Nadie puede dudar que en 2008, con el inicio de la fase aguda de la gran recesión, se encadenaron en todo el mundo una serie de cambios sociopolíticos y económicos que alteraron con más o menos profundidad las distintas estructuras de muchos países y regiones. En espera de profundizar en un estudio más amplio que […]
Nadie puede dudar que en 2008, con el inicio de la fase aguda de la gran recesión, se encadenaron en todo el mundo una serie de cambios sociopolíticos y económicos que alteraron con más o menos profundidad las distintas estructuras de muchos países y regiones. En espera de profundizar en un estudio más amplio que abarque las partes más importantes del planeta, este artículo se va a centrar en el análisis de esos cambios en España. La hipótesis que se va a sostener, y que se intentará verificar, debería ser testeada después a nivel global.
La hipótesis principal a discutir en realidad no tiene nada de novedosa, podríamos decir que es casi una constante histórica, pero vamos a comprobar hasta qué punto se ha cumplido en el caso español. La hipótesis vendría a sostener que las crisis abren oportunidades de cambios en profundidad, cambio que pueden ser de diferentes signos, y suponen ventanas de oportunidades para viejos o nuevos sujetos sociales y políticos, pero que las energías desencadenadas por la crisis intentan ser contrarrestadas por una reacción de fuerzas que busca recuperar los equilibrios o el status quo existente antes de la crisis, aunque sea en una versión modificada.
España se constituye en un laboratorio especial porque es afectada por múltiples crisis simultáneamente en el período abierto hace una década, siendo las consecuencias de algunas de ellas más importantes que otras. Así podríamos destacar entre la crisis con menos efectos internos en las estructuras dos que son comunes a toda la UE, dónde tienen sus consecuencias principales, afectando a España como parte de ese espacio europeo. Se trataría de las crisis abiertas en la UE con la victoria del brexit, por un lado, y la presión migratoria por otro lado. Las crisis con más efectos internos en España son las derivadas, de un lado del impacto de la gran recesión, y de otro lado, del ensayo de secesión territorial en Cataluña. Y ello sin negar que entre las diferentes crisis existen relaciones más o menos intensas, aunque a efectos de análisis las tratemos de manera separada.
En el momento de redactar este artículo los efectos y consecuencias de estas crisis aún no han acabado por lo que las conclusiones a las que se llegue tienen un carácter provisional. Sin embargo ya podemos constatar una primera diferencia entre las dos más importantes, que son en las que nos centraremos.
La crisis económica desatada a partir de 2008 supuso unas reacciones políticas y sociales importantes, pero en ningún momento existió un proyecto o un programa con una base social importante que pusiera en cuestión la existencia del capitalismo, mayoritariamente la reacción consistió en regresar al conjunto de condiciones socioeconómicas existente antes de la crisis: recuperación del empleo, del trabajo estable, del poder adquisitivo y de otras conquistas y derechos sociales que fueron atacados por las políticas austericidas durante la crisis. No se exigió en ningún momento que el Estado nacionalizase sectores económicos, ni siquiera el financiero dónde aquel aportó grandes sumas para mantenerlo a flote, no hubo ocupaciones de centros de trabajo ante los despidos masivos o les cierres de los mismos. Las resistencias más serias se produjeron fuera de los centros de trabajo, fueron las que se plantearon para impedir los desahucios de viviendas y las movilizaciones callejeras para defender servicios sociales como la sanidad. Así que las consecuencias más importantes derivadas de la crisis económica se trasladaron al nivel de la superestructura, al nivel de los actores políticos. El sistema de partidos políticos es dónde se concentraron los intentos de cambio, rebajándose así la gravedad de las consecuencias que la gran recesión podría haber supuesto para la impugnación del capitalismo en España.
Por el contrario, la crisis catalana si supuso un nivel de desafío más grave al status quo anterior a la crisis en cuanto se intentó la secesión de una parte del territorio español, originando un nivel de desafíos y reacciones mucho más elevado que la crisis económica. El desafío en este caso no partió de los problemas originados en el sistema socioeconómico sino en la estructura territorial del Estado. Y si suscitó mayor gravedad fue porque el conflicto en torno al eje identitario concitó un mayor grado de adhesiones y polarización, y porque el objetivo a alcanzar la creación de un nuevo Estado independiente dentro de la UE sin ninguna alteración de la estructura socioeconómica, fue señalado como un propósito fácil de conseguir por las organizaciones independentistas, lo cual se descubrió como un engaño y una ilusión cuando intentaron pasar de la propaganda a los hechos.
Así pues, analizaremos a continuación como estos dos ensayos de cambios originados en crisis llevaron a una reacción de fuerzas que han buscado mantener el status quo preexistente al desencadenamiento de las crisis aunque ello implique algunas modificaciones no sustanciales del mismo.
La crisis socioeconómica y sus consecuencias: el 15-M, Podemos y la lucha contra la austeridad
Como hemos señalado anteriormente la crisis económica tuvo su principal terreno de consecuencias en el sistema de partidos políticos. La crisis produjo también consecuencias socioeconómicas, algunas se fueron revertiendo conforme la crisis se fue superando, por ejemplo la reducción del nivel de desempleo, la recuperación de los salarios o de la sanidad universal, otras aún no han desaparecido, como el aumento de los empleos precarios o el copago farmacéutico, y otras se han convertido en irreversibles, como la concentración bancaria con la desaparición de las cajas de ahorros y algunos bancos. Por otra parte, no hubo cambios en la correlación de fuerzas sindicales, y los principales movimientos sociales nacidos durante la crisis fueron desapareciendo de la escena, como el 15-M o las plataformas de afectados por los desahucios. Se puede decir que al nivel socioeconómico el sistema ha recuperado gran parte de la situación anterior a la crisis, y si por un lado es cierto que el modelo de acumulación capitalista no ha conseguido convertir en permanente sus principales objetivos durante la crisis (mayores privatizaciones, reducciones salariales, mayor precarización, etc.), también es verdad que, superada gran parte de ésta a costa del sacrificio de las clases populares, el capitalismo no se ha visto afectado por algunas de las amenazas que se vertieron al inicio de la crisis (mayores regulaciones y controles para impedir la repetición de otra crisis similar), ni ha sido puesto en cuestión de manera seria.
El sistema de partidos políticos fue el terreno más afectado por las consecuencias de la crisis económica, pero estas consecuencias se solaparon con otras derivadas de los casos de corrupción que afectaron especialmente al PP y a CiU. En este sentido se puede decir que se fueron abriendo ventanas de oportunidades para cada una de las formaciones políticas nuevas o ya existentes en las que lo que estuvo en juego fueron cuatro aspectos: a) La permanencia o sustitución del bipartidismo imperfecto entre el PSOE y un partido conservador (UCD, PP) dominante desde la transición democrática b) La hegemonía en el terreno de la derecha (PP versus Ciudadanos) c) La hegemonía en el terreno de la izquierda (PSOE versus Podemos) d) La hegemonía en el seno del independentismo catalán (ERC versus exconvergentes).
La primera ventana de oportunidad se abrió para Podemos con el nacimiento del 15-M en mayo del 2011 contra las políticas de austeridad aplicadas en la fase final del gobierno de Zapatero. Su ventana de oportunidad representó un reto importante, primero porque pretendió, aunque solo inicialmente, presentarse como una alternativa al modelo de partido, una especie de movimiento; segundo, porque pretendió disputar la hegemonía del bloque progresista-izquierda al PSOE; tercero porque pretendió alcanzar el gobierno con un programa contrario a las políticas de austeridad vigentes y regenerar la vida democrática.
Mantuvo estrechas relaciones con Syriza, que encabezaba desde el gobierno griego la oposición a las políticas de austeridad que se habían impuesto en Europa con Merkel a la cabeza, estas relaciones se enfriaron cuando Syriza claudicó y dejó de ser un modelo para la izquierda en Europa. Por otro lado, durante un período las encuestas le vaticinaron un avance electoral importante. Pero su ventana de oportunidad se fue cerrando gradualmente, primero con los resultados de las elecciones legislativas de 2015-16 dónde no pudo superar al PSOE y mucho menos alcanzar el gobierno, segundo con la política errática adoptada con el conflicto catalán y, tercero con el papel subordinado jugado en la moción de censura que presento en 2018 el PSOE y que expulso del gobierno al PP. Todos estos factores internos, al que hay que añadir el fracaso de Syriza, se producían sobre un telón de fondo caracterizado por la desmovilización callejera, la pérdida de impulso de los movimientos sociales y la superación de los momentos más duros de la crisis. Con ese telón de fondo no es posible predecir una recuperación de Podemos al que las encuestas dan en estos momentos un papel bastante secundario en la política española.
La segunda ventana de oportunidad se le presentó al PP cuando en 2011 cosecho diversas victorias electorales y alcanzó el gobierno con mayoría absoluta. Llevó a cabo una gestión muy austeritaria de la crisis que provocó masivas manifestaciones en su contra y le debilitó electoralmente. Es difícil saber cual habría sido el efecto electoral de su gestión de la crisis catalana, dónde asumió un papel de rechazo a cualquier diálogo o concesión, firmeza en la defensa del orden constitucional, y valedor del nacionalismo español en ascenso frente al nacionalismo catalán, porque el factor que terminó por desgastarle y expulsarle del gobierno fue la cascada de casos de corrupción que atravesaron al PP. Estos cerraron su ventana de oportunidad y pusieron en cuestión si continuaría siendo el partido hegemónico de la derecha española.
La tercera ventana de oportunidad se le abrió al partido que le disputaba esa hegemonía al PP, Ciudadanos. Originariamente un partido de ámbito catalán, se catapultó a disputar esa hegemonía a nivel de España gracias primero a la corrupción que minaba al PP y, luego, a su papel durante el conflicto catalán, dónde se ha mostrado con posiciones más duras en contra del independentismo que el propio PP. Esta posición le llevó a ser el partido más votado en las elecciones autonómicas catalanas de diciembre de 2017 y a encabezar las encuestas de las elecciones nacionales, si estas hubiesen celebrado como consecuencia de la sentencia del caso Gürtel que dejó noqueado al PP. Esta ventana se cerró de golpe cuando Rajoy prefirió asumir la moción de censura del PSOE, pensando que no triunfaría, a dimitir y convocar unas elecciones en las que las encuestas daban la victoria a Ciudadanos.
La cuarta ventana de oportunidad se le presentó al PSOE, y no fue fruto del apoyo en un movimiento social preexistente (Podemos), ni de la victoria en unas elecciones (PP), ni de el aprovechamiento de unas circunstancias para ascender (Ciudadanos), fue fruto de un golpe de audacia arriesgado por parte de Pedro Sánchez, porque con solo una minoría de 84 diputados consiguió el apoyo de un conjunto de fuerzas políticas muy heterogéneas para ganar la moción de censura, fuerzas unidas solo por la necesidad de expulsar al PP del gobierno. Sin embargo, ese acceso al gobierno, aunque fuese en condiciones muy precarias, le ha servido para que en pocas semanas haya conseguido situarse en una posición claramente vencedora en las encestas electorales. Se trata de la única ventana de oportunidad abierta hasta este momento, pero también en condiciones muy frágiles para consolidarse.
El status quo político antes de la crisis consistía en un bipartidismo, imperfecto debido a la existencia de partidos nacionalistas en distintas comunidades autónomas, en el que se producía una alternancia entre un partido socialdemócrata (PSOE) y otro conservado (UCD, PP); una hegemonía en el bloque de derechas por parte del PP, y en el de la izquierda y el progresismo por parte del PSOE. Dado que, como hemos señalado, en el nivel socioeconómico los desafíos al status quo nunca fueron importantes y han terminado siendo encauzados, la reacción por volver al status quo precrisis solo se mantiene en el nivel político, y si en el primer nivel, el de la infraestructura, no se han producido cambios sustanciales, en el segundo, el de la superestructura, es muy difícil que puedan producirse entonces.
Efectivamente, los datos apuntan en este sentido. La recuperación electoral del PSOE, gobernando en el momento de escribir este artículo, y el retroceso de Podemos, llevan por el camino de reproducir la situación anterior de los papeles del PSOE e IU. En la derecha es dónde queda por disputar si habrá un partido hegemónico o si dará lugar a una situación de bicefalia. Superados los momentos más duros de la crisis económica y apartado del gobierno el partido más corrupto, no es que desaparezcan muchos de los argumentos utilizados anteriormente, es que se desdibuja cualquier proyecto alternativo como el que representó Podemos, que nunca tuvo, por otro lado, perfiles muy claros.
Lo que se puede constatar, pues, en esta década comenzada en 2008 es que prácticamente el mismo cuerpo electoral ha oscilado de manera importante, pero solo a nivel de expectativas porque, finalmente, en dicho período se ha seguido reproduciendo el viejo modelo de alternancia gubernamental entre socialdemócratas y conservadores que ha prevalecido desde que el actual régimen democrático sustituyó a la anterior dictadura franquista.
Realmente, el desafío político provino de Podemos, pues Ciudadanos representaba un intento de regeneración en el seno de la derecha ante el desgaste sufrido por el PP debido a los casos de corrupción. Pero este desafío no podía sustraerse a las condiciones externas a la política española, de un lado, sus principales líderes habían colaborado y se miraban en el espejo de los populismos de izquierda que habían estado en auge en América Latina, de otro lado, seguían la estela de Syriza que, desde el gobierno griego, representó durante un breve tiempo la ilusión en la capacidad de la izquierda para levantar un programa alternativo a la gestión de la crisis que los partidos socialdemócratas y conservadores impulsaban en Europa en favor de los intereses de la burguesía. Pero justamente, cuando Podemos empezaba su ascenso empezaban a fracasar esos dos modelos, Syriza claudicando ante la troika, el populismo de izquierdas más representativo, el venezolano, deslizándose hacia una grave crisis política y económica que le descalificaba como modelo a seguir.
Y, por si fuera poco este panorama adverso, la crisis catalana terminó de arruinar las posibilidades del proyecto de Podemos a trasladar bruscamente el eje de enfrentamiento en España desde el socioeconómico al identitario.
El conflicto catalán y sus consecuencias
La segunda crisis que sacudió a España fue la originada por el intento secesionista de los partidos independentistas catalanes. Sus consecuencias están siendo más graves por varias razones. Ha elevado la crispación y la polarización especialmente en la sociedad catalana, pero también en el resto de España, hasta niveles preocupantes, con riesgos evidentes en ciertos momentos del desencadenamiento de situaciones de violencia que podrían volverse incontrolables. Ha suscitado el ascenso de dos nacionalismos enfrentados, el catalán y el español, que ha eclipsado otros problemas existentes en España. Y ha llevado a la violación del ordenamiento jurídico y constitucional español por parte de los partidos independentistas y las instituciones autonómicas controladas por ellos, y la reacción política y jurídica del Estado español con la suspensión temporal del régimen autonómico en Cataluña y el procesamiento de los principales dirigentes independentistas por dichas violaciones, con el resultado del exilio o la cárcel provisional.
No vamos a entrar ahora a analizar en detalle el conflicto catalán porque hay varios artículos dónde ya me ocupé de este tema, solamente vamos a examinar las consecuencias generales y verificar la hipótesis expuesta al principio de que las oportunidades de cambio que se abren con una crisis siempre van a intentar ser contrarrestadas por reacciones tendentes a mantener el status quo anterior a la crisis aún con modificaciones en ese status.
La crisis en este caso es originada por las decisiones de actores políticos. La primera decisión correspondió al PP con su recurso ante el Tribunal Constitucional para que anulase, como así ocurrió en 2010, contenidos esenciales del nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña aprobado en 2006. La segunda decisión correspondió a las fuerza nacionalistas catalanas que reaccionaron adoptando la vía de la secesión unilateral. Sobre este panorama incidieron dos fenómenos externos, el primero fue la crisis económica desatada en 2008 y, el segundo el referéndum por la independencia celebrado en Escocia en 2014, fenómenos que reforzaron tendencias existentes, no las crearon.
La decisión secesionista del independentismo catalán no contaba ni con legitimidad política, puesto que su estrategia se basaba en la desobediencia y ruptura del ordenamiento jurídico vigente, Constitución y Estatuto de Autonomía; ni, lo que era más importante, con legitimidad social, puesto que en ninguna de las elecciones celebradas en Cataluña el conjunto de los partidos independentistas llegó a superar el 48% de apoyos electorales. Se puede decir que si el gobierno del PP adoptó una posición de rígido inmovilismo legal y constitucional para enfrentar esta crisis política, la posición adoptada por el independentismo catalán adquirió tintes dictatoriales al violar el ordenamiento jurídico e intentar que una minoría social, nunca superior al 48%, impusiese su proyecto de Estado independiente al conjunto de la sociedad catalana.
En estas condiciones es difícil saber si las causas de que el conflicto no llegase a adquirir contornos más dramáticos se encuentran en los hábitos democráticos de la sociedad, en que la polarización se producía en una sociedad cuyo nivel de vida está por encima de la media europea, o en que las derrotas que fueron sufriendo los independentistas les hicieron desistir de llevar el desafío a cotas más altas. Efectivamente, el independentismo se encontró con que sus postulados de base para lanzar la secesión unilateral no se fueron cumpliendo. Las principales empresas catalanas trasladaron su sede social a otras partes de España ante el riesgo de secesión; ningún Estado europeo y prácticamente del mundo movió un dedo a favor del proyecto secesionista; se produjo una reacción social movilizadora en el interior de Cataluña en contra del independentismo que les disputó las calles; el Estado español mantuvo una clara actitud de firmeza expresada en el plano político, policial y judicial; y el desafío independentista originó una reacción política en España con la creación de un frente constitucionalista que representaba las tres cuartas partes del parlamento español.
En estas circunstancias, y después de haber violado diversas leyes, en lo que judicialmente ha sido calificado de rebelión, el independentismo se limitó a realizar una confusa declaración de independencia tras la cual sus dirigentes se marcharon al exilio o se presentaron ante la justicia para ser procesados, sin intentar en ningún momento hacer efectiva dicha declaración. Por su parte el gobierno de PP, apoyado por el bloque parlamentario constitucionalista, procedió a suspender por dos meses el régimen de la autonomía catalana con la convocatoria paralela de elecciones autonómicas en las que el resultado de la correlación de fuerzas fue la misma que la existente anteriormente.
El nuevo gobierno catalán surgido de las elecciones de diciembre de 2017 sigue formado por los partidos independentistas, pero tras las derrotas sufridas en los meses finales de 2017 su estrategia es confusa y, en todo caso, ha cambiado. De un lado se ha enzarzado en disputas con el Estado español de carácter simbólico, de otro lado, ha colaborado con el PSOE para desalojar del gobierno al PP en favor de Pedro Sánchez y, finalmente, han aparecido fuertes diferencias en su seno sobre el camino a seguir.
En este caso se puede constatar que las reacciones por mantener el status quo anterior a la crisis han sido múltiples, proviniendo de los actores políticos, del Estado, de la sociedad civil, de los actores económicos, y de los actores internacionales.
Al desplazar la crisis catalana el eje del conflicto desde el socioeconómico al identitario, impactó sobre los actores políticos que habían surgido como consecuencia del primer tipo de conflicto, es decir, Podemos a nivel español y el que sería más o menos su réplica a nivel catalán, Cataluña en Comu. El resto de los partidos, tanto de ámbito estatal, PP, Ciudadanos y PSOE, como catalán, ERC, CUP y PDeCAT (ex CiU) se posicionaron claramente, según avanzaba el conflicto, en una u otra posición cuya línea divisoria la establecía el respeto o no al marco jurídico y constitucional vigente, con la diferencia de que mientras el bloque constitucionalista hizo de la defensa de ese orden jurídico-constitucional el punto de encuentro, el bloque independentista no fue homogéneo respecto a la desobediencia de las leyes, con una CUP claramente posicionada en favor de la desobediencia y el resto oscilando, lo que explica la kafkiana proclamación de la independencia, suspendida, reafirmada y desmentida, y la descoordinada actitud ante la justicia, unos sometiéndose y presentándose ante el juez, otros huyendo de España.
Podemos y Cataluña en Comu intentaron mantenerse en un terreno equidistante, rechazando tanto la independencia unilateral como la intervención temporal de la autonomía por parte del Estado. Para ello se aferraron a una demanda de los independentistas que estos habían abandonado a mediados de 2017, la del derecho a decidir. Ésta significaba la exigencia al Estado de la celebración de un referéndum legal, tipo Escocia. Pero ante la negativa del gobierno central y el bloque constitucionalista de aceptarla, alegando su falta de respaldo constitucional, el independentismo la abandonó hacia mediados de 2017 para pasar a la estrategia de la secesión unilateral. Paralizados por un enfrentamiento en el que Podemos y Cataluña en Comu no querían tomar parte, pero que había dividido en dos mitades a la sociedad catalana, y provocado una reacción nacionalista en el resto de España, con esa posición se marginaron del importante conflicto en curso y dejaron de contar como actores políticos, la imagen que trasmitieron era la de que no eran un vehículo para solucionar el problema en un sentido u otro.
Conclusiones
En un giro paradójico de la historia, un actor político que en 2011 parecía desahuciado, el PSOE, y al que se le pronóstico un futuro similar al Pasok, sin embargo consiguió llegar al gobierno en 2018 en condiciones muy precarias para cambiar tanto su futuro como las tendencias de la política española desde 2012. En la última parte de su gobierno, el presidente socialista Zapatero se había alineado con las políticas de austeridad que marcaba la canciller Merkel desde Europa, ello unido a que había sido una de las patas del bipartidismo histórico llevó a que desde el movimiento 15-M y, luego, desde Podemos fuese englobado dentro de la «casta» que había que barrer en España. Sin embargo, los resultados de las elecciones legislativas de 2015-16 llevaron a Podemos a considerarle un aliado para poder gobernar, dejó de ser parte de la «casta». Por otro lado, durante el conflicto catalán, el PSOE formó parte del bloque constitucionalista que se enfrentó al independentismo y aprobó la decisión en el Senado para intervenir temporalmente la autonomía catalana, por lo tanto formaba parte del «bloque inmovilista y represor» para los independentistas.
Sin embargo, la ventana de oportunidad, de la que hablamos anteriormente, representada por la sentencia Gürtel contra la corrupción del PP, terminó de rehabilitar al PSOE. Su moción de censura contra el gobierno del PP, que le llevó al gobierno en 2018, fue apoyada tanto por Podemos como por el sector mayoritario de los independentistas. Todo ello en una situación que suponía mantener la dinámica del bipartidismo histórico en la alternancia de gobiernos, y la permanencia del PSOE dentro del «bloque constitucionalista» que se oponía al independentismo.
El conflicto catalán no ha acabado aún, aunque esté apaciguado en estos momentos, y es difícil saber los derroteros que tomará en el futuro pero, por el momento, las fuerzas desencadenadas para oponerse a los cambios ensayados durante las dos crisis que hemos descrito han sido capaces de reconducir la situación y trasladar la situación de desconcierto y repliegue al interior de las fuerzas que intentaron abrir una ventana de oportunidad a su favor en ambas ocasiones, Podemos y los independentistas catalanes.
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