El recién anunciado cierre del aeropuerto de Ciudad Real pone fin a la larga agonía del mayor proyecto especulador realizado en la historia de la provincia, y que ha supuesto, entre otros desmanes, la destrucción del entorno de una zona de especial protección para las aves (ZEPA), la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha, […]
El recién anunciado cierre del aeropuerto de Ciudad Real pone fin a la larga agonía del mayor proyecto especulador realizado en la historia de la provincia, y que ha supuesto, entre otros desmanes, la destrucción del entorno de una zona de especial protección para las aves (ZEPA), la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha, y un enorme agujero para las arcas públicas.
Ecologistas en Acción exige responsabilidades a los máximos responsables que han promovido y que se han lucrado con este proyecto, y hace un llamamiento a la ciudadanía para que nunca más se consienta un proyecto tan insostenible e irracional como este.
El tiempo, una vez más, nos ha dado la razón, y el ya vaticinado cierre del aeropuerto central de Ciudad Real se ejecutará de hecho el 29 de este mes tras anunciar Vueling el cese de sus vuelos por su baja rentabilidad; y de derecho cuando la jueza que lleva el concurso de acreedores acepte la suspensión de la actividad de dicho aeródromo que han solicitado los administradores concursales del aeropuerto de Ciudad Real ante la constatación de la imposibilidad práctica de explotar el aeropuerto.
Cuando en 1997 se anunció el proyecto de construcción de un aeropuerto en Ciudad Real, ligado a otros grandes proyectos megalómanos como el parque temático «El Reino de Don Quijote», prácticamente todo el mundo acogió la noticia con euforia y entusiasmo, y las pocas personas u organizaciones que se opusieron, entre ellas Ecologistas en Acción, fueron tachadas de ir contra el desarrollo de nuestra región.
Ecologistas en Acción tuvo muy claro desde el primer momento que este proyecto era otro gran pelotazo urbanístico en plena orgía del «boom» inmobiliario, ya que, a todas luces, se trataba de un proyecto inviable, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el económico. Y así quedó reflejado en las múltiples alegaciones que se hicieron al proyecto, que para empezar, estaba ubicado sobre una ZEPA incluida en la Red Natura 2000, y que concluyeron en tres declaraciones de impacto ambiental, que retrasaron su construcción hasta diez años. A pesar de ello, el apetito especulador era tan voraz, que la Unión Europea acabó cediendo a las presiones del gobierno de Castilla-La Mancha. Desde entonces, la historia de este aeropuerto ha sido un cúmulo de escándalos y tramas que darían para escribir una gran novela negra: la expropiación forzosa de 1.800 hectáreas a 0,60 € el metro cuadrado, para después recalificarlas en suelo industrial tras la modificación de la LOTAU (Ley regional de urbanismo) por parte del antiguo Gobierno regional y multiplicar así su valor por más de 100; la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha que asumió la práctica totalidad del riesgo crediticio del aeropuerto, vulnerando las propias normas internas de la caja; la creación de una empresa pública encargada de respaldar con avales bancarios el aeropuerto y con ayudas públicas las compañías aéreas que han ido operando, desde Air Nostrum a Vueling.
Pero ahora, de poco sirve lamentarse. Lo único que nos queda ante tal estafa es exigir una investigación detallada que determine las responsabilidades de los principales actores involucrados en ella. Empezando por los promotores y accionistas como Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, el ex presidente de la cámara de comercio de Ciudad Real, Juan Antonio León Treviño, el ex presidente de la Caja de Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, los constructores Antonio Miguel Méndez Pozo y Aurelio González Villarejo y terminando por el propio José María Barreda. Por nuestra dignidad es imprescindible que el peso de la ley caiga con contundencia sobre quienes han promovido este auténtico fiasco y sobre los especuladores que se han lucrado con el dinero público, y paguen sus fechorías.
Este lamentable episodio debería hacernos reflexionar a toda la sociedad, pero especialmente a la castellano manchega, sobre la multitud de proyectos que en estos últimos años se han aprobado y se siguen aprobando esgrimiendo la omnipotente fórmula de la oferta de empleo y en pro de un progreso mal entendido. Esperamos que toda la sociedad sea capaz de aprender de estos errores, de manera que los futuros proyectos de grandes infraestructuras se rijan de acuerdo a criterios de sostenibilidad tanto económica como ambiental y no por llenar el bolsillo de empresarios especuladores y políticos corruptos.
Seguir pretendiendo reflotar el aeropuerto sería tropezar una y otra vez en la misma piedra, por lo que Ecologistas en Acción exige su cierre definitivo, y que se tomen las medidas correctoras necesarias para reparar el daño ambiental causado, que tiene que pasar por el desmantelamiento de toda la infraestructura aeroportuaria.