El título VIII de la Constitución Española, en su capítulo segundo artículo 141 establece que «el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo». De ahí emana el poder de estas entidades cuestionadas en los últimos meses por ciudadanos y partidos políticos. Buena parte de […]
El título VIII de la Constitución Española, en su capítulo segundo artículo 141 establece que «el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo». De ahí emana el poder de estas entidades cuestionadas en los últimos meses por ciudadanos y partidos políticos.
Buena parte de ese desprestigio hay que buscarlo en los casos de corrupción asociados a estas corporaciones y las salidas de tonos de sus dirigentes que, en muchas ocasiones, utilizan el poder provincial en beneficio propio y/o de su partido.
En España hay 38 diputaciones y otras tres con la condición de Foral (las vascas, que tienen una entidad económica propia). Según los datos de 2010, estas entidades gestionaron casi 6.500 millones de euros, de ellos, casi una tercera parte iban destinados a gastos de personal, lo que las convierten en un pastel muy goloso que repartir.
Este lunes, precisamente se ha conocido que el expresidente de la Diputación de Ourense, José Luís Baltar, deberá declarar como imputado por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía sostiene que la Diputación realizó 104 contratos a dedos, sin ningún informe y firmados de puño y letra por el expresidente de la Corporación. Estas contrataciones estaban dirigidas a personas relacionadas directa o familiarmente con el Partido Popular.
Baltar llevaba 22 años al frente de la Diputación, cargo que dejó hace unos meses «cuando quiero, no cuando me echan las urnas» y dejando en el mismo a su propio hijo. En la provincia aún se le recuerda con un trombón animando una canción popular con letra cambiada: «si no eres del PP, jodete, jodete». Baltar llegó a decir a los miembros de la Corporación: «vosotros sois mis trabajadores, no los de la Diputación», en una muestra evidente de las actitudes caciqueles que le han llevado a ser el político con más poder en la provincia.
Muchos hablan de una corriente con vida propia dentro del PP asociada a su figura (los de la boina), frente a Núñez Feijoo más asociado a las grandes urbes (los del birrete). De hecho, algunas fuentes aseguran que detrás de la candidatura de Mario Conde a la Xunta estuvo el mismo Baltar quien buscaba un partido bisagra para ‘chantajear’ políticamente a Feijoo. La jugada no salió.
País Valenciano
Si algún territorio tiene unas diputaciones tan marcadas por la polémica y las causas judiciales como Galicia, éste es el País Valenciano. Quizás el mayor ejemplo de esa relación de poder y caciquismo asociado a la Diputación lo encontramos en Castellón, Allí, la familia Fabra maneja la institución desde hace casi 150 años. Por ahí pasaron numerosos miembros del clan, desde la llegada al poder del ‘abuelo Pantorrilles’ hasta 1995 con don Carlos Fabra. El expresidente de la Diputación (cargo que dejó hace cuatro años) acumula una larga carrera judicial desde hace casi una década. Se le acusa de delitos fiscales, tráfico de influencias o cohecho, pero aún no ha habido juicio. Sus 94 cuentas bancarias conocidas y su ‘fortuna’ en la lotería nacional, han hecho de Fabra un personaje conocido en todo el estado.
Además, de sus causas judiciales, Fabra también es recordado por llamar «gentuza» y «pandilla de inútiles» a quienes criticaron su aeropuerto sin aviones; por referirse como «qué hijo de puta» al portavoz de la oposición socialista o por amenazar con sacarse «la pirula» y mearse en la sede de Izquierda Unida. Su legado ha sido tomado por su hija, Andrea Fabra que lanzó un sonoro «que se jodan» dirigido, presuntamente, a los parados.
Otro que tiene también un exceso verbal es Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia. Ya hace algunos años menospreciaba, en tono jocoso, a los votantes al asegurar en un encuentro con cargos populares que yo «dije: traeré la playa a Xàtiva. ¡Y se lo creyeron! Si yo mando, traeré la playa les dije, y van y se lo creen todo. ¡Serán burros! Y me votaron». Asimismo ha llegado a llamar «gilipollas» a los profesores, prometer «un Ferrari» a sus votantes, insinuar que las personas con problemas de movilidad podrían bajar a un jardín «con cuerdas» o que celebraría una victoria electoral del PP «con champán y mujeres». Rus lleva en el cargo desde 2007 y como alcalde de Xàtiva desde 1995. El año pasado dimitió su vicepresidente, Enrique Crespo, acusado por el saqueo de, hasta 30 millones de euros, de la caja de la empresa pública de gestión de agua, Emarsa.
Quien ya no sigue al frente de la Diputación de Alicante es José Joaquín Ripoll. El político popular era el baluarte de Eduardo Zaplana en la provincia y desde allí se enfrentó en múltiples ocasiones al presidente Camps por mantener el control del partido en Alicante. La carrera política de Ripoll se truncó el 6 de julio de 2010 cuando fue detenido en el marco de la ‘Operación Brugal’ que investiga una presunta trama de corrupción asociada a la gestión de las basuras. Ripoll está imputado por supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. Actualmente está en libertad provisional y a la espera de juicio.
Otros ejemplos
También la Diputación de Barcelona se encuentra tapada por la sombra de la corrupción. El vicepresidente de la institución ha tenido que dimitir tras conocerse que una empresa suya facturó casi un millón de euros a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) cuando era su secretario general.
En Ávila, los vínculos aparecen de la mano de entidades como Bankia. En Segovia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, dictó en noviembre un auto de apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Diputación y actual presidente de Caja Segovia, Atilano Soto Rábanos, del PP, acusado de tráfico de influencias y malversación de fondos en calidad de consejero delegado de Segovia 21. En León aún se recuerda que la presidenta Isabel Carrasco ocupaba en 2011, un total de 12 cargos, entre ellos, la presidencia del Instituto de León, consejera de Caja España, presidenta del PP provincial, concejal en León, por los que cobraría casi 160.000 euros al año.
En Sevilla, el PP denunció en septiembre de 2011 que la Diputación contrató a 14 alcaldes y ex alcaldes socialistas. En el transcurso de un pleno en febrero del año pasado, socialistas y populares mantuvieron un duro enfrentamiento a cuenta del caso de los ERE fraudulentos. El presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, llegó a criticar a los populares que diesen credibilidad al «chorizo, putero y drogadicto» de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y principal imputado en el caso de los ERE.
Finalmente, en Granada, la Diputación concedió la medalla de oro de la institución, a la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad. La concesión fue aprobada en pleno con el apoyo de PP, PSOE e IU, pese a que el Reglamento de Honores y Distinciones establece que dicha condecoración se deberá otorgar a personas físicas o jurídicas.