La actitud de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Gijón, la actitud de la coalición de gobierno del PSOE e IU, la de su alcaldesa Paz Fernández Felgueroso y la de Jesús Montes Estrada, tercer teniente de alcalde y socio de Gobierno, van más allá de una mera equivocación o de diferencia de criterios, más […]
La actitud de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Gijón, la actitud de la coalición de gobierno del PSOE e IU, la de su alcaldesa Paz Fernández Felgueroso y la de Jesús Montes Estrada, tercer teniente de alcalde y socio de Gobierno, van más allá de una mera equivocación o de diferencia de criterios, más allá también de una comprensible obstinación, sino que entra de lleno, de hecho, en una falta de democracia. Una actitud que implica un ideario prepotente y dictatorial: aquí se hace lo que nosotros decimos y cualquier opinión o manifestación en contra es poco menos que un atentado a nuestra autoridad. Como si su autoridad lo fuera «por la gracia de Dios», como así se hacía constar en las monedas en tiempos de la dictadura.
Con una gran desconsideración y hasta con burla se comportaba la Corporación del Ayuntamiento, en general, ante las tres marchas verdes de miles de personas, organizadas por los vecinos de la zona rural, por los afectados.
Para «hacer caja» decía Montes Estrada que ni oyó ni quiso oír, y menos conversar, con los agraviados del municipio del que es concejal. En similares términos despectivos se manifestaba también la Sra. alcaldesa Fernández Felgueroso en un alarde de insensibilidad y falta de respeto democrático hacia los vecinos. ¿Cuantas mesas redondas, encuentros, debates o simplemente conversaciones hubo o hay en este momento con los afectados, salvo los viajes «exploratorios» del concejal de la zona rural Manuel Faustino García?
Pero, lo más grave es que todavía, ahora, después de varios años, después de 23 sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, TSJA, los mismos actores, los mismos líderes que protagonizaron este tinglado especulativo e ilegal, siguen manteniendo su prepotencia y su menosprecio hacia los mismos vecinos que con su sólo esfuerzo vencieron una y otra vez, hasta 23 veces -de momento-, al Ayuntamiento en pleno. Ya no sorprende que lejos de propiciar dimisiones o de que haya la más mínima disculpa, continúen manteniendo su posición. Es de reconocer que en esto la Corporación municipal se mantiene unida y hasta ha cerrado filas, como preparándose para el asedio que les espera. Complicidad toda, falsedad en la información también, de corregir y enmendar nunca, vergüenza tampoco.
No sólo han sido 23 sentencias anulatorias del PGOU, sino que en cada sentencia hay varios motivos para la anulación, tres o cuatro en cada una, que en sí mismo, juntas o por separado, son suficientes para anular el plan.
Pero adelante, nada de disculpas, de rectificar, sino que con el dinero público, con el dinero precisamente de los perjudicados, el Ayuntamiento inicia un larguísimo proceso ante el Tribunal Supremo. Aunque nunca se sabe hasta donde llegan las influencias del poder, los recursos no son más que una maniobra dilatoria, de lavado de imagen o de autojustificación porque estos recursos ni siquiera serán admitidos a trámite, en opinión de los expertos. Se trata de una temeraria huida hacia adelante para ganar tiempo, aunque ello sea a un precio elevado y de consecuencias imprevisibles.
El Ayuntamiento no existe, dicho en el sentido de que no es ningún ente etéreo, abstracto, lo que sí existe son personas con nombres y apellidos que son los responsables directos de toda esta trama especulativa e ilegal, según sentencia el TSJA. De una trama que consiste en poner el dedo en una finca, en una parcela y hacer que todas las bendiciones del cielo y de la tierra caigan sobre el agraciado. Pero coincide que no es ninguna lotería porque siempre son los mismos los afortunados. El bombo esta trucado.
La empresa públcia SOGEPSA (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S. A., con el 57,77% de capital público y el 42,23% de empresas de la construcción), en manos del Gobierno de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón, principalmente, se encarga de realizar las expropiaciones por las buenas o por las malas y de fijar los precios y, una vez que todo está en su poder, se cede enteramente a la parte minoritaria de SOGEPSA, a la que está formada por los grandes constructores, siempre los mismos.
La segunda parte del negocio es ver a qué precios se pagaron las expropiaciones y a qué precio se repercute en el coste final de la vivienda. Cerca de la mitad del precio de la vivienda corresponde al solar, pero si un edificio tiene cinco plantas, más el bajo comercial, más garaje y, el metro cuadrado de cada una de estas piezas del inmueble anda por los dos o tres mil euros el metro2, basta con hacer una comparación con el precio de la expropiación y resultará que cada vivienda paga decenas de veces el precio de la expropiación, así planta por planta, más los locales y garaje. En resumen, el metro cuadrado acaba pagándose algunos cientos de veces su precio de expropiación.
No es de extrañar ahora que Soledad Lafuente, Presidenta de la Federación de «Les Caseríes» que agrupa a las 25 Asociaciones de Vecinos de la zona rural, diga «Si nos hubiesen escuchado o se hubiesen molestado en leer las alegaciones que presentamos en su momento, el Ayuntamiento no estaría ahora en esta situación». Y agrega: «Avisamos de que iba a haber problemas con la tramitación del Plan, no nos hicieron caso y aquí están».
Por otra parte, ahora los beneficiarios del pelotazo, los constructores y entidades bancarias, se mantienen a la expectativa y estiman que no son suficientes los esfuerzos del Ayuntamiento en el sentido de «ofrecer» garantías jurídicas ante las sentencias anulatorias del TSJA que frenan la construcción y los planes previstos en el PGOU. Es decir, ahora se lamentan pero olvidando que estuvieron durante muchos años con y a favor de lo que llamaban promoción urbana y residencial cuando todo el mundo era consciente de que sólo era una abierta especulación de la que se beneficiaron a manos llenas.
Puede que ahora tengan problemas, pero pocos o ninguno en comparación con los que hasta ahora han tenido los vecinos y también siguen teniendo los que necesitaban acudir al mercado de la vivienda para pagar unos precios astronómicos e hipotecarse de por vida.
Ni siquiera hay responsabilidades políticas, las penales están difíciles de demostrar y las responsabilidades por despilfarro reiterado y por prepotencia no están en el Código Penal. Tampoco sus magníficos sueldos y empleo, como en cualquier empresa, serán penalizados ni están sujetos al buen resultado. En caso de quiebra o de bancarrota pagarán los perjudicados, ellos nunca. Impunes.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.