Todo lo que se hable del caso es poco. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado este mes de febrero al Estado español por un caso que tenía que ver con una doble agresión sexual a dos jóvenes que denunciaron haber sido drogadas y posteriormente violadas por dos hombres. La sentencia, adoptada por unanimidad. afirma que se produjeron tratos inhumanos y degradantes, vulnerándose el respeto a la vida humana de las dos mujeres.
Hasta aquí, la agresión. A partir de esta, entramos en la cueva de los horrores. Una de las personas detenidas por las violaciones era cuñado de un policía de la Unidad de Familia y Mujer, con competencia investigadora en estos casos. Durante la instrucción desaparecieron de las dependencias policiales vídeos del bar donde fueron drogadas, así como los datos del móvil del familiar del policía. También se evaporaron los partes de trabajo de la unidad policial que investigó los hechos y el propio informe policial elaborado. Para rematar la labor, altos responsables policiales manipularon archivos y vaciaron un disco duro donde existía una copia del informe desaparecido.
El Juzgado encargado de la investigación archivó el caso sin que los detenidos tuvieran que sentarse en ningún banquillo. Tampoco lo hicieron los policías responsables de la desaparición de tantas y tan decisivas pruebas. No hubo juicio alguno. Después, recurrido el caso, a la Audiencia Provincial le bastó un párrafo de dos lineas y media para archivar definitivamente el sumario de la doble violación. Finalmente, tras nueve tortuosos años, el Tribunal europeo ha sentenciado que las autoridades españolas no llevaron a cabo una investigación eficaz, que ésta no tuvo garantías suficientes y que hubo una manipulación sistemática de pruebas cruciales. A pesar de ello, a día de hoy no hay noticia de que, tanto a nivel policial como judicial, se haya dado paso alguno tendente a reabrir la investigación sobre este caso que clama a todos los cielos. Las autoridades, tanto uniformadas como togadas, no saben, no contestan.
Pasemos a otro tema. Hace tan solo unos días un caso de agresión sexual ha sacudido los cimientos de la Policía Nacional. Una agente-inspectora de ésta ha denunciado al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, el mayor mando uniformado del cuerpo, por un presunto delito de agresión sexual, coacciones y lesiones psíquicas, con la agravante de abuso de autoridad. Tras trascender la noticia, el citado cargo ha presentado su renuncia, algo que ha sido criticado por el abogado de la víctima, quien ha señalado que el ministro Grande-Marlaska debía de haberlo cesado de inmediato, sin permitirle que escenificara una voluntaria dimisión.
Según ha declarado la víctima, desde el momento de la violación, hace diez meses, ha padecido un continuo acoso por parte del querellado, lo cual ha motivado un grave menoscabo de su salud mental e integridad psíquica, por lo que se encuentra actualmente de baja laboral. Según la denunciante, en esta campaña tomó también parte el comisario Oscar San Juan, persona de confianza de González, quien acaba de ser suspendido de funciones por esta razón. A esto se suma que en estos últimos días la identidad de la víctima ha sido ampliamente difundida por todo tipo de redes policiales (70.000 miembros), recibiéndose en éstas muchos comentarios que buscaban hacerle daño y hurgar en sus heridas. Por estas razones, la inspectora cuenta hoy con protección policial.
Tras darse a conocer la noticia de la querella, el ministro Grande-Marlaska compareció ante los medios visiblemente serio, afirmando no saber nada hasta ese mismo momento de lo denunciado. Dijo estar profundamente decepcionado, puesto que González había sido entonces un hombre de su máxima confianza al que, además, el gobierno de Pedro Sánchez, había prorrogado excepcionalmente su jubilación el pasado 2024. El ejecutivo ha anunciado que colaborará con la justicia y que mientras tanto hay que centrar el foco de la atención en la propia víctima. En cualquier caso, ¿qué tendrá este gobierno que tan poco acierta a la hora de nombrar a sus miembros y asesores: Ávalos, Cerdán, Iñaki…?
De todas formas, Grande-Marlaska no tenía por qué verse sorprendido de que en el seno de la Policía Nacional, incluidas sus más altas instancias, pudieran darse tal tipo de agresiones. Decimos esto porque nada más y nada menos que en cinco ocasiones, el Tribunal de Derechos Humanos de la U.E. ha condenado al Estado español por no haber investigado las torturas padecidas por personas detenidas en dependencias policiales que estaban bajo la custodia del propio Grande-Marlaska, entonces juez de la Audiencia Nacional. Pues bien, ¿qué credibilidad puede tener hoy el gesto serio y compungido del ministro del Interior cuando, conforme a lo sentenciado por el Tribunal europeo, ha hecho oídos sordos y ojos ciegos ante denuncias de torturas padecidas por personas que, rotas, declaraban en su despacho tras pasar por las manos de unos policías y guardias civiles que hoy, para mayor escarnio, siguen desarrollando su trabajo en los mismos o superiores puestos que antes tenían? ¿Se atreverá Grande-Marlaska a meter mano en el avispero de la Policía Nacional?
El caso de las dos jóvenes violadas en Iruñea evidencia la existencia de unas instancias policiales de base (Unidad de Familia y Mujer) que, lejos de atender a sus teóricas funciones de velar por los derechos de las mujeres, han hecho de sus espacios txokos de impunidad y amiguismo para sus colegas uniformados, cuñados y todo lo que se tercie. Por su lado, la agresión sexual policial de Madrid muestra como esa misma violenta machista impregna hoy la estructura policial hasta llegar hasta sus más altas instancias. Y los torturadores dejados de investigar por el juez Grande Marlaska, dispersos por toda la geografía estatal, siguen siendo los firmes pilares sobre los cuales se asienta hoy la seguridad ciudadana. Malos tiempos para la lírica.
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