. Es necesario, pues, seguir manteniendo la presión, para que el Gobierno de Guatemala impulse nuevos avances y garantice una investigación apropiada que permita juzgar a los responsables y poner fin a la impunidad.
El Estado guatemalteco tiene la obligación de proteger a las posibles víctimas, investigar y sancionar a los culpables, así como ayudar plenamente a las familias de las mujeres asesinadas. Guatemala ratificó en su día la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y otros tratados que obligan al Gobierno de este país a afrontar directamente y sin demoras este tipo de violaciones de Derechos Humanos desde una perspectiva de género.
Aún persisten en dicha nación leyes discriminatorias contra la mujer. Legislación esta que el Congreso tiene el deber de eliminar. Asimismo, está obligado a aprobar, sin dilación, el borrador que ha de convertirse en ley con el objetivo de criminalizar las agresiones sexuales y otros actos de violencia contra las mujeres.
La Comunidad Internacional debe instar al Gobierno de Guatemala para que garantice ante la opinión pública mundial que se lleva a cabo una investigación de calidad con el objetivo de acabar con la impunidad existente sobre estos crímenes.