Dos factores muy cuestionables mantienen el polígono de tiro de las Bardenas. El primero es el dinero: de las 20.000 pesetas al año de 1951 (120 euros) a los catorce millones de euros que cobrarán los congozantes desde 2018. El segundo, la amenaza de expropiación, muy inverosímil por el escándalo político que supondría. La clave […]
Dos factores muy cuestionables mantienen el polígono de tiro de las Bardenas. El primero es el dinero: de las 20.000 pesetas al año de 1951 (120 euros) a los catorce millones de euros que cobrarán los congozantes desde 2018. El segundo, la amenaza de expropiación, muy inverosímil por el escándalo político que supondría.
La clave de la continuidad del anacrónico y peligroso polígono de tiro del Ejército español en el sur de Euskal Herria está en la Comunidad de Bardenas, el ente que gestiona el territorio y cuyo sometimiento al Ministerio de Defensa español (la batalla sería ciertamente muy desigual) es evidente. Lo componen un puñado de ayuntamientos de la zona más la inclusión pintoresca de los valles pirenaicos de Zaraitzu y Erronkari y del Monasterio de la Oliva, formando un ente medieval. Y es que estas entidades disponen del uso del territorio desde el siglo IX, en algún caso como concesión real por la ayuda en la denominada por la historiografía española como «Reconquista». El origen más claro de la Comunidad se sitúa en 1705, con la real cédula de Félipe V de Borbón que les daba ese uso a perpetuidad.
De aquellos polvos, estos lodos. Los 22 congozantes (este es su también peculiar nombre) nunca han supuesto una oposición real a la ocupación. No lo eran obviamente en 1951, en los tiempos más duros del franquismo, pero tampoco en 1976, cuando se prorrogó de facto aquel convenio hasta los 50 años, ni en los sucesivos acuerdos posteriores de 2001 y 2008, si bien en esta época moderna la impopularidad de la instalación ha obligado a Defensa a desplegar una doble estrategia paralela: dinero y amenazas.
Hablando claro, las 2.222 hectáreas del polígono son hoy día un territorio alquilado, pero el arrendador es este pequeño grupo de congozantes y, por tanto, el precio para el Estado español resulta módico. El cuasi eterno presidente de la Junta de Bardenas, José Antonio Gayarre, que también fue diputado y parlamentario de UPN, ya no está al frente, pero ha sido el negociador de los dos convenios de este siglo y en ocasiones se ha jactado de sus regateos con Madrid. «En su día los congozantes solo cobraban 300.000 pesetas. Les planteé cuánto produciría el terreno si estuviera sembrado de cebada y sacamos diez millones más -indicaba en una entrevista hace años-. Ya en 2001, nos decidimos a echar un pulso y conseguimos 600 millones de pesetas».
Sin embargo, no debía ser tan buena aquella negociación cuando en 2008 se pasó de aquellos 3,6 millones de euros al doble. La Comunidad recibe ahora de Defensa siete millones al año hasta 2018, que pasarán a ser catorce en la segunda década del contrato que expira en 2028. Es el propio Ministerio de Defensa el que publicita que con ello los ayuntamientos acometen obras como «reforma de piscinas municipales, pavimentación de calles, obras en colegios, polideportivos, casas consistoriales, renovación del alumbrado público o financiación de unas pistas de tenis». Cualquiera concluiría, leyendo esto, que el ministro Morenés es el mister Marshall ribero del siglo XXI. Pero ni siquiera eso, porque desde 2012 se vienen produciendo impagos admitidos por el Ministerio y que se han ido resolviendo de modo solo parcial.
Al margen de esto último, la cifra global no resuelve otras preguntas obvias: ¿A cuánto se valora el riesgo para las poblaciones? ¿Y la pérdida de soberanía? ¿Cuánto podría obtener la Comunidad con otros usos como el turístico, incompatibles con un polígono de tiro? Y, ¿es lógico y admisible que los congozantes cobren por una instalación que afecta en realidad bastante más allá, como demuestran los accidentes ocurridos en Cáseda, Ejea de los Caballeros, el Moncayo…?
El vuelco producido por las urnas en casi toda Nafarroa en mayo no se traslada a la Comunidad porque UPN y PSN han retenido más de la mitad de ayuntamientos y otros están en manos de candidaturas independientes conformes con el polígono. Sí ha cambiado de signo la que es con diferencia la mayor localidad de la zona: Tutera. Pero entre las peculiaridades anacrónicas de la Junta está que en la asamblea general cada localidad tiene un voto, de modo que pesan lo mismo los 35.000 habitantes de la capital ribera que los frailes de La Oliva.
Más fácil todavía se resume la cuestión de la amenaza. En vísperas de que caducara el convenio 1951-2001, cuando la oposición era muy fuerte, el Consejo de Ministros de José María Aznar declaró el campo de tiro como «de interés para la Defensa nacional». Abría con ello la puerta a una expropiación de su uso, algo que se antoja imposible porque enfrentaría irremisiblemente a Madrid con Nafarroa. Así que el «farol» sirvió básicamente para alumbrar un nuevo convenio, facilitando a Gayarre el discurso de que no había otra opción que mantener el polígono.
CABAÑEROS Y EL ALMACÉN NUCLEAR, DOS EJEMPLOS DE RESISTENCIA POLÍTICA
Los anteriores parlamentos navarros, e incluso algún gobierno, han hecho numerosas declaraciones retóricas sobre el polígono de tiro, pero hasta ahora no se atisbaba una voluntad real y decidida de afrontar el problema desde Iruñea. Aunque la situación actual parezca atada y bien atada por el contrato Comunidad de Bardenas-Defensa, válido todavía para trece años más, la nueva presidenta, Uxue Barkos, puso el tema sobre la mesa en la reciente entrevista con el jefe de Estado y del Ejército español, Felipe de Borbón.
Existen dos ejemplos de oposición política que, por analogía, pueden ser referencia para este conflicto. Uno, porque el asunto era idéntico: el proyecto de polígono de tiro de Cabañeros. Otro, por su actualidad: el almacén nuclear de Villar de Cañas.
El caso de Cabañeros tiene mucha miga, porque quien impidió su instalación fue un dirigente que luego sería ministro de Defensa: José Bono, por entonces presidente de Castilla La Mancha. Ocurrió en 1988. Bono tuvo noticia de que el Gobierno de Felipe González, de su mismo partido, iba a instalar en esta localidad de Ciudad Real un campo de tiro (que probablemente hubiera supuesto el cierre del de las Bardenas en 2001) y movió ficha inmediatamente. Nombró aquella finca como parque natural, «incompatible con un polígono de tiro».
El Ejecutivo del PSOE buscó un segundo emplazamiento, Anchuras, en la misma provincia, pero Bono volvió a plantarse y finalmente lo descartó. Por cierto, en este caso el ministro Narcís Serra llegó a declarar este área como «zona de Interés para la Defensa», como el Gobierno Aznar con Bardenas en el año 2000, sin consumar la amenaza.
Bono ganó aquella doble batalla. Y un par de décadas después fue el ministro de Defensa quien se encargó de defender que el Ejército seguiría en las Bardenas porque no encontraban otro emplazamiento mejor. Lo adornó incluso con alguna desconsideración como esta: «Que la Junta de Bardenas no se queje, porque los 600 millones [de 2001] los firmaron tan agustito».
Un conflicto similar se registra ahora mismo en Villar de Cañas (Cuenca), con el proyecto de almacén nuclear. El Gobierno de Castilla La Mancha, liderado por Emiliano García Page (PSOE), ha recurrido a ampliar un parque natural cercano, multiplicando por 25 su extensión, para que ocupe los terrenos del polémico ATC del Gobierno del PP. Justicia amenaza con ordenar por ley que sigan las obras.