El Gobierno español argumenta dos trasvases que aún no se han puesto en funcionamiento y la adquisición de una finca hace un año, como claves del cambio de rumbo para proteger el acuífero. El Gobierno de España responde a Bruselas ‘in extremis’ para cumplir el plazo impuesto por el ultimátum que le dio la Comisión […]
El Gobierno español argumenta dos trasvases que aún no se han puesto en funcionamiento y la adquisición de una finca hace un año, como claves del cambio de rumbo para proteger el acuífero.
El Gobierno de España responde a Bruselas ‘in extremis’ para cumplir el plazo impuesto por el ultimátum que le dio la Comisión Europea ante los daños que, según la Comisión Europea, se están produciendo en Doñana a causa de la mala gestión del acuífero.
El dictamen motivado, fechado el pasado 28 de abril, que adelantó en exclusiva Público, daba dos meses a España para responder indicando las medidas que se han llevado a cabo para revertir la situación de mal estado del acuífero y evitar daños en ecosistemas protegidos por la normativa europea.
Europa no ha querido dar siquiera esta vez prórroga a España: «En estos casos se suele pedir un mes de gracia más para responder, pero esta vez no lo han concedido», apunta una fuente que ha trabajado en el informe y que ha sido consultada por Público.es. La Comisión Europea no quiere dejar pasar más tiempo y que el mal estado del acuífero siga teniendo consecuencias en la mayor reserva biológica del continente.
Las medidas llevadas a cabo en los últimos meses se han limitado a cerrar los primeros 42 pozos ilegales por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) (el órgano responsable de aguas del Ministerio en Doñana), a las que se suman otras 10 captaciones ilegales clausuradas en los últimos tres años por parte de la Demarcación Hidrográfica Tinto- Odiel-Piedras, cuyas competencias son de la Junta de Andalucía. Muy poco, teniendo en cuenta que en la zona se estima que hay unos 2.000 pozos ilegales esquilmando agua del acuífero para regar cultivos de fresa, que en muchos casos se ubican en explotaciones ilegales.
La CHG sostiene en el último balance sobre el estado de las aguas subterráneas de Doñana, que presentará hoy en la Comisión de Aguas del Consejo de Participación del Espacio protegido y al que ha tenido acceso en exclusiva Público.es, que si se mantiene «el modo de explotación» de los recursos subterráneos, se «comprometería el buen estado» del acuífero y los ecosistemas que tiene asociados. La CHG indica en este informe sobre el estado del acuífero las principales medidas que formarán parte de la respuesta que se mandará a Bruselas.
En concreto, el informe sobre el acuífero de la CHG sostiene como uno de sus principales actuaciones de relevancia la adquisición de la finca Los Mimbrales, aunque de esa actuación hace ahora un año. Se trata de una finca de regadío de 1.061 hectáreas, de las que 922 han pasado de uso agrícola a forestal. Esta actuación junto al cierre de pozos ha permitido, según indica el organismo de cuenca del Ministerio, que dejen de detraerse casi 750.000 metros cúbicos de agua del acuífero. Esa es la mejor cifra que puede ofrecer Madrid a Bruselas, aunque se trate de una actuación que ya conocía la Comisión Europea antes del demoledor dictamen motivado de hace dos meses.
Junto a esta disminución de la presión agrícola, la CHG destaca otra actuación realizada: el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos de aguas superficiales, que son las que les ha permitido cerrar pozos ilegales sin conflictividad social con los agricultores, al cambiarles agua subterránea por agua superficial. Si bien, parte de esta cantidad de agua deberá dedicarse a abastecimiento urbano y el trasvase todavía no se ha puesto en funcionamiento.
Sobre el resto de medidas no apunta que estén realizadas pero sí que formarán parte de la solución de futuro: Aumentar la guardería fluvial para detectar robos de agua, revisar y cotejar que las explotaciones agrarias de regadíos tienen permisos de agua, invertir en investigación hidrogeológica y, por último, un nuevo trasvase de 15 hectómetros cúbicos contra el que ya se han posicionado las organizaciones ecologistas y sobre el que el mismo dictamen motivado de Bruselas mostraba sus dudas.
La clave para Bruselas es el ritmo al que se llevan a cabo las medidas para proteger el acuífero, y la explicación del Estado español no abunda en los plazos para eludir reconocer que en los últimos meses no se ha hecho casi nada. «El informe habla de las actuaciones llevadas a cabo desde 2014 porque es desde entonces cuando la Comisión Europea inició el procedimiento», indica una fuente que ha trabajado en la elaboración de la respuesta a Bruselas.
Aunque es cierto que la investigación arrancó en esa fecha, el último dictamen emitido hace dos meses, hace referencia a que no se han tomado medidas desde entonces e insta al Estado español a que explique lo llevado a cabo también desde que la CHG reconoció el mal estado del acuífero (en enero, con la aprobación del Plan Hidrológico 2015-2021).
La respuesta que Madrid envía a Bruselas incluye también dos informes de la Junta de Andalucía, según ha confirmado Público. Uno hace referencia a la gestión de Doñana y la ejecución de los planes de uso y gestión, de recursos naturales y el estado y evolución de flora y fauna en el espacio natural. El otro informe hace referencia al denominado Plan de la Fresa, que buscar regularizar la situación de este cultivo en Doñana y su entorno.
En este sentido, la Junta sí que ofrece datos sobre las acciones llevadas a cabo para su aplicación y un completo cronograma de actuaciones, aunque Bruselas ya le apuntaba en su último dictamen que este Plan no bastaba por sí mismo para revertir la situación del acuífero y le recalcaba que, en todo caso, la aplicación del mismo recaía en gran parte en la CHG, donde la Junta no tiene competencias. «Las competencias sobre el acuífero corresponden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir», ha reconocido a Público un alto cargo del Gobierno andaluz.
El problema de fondo es que en Bruselas se ha generado una gran desconfianza sobre la CHG, a la que acusaba en su último dictamen de maquillar los datos ofreciendo información parcial, incompleta, y hasta de contradecirse a sí misma en sus dos últimos planes hidrológicos (afirmando hasta el 2015 que no había daños en el acuífero para reconocerlos a partir de ese año).
Una desconfianza que la propia CHG sigue alimentando también en el seno del Consejo de Participación de Doñana, que celebra hoy la Comisión de Trabajo de Aguas. Tras retrasar la fecha que estimaban para la reunión del Consejo de Participación de Doñana -prevista para el 17 de junio y que tendrá finalmente lugar el 8 de julio-, el órgano de cuenca del Ministerio tiene que presentar hoy el informe sobre el estado del acuífero en 2015. Aunque en años anteriores este informe se enviaba a los miembros de la Comisión de Trabajo de Aguas de Doñana con varios días de antelación a la reunión, en esta ocasión no han dispuesto del citado informe hasta apenas unas horas antes.
«Han estado meses elaborando este informe y lo tienen desde hace mucho -aclara Felipe Fuentelsaz, representante de WWF en el Consejo de Participación de Doñana-, pero no han querido que lo veamos para tener tiempo para maquillar las conclusiones y evitar nuestra valoración ante la opinión pública». En efecto, el informe, al que ha tenido acceso Público está fechado en mayo. De esta manera, los miembros de la Comisión de Aguas tendrán que esperar a la reunión del Consejo de Participación del 8 de julio, cuando ya haya pasado de largo el plazo de Bruselas, para poder rebatirlo.
Para Ecologistas en Acción el informe del estado del acuífero es «farragoso, intenta confundir y se basa en mediciones que ya le dijo Bruselas a la Confederación que son incompletas o incorrectas». El portavoz de esta organización ecologista en el Consejo de Doñana, Antonio Ramos, ha adelantado que en la Comisión de Doñana que tiene lugar hoy va a solicitar «la dimisión del actual presidente de la Confederación al ser el peor que ha tenido Doñana en los últimos 25 años, llevando a cabo una pésima gestión de las aguas en Doñana que creemos que puede ser mortal para el Espacio Natural».
Ramos denuncia que la actual dirección de la CHG ha dividido el acuífero en cinco masas de agua «para confundir», y recalca que ni siquiera hacen cumplir sentencias como la que emitió el Tribunal Supremo contra las fincas de los hatos, al sur de Villamanrique, donde no se han clausurado los pozos ilegales ni hecho cumplir el pago de la sanción que ascendía a 600.000 euros, aclara este portavoz de Ecologistas en Acción.
Los datos que va ofreciendo por goteo la CHG sobre el estado de aguas en Doñana también crean desconfianza. Así, los informes técnicos que la CHG hacía públicos en su web ayer, entre los que están el estudio sobre el estado de las lagunas de Doñana, «apuntan que la desaparición de muchas lagunas temporales se deben a la temperatura y la vegetación de la zona, que ha crecido, pero la Estación Biológica de Doñana sostiene en informes científicos que se debe al mal estado del acuífero y el bombeo de las urbanizaciones turísticas costeras», explica el portavoz de WWF.
El dictamen de la Comisión Europea de hace dos meses, además de apuntar que se maquillaban datos desde la CHG también incidía en que el organismo de cuenca obviaba múltiples datos y estudios científicos, incumpliendo el principio de precaución. A tenor de los nuevos informes públicos, no parece que la desconfianza en las conclusiones de la CHG vayan a menos, por lo que la consideración que hacía Bruselas en su dictamen motivado de que el Gobierno de España «no ha adoptado las medidas necesarias» para proteger Doñana, supondría «incumplir las obligaciones» relativas a la conservación ambiental y a la política de aguas, lo que podría acarrear graves sanciones económicas al Estado español.
Ahora le corresponde a la Comisión Europea determinar si las explicaciones de España son satisfactorias o, en caso contrario, continuar con el procedimiento sancionador dando traslado de los incumplimientos de normativa comunitaria, en concreto de la Directiva Hábitats y la Directiva Marco de Aguas, al Tribunal Europeo para que emita una sentencia que en caso desfavorable para España podría acarrear una fuerte sanción económica.
Fuente original: http://www.publico.es/sociedad/bruselas-no-da-mas-espana.html