Desde el 24 de enero, el pueblo de Las Heras, al norte de la provincia de Santa Cruz, es el centro de un conflicto que el gobierno intenta callar pero que, como el glaciar Perito Moreno, está a punto de estallar. Hace una semana que una de las mujeres de ese pueblo, Sandra Izaguirre, integrante de la Comisión de Mujeres de Las Heras y esposa de un delegado gremial detenido, recorre Buenos Aires golpeando puertas y reclamando ser escuchada.
El 9 de febrero del 2006 no fue el primer día que Sandra Izaguirre asomó a la vida pública, pero sí fue su bautismo en la ruta, y casi fue literalmente de fuego.
Se habían enterado que el día anterior 300 gendarmes nacionales habían sido enviados a Santa Cruz y estaban marchando hacia Las Heras. Ella calcula que unas cinco mil personas, poco más de un tercio del pueblo, se lanzó a la ruta a esperarlos. Y cuando vieron a los 300 uniformados, los carros hidrantes y las armas en cantidad suficiente como para masacrarlos, ella y otra compañera, Corina Mansilla -hasta entonces ambas sin otra militancia que el agrupamiento espontáneo ante los conflictos de los maridos obreros o alguna de las muertes impunes de Las Heras- se dieron las manos y convocaron a las demás. Un cordón humano estratégica y espontáneamente femenino les cerró el paso a los verde oliva y los separó de los hombres y del resto del pueblo. No sabe si alguna lo pensó, quizá sí: era difícil que tiraran contra ellas, en esa instancia los varones eran más vulnerables.
Poco después de la tensión inicial el cordón se desarmó y las cinco mil almas abrieron una grieta, como las aguas separadas por un dios, para que los gendarmes pasaran. No querían conflicto, no al menos iniciado por ellos.
Sandra cree que por ese gesto valiente fue elegida por sus compañeras de la Comisión de Mujeres de Las Heras para representarlas en Buenos Aires el 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. Vino por un día y hace una semana que está en la ciudad. La ofensiva contra los obreros se precipitó en Las Heras y ella quedó como vocera y representante de una lucha demasiado lejana, que toca intereses corporativos, y que está lo suficientemente vinculada al gobierno nacional como para que se la intente silenciar de cualquier modo.
Varada en la ciudad
Sandra tiene 34 años y ojeras grandes en la cara curtida por el sol y el cansancio. Ayer, lunes, salió del hotel a las 8 de la mañana y no volvió hasta pasada la madrugada. «No estoy acostumbrada al ritmo que tienen acá. Tampoco a las distancias. Si allá arreglás una reunión y después se suspende, no hay problema, como mucho caminaste cinco cuadras de más. Acá capaz que te atravesaste la ciudad para nada. Lo mismo los horarios. Allá decimos la reunión se hace a las 8 y se hace a esa hora porque después nos vamos a comer, acá se puede extender, retrasar.»
Una de las cosas que hizo el lunes fue esperar con paciencia de pueblo que algún representante del gobierno la recibiera. El tiempo pasaba y nada. Después se enteró que en vez de recibirla a ella, el presidente Kirchner se entrevistaba con Lorena Castro, la viuda de Jorge Sayago, el policía con cuyo asesinato se pretende justificar la represión en Las Heras.
Ahora se toma un café con leche mientras espera también. Esta vez, que le confirmen una reunión en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el armado de una «comitiva de notables» que viajaría a Las Heras a darles apoyo, al menos para frenar la represión, los allanamientos, las detenciones y lo que ellos denuncian como militarización del pueblo desde que llegó la gendarmería, que ahora ya son 500 uniformados porque a las fuerzas nacionales se sumaron las provinciales convocadas desde todos los puntos de frontera de Santa Cruz. Un fuego de artificios en pagos presidenciales es un incendio más que un chispazo. Aunque los medios masivos hayan decidido ningunear los hechos.
La acaba de llamar por teléfono Adolfo Pérez Esquivel diciéndole que aguante un día más en Buenos Aires, que hoy miércoles vaya a una conferencia de prensa a la que él convocará en el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) donde la invita a hablar y contar lo que está pasando en Las Heras, y que quizá él también sea parte de la comitiva rumbo al sur.
También la llamó una de sus hijas, siete en total entre mujeres y varones, de 3 a 17 años. «Hoy va el tío», le dice ella. Porque cuando Sandra se vino, el martes 7, hijas e hijos habían quedado con el esposo, Avelino Andrade, delegado de INDUS, una de las empresas en las que los empleados reclaman desde hace dos meses el reencuadramiento de categoría y la quita del impuesto al salario. Pero el viernes 10, Avelino recibió una de las tantas órdenes de captura que liberó la jueza Graciela Ruata de Leone desde el asesinato de Sayago.
Y también llamó el suegro. «Y al suegro hay que atenderlo -dice con una sonrisa que no tiene ganas de mostrarse, que asoma apenas para hacerla olvidar unos segundos del abatimiento y el cansancio-. Sobre todo a un suegro como el mío, que es muy especial…»
Un conflicto nacional
Cuando cuenta los hechos desde el 23 de enero hasta ahora, la memoria de Sandra es implacable. Obreros, reclamos, abogados, curas, fechas, van armando el mapa de un conflicto de grandes dimensiones dejado voluntariamente en el anonimato. Confinado a los apoyos de los partidos políticos de izquierda, de las comisiones internas de las empresas, de los grupos de derechos humanos, de legisladores aislados que prometen o dan su apoyo.
El viernes 10 de marzo, algunos de esos grupos de derechos humanos llamó a una conferencia de prensa en Buenos Aires para informar sobre lo que pasa en Las Heras, diciendo que estaba Sandra Izaguirre, integrante de la Comisión de Mujeres y esposa de uno de los delegados detenidos. Fue sólo una radio.
«Los reclamos de los obreros de Las Heras pusieron sobre la mesa algo que que incluye a casi un millón de trabajadores en el país, como es el impuesto al salario, y éste es un reclamo que el gobierno no quiere que se nacionalice. Pero desde que en Las Heras empezó el conflicto, en enero, empezaron a discutirlo otros gremios, como bancarios, aeronáuticos, médicos y maestros. Todos van a terminar haciéndolo. El impuesto al salario es el descuento que les hacen a los trabajadores que ganan más de 1830 pesos -te incluyen hasta los tickets de comida para hacer la cuenta-. Lo que decimos nosotros es que no es justo: que lo quiten o que lo apliquen a sueldos superiores a los 10 mil pesos. Esto no le conviene a nadie. Y fijate cuántos somos en Las Heras, son dos gremios reclamando, UOCRA y petroleros, no más de 9 empresas, ¿qué serán: el 1% de los trabajadores del país? Y logramos que el tema se expanda. Nadie quiere que hablemos. Y la otra cuestión que se reclama es el reencuadramiento, porque hay muchas empresas que están dentro del gremio de la construcción pero trabajan para las petroleras, entonces los obreros piden que se los reencuadre como petroleros, porque eso significa mejores sueldos, mayor seguridad laboral. Y eso tampoco lo quieren las empresas, no sólo porque son más gastos sino porque estos obreros que entrarían son disidentes y votarían en contra de las listas oficialistas del sindicato. Por esto nos quieren callar.»
Y cómo. No sólo hay 500 gendarmes patrullando las calles y las fábricas, deteniendo gente, ostendado amenazadoramente las armas; hay sabotajes tecnológicos insólitos como el que los dejó el 8 y 9 de febrero sin internet y sin señales para usar los celulares locales; hay un ministro nacional de Trabajo que se comprometió a concretar el reencuadramiento e iniciar las conversaciones sobre el impuesto al sueldo y no cumplió; una Iglesia que medió sin efectividad; una jueza voraz que libera órdenes de captura a diestra y siniestra (hasta la fecha fueron detenidas cerca de 40 personas, aunque la mitad luego fueron liberadas) sin tener hasta la fecha ninguna pista concreta que la lleve a los asesinos de Sayago; y un pueblo sometido a un estado de pánico.
Recuento de apremios
El 23 de enero empezaron los reclamos. Los obreros que trabajan en el Yacimiento Petrolífero Los Perales de la Cuenca del Golfo San Jorge cortaron las rutas de acceso a ocho de las plantas y pararon la producción. El reclamo no obtuvo respuesta empresarial, ni del gobierno provincial o nacional, y tampoco trascendencia mediática hasta el 7 de febrero, cuando fue asesinado Sayago.
El día anterior, el 6, el dirigente petrolero Mario Navarro estaba dando una nota en una FM local cuando entraron policías del grupo Grupo Especial de Operaciones (GEO) -traídos especialmente desde Caleta Olivia para hacer de fuerza de choque en el conflicto y que hasta el momento se habían limitado a tirar gases lacrimógenos por orden de la jueza para liberar la ruta- y lo detuvieron por averiguación de antecedentes. Quienes estaban escuchando la radio se enteraron y marcharon a la alcaldía, donde estaba detenido Navarro. Fue la gente desde sus casas y los obreros que estaban en la ruta. Aún con la mediación de legisladores locales, se desató el conflicto: desde la alcaldía salían balas de goma y gases lacrimógenos, desde la manifestación popular piedras y balas de pólvora que nadie se adjudicó. Una de esas balas le dio a Sayago en la clavícula: no lo mató, pero sí el linchamiento popular. También hubo otros policías y manifestantes heridos, entre ellos un chico de 10 años. Cuando todo terminó, los obreros volvieron a la ruta y la jueza liberó a Navarro.
«Ahí el gobierno dió un vuelco, porque con la muerte de Sayago el conflicto se nacionalizó -dice Sandra-, y el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, nos hizo llegar un acuerdo a través de un cura de Caleta Olivia que suele mediar en nuestros conflictos, Juan Molina, en el que decía que en 30 días se resolvería el tema del reencuadramiento y se iniciarían las negociaciones por el impuesto al salario. Y la Iglesia garantizaba el acuerdo.»
Los obreros dejaron la ruta y se levantó el conflicto. Pero el 9 de febrero llegaron los primeros 300 gendarmes y cuando el 13 los obreros de INDUS, la empresa donde es delegado el marido de Sandra, retomaron las tareas, se encontraron con 60 compañeros cesanteados.
El 24 de febero la jueza liberó las primeras órdenes de allanamiento. «Fueron a la casa de los Perez, por ejemplo, y se llevaron a los cinco varones que había, el más chico tenía 14 años, y los golpearon a todos. Uno es campesino y después de golpearlo fueron al campo donde trabajaba y constataron que había estado ahí el día de la muerte de Sayago y recién en ese momento lo soltaron. Ese día se llevaron a 12 varones de tres casas diferentes. Ese mismo 24, la Comisión de Mujeres, una 160 firmantes más las que adhieren, que ya veníamos reuniéndonos desde que los obreros habían cortado la ruta, empezamos a juntarnos con los familiares de detenidos, con los liberados, para pedir que se busque a los culpables de la muerte de Sayago pero en forma justa, no estos allanamientos a cualquiera donde primero te pegan y después averiguan. También reclamamos que se perdieron muchas pruebas por no haber sido clausurado el perímetro del lugar del asesinato durante dos días.»
Ayer nomás
El 8 de marzo, mientras Sandra estaba en Buenos Aires, se desató la segunda ola del conflicto. Dos delegados de INDUS (uno de ellos Avelino Andrade, el marido de Sandra), y una abogada, fueron a Caleta Olivia a verificar si estaba en marcha el acuerdo prometido por el gobierno nacional y avalado por la Iglesia. Ahí les informaron que a nivel provincial no había nada. La abogada Raquel Coronel llamó entonces al Ministerio de Trabajo de la Nación. Tampoco. Volvieron a Las Heras, convocaron a asamblea en INDUS, y mientras la hacían, frente a los abogados presentes, el grupo GEO entró y se llevó a dos compañeros sin orden de captura. Al rato se llevaron a otros once obreros de la planta. Al día siguiente INDUS despidió a 42 operarios. El pasado viernes 10 fueron detenidos en la parroquia del pueblo Avelino Andrade, esposo de Sandra, y Juan Barrientos, ambos delegados de INDUS. Y este lunes 13, que fue la Jornada Nacional de Lucha en Apoyo a los Trabajadores de Las Heras, la jueza ordenó la detención de otro obrero, Ramón Miranda. Cada vez que suena el celular, Sandra sabe que puede escuchar una nueva mala noticia.
«Yo soy ama de casa. Aunque el otro día una compañera me dijo que lo que tenía que decir es que soy desocupada. La verdad es que no es la primera vez que me reuno con otras mujeres, porque en Las Heras hay muchas injusticias. En los últimos diez años hubo 50 muertes no esclarecidas, algunos fueron suicidios pero otros los quisieron hacer pasar por suicidios. En el 2004 cinco personas, dos adultos y tres chicos, murieron ahogados en la laguna del matadero del municipio. Es una laguna de aguas servidas, donde va la sangre de los animales muertos. No hubo ningún detenido por esas muertes, y es un lugar municipal. Las Heras está muy al norte de la provincia, casi en el límite con Chubut, perdida de todo, y la impunidad es moneda corriente. A muchas se nos cayó un día la ficha de amas de casa y entendimos que si no salimos a pelear, nuestros hijos no van a tener el país que queremos. Esa que ayer nomás decía ‘no te metás’, hoy salió a la calle porque el marido está preso.»