Tras año y medio de lucha vecinal y décadas de abandono institucional, unas 3.000 personas siguen sin luz en el mayor asentamiento irregular de España, mientras bancos y constructoras intentan levantar más de cien mil viviendas
En el sector 6 de la Cañada Real Galiana, el mayor asentamiento irregular de España, hay una mezquita, una parroquia, una iglesia evangélica, una antigua fábrica de muebles donde varias ONG organizan la asistencia social. No mucho más. Los niños juegan en un campo de fútbol de tierra. En las casas bajas, generalmente humildes, viven unas 800 familias, en su mayoría gitanas y magrebíes. Algunas vecinas se sientan en sillas junto a las puertas.
El sector 6 forma parte del término municipal de Madrid, y se sitúa a unos catorce kilómetros del centro de la ciudad, pero nada en él indica que nos encontremos en una capital europea. Si algo define las dificultades de la vida ahí es el aislamiento. Es muy difícil moverse sin coche. La única calle que atraviesa el asentamiento está en parte sin asfaltar. El centro de salud correspondiente está a más de una hora y media a pie, por lo que el personal sanitario debe desplazarse específicamente para atender a los vecinos en un vehículo habilitado como centro de salud móvil. Se ven zonas chabolistas, precarias. Existe un área dedicada a la venta de droga, fácil de distinguir a simple vista. Algunos consumidores vagan por el entorno de la parroquia.
El sector 5, por su parte, está pegado a la ciudad de Rivas Vaciamadrid, pero eso no impide que el aislamiento se manifieste también. La relación con el Ayuntamiento y con los vecinos de Covibar, la urbanización ripense colindante, que es una cooperativa promovida por Comisiones Obreras en los 80, ha sido tradicionalmente tensa, de carácter fronterizo.
Los problemas del sector 6 se agravaron el día 2 de octubre de 2020, cuando se interrumpió el suministro eléctrico. Tres semanas después, las dificultades se extendieron al sector 5. Ante la caída de la potencia eléctrica, las 400 familias de este último barrio, muy organizado desde hace décadas, se pusieron de acuerdo enseguida para realizar su consumo en días alternos. Recientemente, esta situación ha podido resolverse, aunque la potencia continúa limitada. El sector 6, el más habitado de la Cañada, con unos tres mil vecinos, quedó mayoritariamente a oscuras. Ha pasado un año y medio desde entonces, incluido el frío polar de Filomena. La luz no ha vuelto.
Retrocediendo en el tiempo
“Solo quien lo viva lo sabe”, afirma la hija de Salud, una vecina romaní del sector 6. Su familia sufre las consecuencias del corte de luz que dura ya 18 meses. Para recuperar la electricidad han comprado unos generadores que llenan de humo y traqueteo el patio de la vivienda y cuya capacidad es precaria. La nevera, por ejemplo, no se puede mantener en marcha de forma ininterrumpida, lo que les obliga a cambiar su alimentación y a recurrir a conservas. Salud, que prefiere que la llamemos María, tiene que lavar la ropa a mano. Dos miembros de la familia sufren asma y han empeorado. La ropa que se seca huele a humo, y ese olor sigue a los niños allá donde van. Para rematar, el precio del combustible ha subido ostensiblemente en los últimos meses.
Houda Akrikez, presidenta de Tabadol, una asociación de mujeres del sector 6 que ha liderado la lucha por la luz y coordinadora de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de la Cañada Real, explica que algunas familias, como la suya, han instalado paneles solares. Es una inversión de entre dos mil y tres mil euros para lograr un suministro irregular, “insuficiente para una vivienda digna”, denuncia. Aquellos con menos recursos optan por los generadores e incluso recurren a velas.
Akrikez apunta que esta situación es especialmente complicada para las mujeres: “Estamos retrocediendo en el tiempo”, dice con rabia. “Sin neveras ni lavadoras, se multiplica por siete el trabajo doméstico. En lugar de progresar en nuestros empleos y estudios, nos dedicamos a lavar la ropa a mano o a pensar en cómo duchar a nuestros hijos calentando el agua en ollas grandes”.
Según el censo de la Cañada publicado en 2017, en el sector 6 vivían entonces 2.953 personas, de las cuales 1.211 eran menores. Es decir, suponiendo que las cifras no han variado mucho en los últimos cinco años, en torno al 40% de la población de las zonas perjudicadas es menor de edad.
En la antigua fábrica de muebles, donde tienen su sede varias entidades sociales, los técnicos de Cruz Roja lamentan que la luz es una cuestión de “imperiosa necesidad” que hace que todos los problemas “de fondo” se relativicen. Por ello, “hemos perdido cierto vínculo con las familias”, reconocen.
Cruz Roja, que desde hace doce años realiza labores de asistencia social y apoyo en la educación y el empleo en el sector 6, aplica su célebre política de neutralidad (“la misma que nos permite estar en Ucrania”) al conflicto abierto por la cuestión del suministro eléctrico. Por ello han preferido no firmar el manifiesto de la Plataforma Cívica, como tampoco ha hecho Cáritas. Trabajan para “paliar y minimizar los riesgos” derivados del corte de luz.
Naturgy, la empresa responsable del suministro, asegura que ha intentado restablecerlo sin éxito en múltiples ocasiones y achaca la situación a una sobrecarga de la red por “elevados consumos no localizados”.
Realojos y desarrollo urbanístico
Los siete mil vecinos de la Cañada Real, una ciudad lineal de 15 kilómetros de largo que discurre por un camino de 75 metros de ancho legal, situada entre los municipios de Coslada, Madrid y Rivas, dividida en seis sectores por las distintas vías de comunicación que la atraviesan, obtienen la luz de forma irregular. También el agua. Esto lleva siendo así durante décadas, y no solo en los sectores afectados por el corte de 2020, según cuenta Javier Rubio, abogado de CAES y miembro de la Plataforma Cívica. “Es lo que explica el éxito del asentamiento; si no hubiese agua ni luz, la gente no habría ido allí. Es hipócrita quejarse ahora”, considera.
Desde la Plataforma Cívica denuncian que la falta de luz supone un incumplimiento del pacto regional firmado por las administraciones públicas en 2017 para tratar de resolver la cuestión de la Cañada, que en su Anexo III recoge el mantenimiento de los suministros mientras dure el proceso de regularización y realojos que estaba previsto.
El pacto, que contó con aportaciones de las asociaciones vecinales, aunque estas no lo firmaron, contemplaba el realojo del sector 6 por una serie de afecciones; la integración del sector 1, el más antiguo, como un barrio más del municipio de Coslada, y dejaba abiertos para el estudio el resto de casos, aunque reflejaba el compromiso de lograr “la permanencia en el territorio de la mayor parte posible de habitantes”.
Sin embargo, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como la delegada del Gobierno, Mercedes González, han declarado que sus respectivas administraciones no tienen competencias para reestablecer la luz y han preferido centrar la cuestión en los realojos.
En octubre, González propuso a Ayuso un plan para realojar a todas las familias en un plazo máximo de tres años, lo que acercaría “la solución de fondo”. “Estamos en el momento adecuado”, razonó. “Les quedan dos años de gobierno a todas las administraciones implicadas”.
En noviembre, la Comunidad anunció un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Madrid para el realojo de 160 familias del sector 6 y afirmó que estaban trabajando para realojar también el 4 y el 5.
Pedro Navarrete, que fue comisionado del Ayuntamiento de Madrid para la Cañada Real en la etapa de Ahora Madrid y uno de los responsables del pacto regional, y que ahora pertenece a la Plataforma Cívica, está perplejo. Asegura que los procesos de realojo son complejos y delicados, pues cada caso debe ser estudiado y supervisado para asegurar una correcta adaptación. “No se puede hacer en un año, ni en dos, casi ni en diez”, afirma.
Él se mostró partidario de realojar el sector 6 por varias afecciones graves del territorio, como la cercanía a la incineradora de Valdemingómez. En cuanto a otros sectores de la Cañada, señala que su mayor problema es que están aislados de la ciudad, pero, irónicamente, “ahora que se han retomado los desarrollos del sureste, eso cambia”.
Especulación inmobiliaria
En los terrenos que rodean al asentamiento se acelera la construcción de más de cien mil viviendas. Son los desarrollos de Valdecarros, Los Berrocales, El Cañaveral, Los Ahijones y Los Cerros, que forman parte de la Estrategia del Sureste del Ayuntamiento de Madrid, junto con el Ensanche de Vallecas. Estos desarrollos están previstos desde el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, pero el estallido de la burbuja inmobiliaria paralizó su construcción. Más adelante, el Ayuntamiento de Ahora Madrid trató de modificar el proyecto, lo que llevó a un conflicto judicial. Desde 2019, con el retorno del PP, las obras avanzan de nuevo en la mayor reserva de suelo que le queda al término municipal de Madrid.
Voces de la Plataforma Cívica, que afirman que poner el foco en los realojos cuando no hay luz “es un chantaje”, subrayan que detrás del “abandono institucional” existe un deseo de que los vecinos se marchen cuanto antes debido a las presiones que ejerce sobre los políticos “la especulación inmobiliaria”.
Entre los propietarios del terreno, en la actualidad, se encuentran promotoras como Pryconsa, Zapata, Metrovacesa, Via Célere y Aedas, entre muchas otras, y no faltan tampoco dos grandes protagonistas de la crisis inmobiliaria: el fondo estadounidense Blackstone y diversos bancos, incluida la Sareb.
Las demandas de la Plataforma Cívica son tres: luz, contratos y mesa de seguimiento. “Llevamos treinta años pidiendo contratos a la empresa y a la Comunidad y siempre se han negado, porque no nos quieren reconocer como ciudadanos”, afirma Houda Akrikez. “Una vez nos reconozcan como ciudadanos y sujetos de derechos, les va a costar mucho movernos de nuestras viviendas, que es lo que quieren”.
“Los empresarios no están pudiendo vender las viviendas porque hay ahí un barrio chabolista. No vamos a negar que lo hay. Nadie va a comprar viviendas en una urbanización al lado de la Cañada Real”, razona Akrikez.
En 2017, el Ayuntamiento de Ahora Madrid trató de modificar el proyecto, reduciendo a menos de la mitad el número de viviendas previstas. Un recurso judicial de las promotoras lo impidió. Con el retorno del PP al Consistorio de la mano de José Luis Martínez Almeida, en 2019, se retomó el proyecto original.
“Creíamos que Madrid no necesita cien mil viviendas más, que una parte de la demanda se podía resolver desbloqueando y rehabilitando edificios ya existentes” argumenta Pedro Navarrete, comisionado del Ayuntamiento para la Cañada Real en la etapa de Ahora Madrid. “No es el modelo de ciudad que queríamos”, añade, y cita como ejemplo la Gran Vía del Sureste, una calle de más de cien metros de ancho que atraviesa el Ensanche de Vallecas y se extenderá por los nuevos proyectos inmobiliarios.
El modelo de planificación urbanística de los años 90, el de los llamados PAU, se encuentra hoy en cuestión por las complicaciones que ha generado a los vecinos, como el difícil acceso a servicios públicos o la dependencia del coche. Los desarrollos del sureste se anuncian como una gran promoción de vivienda asequible. La mitad de ellas serán protegidas.
“Hemos cambiado la visión de los madrileños”
Houda Akrikez y las mujeres de Tabadol han sido las impulsoras más visibles de la lucha por la luz de la Cañada. Tras tantos meses de movilización, Akrikez asegura que se siente cansada. “Tenemos muchos altibajos”, reconoce, “porque tocamos muchísimas teclas y no conseguimos ver la solución”.
Sin embargo, sí cree que han logrado un cambio en la opinión pública. “Hace un año igual habría dicho que no”, reflexiona, “pero ahora sí veo que la estigmatización, los ataques hacia nosotros han disminuido mucho. La gente está concienciada. Hemos hecho un trabajazo, una lucha pacífica para cambiar la visión de los madrileños y de España”.
“Una lucha pacífica”. Se detiene a subrayar este punto y añade: “Pasa esto en cualquier otro barrio de Madrid y lo mismo tiran el edificio de Naturgy”.
Akrikez insiste en comparar “su barrio”, el sector 6 de la Cañada Real, con otras zonas de la capital para incidir en una situación que le produce una lógica rabia. En el sector 6 se vende droga, reconoce, pero también en Vallecas o en el centro de Madrid. “Imagina que se cultiva marihuana en tres pisos de la calle Serrano y dejan sin luz a todo el edificio”, comenta.
Cuenta que la primera dificultad fue ponerse de acuerdo para organizar la lucha en el seno de la propia Cañada, donde convive una población heterogénea: vecinos más antiguos y más recientes, españoles y extranjeros, gitanos y payos, habitantes de chabolas y otros de viviendas con todas las comodidades, y distintas asociaciones y entidades que en algunos casos albergan recelos mutuos.
Una vez la organización fue posible, con el apoyo fundamental de los abogados de CAES, Akrikez destaca que los primeros en solidarizarse con ellos fueron colectivos de jóvenes y estudiantes. “Nunca jamás vamos a olvidar ese apoyo, porque nos ha empujado a seguir adelante”, afirma con rotundidad. “Es lo mejor que nos ha pasado”.
A partir de ahí se construyó un tejido social que incluye desde AMPAS de colegios e institutos hasta grandes organizaciones como Save the Children, Amnistía Internacional o el sindicato Comisiones Obreras.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha instado a la Comunidad a resolver la cuestión de la luz, como ya hicieran en su momento su antecesor. El Relator Especial Para la Pobreza Extrema de la ONU, Olivier de Schutter, escribió una carta al Gobierno de España describiendo la situación como “una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales”.
La batalla judicial por la luz
En un informe presentado ante el juzgado de instrucción número 44 de Madrid en febrero de 2021, como respuesta a una denuncia de los vecinos, Naturgy apuntaba que la demanda de energía fue un 70% superior a otros años entre junio y septiembre de 2020, lo que había provocado una sobrecarga. El juez consideró que esto era suficiente para cerrar el caso.
Sin embargo, los vecinos recurrieron a la Audiencia Provincial de Madrid, que determinó que se debía encargar un informe a un perito independiente. Este informe, que se dio a conocer en marzo, señala que la empresa respondió a ese aumento de la demanda instalando reconectadores que limitaban la potencia, en los que se encuentra el origen del corte de luz. Según Naturgy, esos aparatos eran necesarios para evitar el riesgo de sobrecarga y “son los que permiten que siga llegando el suministro al sector 5 pese a los problemas en el 6”.
En febrero, la empresa solicitó a la Comunidad de Madrid permiso para modificar el trazado de su red en la zona, en una actuación que supondría desmontar gran parte del entramado histórico. Naturgy declara que su objetivo es la “mejora de la red para el suministro a los clientes con contrato”, que “se está viendo afectado por los continuos cortes de luz provocados por los enganches ilegales sobre los que se prevé actuar”. Estos clientes con contrato son, según la propia empresa, cinco en total.
Desde la Plataforma Cívica no niegan la existencia de plantaciones de marihuana a lo largo de la Cañada, que ha sido señalada por las administraciones de forma abierta o sutil como causa del problema, pero afirman que quienes las cultivan no son los que sufren la falta de suministro. “Ellos son nómadas. Si no hay luz, se van a ir a otro sitio; los que se quedan son familias con niños, en su mayoría magrebíes”, afirma Víctor Palomo, abogado de CAES.
Pedro Navarrete sostiene que en su época como comisionado, entre 2015 y 2019, era común que hubiese cortes de luz, entre otras cosas porque el estado de la instalación no es bueno. Sin embargo, asegura que José Antonio Martínez Páramo, entonces comisionado de la Comunidad de Madrid, era capaz de convencer a Naturgy de que los resolviera. “Pedían protección policial para entrar, se la dábamos, y el problema se solucionaba”. También cuenta que participó en el desmantelamiento de plantaciones de marihuana y otros negocios ilegales. “Se demolían. Y no era difícil. La policía las encontraba con facilidad”.
En respuesta a una carta de Amnistía Internacional en febrero, el actual comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, Markel Gorbea, consideró que devolver la luz al sector 6 es de una “dificultad extrema”, según él, por la alta demanda.
Algunas entidades de la Plataforma Cívica presentaron en marzo la primera reclamación colectiva contra el Estado español ante el Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo, que vigila el cumplimiento de la Carta Social firmada por los Estados miembros del Consejo de Europa para garantizar derechos relacionados con la vivienda, la salud, la educación, el empleo, la protección social, el movimiento de personas y la no discriminación. “En Madrid se está dirimiendo si hay o no responsabilidades penales, pero queda al margen la cuestión de los derechos humanos, y por eso vamos a Estrasburgo”, explica Palomo.
¿Por qué hay un asentamiento irregular de siete mil personas en la Comunidad de Madrid?
Las cañadas reales son vías pecuarias, caminos reservados para el paso del ganado trashumante. Quedaron consolidadas en la Edad Media y su suelo es de dominio público. Este tramo de la Cañada Real Galiana empezó a ser habitado en los años 50 y 60, como resultado del éxodo rural y aprovechando una ley que permitía construir casas de aperos. Migrantes andaluces, extremeños y manchegos que llegaban a la capital en busca de trabajo establecían ahí un huerto y una pequeña vivienda. Con el paso del tiempo, esas viviendas evolucionaron y hoy en día se pueden ver grandes chalés en la Cañada, especialmente en los sectores 1 y 2, pero también otras casas más humildes, y algunas áreas chabolistas, más frecuentes según se avanza en dirección sur.
Esta historia no es muy distinta a la de otras zonas de Madrid. El Pozo del Tío Raimundo, en Vallecas, o el barrio de Orcasitas, por ejemplo, también fueron poblados erigidos en suelo rústico por sus vecinos, migrantes que huían de la pobreza en la España franquista, cuyo alojamiento no preocupó a las autoridades. La lucha vecinal llevó a la aprobación, ya en la Transición, del Plan de Remodelación de Barrios de 1979, que regularizó estas zonas como parte de la ciudad, las dotó de servicios y realojó en nuevas construcciones, pero en los mismos barrios, a más de 150.000 personas que vivían en las más de 40.000 infraviviendas de la capital. La Cañada, sin embargo, quedó al margen. Estaba, por entonces, lejos de la ciudad, la población era pequeña, y el suelo, de dominio público, dependía del Estado.
En los años noventa y los primeros del nuevo siglo, llegaron nuevos vecinos a esa Cañada olvidada, que se sumaron a la comunidad gitana que se había ido estableciendo desde los ochenta. Eran rumanos y marroquíes que buscaban trabajo en la construcción, junto con sus familias. Se establecieron sobre todo en los sectores 4 y 5, también en el 6. “Los que estaban construyendo nuestras casas en esa época vivían ahí”, afirma Javier Rubio, abogado con una larga experiencia en la defensa de vecinos de la Cañada Real y miembro de la Plataforma Cívica. “En un contexto de ‘boom’ del suelo, los ocupantes originales reparcelaban el terreno, creando parcelas más pequeñas que vendían a los nuevos migrantes”. Uno de ellos era el padre de Houda Akrikez. “Alguien que decía que el terreno era suyo se lo vendió. A uno que viene de un pueblo de Marruecos, le dices eso y se lo cree. Para él, poder comprar un terreno y construir su casa es lo mejor que le podía pasar, en Marruecos mucha gente lo hace así”, explica ella. Akrikez asegura que la policía pasaba por ahí mientras se construía la vivienda, pero nunca hizo nada.
Puesto que la ciudad estaba creciendo, algunos poblados chabolistas próximos a las áreas urbanas, como el de Pitis o el de Las Barranquillas, se desmantelaron entre 2003 y 2011. Muchos de sus habitantes fueron a parar a la Cañada. Las Barranquillas, en concreto, se situaba en los contornos del Ensanche de Vallecas, donde ya estaba prevista la construcción de Valdecarros. Sin embargo, el estallido de la burbuja paralizaría los desarrollos del sureste. Javier Rubio asegura que desde Las Barranquillas llegó gran parte del negocio de la venta de droga al sector 6.
Mientras crecía Madrid, pues, también lo hacía la Cañada. “En un país en el que hay una burbuja inmobiliaria brutal, los precios de la vivienda se ponen imposibles y hay excluidos. Esos excluidos, si no son acogidos por la vivienda pública, se buscan la vida en la vivienda informal”, explica Rubio. “La autoconstrucción es una de las opciones”.
Tanto el Ayuntamiento de Madrid (PP) como el de Rivas (IU) quisieron frenar ese crecimiento de la Cañada, al fin y al cabo, un asentamiento irregular. Y llegó el conflicto.
En octubre de 2007, cientos de vecinos trataron de impedir el derribo de la vivienda de Abdelilah Ghailán, Fátima Zohra, Alami Wahabi y sus dos hijos en el sector 4, lo que derivó en un duro enfrentamiento con la policía antidisturbios. Veintitrés agentes y cuatro civiles resultaron heridos, según la prensa del momento. Pero la operativa se ajustó y los derribos continuaron. El Ayuntamiento de Madrid realizó 250 demoliciones entre 2007 y 2012.
En 2013, el caso de Mohamed Raji, un vecino cuya vivienda iba a ser derribada por el Consistorio madrileño, llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que impuso medidas cautelares a España: debía evitar el derribo de la vivienda hasta que se le ofreciera a Raji y su familia una alternativa habitacional. Javier Rubio, que fue su abogado, cree que esta situación contribuyó al cambio de enfoque de las administraciones. La alcaldesa Ana Botella anunció en aquellas fechas la suspensión de todos los derribos de primera vivienda en la Cañada.
Así comenzaba una nueva etapa en la que se buscó una solución política. El primer paso había sido la Ley de 2011, que desafectaba el terreno, es decir, hacía que este dejase de ser de dominio público. Pasaba a ser patrimonio de la Comunidad de Madrid, que podía cederlo a los Ayuntamientos, y estos, a su vez, podían traspasarlo a quien considerasen. Se abrían todas las posibilidades.
La Comunidad proponía transformar la Cañada en algo similar a la urbanización Rosa Luxemburgo, un barrio de chalés adosados situado en Aravaca. El País se preguntaba si este era el modelo urbanístico adecuado para sus vecinos y analizaba sus inconvenientes. En 2013 se dio a conocer el Acuerdo Marco Social entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Rivas, Madrid y Coslada. “Es el principio del fin de un problema estructural enquistado en nuestra región desde hace más de 30 años”, declaró Ana Botella. El entonces presidente de la Comunidad, Ignacio González, del PP, lo celebró acudiendo a una paellada en el sector 4 de la Cañada Real.
La Comunidad de Madrid dio prioridad para recibir subvenciones a los proyectos de integración que se desarrollasen en la Cañada. Houda Akrikez asegura que los proyectos de empoderamiento femenino puestos en marcha en esa época por organizaciones como la Fundación Secretariado Gitano y ACCEM fueron la base que inspiró la Asociación Tabadol. “Gracias a ellos aprendimos que nuestro barrio es nuestro y que no podemos esperar a que vengan de fuera a luchar por nosotras. También conocimos nuestros derechos”.
En 2015, el Tribunal de Estrasburgo archivó la causa sobre la vivienda de Mohamed Raji porque entendió que la cuestión estaba en vías de resolverse: no solo el Ayuntamiento había retirado la orden de derribo, sino que la Comunidad había tomado la iniciativa en la búsqueda de una solución para la Cañada.
En 2017, se firmó el pacto regional por la Cañada Real Galiana, que sustituía al Acuerdo Marco Social y señalaba líneas de acción para regularizar la zona. “Pensábamos que iba a ser un punto de inflexión”, recuerda Navarrete. “El proceso será largo y durará varias legislaturas”, preveía el texto.
Pero, según Navarrete, todo cambió a partir de 2019, con la llegada de las nuevas administraciones del PP a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. “Hemos pasado de tener claro cuales eran los pasos a seguir a una situación en la que es un poco desastroso todo”, opina. “No solo no hay luz, sino que se está pidiendo abiertamente el desmantelamiento de los sectores 4 y 5”.
“Ya no llega el correo”, denuncia Houda Akrikez. “A mí se me caducó el carné de conducir y el nuevo no me llegó a casa. Da igual, puedo ir a buscarlo a la DGT, pero imagínate las personas que están cobrando la renta mínima de inserción y no les llegan las notificaciones sobre su situación y requisitos”. Encima de un armario del Centro Sociocomunitario de la Cañada, mientras Akrikez cuenta esto, se encuentra una gran caja de cartón con la sonrisa de Amazon. “Ah, Amazon sí que llega”, aclara.
En marzo de este año, en el transcurso de una operación policial contra plantaciones de marihuana en los sectores 3 y 4, unos transformadores eléctricos resultaron dañados, lo que derivó en un corte de luz también en esos sectores y en algunas viviendas del 2. La situación se resolvió después de un mes.
“¿Qué pasa si crees que los realojos son la panacea?”, se pregunta Navarrete. “Que igual los vecinos no se quieren ir y recurren a la vía judicial, lo que puede suponer la cronificación del conflicto”. Y cita como ejemplo el caso de la vecina del sector 2 a la cual se instó a desalojar su vivienda en 2017, pues se encontraba en un área que había sido designada como zona verde, pero recurrió y en enero obtuvo una sentencia que obliga a paralizar las obras de El Cañaveral para reiniciar los trámites. “Habrá muchos más”, vaticina Navarrete. “Cuando llevas cuarenta años viviendo en un sitio, adquieres ciertos derechos”.