La empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) anunciaba el 8 de agosto de 2019, a bombo y platillo, que había ganado, junto a la empresa Shapir Engineering and Industry, un concurso organizado por las autoridades israelíes para ampliar una línea de tranvía y hacer otra nueva entre la ocupada Jerusalén y diversas colonias en Cisjordania.
CAF celebraba su elección a pesar de que el proyecto supone apoyar la ocupación que ejerce Israel sobre territorios palestinos y vulnera la IV Convención de Ginebra, diferentes resoluciones de las Naciones Unidas, el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre el Muro o una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el etiquetado de productos de las colonias, donde el TEJ ratificaba que Israel no tiene soberanía en los Territorios Ocupados Palestinos (lo contrario sería un oxímoron de la ocupación). Así, CAF en su nota de prensa hablaba de la obtención de un aumento de su facturación (por venta de material ferroviario y la explotación y mantenimiento de las líneas de tranvía) de más de 500 millones de euros, en un contrato de más de 1.800 millones de euros en 15 o 25 años, según el periodo de renovación operativa. Pero nada ponía en su nota de su conflicto con las leyes internacionales y omitía que relevantes empresas del sector no se habían presentado al Concurso porque sabían que quebrantaba las normas internacionales y su participación crearía una posible inhabilitación para presentarse en otros concursos internacionales.
Antes de esa fecha, el comité de empresa de Beasain y grupos de solidaridad habían pedido a la dirección y consejo de administración de CAF que desistiera de participar en el concurso promovido por las autoridades de ocupación. Pero, no fueron escuchados. Su interés por ampliar su cifra de facturación (y quizá algún bono remunerativo asociado) primaba sobre el respeto al derecho internacional.
Posteriormente a la fecha de obtención del concurso y cuando CAF elegía a nuevos cuadros en el terreno para hacerse cargo del proyecto, las organizaciones solidarias emprendieron una serie de actividades para que su Gerencia recapacitase y abandonase ese encargo criminal.
Así, se pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) que CAF y Shapir fueran incluidas en la lista de empresas que favorecen la ocupación israelí. De esta petición se informó a todas las delegaciones diplomáticas permanentes en dicho organismo de las Naciones Unidas. Se ha informado al auditor de CAF, Deloitte, y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la conflictividad inherente a esta obra y del lógico peligro que existe para CAF en futuros concursos, por no estar legitimada para muchos Estados, perdiendo potenciales nuevas facturaciones.
Por otro lado, se ha informado a diversos parlamentarios de varios partidos de la actitud de CAF de apoyar la ocupación israelí y sus infraestructuras, el desplazamiento de población palestina por parte de población de la potencia ocupante, expropiaciones y la expoliación de recursos naturales palestinos. Esto ha dado pie a que se hayan formulado preguntas y mociones parlamentarias en diversos Parlamentos, incluyendo el Europeo.
La Autoridad Palestina se ha quejado ante la empresa CAF, pero no ha habido cambios por parte de la misma.
El Comité de Empresa de Beasain ha vuelto a ratificar su posición contraria a este contrato. Ha habido manifestaciones populares contrarias al proyecto. Diferentes representantes de varias organizaciones palestinas que han visitado nuestro país han expresado que CAF deberá rectificar antes que después. Los representantes de diversas entidades europeas y palestinas han mostrado su rechazo y su voluntad de divulgar el comportamiento delincuente de las empresas señaladas.
Como penúltimo intento de suspender e, inmediatamente, paralizar esta infraestructura colonial, el CSCA ha llevado a CAF ante el Punto Nacional de Contacto de España, mecanismo interministerial que promueve el correcto comportamiento de las multinacionales españolas siguiendo el procedimiento de la OCDE.
Esta medida descansa todavía en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa y no tiene carácter procesal. El Plan de Derechos Humanos del Estado español no tiene ningún desarrollo normativo de obligado cumplimiento. Todavía está pendiente el desarrollo de una directiva europea sobre Diligencia Debida o se logre un Tratado vinculante de empresas multinacionales y derechos humanos.
El 12 de febrero de este año, con bastante retraso, la OHCHR publicaba la lista inicial de 112 empresas que favorecen la ocupación israelí, entre ellas, la empresa socia de CAF, Shapir y esto, debe suponer para los directivos de CAF un replanteamiento de su irresponsabilidad, aunque sólo sea porque el actual Código Penal y el Informe no Financiero de las empresas sí son normas de obligado cumplimiento. Y mantener la buena reputación debería ser una norma estratégica de la empresa si quiere estar en el mercado.
La dirección de la empresa CAF se ha alineado con la potencia ocupante israelí en el lado equivocado de la historia: Pero a estas alturas debe saber que las organizaciones solidarias no cejarán hasta que CAF cumpla y respete los derechos humanos y el derecho internacional.
Santiago González Vallejo. Comité de Solidaridad con la Causa Árabe