Ambientalistas y activistas de derechos humanos de Nigeria se anotaron una victoria cuando un juez federal exigió que se interrumpiera inmediatamente la quema controlada de gas al aire libre, que emana de los pozos petroleros. Para el magistrado C.V. Nwokorie, esta práctica atenta contra el derecho a la vida, la salud y la dignidad de […]
Ambientalistas y activistas de derechos humanos de Nigeria se anotaron una victoria cuando un juez federal exigió que se interrumpiera inmediatamente la quema controlada de gas al aire libre, que emana de los pozos petroleros.
Para el magistrado C.V. Nwokorie, esta práctica atenta contra el derecho a la vida, la salud y la dignidad de quienes habitan zonas cercanas a los yacimientos.
Las compañías petroleras recurren a la quema para eliminar residuos y aliviar la presión interna en los pozos. Esta práctica, prohibida por ley desde 1984, es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de África.
La quema de gas libera sustancias tóxicas que afectan la salud y el ganado de las comunidades delta del Níger. En los últimos 40 años, los habitantes del delta fuero víctimas de muertes prematuras, enfermedades respiratorias y diversas formas de cáncer, según el fallo emitido el lunes.
Con su dictamen, el juez Nwokorie respondió al litigio presentado este verano (boreal) por la minoritaria comunidad iwerekan.
El fallo también se aplicará a otros juicios similares iniciados por otros siete grupos étnicos minoritarios, incluida la etnia ogoni, que la semana pasada recordó el décimo aniversario de la ejecución del escritor Kenneth Saro-wiwa y de otros ocho ambientalistas a manos de la ex junta militar de Nigeria.
Nwokorie se sirvió de un dictamen sin precedentes emitido en 2001 por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR por sus siglas en inglés) conminó al gobierno nigeriano a compensar a la etnia ogoni por los abusos y daños cometidos por las compañías petroleras contra sus tierras, viviendas y salud.
«Por primera vez, un tribunal competente se animó a declarar que Shell, Chevron y otras compañías que operan aquí realizaron actividades ilegales durante décadas», declaró el reverendo Nnimmo Bassey, director ejecutivo de Acción por los Derechos Ambientales, filial local de Amigos de la Tierra Internacional, una de las organizaciones que promovieron la demanda.
«Esperamos que este fallo sea respetado y que por una vez en la vida las corporaciones petroleras acepten la verdad y detengan sus pecaminosas actividades de quema», señaló el religioso.
La Shell Development Petroleum Corporation (SDPC), una de las compañías acusadas junto con la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria (NNPC), anunció que apelaría el fallo.
La SPDC alegó en un comunicado que había invertido ya unos 2.000 millones de dólares para reducir la quema de gases y eliminarla completamente en 2009.
La SDPC, filial nigeriana de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, es una de las tantas empresas establecidas en el delta del río Níger, además de las subsidiarias de las estadounidenses ExxonMobil y ChevronTexaco, la francesa Total-Fina-Elf y la italiana Agip.
Según un informe de la red ambientalista Amigos de la Tierra Internacional, titulado «Justicia climática: quema de gas en Nigeria», 2.500 millones de pies cúbicos por día, 40 por ciento del consumo total de gas natural de África en 2001, son quemados en Nigeria (más que en cualquier otra parte del mundo).
Este desperdicio significa una pérdida potencial para Nigeria de 2.500 millones de dólares al año, suma por demás significativa en un país donde casi dos tercios de sus 130 millones de habitantes vive en la más absoluta pobreza.
En el delta del Níger se recurre a la quema de gas al aire libre porque ni las grandes petroleras ni la NNPC han invertido en instalaciones para darle un uso comercial.
El gas bombeado a través de una red de cañerías que atraviesa los manglares del delta, los campos cultivados e incluso aldeas, es quemado en varias estaciones de las que emanan enormes llamaradas y columnas de humo, y que producen un rugido que se escucha las 24 horas al día, los siete días a la semana.
Estas emanaciones y los frecuentes derrames de petróleo que han degradado las reservas de peces, el agua y el suelo, y la calidad de vida y la salud de los habitantes del delta, dieron motivo a enérgicas protestas de la población local desde mediados del siglo pasado, cuando Nigeria todavía era colonia de Gran Bretaña.
Estas protestas siempre fueron reprimidas por el Estado, que nunca se interesó por el desarrollo económico de esta zona habitada por grupos sin ningún peso político.
Elegido presidente Olusegun Obasanjo en 1999, luego de una serie de dictaduras militares, una de las cuales también encabezó y que ignoraron a las minorías del delta, prometió atender muchos de sus reclamos, incluido el de obtener una cuota razonable de las ganancias del petróleo y el gas.
Pero el avance es lento y las confrontaciones entre las comunidades étnicas, las empresas petroleras y las fuerzas del gobierno no han cesado.
Obasanjo consiguió que las compañías petroleras se comprometieran voluntariamente a interrumpir la quema de gases para 2008, pero la subsidiaria de la Shell ya adelantó que no podría cumplir con ese plazo.
Sin embargo, si el fallo de esta semana sobrevive el proceso de apelación y se reafirma la prohibición, aumentarán las presiones para que se tomen medidas urgentes.
El juez ordenó, además, que el procurador general se reuniera con el Consejo Ejecutivo Federal, en el que participa el presidente Obasanjo, el vicepresidente y todo el gabinete, para que se actuara inmediatamente.
«Este es un fallo histórico», manifestó Peter Roderick, co-director del programa de justicia climática de Amigos de la Tierra. «Aplaudimos el coraje del juez al enviar un mensaje claro en cuanto a que la quema de gas es una práctica obsoleta inaceptable en Nigeria».
«También aplaudimos la decisión del tribunal de aplicar por primera vez a un proceso ambiental derechos garantizados por la Constitución, en consonancia con lo que ocurre en otros países», agregó.
En su fallo de 2001, la ACHPR también había ordenado al gobierno dar respuesta a las demandas de los ogoni, incluida la de «realizar una limpieza sistemática y a fondo de las tierras y los ríos dañados por la extracción de petróleo».
Pese a su pertenencia a la Organización de la Unidad Africana (hoy transformada en la Unión Africana), de la cual la ACHRP formaba parte, todos esos mandatos fueron ignorados por el gobierno de Obasanjo.
La ACHRP determinó que el gobierno había violado siete artículos de la Carta de los Derechos Humanos y de los Pueblos de África de 1981, de la cual Nigeria es signataria.
Entre estos se hallan «el derecho a gozar del mejor estado de salud física y mental –a un ambiente general favorable al desarrollo de los pueblos–, a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y a una compensación adecuada cuando estos recursos son expropiados o dañados».
Los gobiernos, dice la ACHRP, tienen la obligación de proteger y garantizar estos derechos, e incluso de defenderlos cuando son amenazados o violados por terceras partes, o por actores privados.
«Contraviniendo obligaciones contraídas, el gobierno de Nigeria dio luz verde a las compañías privadas, en particular a las petroleras, devastando con esto el bienestar de los ogonis», sostuvo la ACHRP.
«Las actividades de las corporaciones trasnacionales pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo sólo si los Estados y las sociedades toman en cuenta el bien común y los derechos sagrados de las personas y las comunidades», añadía.
Ante una demanda interpuesta por el Centro para la Acción de los Derechos Económicos y Sociales, con sede en Nigeria, la decisión de la ACHRP fue una de las más importantes de los últimos años acerca del impacto de la globalización encabezada por las grandes corporaciones en los países en desarrollo.