Tarde o temprano tenía que llegar una situación así. Lo sorprendente es que esta situación no se haya producido antes, a la vista del vergonzoso nivel de corrupción y complicidad con un Estado fascista en que la Justicia española está sumida. El teniente de alcalde de Badalona, José Téllez, ha dado el primer paso para […]
Tarde o temprano tenía que llegar una situación así. Lo sorprendente es que esta situación no se haya producido antes, a la vista del vergonzoso nivel de corrupción y complicidad con un Estado fascista en que la Justicia española está sumida. El teniente de alcalde de Badalona, José Téllez, ha dado el primer paso para que otras instituciones políticas (léase diputaciones, comunidades o cualquier otro organismo supuestamente democrático) se planteen iniciar cuanto antes el ineludible camino de la desobediencia civil al sistema. Un sistema del que, no hay que olvidar, forman parte ellos mismos y que, por lo tanto, hace su denuncias más legítimas y sus razones más certeras. La advertencia es clara y contundente, sobre todo de cara al inminente referéndum de independencia que se plantea Catalunya: «Ningún juez impedirá que ejerzamos nuestros derechos».
Con el desacato a una orden judicial que lo obligaba a cerrar el día 12 de Octubre, fecha que el ayuntamiento badalonés decidió abrir y funcionar como cualquier otro día laborable, se traspasó la línea roja marcada por el Estado. Esta decisión de desacato ha sido, además, justificada y presentada como un abierto desacuerdo a todo lo que la celebración del 12 de Octubre significa en nuestro país: virgen del Pilar (la que paraba las bombas que los rojos lanzaban contra la basílica de Zaragoza); día de la Hispanidad, con el que España celebra su genocidio histórico en Latinoamérica; día de la Fiesta Nacional, con su provocador desfile de los ejércitos de tierra, mar y aire (para que a nadie se nos olvide en manos de quién están las armas); por último, y por si fuera poco, día de la patrona de la Guardia Civil… ¿Alguien da más para rechazar, de plano y sin ningún género de dudas, una celebración como la que nos ocupa?
Un paso más retador ha sido romper en público el acta judicial que prohibía la apertura de las dependencias municipales. Visualmente, quizá habría sido más contundente quemar este mandamiento, reducirlo a cenizas y dejarlo volatilizarse; aunque nadie duda de la fuerza acústica que tuvo rasgar frente a los micrófonos y las cámaras de televisión esta indigna comunicación proveniente de la despótica Administración de Justicia española. Esta actuación ha sido un hecho absolutamente legítimo, protagonizado por un representante directo del pueblo y contra la manifiesta intromisión de un juez petimetre ante la autonomía del consistorio. La carga de abierto rechazo, desprecio manifiesto y retadora desobediencia que el teniente de alcalde badalonés José Telléz (betulense en su propia lengua) ha protagonizado rompiendo en público esa orden judicial puede ser interpretada como un contundente rechazo, no sólo al magistrado que firma ese mandamiento, sino también a la indigna justicia que representa.
La medida tiene una carga simbólica explosiva, sobre todo realizada de esta forma, en público y ante las cámaras. Su autor será seguramente procesado y sobre él caerá el peso de una ley tan inmoral como represiva. Sobre él descargaran sus desvergonzadas sentencias los jueces corruptos y sobre él emitirán indecentes condenas los magistrados sátrapas. Sin embargo, por encima del escarmiento que pretenderán imponer con su condena (los jueces ya lo vienen haciendo más de cinco años atrás, encarcelando a líderes obreros como el compañero Alfonso), como prueba de que el régimen judicial que impera en España está ya agonizante, este acto de abierta rebeldía del teniente de alcalde betulense lleva camino de convertirse en un precedente histórico.
No cabe duda de que, tras este retador desacato al edicto de un juez extralimitado en sus funciones represivas, José Téllez se ha colocado en el punto de mira del sistema. No cabe duda que será severamente castigado y que todos los medios de comunicación rastreros, cumplirán su función de «informar» en sus páginas sobre cómo acaban aquellos que no se arrodillan ante los poderosos. Pero tampoco cabe duda que el teniente de alcalde de Badalona ha marcado la dirección a seguir y que los suyos han sido sólo los primeros pasos en un ineludible camino, un camino marcado por la desobediencia civil ante un sistema tan injusto como corrupto. La mejor muestra de solidaridad que puede tenerse con este ciudadano catalán, que se ha atrevido a retar a un juez español sin dejarse intimidad por las consecuencias, es promover actuaciones como la suya.
En cualquier nación digna (y Catalunya quiere serlo) la repulsa institucional a toda ley u orden judicial que intente negar los derechos de los ciudadanos es un deber inexcusable. Si a partir de ahora la medida de desobediencia civil prendiera entre los representantes de ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas, y una oleada de desacatos se extendiera por todo el país, iniciándose un movimiento que invitara a romper en público mandamientos, edictos y órdenes judiciales injustas… Si por doquier los representantes legítimos del pueblo se decidieran por fin a rasgar públicamente las comunicaciones oficiales represivas que reciben… Si ese comportamiento se convirtiera en «el pan nuestro de cada día» y las calles, las plazas y los edificios públicos de las ciudades se llenaran todos los días de ciudadanos rompiendo órdenes abusivas y quemando leyes fascistas, otro sería nuestro destino histórico, otro gallo nos cantaría.
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