La Sección 4ª de la Audiencia Nacional presidida por Ángela Murillo ha condenado con 10 y 8 años de prisión, que se dice pronto, a Otegi, Díez y otros, como supuestos dirigentes políticos de un supuesto organismo político (Bateragune) que no se prueba lo que era. Tanto el tablero político como el judicial quedan tocados. […]
La Sección 4ª de la Audiencia Nacional presidida por Ángela Murillo ha condenado con 10 y 8 años de prisión, que se dice pronto, a Otegi, Díez y otros, como supuestos dirigentes políticos de un supuesto organismo político (Bateragune) que no se prueba lo que era. Tanto el tablero político como el judicial quedan tocados.
El tablero político lo ha zarandeado el Huracán Ángela.
A medio plazo, la sentencia representa la respuesta negativa y vindicativa de la parte del sistema institucional más vinculada a la derecha, primero contra el derecho de asociación de los independentistas y, después, contra el proceso virtual y unilateral de paz ya iniciado. En el primer caso sostiene que, misteriosamente, hagan lo que hagan, la izquierda abertzale histórica está vinculada a ETA porque ETA es independentista -¡impecable razonamiento!-. En el segundo tema no solo rechaza cualquier negociación o gesto de distensión o pista de aterrizaje. Propugna sólo la pura represión.
Condenar por largos años a los líderes políticos partidarios de la paz inmediata -en juicio dijeron que «la estrategia militar de ETA sobra y estorba a la izquierda abertzale»- crea una alianza espuria de polos contrarios: la parte de ETA que quiere continuar -junto a una pequeña minoría irredenta de la propia izquierda abertzale- y toda la derecha postfranquista partidaria de la tensión. A ésta no le importa que Euskal Herria hierva; más se reafirmará España, más difícil tendrán los nacionalismos vascos para sus reivindicaciones con la funcional «amenaza de ETA» y más se fortalecerá el lado oculto del Estado.
A corto plazo, le deja a la izquierda abertzale histórica sin sus líderes más valiosos, dificultando construir un proyecto en positivo, para tener que insistir en lo reactivo. Pero, al mismo tiempo, un sector del electorado vasco en los comicios próximos reafirmará el voto solidario con Bildu+Aralar. Su compromiso con la paz se entenderá como un antídoto doble: frente a las amenazas de un Estado perverso y frente a una ETA en stand by aunque sea confuso. Y ello ya antes de la campaña.
Los dirigentes del PP y del PSE-EE se quejaban, hace no tanto, de que la amenaza de ETA les situaba en desventaja de contacto con su electorado en las campañas electorales, mientras saturaban todos los medios de comunicación con sus mensajes. Siempre me ha parecido cínico confundir el dolor de las personas con el aparataje partidario. ¡Qué habrá de decir la izquierda abertzale, con sus líderes proscritos e invisibles y, además, con un sistema de comunicación que muy mayoritariamente no le permite comunicar mientras que sí habla (mal) de ella! No es victimismo, son víctimas. Su importante voto será el milagro del tam tam social sin mediación.
Se dirá que todo eso son temas del campo político que no tienen que ver con la maquinaria del sistema judicial que tiene sus propios tiempos y valores, no coincidentes con los políticos. Aquel solo debe aplicar la ley, habiéndose de respetar siempre a la Justicia, gusten o no sus sentencias. ¡Crasos errores! Son Estado.
Las ideologías políticas y de filosofía del derecho forman parte de las sentencias con efectos políticos. La judicatura en general está bien informada sobre el contexto político. Y si no, ahí está la Fiscalía que en lo relativo a los casos sonados es instruida por la Fiscalía General del Estado -Conde-Pumpido no es partidario de legalizar a Sortu- que, a su vez, tiene hilo y vinculación con el Gobierno que lo nombró. O sea, las sentencias no son automáticas, son opciones. Y las contradicciones flagrantes del sistema judicial español -me ahorro señalar los casos de enfoques diametralmente opuestos- desprestigian a la Justicia cuando no imparten justicia y ofenden a la parte más sensata de la judicatura. Es el caso.
Murillo no ha ido sola. Ha fraguado una alianza implícita. Se ha agarrado a la instrucción increíble del doctor Jekill-Mister Hyde que es Garzón -me remito a «Bateragune: Garzón y Murillo en el otro banquillo»- y a una fiscalía que ha mantenido hasta el final la petición de 10 años de cárcel. O sea, el Gobierno socialista -o sea, Rubalcaba- prefiere la mano dura en Audiencia Nacional antes de las elecciones de noviembre y, si hay problemas, ya lo arreglará después el Tribunal Supremo. ¿Justicia o justicia política?
Todo lo dicho solo serían opiniones si la letra de la sentencia con sus 144 páginas no confirmara estas apreciaciones. Es un auténtico disparate de sentencia y que puede no andar lejos de la prevaricación, lo que seguramente no le importe mucho a esta juez kamikaze ya varias veces amonestada por sus superiores por parcialidad.
Está plagada de afirmaciones gratuitas y contradictorias, ajenas a los hechos de dominio público y a los que contiene la propia sentencia entre las páginas 84-134: hechos que simplemente describe, no tiene en cuenta y de los que se deduce lo contrario de lo que dice la sentencia. En cambio, da por buenos todos los fantasiosos informes policiales -el de la naturaleza de Bateragune (pág. 44) es inefable- elevados a la categoría de prueba pericial (pág. 51).
Dar por probado que Otegi y Díez son dirigentes de ETA a través del truco del «complejo ETA» o del «seguían instrucciones de ETA» es una pirueta mental. Se da de bruces con el hecho de que ya en Anoeta (2004), Otegi abanderó públicamente la línea de abandono de las armas, y que esa línea ya se llevó a debate de las bases desde 2007 para saldar la pugna de liderazgos (tras el fracaso de la tregua de 2006) por el choque en la corriente que significó el atentado de la T-4. Todo ello con sus sucesivas declaraciones, textos aprobados y manifiestos públicos (Altsasu, Zutik Euskal Herria, Declaración de Euskalduna, Acuerdo de Gernika…) que desmienten el «reparto de roles» (pág. 43) entre la Izquierda Abertzale y ETA, al menos desde «Anoeta».
Es público y notorio que Otegi y Díez representan no a ETA sino a la izquierda abertzale que propone la disolución por fases de ETA. Es radicalmente falso que el demarque de la estrategia político-militar es de hace dos días -por ejemplo, para sortear una condena- ocultando miles de páginas de información pública durante una década. El constante truco de traer a colación las declaraciones de ETA (págs. 11 a 28) para endosárselas a los dirigentes políticos de la izquierda abertzale y obviar la interpretación de las específicas de esos dirigentes en todos esos años, rompe con las reglas más elementales de un juicio justo.
El otro artefacto judicial insostenible es atribuirle a ETA la estrategia de la propia izquierda abertzale para liquidarla. No casa. O sea, una estrategia de autoliquidación que ETA encarga a la Izquierda Abertzale en contradicción con las propias confrontaciones de estrategia de unos frente a otros que aparecen en la propia sentencia. Lo real es que chocaron dos estrategias distintas (la una, político-armada; la otra, solo política), atribuibles a dos sujetos DISTINTOS -aunque disimularan públicamente el choque de trenes- y que es un choque aún no culminado, aunque sí canalizado con un balance crítico, una nueva línea, un nuevo liderazgo y un Grupo Internacional de Contacto.
Si además se le añade que ninguna de las pruebas y declaraciones en vista oral han sido tenidas en cuenta, nos dice que la sentencia estaba escrita de antemano y que el juicio ha sido una farsa en la que, esta vez sí, se les dejó explayarse a los procesados. El tablero de la justicia, una vez más, lo ha dejado Murillo hecho unos zorros.
Ramón Zallo. Catedrático de la UPV-EHU
Fuente: http://m.deia.com/2011/09/18/opinion/tribuna-abierta/bateragune-y-el-huracan-angela
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