Los súbditos, que no ciudadanos, del Estado Español venimos siendo objeto de un gran engaño desde tiempo inmemorial. En el posfranquismo, los políticos del régimen, asistidos fielmente por los poderes mediáticos, nos mencionan cada dos por tres el «estado de derecho» para referirse al detestable régimen que tenemos que sufrir, sobre todo cuando pretenden hacer […]
Los súbditos, que no ciudadanos, del Estado Español venimos siendo objeto de un gran engaño desde tiempo inmemorial. En el posfranquismo, los políticos del régimen, asistidos fielmente por los poderes mediáticos, nos mencionan cada dos por tres el «estado de derecho» para referirse al detestable régimen que tenemos que sufrir, sobre todo cuando pretenden hacer una tropelía absolutamente contraria a los derechos más elementales. Hablan de «partidos democráticos» para referirse a sus propios clanes políticos y diferenciarse de sus adversarios ideológicos, aquellos que no comulgan con la rueda de molino de su «democracia». Los neofranquistas del PP se autotitulan de centro-derecha, y los neoliberales del buen talante (léase PSOE), aunque ideológicamente caminan por la senda de la ultraderecha, se autotitulan de izquierdas. Lo curioso es que, en críticas políticas muy lúcidas, realizadas desde una perspectiva realmente de izquierdas, se usa este mismo vocabulario «políticamente correcto».
Desde el más profundo respeto a la ideología de los demás, después de todo cada uno puede llamar a las cosas como le dé la gana, pienso que es ya hora de que, desde la izquierda, llamemos a las cosas por su nombre, por varias razones: en primer lugar, porque estos términos se utilizan de forma mentirosa para enmascarar la realidad política actual; en segundo lugar, porque engaños de tamaño calado como los reflejados por estos términos («democracia», «estado de derecho») deben ser desenmascarados para evitar la alienación impulsada por políticos de mala ralea y sus secuaces mediáticos; en tercer lugar, para demostrar que nos percatamos del burdo discurso de nuestros «egregios gobernantes», y finalmente, porque las verdades duelen, sobre todo cuando la verdad es una depravación política que realmente se debería describir con términos más adecuados. En lo que sigue, trataré de realizar una reflexión sobre el uso de algunos términos que tergiversan la realidad política actual y que, en mi opinión, deberían ser eliminados del léxico político de la izquierda y substituidos por otros más acordes con esta realidad.
Si el régimen político español no es democrático, ¿por qué se habla de la «democracia española»?
Existen actualmente numerosas razones para poder afirmar que el Estado Español no es democrático. Éstas son sobradamente conocidas en medios políticos de izquierdas; sin embargo, se sigue haciendo alusión a la «democracia española» con mucha frecuencia dentro de dichos medios. Por ello, para mostrar lo desafortunado de esta terminología, creo conveniente insistir en que España no es un estado democrático porque:
– Su régimen político está basado en una constitución que es antidemocrática por las siguientes razones:
· Consolida la monarquía impuesta por Franco como forma de estado, en la que el rey goza de impunidad total frente a la justicia..
· Consolida la España «Una», también de Franco.
· Atribuye al ejército un papel impropio en una democracia.
· Asegura unos privilegios a la Iglesia Católica que enmascaran una confesionalidad del Estado, que ha sido demostrada por la práctica política.
· La proclamación de las libertades está mediatizada por la continua referencia a leyes externas cuya promulgación ha dado lugar a importantes recortes de derechos. Además, la existencia del Artículo 55 ha permitido introducir en el Estado Español un auténtico estado de excepción.
· No permite la independencia de los poderes del Estado, estableciendo que el poder ejecutivo controle al legislativo y ambos al judicial.
– Existe una legislación antidemocrática, dentro de la que cabe destacar la Ley de Partidos Políticos y la legislación antiterrorista. Al amparo de estas leyes:
· Se han ilegalizado partidos políticos.
· Se han limitado de manera drástica los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación.
· Se facilita y ampara la práctica de la tortura a los detenidos. El Gobierno encubre a los torturadores, cuando no los premia y asciende, y la justicia se inhibe ante casos evidentes, incluso de asesinato, no investigándolos o imponiendo la absolución o penas irrisorias a los responsables.
· Se realizan detenciones arbitrarias y juicios, a menudo masivos, sin garantías judiciales, existiendo en la actualidad centenares de presos políticos en las cárceles españolas.
– La participación del ciudadano en la vida política es mínima y está mediatizada por una ley electoral que genera una ausencia de proporcionalidad entre votos emitidos y candidatos electos en el conjunto del país y, al imponer listas cerradas y bloqueadas, impide una elección directa, subordinando las personas elegidas al poder absoluto de los partidos.
– Los partidos políticos mayoritarios, en los que una cúpula detenta todo el poder, tienen una estructura y un funcionamiento antidemocráticos, y están financiados por el Estado y las grandes empresas.
– Se trata de un sistema político dominado por la corrupción, que afecta a numerosas instituciones del Estado, y en particular, a cientos de ayuntamientos.
– Existe una situación social deplorable, que está caracterizada por:
· Unas desigualdades económicas y sociales brutales.
· La proliferación del trabajo basura, con temporalidad y bajos salarios.
· Una dificultad enorme de los ciudadanos para acceder a una vivienda digna.
· Un sistema educativo técnica e ideológicamente deplorable, y basado en gran medida en una enseñanza privada dominada por la Iglesia Católica y financiada por el Estado.
· Un sistema judicial que no funciona y favorece a los poderosos. La desigualdad de los ciudadanos ante la justicia es manifiesta. Existe una «justicia» para Botín, los Albertos y otros individuos de parecida calaña, y otra «justicia» radicalmente diferente para los que son defendidos por abogados del turno de oficio.
· Un sistema sanitario en progresivo deterioro.
· Una privatización del estado que afecta a servicios básicos, con proliferación, por ejemplo, de policías privadas.
Ante este panorama, ¿es razonable utilizar el término «democracia» y sus derivados para referirse al régimen político del Estado Español? ¿Es razonable que dicho término se use en medios políticos de izquierda? Pienso que no. Es más, creo que hacerlo es un error grave. Ante esto, opino que es más que conviene utilizar sistemáticamente un lenguaje alternativo que refleje la realidad política y desprestigie el deplorable régimen que impera en España. ¿Qué terminología utilizar entonces? Hay, obviamente, bastantes alternativas. Se podría hablar de un «régimen fascista»; sin embargo, esto puede representar un exceso y el término podría ser discutible. El régimen franquista sí fue fascista; en él estaba prohibida toda actividad política y podían hasta fusilar a los disidentes. Hay que reconocer que la situación actual, aunque es muy mala, es mejor que la que se vivió en aquella dictadura que surgió de una cruenta guerra civil. El problema de encontrar una denominación adecuada radica en que, entre un régimen democrático ideal y un régimen fascista puro existen muchas posibilidades intermedias. En el Estado Español se ha traspasado posiblemente desde tiempo inmemorial la línea roja de la democracia y se camina actualmente con paso rápido hacia el fascismo, pero afortunadamente aún no se ha llegado a él, de manera que el uso de este término, aunque podría ser razonable por oposición al de «democracia», puede no ser ni exacto ni oportuno. En el extremo opuesto, se viene utilizando a veces el término de «régimen borbónico»; sin embargo, este término no contiene las connotaciones peyorativas que se merece el régimen actual. De hecho, pienso que es un término que podría incluso ser usado por un político monárquico. Opino que los términos de «posfranquismo» y «régimen posfranquista» son muy adecuados, ya que, por un lado responden fielmente a la realidad, puesto que el régimen actual es heredero directo del régimen de Franco, y por otro lado, estos términos contienen las connotaciones negativas que tiene, y con razón, el régimen franquista.
El color y la denominación de los partidos políticos mayoritarios
Desde 1982, el poder político en el Estado Español ha sido ejercido por dos partidos: el PSOE, que ha gobernado durante unos dieciocho años, y el PP, que ha gobernado durante ocho. Es obvio que estos dos partidos han sido responsables de la deplorable situación política y social actual. Ambos son responsables de que la Constitución haya llegado incólume hasta nuestros días, de la Ley de Partidos, de la legislación antiterrorista y de todas las consecuencias que hemos enumerado anteriormente. Son responsables, en suma, de la falta de democracia en el Estado Español.
Aunque respetemos al PSOE las siglas que lo identifican, denominarle «Partido Socialista» es un verdadero insulto al socialismo, y llamarle partido de izquierdas es una provocación a la izquierda real. La estructura de este partido es compleja, y el número de artículos de sus estatutos, normativas y reglamentos supera amplimente los 500. Resulta sin embargo curioso constatar que en sus Estatutos Federales no hay ni un solo capítulo dedicado a establecer los principios ideológicos del partido. Sólo el Artículo 2, que consta de cinco líneas, nos habla de ello en unos términos extraordinariamente generales, remitiéndonos a su declaración de principios y a las resoluciones de sus congresos. Cuando uno busca su declaración de principios en su página electrónica, sólo encuentra un apartado de «bases ideológicas» con 18 líneas, de las cuales, en cuatro de ellas repite el Artículo 2, observándose que muchas de las cuestiones contenidas en las líneas restantes son banales. Por ejemplo, el afirmar que «nuestra razón de ser es la de contribuir a alcanzar una sociedad mejor» no deja de ser una cuestión trivial. Esto, que además está ciertamente sacado de contexto, no es un delito decirlo, pero cuando las bases ideológicas son tan escuetas, debe sobrar lo que no sea esencia pura. De hecho, el contenido de sus principios y objetivos puede resumirse en unas pocas palabras: el partido aspira «a transformar la sociedad para convertirla en una sociedad libre, igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso de los pueblos». Dicho así queda muy bien desde un punto de vista estético, y como eslogan del partido no está mal, pero como base ideológica es un poco escueto, general e insuficiente. Este postulado, en la realidad política, sin más especificaciones, compromete muy poco. De hecho, la práctica cotidiana de este partido incumple claramente este enunciado. Esto es muy grave, pues refleja que la única ideología del partido es la de alcanzar el poder y conservarlo. Por otro lado, a pesar de una reglamentación tan prolija, se habla muy poco de la participación efectiva de los afiliados en la elección de los cargos internos del partido o de los candidatos a elecciones legislativas, municipales, autonómicas o europeas, o en la confección de las políticas del partido o los programas electorales.
El PSOE fue responsable directo, durante las décadas de los ochenta y los noventa, de la implantación de los contratos basura, del problema de la vivienda, del desarrollo de una corrupción generalizada, del terrorismo de estado (GAL) y del deterioro de la educación. El nacionalismo español que aflora en los últimos en este partido hace cada vez más difícil una solución dialogada y democrática a la constitución del Estado Español. Actualmente, el PSOE es además uno de los más grandes avales de la monarquía.
Por consiguiente, el PSOE es un partido neoliberal, nacionalista español, monárquico y con funcionamiento antidemocrático. Es actualmente responsable de la existencia de las leyes que impiden el desarrollo de las libertades fundamentales, facilitan la tortura y llenan las cárceles de presos políticos. ¿Es razonable denominarle «socialista» y/o de «izquierdas»? Es claro que no. Ni siquiera su perfil actual responde al de una derecha civilizada, que al menos puede ser mínimamente respetuosa con los derechos humanos básicos. Es un partido de ultraderecha, eso sí con buen talante, reflejado por la sonrisa de oreja a oreja que caracteriza a su Secretario General y Presidente del Gobierno. Tal vez, las denominaciones de «Partido Neoliberal del Buen Talante» o «Partido Ultraderechista del Buen Talante» sean adecuadas para identificar y describir esta formación política.
En cuanto al PP, además de ser corresponsable de todas las lindezas hasta ahora referidas, es un heredero directo del franquismo. Fue fundado por el fascista Manuel Fraga y es firme defensor del régimen franquista, manteniendo sus símbolos y nombres de calles en los pueblos y ciudades en que gobierna. Se opone siempre a cualquier indicio que pueda abrir espacios a la libertad. En él tienen gran poder las sectas católicas fundamentalistas del Opus y los Legionarios de Cristo. Su violencia verbal ha elevado la crispación en el país a unos niveles lamentables y peligrosos. Es un partido violento en el peor sentido de la palabra, como ya se demostró con su participación en el inicio de la guerra de Irak. Aquí, las denominaciones de «Partido Neofranquista» o «Partido Fascista» son, en mi opinión, adecuadas.
Después de esta reflexión sólo queda por destacar el enorme espacio político que le queda por ocupar a la izquierda en el Estado Español. Una izquierda que impulse una auténtica democracia, respetuosa de los derechos humanos, y que elimine la lacra que representa la monarquía en nuestro país.