El primero de noviembre sucedió en la Asamblea General de las Naciones Unidas un hecho que seguramente entrará en los anales de la diplomacia multilateral como inédito: en diez votaciones consecutivas la comunidad internacional, por mayorías indiscutibles, manifestó su apoyo a Cuba y le dio la espalda a Estados Unidos en lo que es el […]
El primero de noviembre sucedió en la Asamblea General de las Naciones Unidas un hecho que seguramente entrará en los anales de la diplomacia multilateral como inédito: en diez votaciones consecutivas la comunidad internacional, por mayorías indiscutibles, manifestó su apoyo a Cuba y le dio la espalda a Estados Unidos en lo que es el tema central del conflicto entre ambas naciones: el injusto, ilegal y unilateral bloqueo económico, comercial y financiero que Washington le ha impuesto a La Habana desde 1962. El saldo de este ejercicio es claro y terminante: la comunidad internacional no comparte, y mucho menos apoya, la política de «cambio de régimen» de la Administración Trump hacia nuestra Patria.
Parodiando la manida frase del Presidente Trump, «Cuba wasgreatagain». Y ello a expensas de una delegación estadounidense que se caracterizó tanto por su torpeza, como por su prepotencia. Un triste legado para una Embajadora como Nikki Haley, que apenas ha durado dos años en el cargo y que lo abandonará sin pena ni gloria.
Paradójicamente es en este contexto político internacional que el Presidente escogió para enviar a la ciudad de Miami a su Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, con el aparente objetivo de proclamar, en los términos pretendidamente enérgicos que resultaron más bien patéticos, la adopción de nuevas acciones de castigo contra los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En una maniobra de tintes palpablemente electoreros, apenas 5 días antes de los comicios de medio tiempo del 6 de noviembre, Bolton se ocupó en lanzar las más desvergonzadas acusaciones y en amenazar con las más improbables sanciones adicionales contra estos países, so pretexto de proclamar una nueva política hacia América Latina y el Caribe, región que la Administración ha despreciado palpablemente.
Entre las calenturientas iniciativas que insinuó se podrían tomar, aunque se cuidó de no hacerlo públicamente, está una vieja aspiración de lo más rancio de la vieja clase oligárquica de origen cubano, esa canalla dorada que controló los destinos de Cuba hasta 1959, explotando implacablemente a la mayoría del pueblo en la Isla, y que, como se dice de otras clases dominantes desplazadas del poder, no han olvidado nada, ni han aprendido nada.
Como es sabido, ese grupo político, al que le gusta calificarse como «el exilio histórico», como si eso fuera un gran mérito, se ufana de ejercer desmedida influencia en la política norteamericana a través de distintas vías, no siempre las más legítimas. Su objetivo central es tan quimérico como avaricioso: regresar a Cuba y restablecer el modelo de capitalismo corrupto periférico que existía en nuestro país antes de 1959. Consideran, además, que tienen derecho a exigirle a Washington que lo imponga al costo que sea necesario. Se creen su propia mentira principal: que el gobierno de Estados Unidos está en deuda con ellos. Donald Trump ha fomentado esa ilusión, sin que haya una explicación lógica para ello. Claro, el Presidente y la lógica parecen vivir en mundos aparte.
Dentro de esas pretensiones del «exilio histórico»está la de que, utilizando su ciudadanía norteamericana adoptiva, se les permita demandar ante los tribunales de Estados Unidos a las empresas de otros países que han invertido en sus propiedades en Cuba para así, al menos, obtener pingües ganancias y, en el largo plazo, sentar antecedentes legales para la ilusoria recuperación de esas propiedades en una Cuba que ellos deliran sea nuevamente dominada por Washington, y por ellos como socios menores. Por sus características y sus normas, o ausencia de ellas, los tribunales de la Florida son penosamente notorios por fallar a favor de estos personajes sin atenerse a la interpretación estricta de las leyes norteamericanas como sucede en otros estados de la unión.
Eso es lo que le han venido exigiendo a la Casa Blanca el senador Marco Rubio, y los congresistas Ileana Ross-Lehtinen, Mario Díaz Balart y Carlos Curbelo.
Adoptar esta política sería un privilegio que ni siquiera tienen los que eran, al principio de la Revolución, ciudadanos o empresas norteamericanas con propiedades en Cuba. Las leyes norteamericanas establecen que para que el gobierno de Washington pueda reclamar el pago de compensaciones ante el gobierno cubano, sus demandantes tienen que acudir a la Comisión Nacional de Reclamaciones. Y así lo han hecho. Cuba reconoce que estas reclamaciones tienen legitimidad y pueden ser objeto de negociación, siempre que se incluya en las mismas las compensaciones por los daños causados al pueblo cubano por el bloqueo.
Aceptar que un ciudadano norteamericano de origen cubano pueda utilizar los tribunales de Estados Unidos para demandar a empresas de terceros países que invierten en la Isla sería una nueva expresión de la extraterritorialidad de las sanciones que Washington le tiene impuestas a Cuba.
Desde que, en la década de 1990, esta iniciativa fuera elucubrada por abogados vinculados a esa clase dominante, hubo numerosas dudas sobre su validez y conveniencia para los intereses de Estados Unidos.
Sin embargo, gracias a los esfuerzos del senador Jesse Helmsy y del representante Dan Burton (quienes recibieron amplios fondos de estos sectores para lograr ser electos y reelectos una y otra vez), esos reclamos, a pesar de su evidente falta de legitimidad, fueron incluidos como el Título III de un proyecto de Ley que llevaba el nombre de ambos, y fue presentada en ambas Cámaras en 1994. Los asesores legales de varios organismos del Estado norteamericano alegaron, entonces, que esa iniciativa crearía enormes problemas para el sistema judicial y para la posición de Estados Unidos en los organismos internacionales de comercio. Se trataría de decenas de miles de reclamaciones de dudosa validez que llevarían a demandas y contra-demandas en los tribunales que se verían desbordadosy empantanados por reclamaciones que no están certificadas, al tiempo que provocaría conflictos de arbitraje en el recién estrenado mecanismo creado trabajosamente por los miembros de la Organización Mundial de Comercio.
En 1995-1996, durante el largo proceso de negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en Washington alrededor de lo que eventualmente se ha llamado la Ley Helms-Burton, la Casa Blanca, presionada por la comunidad internacional y ante la evidencia de que la medida sería enormemente difícil de implementar, informó a los patrocinadores de la Ley que esta sería vetada si se incluía lo previsto en el Título III del Proyecto. Así, al senador Helms y al congresista Burton no les quedó más remedio que aceptar uno de esos sorprendentes y complicados acuerdos que a veces caracteriza la legislación estadounidense: el Título III aparecería en la Ley, pero con una enmienda que suspendería su aplicación siempre y cuando el Presidente informara semestralmente al Congreso que su aplicación perjudicaría los intereses de Estados Unidos. Este acuerdo es totalmente legítimo y se corresponde con los intereses de Estados Unidos. Hasta tal punto que, desde entonces, y por 22 años, todos los Presidentes, incluyendo al republicano George W. Bush, han actuado en consecuencia y solicitado al Congreso que mantenga la suspensión.
Por tanto, lo que ha insinuado el Señor Bolton es que se está considerando que el Presidente Trump rompa la tradición y el acuerdo logrado en 1996, absteniéndose de aplicar la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton.
Aparentemente lo que se pretende con ello es activar las bases sociales partidarias de Trump para que voten por los candidatos del Partido Republicano en la Florida, y así evitar un repunte del Partido Demócrata que parece tener posibilidades de alcanzar la Gobernación y algunos curules en la Cámara, lo que contribuiría a lograr el control de esta última por la oposición al Presidente.
Este anuncio está basado en dos cálculos discutibles. Primero, que adoptar ese tipo de posiciones contra Cuba (y adicionalmente contra Venezuela y Nicaragua) goza del apoyo de amplios sectores de origen latino en la Florida. Segundo, que son tan numerosos que pueden determinar el resultado de varias de las elecciones clave en el Estado. La vida dirá si esta maniobra electorera da resultados en el contexto actual.
En todo caso, los demócratas no se han cruzado de brazos. El ex-Presidente Barack Obama anunció que haría campaña a favor de sus correligionarios el 2 de noviembre en Miami, la ciudad más populosa del Estado. Recuérdese que Obama ganó el Estado dos veces, en el 2008 y del 2012, aún cuando adoptó hacia Cuba posiciones más flexibles que las de sus contrincantes republicanos.
De materializarse la amenaza de Bolton, la medida puede tener graves consecuencias para el sistema de arbitraje de disputas refrendado en la Organización Mundial de Comercio. Seguramente desencadenaría una reacción internacional aún más significativa que la que se vio esta semana en las Naciones Unidas, donde Estados Unidos perdió diez votaciones consecutivas en una sola sesión de la Asamblea General. Este tema es de particular importancia para la Unión Europea, Canadá y América Latina y el Caribe, pues afecta intereses económicos significativos.
En términos políticos de más largo plazo, puede decirse que lo realizado por Bolton el jueves es una vuelta a una práctica política que data de los años 60 del siglo pasado, pero que muchos observadores dudan hoy de su efectividad, que es la de buscar votos haciendo pensar a ciertos sectores que la política de dureza hacia Cuba es viable y tendrá éxito.
Para resumir, es una táctica utilizada con propósitos domésticos, que hoy son discutibles. Desde el punto de vista de nosotros, los cubanos en la Isla, es un claro recordatorio de que esta Administración vuelve a utilizar el chivo expiatorio de Cuba sin importarle en forma alguna las consecuencias y, de tal forma, cierra aún más la puerta de un eventual proceso de normalización que estaría en interés de ambos pueblos.
Fuente: http://cubaposible.com/bolton-miami-los-desvarios-una-tactica-politiquera-fallida/