Biocombustibles y relaciones de dominación

Desde la conquista española del país se establecieron trapiches para la producción de azúcar de caña, de manera que los principales beneficiarios de las adjudicaciones de tierras usaron mano de obra esclava, inicialmente indígena, suministrada mediante las llamadas «encomiendas» o cuotas de trabajadores que se imponían a las comunidades y finalmente con esclavos de origen africano. También colonos pequeños productores sembraron la caña. Además del azúcar se obtenían el aguardiente y cada vez más panela (rapadura, papelón, piloncillo o chancaca).

Durante el dominio de la dinastía de los Habsburgo (o Austrias), las haciendas fueron adjudicadas a los jesuitas. Su producción estaba en buena parte destinada a las minas de oro, donde también se explotaba a los esclavos africanos.

Los Borbones modificaron el esquema, especialmente tras la expulsión de los jesuitas y la confiscación de sus bienes en 1767, remataron sus haciendas, como Japio, Mataredonda (Findji y Rojas 1985, p. 36) y Agua Clara llamada después Manuelita y otras, en beneficio de ganaderos, comerciantes de esclavos o mineros, que devendrían posteriormente en poderes locales absolutos, gamonales que controlaban la tierra, la economía y la política.

Familias como los Holguín, Mosquera o Arboleda, controlaban a la vez haciendas en Valle y Cauca y minas esclavistas en Chocó, Cauca y Nariño. El estado colonial se lucraba también de manera que estableció el estanco del aguardiente que pretendía monopolizar el mercadeo del producto y cobraba el diezmo sobre la miel de caña (Bermúdez, 1997).

El régimen esclavista se mantuvo hasta 1851. Los hacendados-mineros vacilaron entre el apoyo a España o a la Independencia y finalmente se pasaron todos a las fuerzas patriotas después de la victoria de Bolívar a Boyacá en 1819 y su llegada al Cauca en 1821, pactando con el nuevo estado que sólo serían libres los hijos de los esclavos, con lo cual se lograron burlar la abolición. En 1851 tras ser derrotados en la guerra civil en que pretendieron anular la ley de abolición de la esclavitud, procuraron convertir sus haciendas al régimen denominado en el occidente terraje y en la región caribe matrícula, un arrendamiento pagado con trabajo servil, que les permitía a la vez obtener caña y trabajo para molerla.

El cónsul de Estados Unidos

En 1854 fue derrotada una revolución que pretendió oponerse al libre comercio en aras de proteger la producción artesanal y desarrollar la industria nacional. Las tropas de los hacendados de las diferentes regiones lograron derrotar a los artesanos y al ejército nacional, gracias al apoyo material de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Prusia (Vargas 1972). Como resultado de este conflicto la industrialización del país se retrasó medio siglo y los hacendados quedaron dueños del campo, de manera que impusieron las relaciones económicas, dejando la producción de la caña al trabajo servil.

Unos pocos productores de azúcar intentaron desde la abolición de la esclavitud, la sustitución de los trapiches movidos por mulas o caballos, por máquinas. En 1855 se emplearon máquinas de vapor en la azucarería de San Pedro Alejandrino, cerca de Ciénaga (Magdalena) en el Caribe. En 1867 el cónsul de Estados Unidos en Palmira, Santiago Eder estableció el primer ingenio azucarero que subsiste hasta hoy, Manuelita: adquirió un molino de hierro movido por energía hidráulica, que sustituyó en 1901 por maquinaria a vapor. En 1892 el ingenio Berasqui en Ciénaga de Oro (Córdoba) produjo azúcar centrifugado. (Cenicaña)

Estos primeros intentos industriales estuvieron limitados por el mercado, ya que miles de campesinos tenían sus propios trapiches y constituían más del 80 por ciento de la población, de manera que ni necesitaban comprar azúcar ni vender su trabajo. Tuvo más éxito la Ferrería de Pacho, que desde 1883 vendió trapiches de hierro, adaptados a las necesidades productivas de las haciendas del terraje y la matrícula y a los campesinos y pequeños productores más prósperos.

Del oligopolio a la violencia y de la violencia al oligopolio.

Durante las primeras décadas del siglo XX comenzó la industrialización del país, amparada por normas proteccionistas, por las crisis del mercado internacional y las guerras mundiales. La súbita ampliación del mercado del azúcar permitió la fundación de más ingenios industriales esta vez por las familias de hacendados y comerciantes, en Cundinamarca, Nariño y Tolima, pero el fue en el Valle del Cauca donde las empresas azucareras registraron el mayor éxito, dadas las ventajas comparativas de sus haciendas, especialmente las proporcionadas por la calidad de los suelos. Surgen por entonces los ingenios Riopaila de los Caicedo, Providencia de los Cabal y Mayagüez de los Hurtado Holguín, que siguen estando hasta hoy entre los principales productores.

Sin embargo el gran salto hacia delante dado por los ingenios del Valle del Cauca que consolidó su oligopolio sobre el mercado azucarero colombiano ocurrió al calor de La Violencia, período entre 1946 y 1958, durante el cual dos millones de personas fueron desplazadas forzadamente y perdieron 350 mil fincas. El Valle del Cauca fue el departamento con mayor número de desplazados, cerca de medio millón de personas que perdieron 98.400 fincas (Lemoin, citado por Oquist 1978, 323). Más que de las tierras abandonadas por los desplazados, los ingenios se beneficiaron del alud de mano de obra barata que desencadenó La Violencia. No solamente se fortalecieron los ingenios Manuelita, Riopaila, providencia y Mayagüez, sino los creados después de 1940, como el ingenio Meléndez de la familia Garcés, Pichichí de los Cabal, Sancarlos de los Sarmiento o Castilla y El Porvenir de los Caicedo y los fundados después de 1950 como Cauca y La Cabaña de los Eder. Estas familias estaban unidas a los partidos tradicionales, especialmente al partido conservador, del cual eran jefes los Caicedo, los Garcés y los Holguín, por ejemplo.

Entre 1950 y 1958, a producción de industrial de azucar aumentó de un millón y medio de toneladas a dos millones y medio de toneladas (Kalmanovitz 1978, p. 305). La Violencia había dejado tanto los trabajadores disponibles, como también una masa de pobladores urbanos desposeídos de los trapiches y necesitados de azúcar y panela.

El 12 de febrero 1959 los ingenios azucareros fundaron la Asociación de Cultivadores de caña (Asocaña), que aunque efectivamente agrupó a varios productores de caña, en lo fundamental fue controlada desde su fundación por los ingenios.

Los ingenios del Valle se apoderaron del mercado del azúcar, en tanto que la panela quedó para los pequeños y medianos productores de caña que aun subsistían y que hoy llegan a 70 mil familias.

El bloqueo a Cuba significó para los ingenios la posibilidad de exportar a Estados Unidos, lo que unido al crecimiento urbano e industrial del país, amplió aun más el mercado del azúcar, de manera que entre 1950 y 1974 la producción aumentó en 275% (Bejarano 1985, p. 246) y a partir de 1975 superó las 10 millones de toneladas (Kalmanovitz, cit.)

En 1977 12 ingenios pertenecientes a 4 familias controlaban el 76,3 por ciento del mercado azucarero: Caicedo (30%), Eder (24%), Cabal (17,8%) y Garcés (4,5%) (Silva 1977, p. 34). Por lo demás los lazos matrimoniales entre estas familias eran y son múltiples.

Los ingenios mantuvieron un control de los trabajadores, por medio de la influencia sobre los sindicatos, pese a lo cual se presentaron grandes huelgas. Durante una de ellas, el 21 de enero de 1966, 250 obreros del ingenio El Arado tomaron las instalaciones y las mantuvieron operando bajo su responsabilidad, para demostrar que la empresa podía dar grandes utilidades a pesar de aceptar sus peticiones, lo cual lograron (CIM 1967; Caicedo 1982, p. 144). Tres huelgas de gran magnitudes realizaron en el ingenio Riopaila entre 1974 y 1976, la primera fue victoriosa para los trabajadores, pero luego los acuerdos fueron desconocidos (Caicedo 1982 p.p. 233-235).

Una relación igualmente desequilibrada establecieron los ingenios con los consumidores colombianos al bajar los precios internacionales del azúcar, de manera que subsidian sus exportaciones con el sobreprecio en las ventas en Colombia. Así mientras en el mercado internacional el precio es de 12 centavos de dólar por libra en el nacional ha oscilado entre los 30 y 50 centavos de dólar. Es la última aplicación de una suerte de capitalismo burocrático al que están acostumbrados los azucareros desde la época en que recibían de los departamentos las concesiones para producir aguardiente y alcohol.

Ardila Lülle: el gran capital conquista el azúcar.

El conglomerado Ardila Lülle es uno de los más grandes de Colombia. Se originó en la industria de bebidas gaseosas que llegó a monopolizar de manera que en la actualidad solamente compite con Coca Cola, ya que la franquicia de Pepsi está en sus manos. Posee empresas textiles y la cadena de radio y televisión RCN una de las dos que controlan los medios colombianos.

El interés de Ardila Lülle por el azúcar nació de su plan para controlar toda la cadena productiva de los refrescos, para lo cual adquirió la fábrica de botellas peldar, la de tapas La Libertad, Papeles y Cartones Papelsa y Corchos y Plásticos, por ejemplo. El 20% del consumo de azúcar corre por cuenta de las bebidas, entonces decidió adquirir el 15% de Manuelita (Silva 1977, p.35) y hoy Ardila Lülle, quien se precia de ser «el productor individual de azúcar más grande del mundo», controla más del 33 por ciento de la producción y el mercado (Silva 2004, p.p. 208-218). Es propietario del Ingenio Cauca, tiene el 52% de Providencia y por lo menos el 35% del ingenio Risaralda, fundado en 1979 con inversión de la Federación de Cafeteros, el estado y la Corporación Financiera de occidente dominada por el Citibank.

Ardila Lülle el principal promotor de los proyecto de producción de etanol o alcohol carburante. Sus ingenios Cauca, Providencia y Risaralda producen el 65% del etanol colombiano a partir de azúcar, en tanto que Manuelita produce el 20% (posee además en Perú la empresa Laredo) y Mayagüez el 15%.

Esta producción de alcohol carburante es el resultado de la amplia capacidad de maniobra del capitalismo burocrático en Colombia. La ley 693 del 19 de septiembre de 2001 ordenó que a partir de septiembre de 2006 la gasolina en las ciudades colombianas de más de 500 mil habitantes debe contener etanol. Esta imposición sustentada con supuestas motivaciones ecológicas y sociales es decisiva pues el costo de producción del etanol es superior al de la gasolina, pero además la imposición permite a Ardila Lülle vender el galón de etanol a US$ 2,40 mientras el de gasolina es vendido por Ecopetrol a US$ 1,26 (Serrano 2007). Para completar, la ley 788 de 2002 exoneró al etanol del impuesto al valor agregado IVA y de los impuestos y sobretasas a los combustibles, exenciones que cuestan al estado 100 millones de dólares por año (Suárez 2006).

Los ingenios pagan a los empresarios productores de caña 50 mil pesos colombianos por tonelada «si es para azúcar» y 30 mil pesos «si es para etanol». Este precio arbitrariamente fijado valiéndose de su condición de monopsonio, así como las crecientes divergencias de intereses entre los ingenios y los empresarios productores de caña causó la salida de estos de Asocaña y la fundación de la Asociación de productores y proveedores de Caña Procaña, así como de Azucari que agrupa a los proveedores del Ingenio Risaralda.

Trece ingenios azucareros mantienen a 30 mil trabajadores sin contratos laborales, en condiciones del capitalismo salvaje. Los antes fuetes sindicatos de industrias han sido reducidos al mismo y la contratación se hace con supuestas «cooperativas», creadas para esconder la relación laboral y pagar al destajo y sin prestación social alguna. Sin embargo las «cooperativas» de corteros de caña han comenzado a realizar huelgas desde 2003 cuando 1.600 obreros pararon el ingenio La Cabaña y más recientemente desde mayo de 2005 cuando 2.700 corteros del ingenio Cauca pararon labores, seguidos de otros 7 mil de Mayagüez, Manuelita y otros ingenios. El desconocimiento de la relación laboral impidió declarar la ilegalidad de las huelgas y el invento de las «cooperativas» se volvió contra sus inventores. Pero las condiciones laborales de los trabajadores de la caña siguen siendo muy malas, fue asesinado Edison Arturo Sánchez dirigente de la huelga en Castilla y además, en el ingenio La Cabaña han sido desconocidos todos los acuerdos con los trabajadores y despedidos los huelguistas. Ante la imposibilidad de disciplinar la mano de obra y la necesidad de incrementar la productividad, los ingenios planifican ahora la mecanización del corte, con lo cual los supuestos efectos de la producción de etanol sobre el empleo, se invertirían.

El programa de «gasolina oxigenada» con 10% de etanol comenzó en noviembre de 2005 en el Suroccidente y la zona cafetera y en febrero de 2006 en Bogotá y resulta de enorme utilidad para los monopolios productores. Ganan cerca del 100% del costo de producción: US$ 2,40 – US$ 1,21 (Suárez 2006).

¿Por qué pueden imponer burocráticamente Ardila Lülle y otros oligopolistas del azúcar estas megaganancias?

Porque controlan el estado. Ardila Lülle ha apoyado la elección de los presidentes Pastrana y Uribe, de los congresistas que apoyan sus gobiernos.

Ardila Lülle controla la información desde la cadena RCN, la cual se dedicó en los últimos años a hacer apología de los paramilitares, que han asesinado a casi 4 mil sindicalistas y mantienen bajo su dominio político-miliar extensas áreas del país, impidiendo que crezca la protesta.

Lo determinante: Estados Unidos desea que crezca la producción de etanol y otros biocombustibles para solucionar su crisis energética y en concreto en el caso colombiano requiere que el petróleo sea exportado, de manera que le conviene que en Colombia se consuma más biocombustible con un costo de producción mayor que el de la gasolina, dejando mayor cantidad libre para Estados Unidos.

La ganancia burocráticamente obtenida mediante el sobreprecio interno del azúcar para subsidiar exportaciones se repite en el caso del etanol y será más escandalosa en la medida en que el ciclo de precios del petróleo imponga precios internacionales menores que los actuales.

El grado de control del gobierno y el estado por el oligopolio azucarero se demostró también en la negociación del Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos, durante las cuáles el único punto de debate intenso que prolongó las negociaciones fue la elevación en 50 mil toneladas de la cuota de azúcar colombiano en Estados Unidos. El gobierno de Uribe sacrificó a los productores colombianos de maíz, arroz, papa, fríjol, cerdo, ave… pero se rompió la camisa por Ardila Lülle.

2. Triste historia y triste futuro del negocio de la palma aceitera

2.1 Despojo y superexplotación

La palma aceitera llegó a Colombia en las manos de grandes propietarios que se aprovecharon de la tierra acumulada en regiones como el Magdalena Medio, después del gran desplazamiento de campesinos que causó la violencia de 1946 a 1958.

Las empresas de palma, la principal de las cuales era Industrial Agraria La Palma, Indupalma, de la familia Gutt, impusieron la superexplotación de los trabajadores. Los sindicatos lograron dar las primeas peleas por sus derechos y la respuesta fueron la represión, la ilegalización de las huelgas y los consejos de guerra contra los dirigentes. Así en septiembre de 1971 al ser asesinado un jefe de personal de la empresa Indupalma, mediante un montaje fue adjudicada la autoría del crimen a los líderes sindicales que permanecieron en la cárcel 4 años hasta que lograron demostrar plenamente su inocencia (Caicedo 1985, p. 196). La huelga en Indupalma en 1977 estuvo rodeada de circunstancias dramática por la injerencia del grupo guerrillero M19 que secuestró al gerente y exigió la firma del convenio colectivo con los trabajadores, divulgado el 14 de septiembre día de la huelga general que se denominó en Colombia «Paro Cívico Nacional» (Caicedo 1985, p. 245).

La primera etapa de la palma africana en el país culminó con el fin del ciclo productivo de las primeras plantaciones: las empresas declararon entonces quiebras ficticias para desconocer los derechos económicos de los trabajadores y destruir a los sindicatos. Cuando algunos trabajadores quisieron recibir las tierras de las empresas como pago por sueldos y prestaciones que les dejaron de pagar, se dieron cuenta que limpiar una tierra con palmas altas y viejas es más caro que comprar otra tierra y deja daños permanentes en el suelo.

2.2 En tierra de otros

Como resultado de la experiencia de 30 años, las empresas de todo el mundo prefieren ahora cultivar en tierras ajenas, o mejor dicho dañar tierras ajenas, lo cual además les permite evadir impuestos prediales y establecer supuestas «alianzas estratégicas» o «asociaciones productivas» con los campesinos e indígenas que entregan la tierra, de manera que además de darles sus tierras les den su mano de obra sin contrato de trabajo, como supuestos «socios».

Por otra parte, la derrota de los trabajadores se expresó organizativamente y la mayoría de ellos dejó los sindicatos y tuvo que conformar «cooperativas de trabajo asociado», establecidas como en le caso del azúcar, para desconocer el contrato laboral, aparentando un contrato entre la empresa y la cooperativa. La empresa ya no paga la seguridad social de los trabajadores, quienes deben buscarla en los sistemas públicos de asistencia a la población pobre como el Sisbén de Colombia y quedan sin cesantías ni jubilaciones.

Como afirma la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra. (ACVC), estas plantaciones son «un triste ejemplo del cóctel de latifundismo con aspiraciones de eficiencia o modernidad que al pretender ser productivo no renuncia, sino al contrario se reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra». La ACVC agrega: «Se trata con este sistema de incrementar los rendimientos monetarios por hectárea sin alterar en lo absoluto la estructura de tenencia de la tierra. Los nuevos señores feudales plantean las alianzas productivas que no son otra cosa que la aparcería maquillada. Las alianzas son el remedio legal para eludir las obligaciones con los trabajadores agrarios desposeídos. Al volver socio al trabajador, el latifundista ahorra en jornales y elimina las horas extras y las prestaciones sociales. La clase propietaria considera que la administración de las alianzas deben conservarla ellos ‘dada su experiencia’.

En otros casos los neolatifundistas proponen sociedades a los pequeños e incluso medianos propietarios y productores induciéndolos a asociarse a los proyectos de monocultivo, mediante un sistema de endeudamiento con el sofisma de la ‘economía campesina de la palma’. En realidad se trata de contar con una oferta de materia prima permanente sin tener ninguna vinculación laboral entre los latifundistas que controlan los procesos de elaboración y comercialización y los campesinos empobrecidos». (WRM 2001)

Las empresas lograron una situación excepcional, al evadir el costo de la tierra y los impuestos, reducir sustancialmente los salarios y eliminar el pago de prestaciones sociales. Al mismo tiempo la sociedad asume el costo ambiental de la explotación de palma, mientras las empresas se embolsillan los beneficios.

Las transnacionales comercializadoras y consumidoras del aceita vegetal, como la Unilever, decidieron convertirse en las principales beneficiarias de este negocio propiciando la plantación de palma aceitera en todo el mundo tropical: comenzaron por Malasia e Indonesia y luego han logrado que las plantaciones se extiendan a Camerún, Nigeria y otros países de Africa, a Centroamérica y Suramérica, lo que condujo a una tendencia a la baja de los precios internacionales del aceite, que benefició a esas transnacionales.

Los desastres ecológicos fueron grandes en las selvas, especialmente en Malasia e Indonesia. La situación más grave se presentó en 1998 cuando una nube de humo cubrió estos países, producto de la quema de los bosques. Mientras tanto los pueblos indígenas, especialmente de la isla de Borneo, eran los damnificados directos de esta destrucción y del despojo de sus territorios.

Ahora, cuando el negocio de la palma venía en declive, el alza extraordinaria de los precios del petróleo le ha dado un nuevo impulso a los plantadores de la palma aceitera. Se espera multiplicar las plantaciones para producir biodiesel. El negocio se pinta como el más extraordinario de la historia y hasta se asegura que tendrá magníficos efectos ecológicos.

Sin embrago, para los países y regiones productores los efectos pueden llegar a ser muy negativos. En primer lugar, sufrirán la destrucción del bosque y la vegetación nativa, reduciendo la biodiversidad; en segundo lugar los suelos sufrirían apenas cada plantación de palma cumpla su ciclo productivo y se deba eliminar los troncos por métodos químicos; y si las plantaciones fueran a expandirse como se pretende, lo harían en desmedro de la seguridad y la soberanía alimentaria de las poblaciones locales, porque los agricultores dejarían de producir cultivos alimenticios para la población y en cambio se concentrarían en producir «combustibles limpios» para Estados Unidos y Europa. (Bravo y Mae-Wan Ho 2006).

Hay que decir que gran parte de la producción vegetal está siendo redireccionada para producir biocombustibles. Como bien se sabe, en Brasil y Argentina se espera multiplicar la producción de soya con este mismo fin, La producción de soya en Argentina aumentaría a 100 millones de toneladas, lo cual implica un enorme costo ambiental y social para el pueblo argentino, tal como el desplazamiento de poblaciones rurales, creciente deforestación y desertificación de los suelos y por lo tanto más hambre e injusticia social. En Filipinas, India, Madagascar y Ghana se está plantando masivamente la jatropha, un árbol aceitero de rápido crecimiento que puede competir con la palma. China proyecta dedicar 13 millones de hectáreas a las plantaciones de jatropha. A los megaproyectos de producción de biodísel hay que agregar los ya referidos de producción de etanol combustible a partir de caña azúcar y además de yuca, remolacha y maíz, teniendo en cuenta que Europa tiene excedentes de remolacha azucarera y Estados Unidos subsidia generosamente la producción de etanol a partir del maíz y ya lo exporta a Colombia para producir etanol.

2.3 Palma aceitera y paramilitarismo

En Colombia los megaproyectos de palma aceitera, como otros, han estado estrictamente asociados a la expansión del paramilitarismo. La rápida concentración de la propiedad de la tierra entre 1981 y 2006 ha tenido objetivos especulativos, pues los grandes propietarios no cultivan la mayoría de las tierras que dominan. Pero la palma les ha ofrecido el pretexto y negocio adecuado para apoderarse de tierras de campesinos y especialmente de afrocolombianos.

Los paramilitares colombianos han seguido el modelo de la mafia calabresa denominada ‘ndrangheta, que consiste en Italia en estos tres aspectos:

Expropiación mafiosa: Coacción armada para que los pequeños propietarios vendan tierras en zonas que se van a valorizar.

Apropiación de los subsidios de la comunidad europea, en especial los entregados a los productores de oliva y aceite de oliva.

Apropiación de áreas para cultivos ilegales o de los cultivos ilegales. (Furet 2004)

La convergencia entre las AUC y la mafia calabresa no es una casualidad. Objetivos y métodos coinciden. Pero lo que en Italia es mafia tradicional relegada a la ilegalidad por el desarrollo capitalista que puede utilizarla, pero no la reconoce como suya, en Colombia es parte esencial del sistema de tenencia de la tierra que sigue vigente desde la conquista española y que desplaza violentamente una y otra vez al campesino a las selvas, convirtiéndolo en colono y en ocupante de territorios indígenas.

En el modelo agrícola de la mafia calabresa, al despojo de tierras valorizables se agrega el apoderamiento de los subsidios agrícolas de la Unión Europea y en especial los destinados a los olivares. En este caso también lo que en Italia es mafia aquí se desarrolla como virtud en la forma de capitalismo burocrático. Reciben los créditos del Banco Mundial, los subsidios del estado, las exenciones de impuestos. «para el desarrollo de proyectos productivos en sistemas de producción de carácter empresarial», subordinando a los pequeños productores a estos proyectos si quieren recibir el subsidio: ‘Ndrangheta, el subsidio aparentemente entregado a los pequeños, fluirá realmente para proyectos empresariales, de «los empresarios eficientes de san Alberto» de que hablaba el presidente Uribe en la campaña electoral.

La patente colombiana de este procedimiento capitalista burocrático, la tiene el olivo del trópico, la palma africana. El negocio para el «empresario» es ideal: no tiene obligaciones laborales porque los trabajadores son socios; inclusive si los trabajadores campesinos han recibido tierra o si han entregado su tierra, tampoco tendrá el empresario que pagar impuesto predial; y para completar, como el precio internacional del aceite tiene una tendencia a la baja, el «socio» campesino corre con las pérdidas, incluido el grave deterioro del suelo, es la experiencia de Malasia. Finalmente el pequeño pierde una tierra que ya no valdrá para la agricultura ni para él, pero sí para los proyectos de inversión no agrícolas de los socios mayores.

En la situación colombiana la rentabilidad de las plantaciones de palma adquiere un sentido diferente, en la medida en que en varias regiones la expansión de la palma está ligada con la economía de la cocaína y la inversión inicial en viveros y años de espera para producir es posible gracias a la preexistencia de grandes capitales acumulados en el narcotráfico o de pequeños ahorros fruto de la producción de coca. En este sentido la expansión de la palma ha resultado una forma de lavar dinero eficientemente y además bajo la protección y el fomento estatal e internacional. Si por lo menos esto fuera dirigido a sustituir definitivamente la economía de la cocaína, tendría al menos ese efecto positivo, pero el dominio de ambos negocios por el paramilitarismo lo que ha hecho es articular ambos negocios en uno y ligarlos al despojo de las tierras de los afrocolombianos y otras comunidades rurales. Sin embargo esta máquina sigue siendo fomentada por el estado colombiano y la «comunidad internacional».

La legislación a favor de la palma aceitera y otras plantaciones abunda, están exentas de impuesto de renta según la ley 939 de 2004 y el decreto 1970 de 2005; según la ley 939 el biodiesel está excento del impuesto a las ventas y del impuesto al ACPM. El Plan Colombia y el Banco Mundial han establecido programas de fomento de la palma aceitera. Proyectos de ley actualmente en curso, prevén subsidios e inversiones estatales

2.3.1 Plan Pastrana

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana ofreció el 1º de marzo de 2001, en Malasia, 3 millones de hectáreas para cultivar en Colombia palma africana para producir aceite. Según la agencia de prensa de la Presidencia, el proyecto que el Mandatario presentó a empresarios malasios congregados en la Conferencia organizada por la Asian Strategy Leadership Institute (Asli), buscaba ser desarrollado con inversión del país asiático.

«La extensión de los cultivos de palma de aceite se ha convertido en un verdadero propósito nacional, para que, con ella, lleguen el progreso, la inversión y el desarrollo social a amplias zonas de Colombia que hoy están listas para unirse al cultivo y el procesamiento de este bien primario», dijo.

El desarrollo de estos macroproyectos, a los que ofreció vincular los inversionistas de Malasia, se harían con núcleos de producción de al menos 20 mil hectáreas, cada uno con planta de beneficio para extractar el aceite. La inversión por cada núcleo se estimó en 70 millones de dólares para ejecutar principalmente a través de la Promotora de Proyectos de Siembra de Palma de Aceite, Propalma S.A., en la cual participan 43 empresarios del sector, Proexport y Coinvertir.

Pastrana gestionó con el Banco Mundial un crédito para fomentar plantaciones de palma aceitera y de las ocho zonas seleccionadas para el programa cinco eran de dominio de los grupos paramilitares (Urabá, Córdoba-Sucre, Cesar, Magdalena Medio y centro-norte del Meta; y una zona donde había abierta expansión de esos grupos (oriente de Caldas-norte del Tolima-noroccidente de Cundinamarca).

Lo cierto es que en Colombia había 145 mil hectáreas sembradas de palma en 1998 y actualmente hay más de 300 mil, lo que significa un crecimiento superior al 100 %. A pesar de la política de las empresas procesadoras de no ser las propietarias de las tierras de plantación, éste es un cultivo de gran propiedad y de hecho una tercera parte está en fincas de más de 2000 hectáreas y otra tercera parte en fincas de entre 500 y 2000 hectáreas. El control paramilitar y la represión política han logrado que no se presente la organización diferenciada de empresas procesadoras y proveedores y todos se agrupan en Fefepalma.

2.3.2 Proyecto Gaviotas 2

El Proyecto Gaviotas 2 que tanto ha promocionado Uribe, se relaciona en realidad con megaproyectos de origen japonés, previstos hace 30 años y que incluyen la privatización del río Meta y la apropiación de extensos territorios de Meta, Casanare y Vichada. Una etapa preparatoria de 30 años la cumplieron «masetos», «carranceros» o «paracos» que concentraron la propiedad en unas pocas personas aunque aun tienen el obstáculo de los resguardos indígenas a los que proponen entregarles 600 mil hectáreas.

Este megaproyecto cubriría 3 millones de hectáreas con palma aceitera y pino caribe. Su impacto ecológico sería enorme. Desgraciadamente empresarios españoles y de la Unión Europea se han ligado a este plan.

El gobierno espera además ligar este proyecto con la reinserción de los paramilitares y convertirlos en fuerza de doble papel: mano de obra barata y disciplinada y control político-militar de la frontera con Venezuela.

Cuando el precio del biodiesel caiga, la ecología que permite la vida indígena habrá sido rota, pero la región quedará en manos de los de siempre.

2.3.3 Resistencia

Tres son las fuentes de resistencia contra estos proyectos:

Una, la resistencia de los trabajadores, tanto la reducida vanguardia que con gran sacrificio y lucha han mantenido sus organizaciones sindicales, como aquellos que se han visto obligados a constituir «cooperativas» y que como se demostró en enero de 2005 en Cesar, también pueden hacer huelgas exitosas y voltear contra los empresarios la ficción de la ausencia de contrato de trabajo, pues sus huelgas no pueden ser declaradas ilegales.

Dos, la resistencia de indígenas, afrocolombianos y campesinos que defienden sus territorios y derechos fundamentales.

Tres, el movimiento ambientalista internacional que en todo el mundo está denunciando los nefastos impactos ecológicos de la fiebre del biodísel y la palma africana.

De la manera como sepamos unir estas tres fuentes y convertir sus propuestas en un movimiento nacional y mundial, depende que las personas las culturas y los bosques no sean consumidas como biodiesel y podamos tener un futuro amable para la naturaleza, los indígenas, los afrocolombianos y los trabajadores de Colombia.

3- Riesgos económicos para los biocombustibles en Colombia

Los precios del petróleo, como todos, son cíclicos. Aunque a largo plazo se registra una tendencia ascendente, la misma no elimina las oscilaciones cíclicas y en promedio, a siete u ocho años de alzas de precio sigue un período semejante de bajas. Con los precios muy altos del petróleo, no solamente varios países no afiliados a la OPEP multiplican la exploración y explotación de hidrocarburos, sino que en todo el mundo tropical se vive la fiebre del biodiesel y el etanol y se extienden los cultivos de jatropha, palma aceitera, ricino, caña de azúcar, remolacha, yuca, soya y maíz para alimentar las destilerías.

El comercio internacional de los biocombustibles depende como el de cualquier producto de la diferencia entre los precios internacionales y los costos de producción. Todos los biocombustibles tiene actualmente costos de producción superiores a los de la gasolina, pero como el precio internacional es muy alto pueden comercializarse por ahora. Sin embargo hay que tener en cuenta que los precios internacionales nunca en la historia se han mantenido arriba por muchos años.

Los costos de producción del etanol en Colombia son superiores a los de Brasil, lo cual resultará catastrófico a la hora de una baja de los precios internacionales y la crisis para las destilerías solamente podría compensarse con mayores precios internos.

En el caso del etanol en Colombia ya se está vendiendo al absurdo precio de US$ 101 el barril (Serrano 2006), lo cual significa un inmenso subsidio de los consumidores a los oligopolios productores, que producen cerca de un millón de litros diarios, mientras apenas hay dos destilerías pequeñas más en operación, una en el Meta que produce 30 mil litros diarios a partir de yuca y otra en Codazzi (Cesar) que produce etanol a partir de maíz importado. La importación de la materia prima, especialmente del maíz, crecerá debido al aumento de cuotas de importación de maíz estadounidense que permite el TLC, con lo cual los proyectos en curso a partir de yuca y caña panelera se verán inmensamente golpeados.

Proyectos en Santander, Boyacá y Cesar usando caña, remolacha y yuca, respectivamente y que aspiran a llegar a producir 700 mil litros diarios de etanol, solamente entrarán a operar en 2008 y probablemente no gozarán ya del pico de precios del combustible. También la planta de biodiesel de Ecopetrol en el Magdalena Medio entrará en producción sólo en el 2008.

Las plantaciones de palma aceitera estarán en plena producción cuando caiga el precio y serán una de las causas de su caída. Como todas las fiebres económicas tropicales, ésta se derrumbará en el momento en que la producción sea máxima y la superproducción de biodiesel a partir de aceites de palma, jatropha, algas marinas, soya, ricino y girasol, se desborde por el mundo. Entonces las pérdidas correrán por cuenta de los «aliados estratégicos» que suministraron sus tierras y de regiones enteras que sufrirán el daño ecológico.

Por otra parte, el consumo de etanol en ciudades de mayor altura sobre el nivel del mar se evapora causando daños en la cámara de combustión de los vehículos, oxidación y desgaste prematuro en componentes metálicos y deformación de los componentes de caucho del sistema de combustión, como lo ha demostrado las investigaciones de la Universidad Nacional, que también detectaron un efecto ambiental negativo cuando el tráfico es lento y se usa etanol (Acevedo 2005).

Desde cualquier punto de vista que se mire, el éxito de los biocombustibles depende de la obligación de usarlos, de las exenciones y subsidios del estado, del sobreprecio a los consumidores, del desconocimiento de los derechos de los trabajadores y de mil formas de arrebatar a las comunidades rurales el uso de sus tierras. Todas estas son condiciones que el régimen vigente en Colombia garantiza, régimen que espera verse sostenido por el etanol y el biodiesel pero, ¿hasta cuando?

REFERENCIAS

Acevedo Gamboa, Helmer et.al. 2005 «Caracterización de un motor de combustión interna por ignición utilizando como combustible mezcla de gasolina corriente con etanol al diez (10%) en volumen(E10)», Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, departamento de Ingeniería Mecánica.

WRM 2001 «Colombia: incentivo económico perverso para la plantación de palma aceitera». Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales Boletín Nº 47. Montevideo.

http://www.pachakuti.org/textos/campanas/agrocarburantes/conf_h-mondragon.html