La genómica está de moda. No porque vaya a resolver los problemas de salud de la gran mayoría de la gente -provocados fundamentalmente por la mala alimentación, falta de agua limpia y otros factores producto de la explotación y marginación que viven y no por sus genes- sino por las enormes ganancias que las trasnacionales […]
La genómica está de moda. No porque vaya a resolver los problemas de salud de la gran mayoría de la gente -provocados fundamentalmente por la mala alimentación, falta de agua limpia y otros factores producto de la explotación y marginación que viven y no por sus genes- sino por las enormes ganancias que las trasnacionales farmacéuticas esperan conseguir al patentar nuevas drogas derivadas de la «farmacogenómica» (drogas diseñadas según la composición genética de los pacientes).
Este es el contexto del anuncio del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) de que el 27 de junio comenzará el muestreo de la población de Yucatán, para «elaborar el mapa del genoma de los mexicanos». Claro, los mayas ya deberían tener experiencia en el tema: su información genética se vende a 85 dólares en Internet. Yucatán, junto con Oaxaca, son las entidades federativas con mayor porcentaje de población indígena.
Desde hace un par de décadas, investigadores de universidades de países del norte se dedican a la caza de genes humanos, fundamentalmente de poblaciones indígenas, discapacitados y grupos geográficamente aislados, para descubrir diferencias mínimas en sus genomas que pudieran indicar tendencias a resistir -o ser más propenso- a ciertas enfermedades.
Lejos de ser proyectos altruistas para atender los problemas de salud de esos grupos, quienes tienen la tecnología y medios para usar esta información son poderosas trasnacionales, farmacéuticas o relacionadas con ese campo, que esperan encontrar nuevos medicamentos best-seller, y monopolizarlos por medio de sus patentes. No necesariamente como medicinas: la mayor fuente de ingresos de la industria farmacéutica son las drogas para gente sana. Por ejemplo, se investiga con el pretexto de atender la diabetes, pero el resultado se vende 10 veces más como droga para reducir de peso.
Las empresas ni necesitan muestrear a la gente. Desde hace años, muchas universidades han investigado, aislado y colocado a la venta en Internet líneas celulares o genes humanos «para la investigación» genómica. Por ejemplo, en el banco de células humanas del Instituto Coriell, de los Institutos de Salud de Estados Unidos, se puede comprar ADN de indígenas de muchas partes del mundo. Significativamente, comprar material genético de «México-americanos» de Los Angeles, garantizada su ascendencia indígena en tres generaciones, cuesta 3 mil 800 dólares, mientras que muestras de «indios mexicanos» se consiguen por 200 dólares, y las de «indios mayas» de la península de Yucatán al módico precio de 85 dólares.
Al mismo precio se puede comprar células humanas de indígenas huorani del Ecuador, de quechuas de los Andes, de Karitiana y Suruí de la Amazonia en Brasil, de Guyana, Venezuela, Puerto Rico y el Caribe entre muchos otros africanos, asiáticos y hasta algunos europeos. Los Karitiana y Suruí han protestado enérgicamente y están en un proceso contra la venta de estas células, apoyados por el estado brasilero. Por ahora, sus células siguen a la venta.
Probablemente muchas de estas muestras provienen del Proyecto Diversidad Genética Humana (HGDP, por sus siglas en inglés) proyecto de varias universidades iniciado a principios de los años 90, que se proponía buscar las diferencias genéticas -llamadas SNP, también por sus siglas en inglés- en 722 comunidades en todo el mundo, muchas de ellas grupos indígenas definidos «en peligro de extinción».
El HGDP pretendía «conservar el material genético para la investigación» antes que desaparecieran. No conservar la gente, sino solamente el material genético. Los muestreados no sabían para qué fines fueron utilizados y la información fue colocada en Internet y en bancos similares al del Instituto Coriell, dando origen posterior a muchas patentes sobre ellas, de empresas y universidades. Gracias a las denuncias de RAFI (ahora llamada Grupo ETC), junto a pueblos indios del mundo, el Proyecto Vampiro, como se le llamó, tuvo que diluirse, pero nunca dio cuenta de las muestras obtenidas.
Un lavado de cara y el Vampiro ataca de nuevo, aplaudido como espectáculo, con un despliegue mediático de enormes proporciones. Ahora es el proyecto Genographic (Genógrafico), patrocinado por la multinacional IBM y la revista National Geographic. Siguen tras el ADN de los pueblos indios, diciendo que solamente será para «investigación», y otra vez, para el bien de toda la humanidad: esta vez para establecer genéticamente los orígenes y migración de la especie humana. Luigi Luca Cavalli-Sforza, principal impulsor del HGDP, preside ahora el consejo de asesores del proyecto Genógrafico. Spencer Wells, director del programa, es uno de sus discípulos.
Otro proyecto similar, de recolección de muestras de grupos indígenas, está en marcha desde hace dos años: el Proyecto Internacional HapMap, financiado por fuentes públicas y privadas para tomar muestras de poblaciones de Estados Unidos (y «México-americanos»), China, Nigeria y Japón. Entre los financiadores privados del HapMap se encuentra el SNP Consortium, integrado por AP Biotech, AstraZeneca, Aventis, Bayer, Hoffman La Roche, Glaxo Wellcome, Novartis, Pfizer, Searle, SmithKlineBeecham, Wellcome Trust, Motorola… y otra vez, IBM, cuyas tecnologías digitales están en el centro de la farmacogenómica.
Tanto el proyecto HapMap como el Genográfico dicen que no patentarán los genes que consigan, y que todo estará en Internet, a disposición del público. Pero, ¿qué público? El «público» altamente privado de quienes tengan las tecnologías (todas patentadas) y los recursos para usarlas, o sea, las mismas compañías. Las reglas de acceso a esta información genética dicen que no se puede patentar en la misma forma en que se las obtiene, pero cualquier mínima modificación es suficiente para solicitar una patente. Pese a eso, las empresas cuentan también con la participación oficial de los gobiernos y recursos públicos para el saqueo de genes.
En Brasil, pese al supuesto apoyo a los Karitiana para impedir la venta de sus células, el propio Estado está promoviendo la participación de los indígenas en el Genógrafico. Incluso, uno de los centros regionales de toma de muestras del proyecto, está justamente ubicada en Brasil. Para facilitar la colaboración de los pueblos indios y prevenir protestas, han rebautizado el empredimiento como «proyecto Gente».
En México, el informe 2003-2004 del Instituto Nacional de Medicina Genómica incluye en sus actividades la preparación del «proyecto del HapMap entre los mexicanos». Varias de las empresas del SNP Consortium financian al instituto. IBM diseñó especialmente la computadora que usarán para la secuenciación de los indígenas mexicanos. Los medios celebran el espectáculo. De los indios sólo se espera que pongan su sangre. Gracias a IBM, ahora hasta parece que sabrán de dónde vienen.
Debra Barry, indígena paiute de Estados Unidos, directora del Consejo de Pueblos Indios contra el Biocolonialismo, nos recuerda: «Nuestras historias de la creación y lenguajes nos informan sobre nuestra genealogía y nuestros ancestros. No necesitamos pruebas genéticas para saber de dónde venimos».
Para esta organización, el Genógrafico es solamente una máscara para conseguir lo que les faltó con el HGDP, por lo que ya han iniciado una campaña contra el proyecto, a través de su sitio en la red: www.ipcb.org
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