California prosigue su lucha en solitario contra el cambio climático. No sólo se enfrenta a las normas que dicta Washington si no que ahora ha desafiado a la industria automovilística. Ayer, el fiscal general del Estado más rico de EE UU, con 35 millones de personas y 33 de coches, presentó ante un tribunal federal […]
California prosigue su lucha en solitario contra el cambio climático. No sólo se enfrenta a las normas que dicta Washington si no que ahora ha desafiado a la industria automovilística. Ayer, el fiscal general del Estado más rico de EE UU, con 35 millones de personas y 33 de coches, presentó ante un tribunal federal una demanda civil contra seis fabricantes de automóviles por su responsabilidad en el calentamiento global. La demanda es pionera en el mundo y afecta a tres empresas estadounidenses (Chrysler, General Motors y Ford) y otras tantas japonesas (Toyota, Honda y Nissan). «El calentamiento del clima en todo el planeta causa problemas importantes al medio ambiente de California, a su economía, su agricultura y su salud pública. Su impacto cuesta ya millones de dólares y el coste aumenta de día en día», afirmó el fiscal general Bill Lockyer. «Las emisiones de vehículos son la fuente de crecimiento más rápido de las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al calentamiento global, pero el Gobierno federal y los fabricantes de automóviles han rechazado actuar. Ha llegado el momento de que se considere a esas empresas responsables de su aportación a esta crisis», añadió.
El mes pasado, California plantó batalla a la Administración de George W. Bush. Con su gobernador a la cabeza, el republicano Arnold Schwarzenegger, el Capitolio elaboró una ley junto a los legisladores demócratas que imponía a las empresas una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando este mes se promulgue esa ley será la primera vez que uno de los Estados de la Unión se comprometa a firmar el Protocolo de Kioto, el gran compromiso internacional nacido en 1997 para hacer frente al cambio climático.
EEUU es responsable directo del 25% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y, aunque firmó el protocolo en 1998, nunca lo ratificó. El protocolo entró en vigor en 2005 y ha sido ya ratificado por 165 países, entre ellos los de la UE, incluida España. Bush repite por activa y por pasiva que cumplir este tratado tendría consecuencias negativas para la economía.
La demanda, un documento de 15 páginas, ha sido presentada en nombre del «pueblo californiano» y son muy comunes en EEUU, donde no hay que probar una relación directa entre la causa y el efecto para que prosperen. Basta con que el jurado lo considere probable. En cambio, en España hace falta que se demuestre estrictamente esa relación. Éste es el fundamento que han tenido las multimillonarias sentencias contra las tabacaleras, por ejemplo, en EE UU. Una iniciativa similar a la anunciada ayer fue presentada por ocho estados de EEUU, entre ellos California, en julio de 2004 contra cinco de las más grandes compañías eléctricas del país, responsables del 10% de las emisiones estadounidenses de dióxido de carbono (CO2).
Período electoral
El paso dado ayer por Lockyer llega 48 días antes de las elecciones legislativas de noviembre. Su papel como fiscal acaba este año y se presenta dentro del departamento del Tesoro. «Esta es una de esas tonterías que se hacen en periodo electoral, y por supuesto cree que le reportará votos», afirmó ayer a Associated Press Sean McAlinden, economista miembro de un grupo de investigación sobre automoviles. «No creo que llegue muy lejos. Forma parte de la política californiana».
En su defensa, Lockyer dijo que la demanda nada tenía que ver con el año electoral.Miembro del Partido Demócrata, el fiscal asegura que la contaminación de los coches representa «cerca del 20%» de las emisiones de CO2 que se producen en EEUU. En el caso de California alcanza el 30%, añadió.
Los fabricantes demandados rechazaron ayer comentar públicamente la iniciativa del fiscal. La compañía Ford dijo que lo hará la Alianza de Fabricantes de Automóviles, un grupo de industrias que, al cierre de esta edición, no había hecho ningún comentario. En la demanda que podría hacer historia se afirma que los fabricantes de coches han provocado un «perjuicio público» al producir «millones de vehículos que emiten colectivamente cantidades masivas de dióxido de carbono», gas que contribuye al calentamiento del planeta.