La Reforma al Poder Judicial está pensada desde la perspectiva de género, asegura un ambiente libre de violencia para las mujeres y garantiza la paridad en magistraturas, en los juzgados y en la Carrera Judicial tomando en cuenta que apenas el 23 por ciento de quienes juzgan son mujeres.
Se anunció como una Reforma que busca acabar con las redes de corrupción, nepotismo e impunidad entre los juzgadores y entre magistrados y magistradas, es «autocrítica» porque reconoce la desesperanza en la sociedad mexicana que sabe no accede a la justicia y vive la impericia y la desesperanza. Será gradual, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así lo dijeron el presidente de la SCJN, Arturo Záldivar Lelo de Larrea; la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, y el jefe de la junta de Coordinación Política de esa cámara, Ricardo Monreal Ávila, durante la reunión en la que se explicó y se entregó el texto de la iniciativa, enviado ya a la cámara alta.
Según esos funcionarios, se trata de realizar cambios funcionales, de operación en todo el aparato de justicia que ha caído en el descrédito y la desconfianza por la creciente impunidad, corrupción e inoperancia.
La iniciativa firmada por el Presidente de la República y el presidente de la SCJN, reforma siete artículos de la Constitución, la expedición de dos leyes federales y reformas a cinco ordenamientos legales, para crear la carrera judicial, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y hace cambios a la ley de amparo, la de procedimientos penales y la de Defensoría Pública, señalada esta como esencial para que quienes viven con desesperanza por no obtener justicia, como las y los pobres, las y los indígenas, logren tener una verdadera defensa ante tanta estulticia, se dijo.
Al explicar los puntos fundamentales de la Reforma, Saldívar Lelo de Larrea dijo que se establece que el Poder Judicial incorporará la perspectiva de género de forma transversal y progresiva a todas sus decisiones, y se adiciona a la paridad de género como principio de la Carrera Judicial, como criterio de desempate en los concursos y como política para el otorgamiento de nombramientos.
Además, afirmó que la Reforma está comprometida con un ambiente laboral libre de violencia y discriminación, en el que las mujeres se sientan seguras, «dejamos claro en la ley que el acoso, el hostigamiento y toda conducta de naturaleza sexual, sin el consentimiento de la mujer, constituyen faltas graves y serán sancionadas con energía».
Luego relató que en el último año en la SCJN se inició una seria transformación del Poder Judicial de la Federación, en el combate a la corrupción, el nepotismo y la impunidad, en la formación de un nuevo perfil de juzgador y la juzgadora federal, en la consolidación de un Instituto Federal de Defensoría Pública más eficiente y cercano a la gente, que sirva a los más pobres y necesitados.
También, afirmó, se avanza en la paridad de género para que esta sea una realidad y «tengamos más y mejores mujeres en más y mejores puestos, así como en el uso más eficiente de recursos públicos entre muchos otros avances».
Indicó que una de las grandes deudas del Poder Judicial es con las mujeres. «Estamos muy lejos de lograr la paridad de género y de proveer un entorno laboral igualitario. Para ello, una de las mayores apuestas de esta reforma, es alcanzar la paridad en todas las categorías».
Principales propuestas
La iniciativa tiende a profundizar y consolidar un Poder Judicial más fuerte, más independiente, más cercano a la gente, pero, sobre todo, que imparta justicia para todas las personas, con estándares de excelencia y de honestidad.
La reforma plantea cambios profundos, que toquen el meollo del Poder Judicial, que ataca los problemas de raíz. No de forma, no está orientada a los reflectores, sino a los resultados.
Se propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, para reforzar a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, con la finalidad de generar una doctrina constitucional y de derechos humanos, que guíe la actuación de todo el Estado Mexicano hacia el pleno respeto de todas y de todos.
Busca revolucionar el sistema de Jurisprudencia en México, para dotar de mayor coherencia, uniformidad y fuerza, a la doctrina de la Suprema Corte.
Un avance a un sistema de precedentes en el que todas y cada una de sus sentencias tengan un impacto en la vida pública.
Se propone que las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por una mayoría calificada sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales del país, sin necesidad de reiteración.
Todas las sentencias de la Suprema Corte serán relevantes y los justiciables podrán exigir que sean observadas por todos los tribunales. Un sistema de precedentes implica también explicar de mejor manera el contenido de las decisiones.
La Ley de Amparo se transforma el concepto de tesis para que en ella se expongan los hechos relevantes del caso, el criterio jurídico y los argumentos que justificaron la decisión, para que los operadores jurídicos y la ciudadanía puedan conocer cómo, a través de las decisiones judiciales, se va construyendo el derecho.
Reforma las reglas de procedencia de la controversia constitucional y del amparo directo en revisión, para permitir que la Corte se enfoque a resolver sólo aquellos casos que entrañen violaciones directas a la Constitución y aquellos que revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Ello para que la Corte resuelva los asuntos más complejos y los que tengan el potencial de transformar vidas.
Se crean plenos regionales, como órganos permanentes del Poder Judicial, encargados de unificar los criterios de los tribunales colegiados de su región, con la finalidad de dar certeza jurídica y coherencia a la doctrina judicial a nivel federal y descargar el trabajo del Tribunal Constitucional.
Se propone expedir ley de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación que reglamenta un servicio profesional de carrera que garantice que sólo personas honestas, capaces y comprometidas con los derechos, impartan justicia. Así el Instituto de la Judicatura Federal se convierte en Escuela Federal de Formación Judicial, como agente fundamental en el desarrollo de la carrera judicial, encargado de llevar a cabo concursos de oposición para todos los cargos de la función jurisdiccional.
La Escuela Judicial será una institución académica seria, moderna, de excelencia, en sintonía con los avances de la ciencia jurídica. Su misión será la de formar jueces con pensamiento crítico y con herramientas argumentativas sofisticadas, que les permitan dar soluciones sencillas, claras y justas.
Asimismo, mediante convenios de colaboración con las entidades federativas, la Escuela Judicial podrá capacitar a los impartidores de justicia en el ámbito local, para que el nuevo perfil del juzgador llegue a todos los rincones del país.
Se reestructura el trabajo de la defensoría pública, donde están los abogados de los pobres y para que los pobres puedan tener justicia, necesitan una defensa técnica, sensible y de calidad. La escuela judicial capacitará a los defensores públicos y realizará los concursos para el ingreso y promoción en la carrera del defensor público.
Esta defensoría pública, además debe brindar representación y asesoría en materia de amparo familiar, y en cualquier otra materia de amparo que determine el Consejo de la Judicatura Federal, además de las materias penal y laboral.
Considera también la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dote de herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo.
Deja en claro como causa de responsabilidad, el influir en el nombramiento de algún familiar en el Poder Judicial Federal, y se prevé que queden sin efectos los nombramientos que se lleguen a otorgar en violación a esta prohibición.
Se eleva a rango de ley la política de adscripciones que ha permitido desarticular las redes familiares en los distintos circuitos judiciales.
En materia anticorrupción, se reforma todo el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción para los servidores públicos que cometan actos de corrupción.
Se le otorgan al Consejo de la Judicatura facultades para dictar medidas cautelares que eviten que actos de corrupción causen más daños, hasta en tanto se concluyen las investigaciones correspondientes.
Se propone reformar los artículos 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107 de la Constitución; expedición de dos nuevas leyes federales: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
Reformas a cinco ordenamientos: Ley de Amparo, Reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal de Defensoría Pública; el Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria de apartado B) del artículo 123 constitucional.